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Cinco de los nueve departamentos que conforman Bolivia votarán este domingo en una segunda vuelta para elegir gobernadores. En cuatro de los enfrentamientos, uno de los competidores representa al partido del presidente Rodrigo Paz, Alianza Patria. La disputa clave sería en La Paz, sede de Gobierno, pero, en un inédito suceso, la organización opositora declinó su postulación después de conflictos con su candidato. El tribunal electoral proclamó entonces ganador al aliado de Paz, Luis Revilla. En el resto de las contiendas, el mandatario se enfrenta a una evaluación después de cinco meses en la presidencia, en los que una pasajera estabilidad económica ha comenzado a ceder ante los reclamos sociales de cambios estructurales.

Cerca de 3,5 millones de electores de los departamentos de Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca, Oruro, Beni y Tarija vuelven a las urnas después de que ningún candidato consiguiera al menos el 40% de los votos el pasado 22 de marzo. El presidente anunció que, después de esa fecha, se venían las leyes de fondo para revertir la recesión económica que el Fondo Monetario Internacional pronostica en un decrecimiento del 3,3% para este año. Sabrá en la noche del domingo si ha conseguido una estructura territorial para respaldar sus reformas o tendrá que negociar con poderes autónomos locales, caracterizados por su pragmatismo y desideologización.

Para la socióloga y analista política Luciana Jáuregui, la segunda vuelta ha abierto un escenario —excepto en Santa Cruz de la Sierra— con candidatos de corrientes afiliadas al oficialismo frente a fuerzas autonómicas. “Las opciones oficialistas buscan alinearse con el Gobierno central y ordenar los gobiernos locales bajo una lógica nacional. La otra tendencia son fuerzas por la autonomía, corrientes que buscan mayores márgenes de decisión. No les interesa ser opositores frente al Gobierno, sino velar por los intereses del departamento por encima del gobierno nacional”. Toda la campaña electoral ha estado marcada por las promesas de los postulantes de hacer cumplir la consigna del “50/50” que prometió Paz durante su campaña presidencial.

La consigna hace referencia a un proceso de descentralización en el que el Gobierno central transferiría la mitad de los recursos nacionales directamente a las alcaldías y gobernaciones, además de otorgarles mayores responsabilidades que todavía no son de su competencia, como educación o salud. Tener representación en los diferentes territorios le facilitará, apunta Jáuregui, las negociaciones para llevar adelante este proceso: “En un contexto de crisis económica, los gobiernos locales van a perder una cantidad importante de ingresos. Tener aliados en los territorios significará amortiguar el conflicto por la distribución de recursos y ayudará a gestionar las tensiones territoriales de cada región”.

Para Paz, las elecciones del domingo también se presentan como una oportunidad de mostrar músculo político. La solución al desabastecimiento de combustible y el cierre de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo potenciaron su popularidad en los primeros meses, de acuerdo con una encuesta de Ipsos Ciesmori que le da 60% de aprobación en el eje central del país. Sin embargo, durante las últimas semanas han sido constantes los cabildos ciudadanos para exigir recortes de salarios públicos, marchas para abrogar leyes y paros departamentales por una gasolina de mala calidad que el Gobierno asumió haber distribuido.

Alianza Patria resultó ser la primera fuerza en la primera vuelta de los comicios subnacionales. El alcance de su victoria (37 municipios de más de 300), no obstante, es limitado en un contexto de fragmentación política. Tampoco se puede entender a los candidatos de Paz para este domingo como el resultado natural de una estructura orgánica partidaria, sino como alianzas circunstanciales con líderes locales que priorizan la tecnocracia. “No se deben leer como un bloque unido y cohesionado, sino que dependen de los resultados que el Gobierno produzca. Esto es un rasgo del Gobierno de Paz en todos los niveles: si le va bien, se reproducirá; si le va mal, es muy probable que se desafilien”, resalta Jáuregui.

Estas son las primeras elecciones regionales o subnacionales después del derrumbe de la hegemonía de 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), y con ella cayó también el eje que coordinaba la contienda: masismo contra antimasismo. Se ha entrado en una fase de transición donde la oferta electoral se ha atomizado, con un resurgimiento de las élites urbanas y las plataformas ciudadanas. Una competencia “intraélite”, la llama Jáuregui. “Hay un desplazamiento del sindicalismo campesino indígena como eje del poder local”. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, se enfrentan Otto Ritter, exconcejal y autodeclarado falangista, y el emprendedor tecnológico y excandidato a vicepresidente del ultraderechista Jorge Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco.

El único departamento donde se han logrado rearticular las otrora dominantes organizaciones campesinas originarias es en Oruro y Cochabamba. En el primero, a través del ingeniero aimara y exdiputado del MAS Edgar Sánchez, quien en la primera vuelta consiguió el 38% de la votación frente al 11% del economista Óscar Chambi, de Alianza Patria. Mientras que en Cochabamba consiguió triunfar en primera vuelta el candidato del expresidente indígena Evo Morales, Leonardo Loza, gracias al voto disciplinado y organizado de las federaciones cocaleras que pueblan la parte tropical del departamento.

