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Durante buena parte del siglo XX, la preocupación demográfica de México y de casi todo el mundo era el exceso de nacimientos y el consecuente temor de que la población creciera más rápido de lo que la economía pudiera sostener.

Actualmente, esta preocupación se ha invertido en varias regiones del mundo. En prácticamente todos los países de alto ingreso, la fecundidad ha caído por debajo del nivel técnico necesario para reemplazar a la población (2.1). E incluso en México (una de las principales economías emergentes), esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó que el país ya se encuentra en la misma tendencia demográfica.

El fenómeno es tan generalizado que no es comprendido a cabalidad por los especialistas, dado que no se trata de un país o una región, sino de sistemas sociales y políticos muy distintos que enfrentan el mismo fenómeno.

Precisamente, a tratar de responder a este fenómeno, se dedica el estudio “Why Is Fertility So Low in High-Income Countries?”, de Melissa Kearney y Phillip Levine, en el Journal of Economic Literature. Ahí se documenta que la tasa global de fecundidad se ubica hoy por debajo del reemplazo en casi todos los países de la OCDE y que, en varios países como Japón, Italia, Grecia y Canadá, el dato es inferior a 1.5; mientras que en Corea del Sur, Singapur y China el indicador está por debajo de 1 y en Estados Unidos fue de 1.62 en 2023.

El planteamiento del estudio de Kearney y Levine es que esta caída no responde tanto a los costos del momento ni a políticas puntuales, sino a algo más complejo: la “despriorización” de la maternidad y la paternidad como elementos centrales en la vida de las personas. Se trata de un cambio de prioridades en el que las nuevas generaciones distribuyen su tiempo, su dinero y su energía de manera distinta, influenciadas por normas que han cambiado en torno al trabajo, los roles de género, la crianza y el ocio, así como por un abanico mucho más amplio de opciones de consumo y estilos de vida.

No es que la gente rechace explícitamente tener hijos; es que la paternidad y la maternidad dejaron de ocupar el lugar central que antes tenían. Sobre el modelo económico clásico de Gary Becker (Premio Nobel de Economía), que plantea analizar la decisión de tener hijos con las mismas herramientas con que la economía estudia cualquier otra elección, siendo una de sus ideas centrales, el intercambio entre cantidad y calidad. A este proceso, los autores añaden también el peso de las normas sociales que se transmiten de una generación a la siguiente.

El artículo tiene implicaciones relevantes de política pública, contrarias a la intuición de muchos gobiernos: no existe una palanca única que eleve la fecundidad de manera confiable, y menos aún en el corto plazo. Los apoyos monetarios modestos y los incentivos incrementales (como los bonos por nacimiento en algunos países europeos) no cambian la decisión de tener hijos, porque esa decisión se forma temprano en la vida y responde a expectativas de largo plazo.

En el caso de México, de acuerdo con el INEGI, en 2023 la tasa global de fecundidad fue de 1.60 hijos por mujer, la más baja de nuestra historia, después de 2.07 en 2018 y de alrededor de 2.4 en 2014. Ya estamos por debajo del nivel de reemplazo (2.1), lo que implica que, antes de lo previsto, la población del país comenzará a disminuir.

La Ciudad de México registra apenas 0.96 hijos por mujer, un dato comparable al de las sociedades más envejecidas del mundo, y solo cuatro entidades federativas permanecen por encima del reemplazo. En medio siglo pasamos de más de seis hijos por mujer a menos de dos: una de las transiciones más rápidas de las que se tiene registro.

Como resultado de lo anterior, entre 2018 y 2023, la proporción de personas de 60 años y más aumentó de 12.3% a 14.7% de la población, mientras que la de menores de 15 años bajó de 25.3% a 22.7%. El llamado bono demográfico (etapa en la que la mayoría está en edad de trabajar y que debería haber impulsado el crecimiento económico) se está cerrando. Las presiones más evidentes se observan en los sistemas de pensiones, en el mayor gasto en salud y en un mercado laboral que envejece, con un efecto sobre la productividad.

Y aquí identificamos una diferencia fundamental entre México y los países que analiza el estudio: esas sociedades envejecen después de haberse enriquecido; México corre el riesgo de envejecer antes, con una baja cobertura de pensiones y una informalidad que afecta a la mitad de los ocupados.

Si la baja fecundidad obedece a un cambio de fondo en la forma en que la gente organiza su vida, sería ingenuo esperar que un bono revierta la tendencia; la evidencia internacional sugiere que no funcionará. Lo sensato no es empeñarse en forzar más nacimientos, sino prepararnos para la sociedad que ya somos: fortalecer las pensiones y su cobertura, elevar la productividad y el capital humano para compensar con calidad lo que perderemos en cantidad de trabajadores, así como remover los obstáculos que hoy impiden tener hijos a muchas personas (como los cuidados infantiles, la vivienda, la corresponsabilidad en el hogar) que sí desean, pero postergan de manera indefinida.

