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Chile inicia su horario de invierno 2026 con un cambio de hora que modifica la hora de sueño y el funcionamiento general del país sudamericano. En este primer fin de semana de abril, los chilenos deben ajustar sus relojes para que los amaneceres y los atardeceres lleguen más temprano, lo que permite un uso de la luz natural acorde al final del verano. Esta modificación se realiza en casi todo el territorio nacional, excepto en las australes regiones de Aysén y Magallanes, en el extremo sur, que no mueven sus relojes para marcar un huso horario distinto al resto de las ciudades.

Cuándo y cómo se cambia la hora en Chile

El ajuste para el horario de invierno se realiza hoy sábado 4 de abril —en medio del feriado de la Semana Santa— cuando el reloj marque las 23.59 horas. El decreto 224 señala que durante el invierno el país debe retomar su horario estándar UTC-4. En lo concreto, los chilenos deben atrasar sus relojes en una hora (60 minutos). Este cambio se ejecuta unos pocos segundos antes de las 00.00 horas, momento en el que los ciudadanos deben ajustar su hora para que marque las 23.00 horas.

El ajuste en los teléfonos móviles

La mayoría de los dispositivos electrónicos que tienen coordinados sus relojes con sus conexiones por internet actualizan la hora de forma automática. Los teléfonos móviles y ordenadores también ofrecen la opción de realizar el ajuste de manera manual. Los usuarios de Android e iOS deben ir hasta el menú de configuraciones del equipo; ir a la sección de Fecha y Hora; y cambiar la zona horaria de UTC-3 a UTC-4 Santiago de Chile. En un computador con sistema operativo Windows se debe acceder al Panel de Control; ir a Fecha y Hora; e ir a Cambiar Fecha y Hora en el cuadro que muestra un reloj junto a un mensaje sobre la configuración del próximo cambio de hora. Los que tengan un equipo con macOS deben ir a Menú Apple; luego a Configuración del Sistema; después ir a General en la barra lateral: y seleccionar Fecha y Hora a la derecha (es posible que sea necesario desplazarse hacia abajo).

En qué zonas del país se realiza la modificación

El cambio rige en casi todas las regiones del territorio continental chileno, a excepción de la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; y la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Ambas zonas mantienen el horario de verano y quedan una hora por delante del resto del país. En el territorio insular —en la Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez— se aplica el mismo cambio de hora que en el continente, pero allí se debe concretar a partir de las 22.00 horas locales.

Cuándo se volverá al horario de verano

De acuerdo al decreto vigente, que no ha sido modificado en los últimos años, el horario de invierno se extiende hasta el primer sábado del mes de septiembre de 2026, cuando se aplique nuevamente el horario de verano con el adelanto de la hora en 60 minutos (con el huso horario UTC-3). En lo concreto, la próxima modificación se aplicará el sábado 5 de septiembre de este mismo año.

Por qué se cambia la hora

Chile cambia su hora desde 1968. El autor de la idea fue Edinson Román, un ingeniero de la empresa Chilectra, una antigua empresa distribuidora eléctrica. El objetivo principal de modificar la hora dos veces al año, con adelantos o atrasos de una hora en los relojes, tenía como misión alargar el uso de la luz de día, para así disminuir el consumo de electricidad. El horario de invierno (UTC-4) se adapta a la disminución de la luz de día y permite que los trabajadores y estudiantes salgan desde sus casas durante las mañanas con un amanecer más iluminado; y el horario de verano (UTC-3) extiende la luz de la tarde para realizar actividades al aire libre hasta más tarde.

Es una causalidad, pero la carrera de la ahora exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, llamada a retiro a los pocos días de que asumió el Gobierno de José Antonio Kast, en una controversia con la ministra de Seguridad Trinidad Steinert que sigue sin despejarse, arrancó hace más de tres décadas, cuando fue parte del equipo que investigó el asesinato, el 1 de abril de 1991, del senador Jaime Guzmán, mentor y amigo del presidente chileno de derecha. El fundador del partido UDI fue acribillado por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un movimiento que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Hoy el caso está en el centro de las preocupaciones de la Administración de derechas, que ha declarado este miércoles como prófugo en Argentina al exguerrillero Galvarino Apablaza, sindicado en Chile como presunto autor intelectual del crimen y por lo que se pidió la extradición hace casi dos dos décadas, pero no se ha concretado. Y este viernes, Javier Milei, muy cercano a Kast, ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos argentinos (unos 14.100 dólares) a quien entregue información sobre Apablaza, en la víspera del viaje de este lunes del mandatario chileno a la Casa Rosada.

Que Consuelo Peña iniciara su carrera en el caso Guzmán refleja que desde que entró a la PDI fue considerada para integrar grupos de élite en procesos de alta complejidad. Por ejemplo, apenas egresó, en 1993, entró a una unidad que indagaba delitos terroristas, la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC).

