El Gobierno de Javier Milei ofrece 20 millones de pesos (unos 14.100 dólares) a quien brinde información que permita localizar y detener a Galvarino Apablaza, un exguerrillero chileno que integró el Manuel Rodríguez (FPMR), un movimiento que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que es buscado hace más de dos décadas por su presunta responsabilidad como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, un partido de la derecha tradicional chilena. La recompensa, difundida en las redes del Ministerio de Seguridad de Argentina, se ofrece dos días después del fracaso de un operativo que iba a concretar la extradición de Apablaza desde Buenos Aires.
El miércoles, justo cuando se cumplió el aniversario 35 desde el asesinato del senador chileno, la policía argentina llegó hasta la casa del exfrentista en la localidad de Moreno, en la periferia oeste de Buenos Aires, pero no lo encontró.
La detención de Apablaza era vista como un gesto del Gobierno del ultra Javier Milei hacia su par chileno, el conservador José Antonio Kast, que viajará este lunes a Buenos Aires en su primera visita oficial como mandatario en ejercicio. Jaime Guzmán es uno de los referentes ideológicos de Kast, que lo considera como un amigo y mentor. Está previsto que la extradición de Apablaza sea uno de los temas que se pongan sobre la mesa en el encuentro bilateral.
Recompensa de $20.000.000 para quien aporte información que permita localizar y detener al ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional por homicidio y secuestro.
Si contás con datos que puedan ayudar a encontrarlo,… pic.twitter.com/JKDdkuFM6F
— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) April 3, 2026
El abogado de Apablaza en Argentina, Rodolfo Yanzón, explicó a EL PAÍS que el Ejecutivo argentino se presentó en el proceso judicial de extradición mientras el juez del caso, Ariel Lijo, está de licencia y consiguió que la jueza María Servini, a cargo del juzgado hasta la próxima semana, firmara la orden de detención. “La policía fue hasta a la casa de Apablaza, rompió la puerta y entró, pero no estaba Apablaza, porque no tiene ninguna restricción para salir o moverse”, dijo. El defensor de Apablaza sostiene que, si finalmente la justicia da por caída su condición de refugiado, Chile “tendrá que pedir una nueva extradición” y reiniciar el proceso.
Días antes de que que el exguerrillero se diese a la fuga, Yanzón había denunciado también que policías de Interpol habían estado siguiendo los pasos de la mujer y los hijos de Apablaza, lo que consideró “una maniobra de hostigamiento”. Yanzón calificó de ilegal la orden de detención y anticipó que su defendido no iba a presentarse en comisaría. “Como el lunes viene el señor Kast a Argentina, el Gobierno quería hacerle un regalo”, ironizó Yanzón.
El proceso de extradición del exguerrillero, que no logra concretarse, se produce luego de un fallo de mediados de febrero de la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa Federal de Argentina, que le revocó su calidad de refugiado político en Argentina.
Galvarino Apablaza vive en Argentina desde 1993. En 2010, bajo el Gobierno de la peronista Cristina Kirchner (2007-2015), recibió el refugio político, un estatus que fue retirado durante la Administración del conservador Mauricio Macri (2015-2019). Ese mismo año la Corte Suprema argentina autorizó la extradición. Desde entonces las autoridades chilenas han avanzado en las gestiones para que el exfrentista sea enviado a su país natal para que enfrente a la justicia por su rol en el crimen del gremialista.
Apablaza, que al interior de la organización armada era conocido como el Comandante Salvador, es considerado como el autor intelectual del crimen contra Jaime Guzmán. Dos de los autores materiales del asesinato, Ricardo Palma Salamaca y Raúl Escobar Poblete, se fugaron en 1996 en un helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) en Santiago, junto a Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro.
Palma estuvo prófugo por 22 años, y en 2018 consiguió asilo político en Francia. Escobar está en un penal en México, sentenciado a 60 años por el secuestro de la francoestadounidense Nancy Michelle Kendall en 2017. Hernández está detenido en un penal de máxima seguridad en Santiago: en 2019 fue extraditado desde Brasil, donde cumplía una condena por el secuestro en 2001 del publicista Washington Olivetto.