México dedicó décadas a enfrentar el reto de una población joven y en expansión; en las próximas décadas tendrá que enfrentar justamente lo contrario. Aceptar que el descenso de la natalidad ya es una realidad es el primer paso necesario para prepararnos con tiempo. Porque nuestro país será, inevitablemente, más viejo y pequeño y la diferencia entre enfrentarlo con orden o con improvisación requiere decisiones en el presente.

El 30 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera y modificar la forma en que México examina determinadas inversiones. La propuesta busca que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) evalúe los riesgos que ciertas adquisiciones pueden representar para la seguridad nacional. La pregunta ya no es únicamente cuánto capital llega al país, sino quién controla la infraestructura, la tecnología, los datos y las cadenas de suministro que se desarrollan en nuestro territorio.

La preocupación tiene un contexto económico y geopolítico. Estados Unidos ha sido, por mucho, el principal origen de la inversión extranjera directa (IED) en México, mediante adquisiciones, nuevas plantas y ampliaciones productivas. Al mismo tiempo, han cobrado relevancia proyectos de otros países en actividades como vehículos eléctricos, energía y minería. De acuerdo con datos publicados por la Reserva Federal de Dallas, la participación de China en los anuncios de nueva inversión en México pasó de menos de 1% entre 2005 y 2009 a 9% en 2023. Esta evolución ayuda a explicar por qué las autoridades buscan examinar con mayor atención la propiedad y el control de ciertos activos estratégicos.

La Ley de Inversión Extranjera vigente ya permite negar inversiones que impliquen riesgos para la seguridad nacional. También exige una resolución favorable de la CNIE para la participación extranjera que supere el 49% en determinadas actividades. Sin embargo, no establece un procedimiento específico de revisión de adquisiciones que permita identificar oportunamente riesgos en otros sectores sensibles. La iniciativa busca cubrir ese espacio.

Uno de sus cambios centrales está en la integración de la CNIE. Actualmente participan en ella las secretarías responsables de la política económica, social, ambiental y de infraestructura, además de Gobernación y Relaciones Exteriores. La iniciativa propone incorporar, con voz y voto, a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad, Protección Ciudadana, y la propuesta de dictamen de las Comisiones Unidas del Senado, propone incluir en este grupo a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) participarían con voz, pero sin voto. Las perspectivas de defensa, inteligencia, seguridad y riesgos financieros adquirirían así un lugar formal en el análisis de las inversiones.

La revisión obligatoria se activaría cuando concurran tres condiciones. Que un inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más de 49% del capital de una sociedad mexicana; que el valor de los activos de esta tendría que superar el monto que determine la CNIE mediante resolución general; y que la sociedad desarrolle alguna de las actividades económicas previstas en la iniciativa. Estas comprenden infraestructura estratégica, tecnologías críticas, suministro de insumos fundamentales y acceso o control de información sensible. La propuesta también permite que la Comisión incluya actividades o sectores análogos mediante resolución general.

Si la adquisición supera el 49%, pero los activos no alcanzan ese monto, las partes podrán solicitar voluntariamente la revisión por seguridad nacional. Ese umbral deberá publicarse dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del decreto. Su definición será decisiva para conocer cuántas operaciones quedarán sujetas a revisión obligatoria.

El diseño plantea una primera dificultad. Especialistas en revisión de inversiones, como CELIS, han señalado que un umbral accionario superior a 49% puede ser demasiado alto para detectar ciertos riesgos. Una participación minoritaria también puede permitir acceso a información, tecnología o infraestructura estratégica. Por ello, han sugerido considerar porcentajes menores y combinarlos con parámetros monetarios y criterios relacionados con la sensibilidad de cada actividad. El riesgo para la seguridad nacional no siempre crece en proporción al porcentaje de acciones adquiridas.

La segunda dificultad es que una parte sustancial del alcance de la reforma quedará definida después de su aprobación. La CNIE determinará el valor de los activos que activará la revisión y podrá añadir actividades o sectores económicos análogos a los previstos en la ley. La iniciativa tampoco precisa suficientemente cómo identificará la Comisión un riesgo, en qué circunstancias condicionará una operación ni qué garantías permitirán dar un trato equivalente a casos semejantes.

La exposición de motivos recoge principios de la OCDE como la no discriminación, la transparencia, la predictibilidad, la proporcionalidad y la rendición de cuentas, pero su desarrollo en el articulado es limitado. El informe semestral sobre la gestión de la CNIE en materia de seguridad nacional, que se enviaría al Congreso, es un paso útil. No sustituye, sin embargo, reglas claras para que los inversionistas conozcan los criterios de evaluación, los canales de interlocución y las razones por las que una adquisición podría ser condicionada o impedida. Cuanto más amplio sea el margen de valoración de la autoridad, más importante será contar con procedimientos conocidos y verificables.

También será necesario aprovechar la información que el Estado ya posee. El SAT puede requerir datos sobre las personas físicas que ejercen el control final de sociedades y fideicomisos, y existen obligaciones mercantiles para registrar información sobre beneficiarios controladores. La reforma podría explicar mejor cómo intercambiarán y utilizarán esa información la CNIE, la Secretaría de Economía, el SAT, la UIF y las demás autoridades participantes. Una coordinación eficaz ayudaría a reconstruir las cadenas de propiedad y control sin imponer solicitudes duplicadas a las empresas.