La prefecta general llegó en abril de 2024 a integrar el alto mando de la PDI, cuando fue nombrada subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. La designó Eduardo Cerna a los pocos días que él mismo fue ascendido como director nacional de la PDI por el presidente de izquierdas Gabriel Boric. Fue la primera mujer en ese cargo y era la tercera autoridad de la institución. Pero, dos años después, el 22 de marzo, fue dada de baja abruptamente pese a tener experiencia en el área más sensible para el Gobierno de Kast: basó su campaña en el control la delincuencia, y la migración irregular y el crecimiento económico.

Un operativo en Temocuicui

Consuelo Peña lleva 36 años en la PDI. Y en su carrera tuvo varias jefaturas en el sur de Chile, de donde es oriunda, entre ellas estar a cargo del Laboratorio de Criminalística regional de Concepción, en la zona sur. Pero destacó en especial por su trabajo de inteligencia en la Macrozona Sur, entre 2017 y 2022, que se encuentra en estado de excepción constitucional hace más de cuatro años. En esa zona trabajó directamente con el fiscal de La Araucanía Roberto Garrido, y ambos cumplieron un papel clave en el cambio de paradigma investigativo ante la evolución de los delitos cometidos por grupos que, primero, estuvieron vinculados a la causa mapuche y a la reivindicación de tierras, y pasaron de la violencia rural al crimen organizado: robo de madera, tráfico de armas y de drogas, atentados y homicidios.

En 2020, en un contexto de decenas de atentados, Peña tuvo bajo su liderazgo la Prefectura Macrozona Sur, que comprende cuatro regiones. Fue entonces que trabajó con Garrido y las investigaciones de ambos derivaron en un nuevo enfoque. El fiscal ha dicho que el concepto de violencia rural “comenzó a agotarse” y que hoy es criminalidad organizada que opera por el control territorial. “En los grupos que operan en la Macrozona sur, hay una actuación que no es distinta a la del Tren de Aragua”, explicó el abogado en una entrevista con EL PAÍS el año pasado.

En el sur, Consuelo Peña es recordada como una policía de terreno. Pese a que como jefa, en rigor, podía coordinar algunos operativos desde su escritorio, participaba. En mayo de 2022 entró con un grupo de detectives a Temucuicui, un comunidad mapuche en el municipio de Ercilla —donde la exministra del Interior de Boric, Izkia Siches, fue recibida con disparos al aire en marzo de ese año— para supervisar la detención de Alejandro Liguén, autor del crimen del inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar, asesinado en enero de 2021.

La detención de Liguén, quien fue condenado en septiembre de 2025 a 17 años de cárcel, fue precedida de un minucioso trabajo de inteligencia policial, que incluyó ingresos simulados a Temucuicui.

El senador por la región de La Araucanía, Miguel Becker, de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, recuerda el trabajo de Peña en la zona, pues antes de ser parlamentario fue tres veces alcalde de Temuco, entre 2008 y 2020. “Nos acompañó en un periodo de mucha efervescencia, con estos terroristas-delincuentes que actúan hasta hoy, aunque han disminuido. La prefecta hizo una buena labor en Temuco, y yo lo notaba en la forma de actuar de las policías en situaciones complejas en terreno”, dice a este periódico. Y agrega que lamenta su salida, pero que está dentro de las facultades de las autoridades.

En agosto de 2025, cuando ya era subdirectora de Inteligencia y trabajaba en Santiago, Peña volvió a la zona sur para estar presente en la Operación Imperio, el mayor operativo por delitos económicos de La Araucanía: se desarticuló a una organización dedicada al lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraudes de seguros, delitos tributarios y estafas.

La sopresiva salida de Peña ha llamado la atención en Chile por varios motivos. Primero, los cambios institucionales en la PDI, de no mediar un escándalo, se hacen a finales de año. Además, era de la máxima confianza de Cerna, y una figura clave: la nombró en medio de la crisis de seguridad que vive Chile, marcada por la irrupción de bandas de crimen organizado, como la venezolana Tren de Aragua, que ha implicado en que se cometan nuevos de delitos en el país sudamericano: secuestros, extorsiones, tráfico de migrantes y trata de mujeres extranjeras para la explotación sexual. Segundo, porque Steinert, quien renunció en enero a su puesto de fiscal jefe en la región de Tarapacá, en el extremo norte chileno para asumir en el Gabinete, no ha explicado las razones. Pero, en los hechos, fue tras su llegada al Gobierno que Steinert hizo varias gestiones que, finalmente, culminaron en la salida de la prefecta.