Poner a flote a la Nueva EPS era una de las grandes prioridades del Gobierno de Gustavo Petro. No solo es la más grande de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las aseguradoras públicas o privadas que administran un sistema de salud al borde del colapso. También tiene un fuerte valor simbólico para la militancia de izquierdas. Es el resabio del antiguo sistema, en el que el Estado tenía un rol más central. La EPS absorbió hace 18 años a los afiliados del antiguo Instituto del Seguro Social, la entidad estatal a la que estaban afiliados los trabajadores colombianos antes de una reforma en 1991, y el Gobierno retiene una amplia participación accionaria. Inmersa en una larga crisis, Petro prometió rescatarla y la intervino en abril de 2024 “para frenar el desangre”. Dos años después, las intervenciones han fracasado. El remedio ha sido peor que la enfermedad.

La prórroga de la intervención por un año más, firmada por el Gobierno el 10 de abril, reconoce el deterioro de la EPS. Entre las fundamentaciones de la Superintendencia de Salud para mantener la administración, señala que las deudas han subido de 18,4 billones (unos 5.100 millones de dólares) en diciembre de 2024 a 26,1 billones de pesos (alrededor de 7.200 millones de dólares) en noviembre de 2025. El número frío tiene un efecto muy tangible para 11,5 millones de colombianos. Son habituales las noticias de la falta de cirugías, citas con especialistas o medicamentos. La crisis es evidente en “un incremento sostenido en las inconformidades, especialmente durante el periodo de prórroga”: según la resolución del propio Ejecutivo, su crecimiento anual es del 14,3%.

Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS, relata por teléfono los cambios en los últimos años. “Indiscutiblemente, el sistema ha tenido una permanente crisis, porque cada Gobierno no ha asignado los recursos que eran necesarios, pero nunca habíamos visto algo así”, comenta. “Antes peleábamos por un medicamento que no nos entregaban en 10 o 20 días, máximo un mes. Ahora vemos que faltan durante dos, cuatro, seis meses. Y ya no son solo los de alto costo, sino también los genéricos”. Según cuenta, el asunto de los medicamentos ahora afecta al 40% o el 60% de los pacientes. Cree que el número de peticiones, quejas y reclamos (PQRs) está subestimado: “Hay gente que ya ni siquiera pone quejas porque ha detectado que no se soluciona nada”.

Mientras tanto, la inestabilidad en los altos cargos evidencia que la EPS no encuentra su rumbo para resolver estos problemas. “Cada interventor llega con su gente, dice que el anterior era corrupto y cambia todo”, dice Álvarez. Desde enero de 2024, han pasado dos presidentes —antes de la intervención— y tres interventores. El Gobierno echó esta semana a Luis Óscar Gálvez y designó a un cuarto interventor, Jorge Iván Ospina, un médico y exalcalde de Cali con varias causas de corrupción. El nombramiento lo firmó la superintendenta ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera, que dejará esa función luego de solo seis meses: su puesto quedó obsoleto porque también cambió esta semana el superintendente de todo el sistema, Bernardo Camacho, quien tenía un impedimento puntual para esta EPS por haber sido uno de sus interventores.

La incertidumbre se completa con el caos político y administrativo. Caracol Radio reveló esta semana una carta en la que varios funcionarios de la Superintendencia denuncian ante la Procuraduría que la prórroga de la intervención fue ilegal por haberse saltado controles internos y que Ospina no cumple con los requisitos para ser interventor. La EPS, según el escrito, debería volver a sus dueños: el Estado y seis cajas de compensación. En simultáneo, el recambio administrativo se produce con dudas persistentes sobre la contabilidad. Múnera reconoce que, con corte a febrero, solo se han procesado 3 de los 15 billones de pesos de cuentas rezagadas. “No se sabe por qué las cobraron, no hay un sustento”, explica durante una entrevista en su despacho. A diferencia de las demás EPS, los balances financieros de 2023 y 2024 siguen sin presentarse.

El Gobierno, por su parte, eleva la apuesta mes a mes. Pese a la crisis en la Nueva EPS, a finales de febrero emitió un decreto que modificaba las reglas de operación de las EPS y que hubiera implicado que la aseguradora más grande, con presencia en todo el país, absorbiera a unas tres millones de personas adicionales. Un tribunal lo tumbó en marzo tras considerar que “podría dar lugar al colapso” de la Nueva EPS y “afectaciones generalizadas y potencialmente irreparables” para todos los pacientes. El presidente no se echó para atrás: unos días después, ordenó en un Consejo de Ministros que se liquiden las EPS que están en quiebra, lo cual implicaría un traslado masivo a las que sobrevivan.

¿Mala gestión o desfinanciamiento?