Esa coordinación requerirá recursos y personal especializado. Sin embargo, el tercer transitorio de la iniciativa establece que las erogaciones derivadas de la reforma se cubrirán con el presupuesto aprobado para la Secretaría de Economía, sin ampliaciones presupuestales. La disposición merece atención porque la CNIE asumiría nuevas tareas de análisis, intercambio de información y seguimiento de las condiciones impuestas a las inversiones.

Los plazos son importantes. La iniciativa concede a la CNIE 60 días, mientras que la propuesta de dictamen en Comisiones Unidas del Senado plantea reducirla a 45 días hábiles para resolver. Si se dictamina el proyecto, ese plazo podría suspenderse si la Comisión solicitara información adicional, y ampliarse cuando la complejidad del asunto lo justifique, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Igualmente, si los interesados no atendieran el requerimiento de información, el trámite se desecharía, y si transcurrieran los plazos aplicables sin que la Comisión emita una resolución, aplicaría también lo dispuesto en la LFPA.

La CNIE podría autorizar la adquisición, sujetarla a modificaciones para mitigar un riesgo o impedirla por motivos de seguridad nacional. Asimismo, además de multas por incumplimientos, el proyecto de dictamen de la reforma en Comisiones Unidas del Senado propone facultar a la CNIE para determinar la acción de desinversión como sanción.

Las resoluciones favorables o condicionadas podrían incluir obligaciones específicas, entre ellas reportes periódicos. Para una inversión que depende de financiamiento, contratos y calendarios de construcción, los tiempos del procedimiento y las condiciones que finalmente se impongan forman parte de la certeza necesaria para decidir.

Coparmex ha advertido que la combinación de discrecionalidad, participación de instancias de seguridad, y sanciones de hasta 23.5 millones de pesos, podría afectar la certeza jurídica y el clima de negocios. También ha planteado la necesidad de revisar la compatibilidad de las nuevas reglas con los compromisos internacionales de México en el marco del T-MEC.

A los tiempos de revisión ante la CNIE podrían sumarse, según las características de cada operación, autorizaciones en materia de competencia económica y trámites fiscales, laborales, sectoriales o locales. Si la reforma amplía el número de operaciones sujetas a escrutinio, la capacidad de la Comisión para resolver oportunamente se convertirá en una variable para la competitividad del país.

Hay, además, una consecuencia que el debate geopolítico puede dejar en segundo plano. La iniciativa establece criterios aplicables a los inversionistas con independencia de su nacionalidad. Aunque parte de la discusión sobre sus motivos se relaciona con China, los costos regulatorios también alcanzarían al capital de países que México busca atraer. Durante el primer semestre de 2026, Estados Unidos representó 48.2% de la IED recibida por México, seguido de España con 14.2%, Canadá con 5%, Australia con 4.9% y Alemania con 4.7%. De los 34,968 millones de dólares captados, 88.5% correspondió a reinversión de utilidades y apenas 7.8% a nuevas inversiones. México necesita conservar a quienes ya operan aquí y, al mismo tiempo, atraer proyectos nuevos y diversificar sus fuentes de capital y tecnología.

La experiencia internacional ofrece elementos para mejorar la propuesta. En Estados Unidos, el Comité de Inversión Extranjera, conocido como CFIUS, reúne a autoridades económicas y de seguridad para examinar operaciones que puedan afectar la seguridad nacional. Su funcionamiento descansa en legislación, procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas desarrollados durante décadas. Incorporar autoridades de seguridad a la CNIE sería, por tanto, sólo una parte de la tarea. México también necesita definir con claridad las reglas bajo las cuales actuarán.

Europa ofrece un contraste interesante. La Unión Europea distingue para su toma de decisiones en proyectos de inversión un equilibrio entre competencia económica, subsidios extranjeros y seguridad nacional. De esta manera, opera con las agencias antimonopolio los controles de concentraciones; examina con sus ministerios de economía si una adquisición se beneficia de apoyos de gobiernos extranjeros y revisa con sus agencias de seguridad inversiones que puedan afectar activos estratégicos. Su marco, reforzado este año, abarca tecnologías críticas, energía e infraestructura estratégica e incorpora reglas de transparencia y mecanismos de recurso.

Separar esas evaluaciones ayuda a concentrar el escrutinio de seguridad en los activos y riesgos que realmente lo ameritan, sin confundirlo con todas las demás obligaciones que una empresa debe cumplir.

México necesita fortalecer su capacidad para identificar y mitigar los riesgos que ciertas inversiones pueden representar para la seguridad nacional. El reto para el Congreso será precisar los criterios que activan la revisión, acotar la discrecionalidad, asegurar decisiones proporcionales y dotar a la CNIE de capacidad suficiente para resolver en plazos previsibles. En un país que necesita atraer capital nuevo y diversificar sus fuentes de inversión, la seguridad económica y la certeza jurídica tendrán que avanzar juntas. De ello dependerá que México proteja sus intereses estratégicos y, al mismo tiempo, concrete las inversiones que necesita.

*La autora es Directora de InteligenciaMás y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.