Lo que se sabe es que Steinert, cuando era fiscal, contaba con grupo de cuatro detectives de confianza, con los que trabajó, en la víspera de su renuncia, para desarticular al clan Chan, una organización criminal china acusada de estafas internacionales y lavado de dinero en la zona franca. Peña, quien estuvo presente en el operativo dado a conocer el 9 de enero, ordenó el traslado de esos funcionarios a otras regiones de Chile, entre ellos al subprefecto Mauricio Fuentes, el más cercano a Steinert. El 13 de marzo, 48 horas después de asumir en el Gobierno, la ministra envió un oficio reservado a Cerna para se le dieran las razones de esos cambios, ocurridos durante su cargo anterior. La respuesta, entregada el 19 de marzo, la redactó Consuelo Peña. Luego, la ministra citó a Cerna al día siguiente y el 22 se hizo oficial el despido.

Hoy ese oficio es objeto de indagación de la controlara Dorothy Pérez, que supervisa los actos administrativos y de legalidad de los funcionarios públicos: ha dado 10 días plazo a Steinert y Cerna para responderlo. Fue por un requerimiento del diputado socialista Raúl Leiva, quien es parte de la comisión de Seguridad de la Cámara luego que Steinert, como ministra, pidiera información al jefe de la PDI que se relaciona con su cargo anterior.

La compleja posición de Cerna

Fue el senador por la región de Los Ríos, el democristiano Iván Flores, de la centroizquierda moderada, que denunció la salida de Peña, a quien conoció por su trabajo en la comisión de Seguridad. El parlamentario dice que cuando el crimen organizado es la primera preocupación de las autoridades, “sorprende que estén descabezando a la institucionalidad. Esto es un despido completamente injustificado a una de las mejores funcionarias que ha tenido la PDI en la lucha contra el crimen organizado”.

“Ha sido dada de baja por hacer bien el trabajo. Da vergüenza llegar a los motivos originales de este despido”, dice Flores. Y señala que denunció la salida de la detective porque “si nadie habla en este país, las cosas ocurren, le ponen tierra y parece ser que ya pasó. Pero el pago de Chile aquí quedó chico: acá se pagó con injusticia, como una conducta aberrante y por motivos muy rascas [ordinarios]“.

Cerna, quien no se ha referido a la salida de Peña, fue citado el próximo lunes 6 a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para explicar el llamado a retiro de la detective. Lo hará en una posición imposible, pues previamente Steinert dijo en esa misma instancia, hace una semana, que fue “una decisión de la Policía de Investigaciones” y el presidente Kast, en una entrevista el 31 de marzo, dio la misma versión: “El director general de la PDI le solicitó la renuncia (…) y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración” de la policía.

El dilema para Cerna, quien es subordinado de la ministra de Seguridad y, por tanto, del mandatario, será explicar a los diputados si pidió el retiro de Peña porque requería una reestructuración del alto mando de la PDI, o si se lo ordenó Steinert.

El exministro de Seguridad de Boric, Luis Cordero, ha ha dicho a CNN que “exponer a un director de la policía, que constitucionalmente tiene deberes de jerarquía y obediencia de la autoridad civil, a comparecer a una comisión respecto de una conversación privada o reservada que tuvo con la ministra, es extremadamente complejo“. “Uno de los deberes de las autoridades civiles es cuidar las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas, y yo creo que en este caso eso no se está resguardando. Dejar expuesto al director de la PDI es una cuestión muy compleja para la seguridad pública”, agregó.

Internamente, Cerna también ha quedado en una posición difícil. Carga con el liderazgo de una institución extremadamente golpeada, luego que sus dos antecesores fueran condenados por escándalos judiciales. Héctor Espinoza (2015-2021) enfrentra 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público, y Sergio Muñoz (2021-2024), a quien Cerna reemplazó, está sentenciado a tres años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada intensiva: fue acusado de filtrar información al penalista Luis Hermosilla, protagonista del caso Audios.

Ángel Ortiz recuerda sentarse ante su computadora para grabar cuando tenía unos 15 años. “Con lo poquito que sabía, hacía grabaciones. Tenía intención de compartirlo […] Estoy hablando de hace 20 años, no eran tan comunes las redes sociales en México”, cuenta al otro lado de la pantalla. Esos primeros tanteos fueron los que le llevaron a compartir versiones de banda y de música en inglés en sus redes, una inquietud que le ha llevado a expandir las —en ocasiones inamovibles— barreras del género del mariachi. Los recuerdos de las maquinitas de arcade con las que jugaba de pequeño hicieron que buscara adaptar los sonidos de los videojuegos y del anime al mariachi, un experimento que ha tenido gran aceptación en redes años después. Ortiz (Estado de México, 35 años) cuenta ya con más de 300.000 seguidores en TikTok, 100.000 en Facebook y 50.000 en Instagram.

Habla desde su estudio en Texcoco, Estado de México, el mismo en el que suele grabar su contenido. Es ahí, en ese pequeño cuarto blanco e insonorizado, donde explica que siempre ha subido sus videos a redes por afición, aunque desde hace un tiempo ha logrado monetizarlo: “No es tanto, pero sí te ayuda; te motiva a seguir haciéndolo, porque del amor al arte, técnicamente, no se vive”. Comenzó a subir las versiones del anime hace unos cuatro años, en un momento de inspiración previo. Ortiz había visto como la gente subía versiones de un tema de la cantante británica Adele a YouTube y una idea le pasó por la mente: “Qué padre estaría que se escuchara la voz de Adele con música mariachi”. El video pronto tuvo buena aceptación del público.

Pero no todo quedó ahí. Recuerda que su auge en redes se formó más o menos así: toma su celular y las notificaciones de redes comienzan a saltar: “Oye, haz el tema de Zelda”, “el tema del videojuego Zelda”, “hazlo, hazlo”. Él responde: “Sí, lo voy a hacer un día de estos”. Empieza a escuchar la orquestación del videojuego, y piensa: “Se escucharía bonito con mariachi”. Fue el inicio del bum que ahora vive. “De ahí las reproducciones se fueron a millones en TikTok, en Instagram empecé a subir de seguidores de una manera en la que no había subido antes. Igual en Facebook. Yo creo que sí fueron esos temas de Zelda”, explica.

El músico nació en una cuna de mariachis. “En general es muy común que en esto del mariachi sea como un oficio familiar en que el abuelo le enseña al papá, el papá al hijo, el hijo al nieto y así”, cuenta. Creció viendo como su papá enseñaba el oficio a su hermano mayor, y le llamaba la atención esos sonidos de los instrumentos. “Siendo niño, de repente a uno le gusta más jugar y hacer otras cosas, pero siempre me gustó experimentar con los instrumentos. Tuve que aprender desde muy pequeño a sacrificar algunas cosas que otros niños sí hacían en pos de desempeñarme en esto”, asegura.

Inició las clases de teoría musical y de canto cuando tenía unos siete u ocho años y, como a los doce, aprendió a tocar el violín, su principal instrumento a nivel profesional. Para esa época, Ortiz ya se había estrenado en el oficio, tocando en eventos con sus “diez cancionistas aprendidas”. “Todavía no era mariachi como tal, era un conjuntito con mi papá, mis dos hermanos y yo”, relata.

El experimento de Ortiz fue dura idea en un gremio acostumbrado a clásicos como El Rey, Cielito Lindo o Volver, volver. Cuenta que el público externo al gremio abrazó con fuerza esos tanteos musicales; pero que en el mariachi la situación fue algo más complicada: “Es un gremio muy tradicional, a veces muy cerrado […] Es un poquito complicado que los compañeros acepten o vean con buenos ojos cuando alguien hace algo no tan cercano a lo tradicional”. Aunque considera que no debería ser un tema de confrontación cuando hace “las cosas bien y con respeto”.

Ortiz no ha parado desde su niñez. El músico —que también finalizó sus estudios en Historia— compagina ahora la creación de contenido con su trabajo en tres mariachis: uno junto a sus hermanos; otro con el Mariachi Gama 1.000, una agrupación más experimental que busca mezclar la música y el baile; y como músico con Pepe Aguilar, donde tocan música mexicana al 100%. En ocasiones, al mexiquense le resulta algo complicado sacar tiempo libre. “A veces, es imposible. Ahorita, me tuve que dar un par de días libres por la enfermedad [una leve afección respiratoria] y ya ando con muchos pendientes. Querer abarcar muchos frentes implica sacrificar un poco el tiempo libre o el tiempo ocio”, dice.

La evolución en redes se ha traducido en un fuerte apoyo de su familia en el proyecto. Al principio le preguntaban que por qué se grababa, que por qué se exponía. “Al paso del tiempo, cuando empiezan a ver seguidores, que te invitan a algunos eventos, que reconocen tu trabajo, también ellos se jalan”, explica. En su pequeño estudio con los instrumentos apilados en un rincón ha reiterado varias veces el apoyo de su esposa y sus hermanos como algo esencial para desarrollar su perfil. Es parte de la historia que ha llevado a que, cuando sale a tocar a las fiestas con el mariachi que conforma con sus hermanos, la gente ya le pida temas como Yo soy tu amigo fiel, de Toy Story. “Obviamente tocamos nuestro repertorio tradicional porque a mí me gusta mucho y a la gente también, pero sí tratamos de que exista esa propuesta o esa parte de innovación”, sentencia.

Una de las mayores preocupaciones de la FIFA sobre las sedes mexicanas es la movilidad. A menos de 70 días de la inauguración, el tráfico en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México sigue siendo ingobernable. La primera prueba para las tres ciudades llegó recientemente con la reapertura del Estadio Azteca en la capital y los juegos de repechaje en Jalisco y Nuevo León. Además del tránsito, comparten otro problema sin solución inmediata a la vista: el transporte por aplicación en los aeropuertos. Viajeros confundidos, Uber piratas y autos en grúa forman una escena que se repite en las terminales principales del país, que recibirán a miles de personas para el torneo.

El problema adquiere mayor dimensión al considerar el volumen de pasajeros. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México moviliza a más de 45 millones de viajeros al año, mientras que Guadalajara supera los 17 millones y Monterrey ronda los 13, según cifras recientes. La presión crecerá aún más durante la Copa del Mundo, cuando lleguen los cinco millones de aficionados que esperan el Gobierno y la FIFA. El torneo implicará miles de traslados entre aeropuertos, hoteles y estadios.

Guadalajara

En la capital tapatía el problema es más evidente y tiene más aristas. Al cruzar las puertas de la Terminal 1, lo primero que encuentran los viajeros son unas 20 personas gritando: “Uber aquí. Aquí Uber”. Estos choferes dicen ser de la plataforma, pero ofrecen viajes privados por fuera de la aplicación. Para inspirar confianza, muestran sus datos, calificación, placas y autos registrados. “Tengo mi carro aquí adelante, así no tiene que caminar. Aquí no puede pedir en la aplicación porque nos tumban. Es seguro, aceptamos efectivo y puede facturar”, explica uno de ellos.

A pesar de las advertencias, los visitantes miran sus teléfonos para solicitar un auto por aplicación. El jueves, día del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica, un taxi autorizado del aeropuerto cobraba 750 pesos por un viaje al Estadio Akron. Un Uber, 330. Sin embargo, la Guardia Nacional no permite que estos últimos tomen pasaje en el aeropuerto. Quienes lo hacen se topan con un operativo unos metros más adelante: desde las patrullas los agentes revisan las placas y, si están registradas en las aplicaciones, detienen el vehículo. Bajan a los pasajeros, entregan una multa al conductor y el carro es enviado a una grúa.

“Nosotros estamos arreglados con estos canijos [la Guardia Nacional], por eso nos dejan chambear. Les damos 1.400 pesos a la semana cada uno”, dice uno de los choferes informales. Otro conductor en otra zona de la ciudad lo confirma: “Yo intenté entrar con los del aeropuerto, un amigo me iba a meter. Son unos 50 y hay que pagar cada semana como 1.000 pesos, creo, pero te dejan llevar gente por fuera sin multa”, relata. “Se oye feo, pero esto es una mafia”.

Un grupo de unos cinco conductores arriesgados sostiene los folios con la multa. Incluso hay un abogado que ofrece sus servicios para los taxistas afectados. “Ni sé cuánto es la multa porque está en UMAS. Dice que 500”, lamenta uno de ellos. En Unidades de Medida y Actualización (UMA), 500 equivalen a 58.655 pesos. Además, deben cubrir los costos de la grúa y el corralón.

Para evitar los precios elevados y el riesgo de que el conductor sea detenido, la alternativa es caminar unos 20 minutos hasta salir del aeropuerto, donde se puede tomar un auto por aplicación en la carretera Guadalajara-Chapala. En esa misma vía se construye la alternativa de las autoridades. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la construcción de un estacionamiento exclusivo para vehículos de plataforma, que aún está por terminarse.

Monterrey

La situación en Monterrey es más incierta. Hace poco más de una semana, los viajes solicitados a través de plataformas como Uber y DiDi respondían en cuestión de minutos en el aeropuerto. Una usuaria que estuvo la semana anterior y regresó para los partidos de repechaje contó a este diario que ahora, en promedio, la respuesta de las solicitudes está tardando 20 minutos en llegar a la terminal.

Ángel, un chofer de Uber, llegó este miércoles dubitativo al aeropuerto para recoger a un pasajero. Comenta que la Guardia Nacional ha estado molestando a los conductores de aplicaciones y les pide circular. Gerardo y Enrique Fernando, conductores de DiDi y Uber, respectivamente, afirman que no han tenido problemas con los elementos de seguridad que resguardan el aeropuerto regio.

Citlali Henríquez, visitante a la capital de Nuevo León, ha percibido que los viajes están tardando más, pero considera que se debe a la demanda. Esta semana, Monterrey no solo acoge los partidos de repechaje de la FIFA. Este viernes, sábado y domingo también se celebra el Tecate Pa’l Norte, uno de los festivales de música, arte y cultura más grandes del país.

De acuerdo con Uber México, desde agosto de 2025 un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó una resolución que ordena cesar operativos y permitir la prestación del servicio; sin embargo, en la práctica las restricciones continúan. “Si recoges en el aeropuerto, te retienen, te revisan y aun así te multan. Ya no conviene arriesgarse por un viaje de 300 pesos”, dijo Ángel. Los precios de un taxi regular desde el aeropuerto hacia la ciudad oscilan entre 600 y 1.500 pesos, dependiendo del destino, mientras que un viaje en aplicación puede costar entre 400 y 500 pesos, es decir, hasta un 150% más económico.

Ciudad de México

Tras varias protestas, los taxistas del aeropuerto de la capital han alcanzado un acuerdo con las autoridades. El Gobierno federal pactó mantener fuera a las aplicaciones de transporte dentro de la zona federal. La restricción en el AICM implica que los usuarios deben salir de esa área para abordar vehículos solicitados por app. En la Terminal 1, por ejemplo, los puntos de acceso se ubican sobre avenida Circuito Interior, mientras que en la Terminal 2 se han habilitado en vías como Hangares o Alberto Santos Dumont.

Los operativos empezaron hace dos semanas. Este viernes, un día antes del partido de reapertura del Estadio Azteca contra Portugal, la Terminal 2 es un caos a las 14.00 horas. La espera para un viaje por Uber supera los 20 minutos y, una vez que llega el chofer, la Guardia Nacional evita que tome el pasaje. Si lo hacen, ocurre lo mismo que en Guadalajara: multa y corralón.

Quienes eligen los taxis autorizados hacen largas filas, pues tardan varios minutos en llegar entre uno y otro. La caminata hacia las zonas asignadas de recogida de Uber o DiDi es de unos 10 minutos. Los turistas cargan con sus maletas por esos corredores, donde se encuentran con los trabajadores que lo remodelan. Al igual que en las dos ciudades anteriores, la diferencia de precios entre taxis autorizados y aplicaciones es considerable. En algunos trayectos desde los aeropuertos, los taxis pueden costar hasta el doble que un viaje solicitado por plataforma.

Las zonas oficiales de recogida en las tres ciudades mexicanas aún están en proceso o funcionan de manera parcial. La falta de puntos claros para aplicaciones, sumada a operativos intermitentes, genera incertidumbre tanto para conductores como para pasajeros. Lo que hoy viven quienes llegan a Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México es una carrera de obstáculos que, de no resolverse, será el primer contacto de millones de aficionados con el Mundial.

Hernando Chindoy, líder indígena colombiano del pueblo Inga, es un vivo ejemplo de perseverancia y dedicación. Ostenta una fuerte convicción de que es posible crear un mundo más sostenible, más justo y, sobre todo, con más sentido humano, de respeto y sensibilidad hacia nuestro entorno. Está convencido de que, entre la naturaleza, el conocimiento científico, los saberes tradicionales, la autonomía de los pueblos indígenas y la actuación del Estado, existe una serie de lazos que pueden llevar a un mejor nivel de vida en un mundo globalizado y caracterizado por la inmediatez, el caos, la desigualdad y la incertidumbre.

Gobernador de Aponte (Nariño) entre 2018 y 2023 y expresidente de la organización nacional Awai del pueblo Inga (2018-2023), cerró el 2025 con el galardón la Iniciativa Marianne para Defensores de los Derechos Humanos en París, Francia, que le fue entregado gracias a su labor en favor de los derechos humanos, en especial lo referente a la justicia social, igualdad y protección del medio ambiente. Con el paso de los años, Chindoy se ha ido convirtiendo en un referente a nivel mundial en la defensa de derechos humanos en contextos y escenarios complejos.

Sin embargo, llegar hasta recibir el doctorado Honoris Causa en Estudios Climáticos y Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas en la Universidad de las Artes de Londres (2023) no ha sido un camino fácil. Como sucede con tantos defensores de derechos humanos en América Latina, Chindoy ha enfrentado retos, obstáculos y desafíos de todo tipo, incluso algunos que pudieron costarle la vida. Actualmente, está al frente de las iniciativas Wuasikamas y Ëconeêrã que tienen como propósito promover sistemas de conocimiento y medicina tradicional y de salvaguarda de la biodiversidad desde una visión planetaria.

Pregunta. ¿Qué lo impulsó a convertirse en defensor de derechos humanos? ¿Qué marcó un antes y un después en su faceta de activista?

Respuesta. Lo que ha trazado el camino como pueblos indígenas, y lo que me motivó a hacer lo que hago, ha sido la violencia en sus diferentes manifestaciones a lo largo de nuestra existencia. Una de ellas, haciendo una retrospectiva, fue la violencia sobre mi persona y mi familia en el ámbito educativo. En la escuela, aprender el castellano era una tarea obligada. Si uno no aprendía lo que para nosotros era un idioma desconocido, se ejercían sanciones y reprensiones que reflejaban un alto grado de intolerancia hacia lo indígena. Para esos momentos, se mantenía aún más viva la colonización y, con ella, una visión de superioridad respecto a lo que consideraban la “problemática indígena“. De ahí que nuestra lengua se equiparara a un graznido de animales y no a un idioma de personas civilizadas, se le consideraba una lengua de personas no bautizadas o en condiciones de salvajismo, a quienes era necesario insertar al mundo civilizado. Esa ideología se mantuvo por mucho tiempo, lo que hacía que los profesores ejercieran mano dura hacia la niñez indígena, como si se tratara de domesticar a un animal y no de educar a seres humanos. Ver y vivir esto me hizo pensar, reflexionar y cuestionarme muchas cosas, y con ello, no aceptar una realidad que nos ponía en un estado de subordinación personal, social, cultural e incluso económica.

P. ¿Qué tipo de repercusiones tuvo este proceso de castellanización en la comunidad? ¿Afectó la forma de pensar y de actuar de los indígenas?

R. Enseñar el castellano de manera obligatoria y menospreciar, en todo momento, a los idiomas originarios, generó un fenómeno muy particular. Poco a poco, se fue gestando un sentimiento, sobre todo en la gente joven, de negación hacia sus raíces, hacia el idioma, sus nombres y apellidos, la vestimenta tradicional. Preferían hablar en castellano en los lugares públicos como una forma de integración, a recurrir a otros estilos y formas de expresión que eran socialmente aceptados, pero totalmente ajenos a nuestra cultura. Esto moldeó y fortaleció mi vocación de ser defensor de derechos humanos, pues esta situación comenzaba a afectar nuestra identidad como pueblos indígenas. La necesidad de pertenecer a una sociedad mayoritaria y con ello ser aceptados y vistos como personas empezó a hacer acto de presencia en la mentalidad indígena.

P. ¿Qué otros factores se fueron sumando y reafirmando su activismo en favor de los derechos humanos?

R. Además de la violencia ejercida en la escuela y el sentimiento de vergüenza hacia nuestros orígenes, un elemento adicional fue lo que los pueblos empezaron a experimentar con el extractivismo de recursos naturales y la imposición de un modelo económico ajeno a la forma de subsistencia indígena. La población aprendió a talar bosques de manera indiscriminada a fin de obtener un lucro, aunque iba en contra de nuestros principios: según nuestros abuelos, desde tiempos ancestrales se enseñaba que los árboles son parte de nuestra familia. Se cree, según nuestros antepasados, que son seres que caminan con nosotros, que enseñan, que tienen un lenguaje, que viven. Así, de un momento a otro, nos convertimos en enemigos de la naturaleza. Finalmente, algo que vino a poner en una situación de riesgo aún mayor fue el conflicto armado en Colombia. Los pueblos indígenas, de manera desafortunada, no fueron ajenos a este escenario. Peor aún y, contrario a lo que podría esperarse, las guerrillas no velaron por la defensa de los derechos humanos, la dignidad o el respeto hacia las diferencias; más bien la intolerancia, los homicidios y el temor se hicieron presentes con desenlaces fatales.

P. Con todo lo anterior como telón de fondo, y teniendo en cuenta que los derechos humanos se encuentran en un mal momento a escala mundial debido a una multitud de factores, ¿cuál cree que es el camino para lograr una mejor relación entre los seres humanos y, a su vez, entre ellos y la naturaleza?

R. La educación es el mejor camino para arribar a un mundo más sostenible, más justo y más inclusivo. Pero no la educación a la que he hecho referencia, sino aquella que combina el lenguaje del conocimiento científico occidental con el de los saberes tradicionales indígenas. Por ello, es importante trabajar en una visión integral, entendiendo que la tierra es solamente una y en ella vivimos todos. Una visión que trascienda las nacionalidades, las fronteras o cualquier otro obstáculo. Es momento de resaltar el papel de los conocimientos ancestrales. También es posible crear canales de comunicación y entendimiento entre personas desde el arte y la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Es fundamental pasar de lo meramente folclórico y convertir el arte, en este caso el de los indígenas, en una forma genuina de expresión.

P. ¿Cuál es su percepción de los derechos humanos, no solo en Colombia, sino a nivel global? ¿Qué desafíos o retos persisten?

R. El principal obstáculo está muchas veces en la propia persona, en su forma de pensar, de concebir la realidad y de contemplar y aceptar o no las diferencias. No es que no existan obstáculos externos, sino que uno de los principales es la resistencia hacia lo diferente, hacia el otro, hacia lo que no se conoce. Por ello, es fundamental un cambio de mentalidad. Crear y considerar nuevas formas de comunicación, de interacción y de respeto en un mundo donde la diversidad, la movilidad y las formas de pensar son la norma. Es momento de hacer un quiebre y pasar de un individualismo exacerbado a una forma de vida a partir de la colectividad, la espiritualidad y en armonía con la naturaleza y el universo.

Algunas ciudades bolivianas tienen esparcidas en sus calles la pintada “Evo pedófilo”. Aparecieron cuando estalló en 2024 la imputación por trata de personas que pesa sobre el expresidente Evo Morales (2006-2019), con una orden de aprehensión por no presentarse a declarar, al asegurar “falsa de garantías”. No es la última, pero sí tal vez la estocada más dura que ha sufrido su imagen, en caída después de alcanzar cuotas históricas de aprobación. Desde su derrocamiento en 2019, justo después de triunfar en unas elecciones denunciadas como fraudulentas y con una repostulación señalada como inconstitucional, el líder indígena no ha logrado su ansiado regreso al escenario público. El expresidente se refugia ahora en su último bastión, el departamento de Cochabamba, donde en las últimas elecciones regionales se impuso su candidato, Leonardo Loza, quien dijo querer a Morales como a un padre.

El evismo –autodeclarado como un “movimiento popular indígena anticolonial, antiimperialista y anticapitalista”– se mostró vigente ya en las elecciones presidenciales del año pasado, cuando logró un 19% en el voto nulo que promovió en su campaña, tras no lograr inscribir su partido Evo Pueblo. Aún lejos, no obstante, del hasta 61% logrado en su mandato. En esos comicios era infaltable en los discursos de los aspirantes la promesa de hacer cumplir la orden de detención contra Morales. El dirigente cocalero se ha mantenido refugiado en el Trópico de Cochabamba, en la región productora de coca del Chapare, donde construyó su proyecto político como sindicalista de los cosechadores.

Desde ahí, Morales tampoco superó la barrera burocrática para competir con su partido en las elecciones regionales del pasado 22 de marzo, pero promovió a sus seguidores inscritos hasta en 80 partidos, uno de ellos Loza, exsenador, dirigente cocalero y su mano derecha. Este político de 42 años es considerado su verdadero sucesor, después de las peleas fratricidas que llevó a cabo, primero con su exministro —al que luego llamó traidor—, Luis Arce; y después con quien era considerado su delfín político y expresidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Loza consiguió el 40% de los votos en la gobernación de Cochabamba, contundente si se toma en cuenta que es uno de los tres departamentos que no irá a segunda vuelta el 19 de abril de los nueve que conforman el país.

Loza no logró la ciudad capital —en consonancia con el desprecio al movimiento en las zonas urbanas—, pero dominó el área rural. El evismo dice que triunfó en 20 de los 47 municipios que hacen Cochabamba y a nivel nacional alcanzó 200 postulaciones, principalmente en las regiones andinas y mineras de Potosí y Oruro. Sobre la influencia que tendrá Morales en su gestión, Loza dijo que podría “orientar o guiar” en algunos temas, pero no se involucrará en los asuntos administrativos. “Evo es Evo. El que lo niega y lo traiciona se entierra políticamente. Jamás me alejaría ideológicamente (…) pero seremos nosotros los que dirigiremos el horizonte de Cochabamba. Yo he ganado”, aseguró quien fue vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Dentro del evismo no se perfila una proyección a escala nacional para Loza, pero sí sienten que han recibido un impulso con la victoria para volver a aspirar a la presidencia, como sugiere el vocero de campaña y exasambleísta departamental por Cochabamba, Sergio De la Zerda. “Somos la única y más efectiva oposición al actual gobierno neoliberal que busca retroceder en las conquistas sociales que se avanzaron de 2006 a 2019. Estamos seguros de que, si no se repite la proscripción, seremos nuevamente favorecidos con el apoyo de las grandes mayorías del país en venideras elecciones”.

Sin embargo, para el investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Lorgio Orellana, el poder de Morales se concentra sobre todo en Cochabamba, justamente por la alta organización y disciplina de los agricultores en la región del Trópico, donde nació el último proyecto político indigenista. Para las aspiraciones a escala nacional hay por delante un camino difícil y escabroso. “Más aún ahora, donde existe un escenario altamente fragmentado, de innumerables tiendas políticas y un gran rechazo de las clases medias urbanas”.

A este panorama, añade Orellana, se suma la desacreditación que ha sufrido la izquierda después de la debacle del Movimiento al Socialismo (MAS), tras 20 años de permanencia en el poder; primero con Morales y después con Arce. “Exmilitantes del MAS han aparecido en las elecciones regionales con otras tiendas políticas y se han diferenciado explícitamente de su pasado masista. La narrativa de izquierda reformista del MAS ha desaparecido del escenario político nacional”.

Para el académico, la principal oposición para el gobierno de centroderecha asumido en noviembre y liderado por el presidente Rodrigo Paz está representada por la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos de transporte público y los trabajadores campesinos. Las mismas que muestran resistencia en las calles con marchas y bloqueosy con las que hicieron retroceder un cuestionado decreto que incentivaba la inversión extranjera en recursos estratégicos.

Mientras se cosecha un nuevo liderazgo en las manifestaciones, la cara más visible de la izquierda en el escenario de representación política es Loza. “Un líder joven, consecuente, disciplinado y de una amplia formación y trayectoria política”, lo describe De la Zerda. El flamante gobernador migró con nueve años, sin sus padres, de la parte montañosa de Cochabamba a la región del trópico. Desde niño cultivó los campos de coca con su abuelo y a los 17 empezó su carrera como dirigente cocalero.