La superintendente Múnera señala a los interventores anteriores, designados por el Gobierno, por los fracasos. Para ella y el presidente, el dinero alcanza, pero está mal gestionado. La contratación por eventos, dice, hace que los prestadores cobren cada procedimiento “al precio que les da la gana”. Los interventores, además, indican cada mes a qué prestador se le debe pagar y cuánto, en vez de cancelar el mismo porcentaje de las facturas a todos. Desde su perspectiva, es posible resolver la crisis si se cambian estas prácticas y se nombran funcionarios adecuados. Rechaza que la alternativa sea “entregar más plata para que se pierda”.

Para Múnera, la crisis de la Nueva EPS no es la más profunda. “Cuando revisas los PQRs [peticiones, quejas, reclamos] per cápita, la Nueva no es la primera, sino la tercera, luego de Sura y Sanitas [privadas]. Pero es la que está en el centro de un debate electoral porque atacarla es atacar a Gustavo Petro”, dice. El centro de pensamiento Así Vamos en Salud reconoce, en un documento, la validez de estos datos. Sin embargo, la afectación es descomunal por el tamaño de esta aseguradora y porque la crisis se profundiza: hubo 518.199 PQRs en 2025, un 45% más que el año anterior y un 116% más que en 2022. Asimismo, el centro de pensamiento comenta que puede haber un subregistro en zonas rurales, donde la Nueva EPS tiene una amplia cobertura, porque la población suele tener menos información sobre la posibilidad de presentar estos recursos.

Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, rechaza en una conversación telefónica que el problema se deba a funcionarios específicos que incumplen las orientaciones del presidente. Cree que hay una deficiencia estructural con las interventorías. “No funcionan porque lo primero que hacen es quitar los órganos de control internos de las entidades. Desaparecen la asamblea y la junta directiva. Todo queda en manos de un reyezuelo que, en el caso de la Nueva EPS, maneja dos billones de pesos mensuales [unos 550 millones de dólares]”, explica. Asimismo, señala que “la mala gestión clínica”, que la OMS asocia a ineficiencias del gasto de un 20% o 40% en todo el mundo, no alcanza para explicar la crisis. “Si hay tanta corrupción como dicen, ¿por qué no la han denunciado?”, apunta.

Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, añade que uno de los mayores errores fue que se cambiaran una gran parte de las redes de prestadores. Esto rompió la continuidad de los tratamientos de muchos pacientes. Asimismo, es opaca la información sobre cuáles han sido los criterios de la contratación para los nuevos proveedores, que a veces no tienen la misma calidad que los anteriores. Tampoco es claro cómo se establece a quién se le paga y cuándo. Aunque este es un punto en común con la superintendente, señala que corregirlo no resolverá la crisis de fondo. “Los recursos seguirán siendo insuficientes”, apunta.

Los contradictores de la política sanitaria del Gobierno insisten en que el problema principal viene del bajo monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la suma que el Estado le paga a las EPS por cada afiliado. La Corte Constitucional declaró en enero de 2025 que el Gobierno debía reajustarla, incluso con rezagos que vienen desde 2021. El Ejecutivo no solo se ha negado a hacerlo, sino que ha mantenido los ajustes anuales por debajo de lo que piden las EPS. Es difícil calcular el impacto financiero en la Nueva EPS, que no presenta balances financieros, pero es evidente en las otras 27. Salvo algunas excepciones, los análisis de Así Vamos en Salud muestran un deterioro acelerado: el patrimonio neto de las EPS pasó de 110.000 millones de pesos en 2021 a -16,9 billones de pesos en 2025. El panorama es aún peor en las intervenidas, que pasaron de un patrimonio de -2,1 billones de pesos en 2021 a uno de -13,3 billones de pesos en 2025.

Incluso el nuevo interventor Ospina señaló, en sus primeras entrevistas esta semana, que enfrentará el problema de la falta de recursos del Estado. “No creo que la UPC alcance para la Nueva EPS (…). La población está pasando a una pirámide con más adultos mayores, más demandantes por enfermedades crónicas”, declaró en Blu Radio. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, no ocultó su enojo ante esa declaración. “¿Qué sabe el doctor Ospina? No tiene ni idea de los parámetros”, dijo a Caracol Radio. Insistió en que el gran problema son los malos manejos: “Que se dedique a administrar porque, Ave María, que sí tiene trabajo con la corrupción que hay”. Una vez más, negó su responsabilidad por los interventores anteriores. “Yo no soy el que los nombro”, en una crítica velada al presidente. Mientras tanto, los pacientes siguen sufriendo.

España, México y Brasil confirman su acercamiento diplomático tras la cumbre de líderes progresistas en Barcelona este fin de semana y unen fuerzas para denunciar las presiones de Estados Unidos sobre Cuba. Los tres países han llamado al diálogo ante la amenaza de una intervención militar en la isla y se han comprometido en una declaración conjunta a aumentar la entrega de ayuda humanitaria para enfrentar la “dramática situación que vive el pueblo cubano” después de tres meses de asfixia energética impuesta por la Administración de Donald Trump.

”Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al derecho internacional”, señalan los tres Gobiernos en un comunicado difundido la noche de este sábado, apenas unas horas después de la clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, una iniciativa que reunió a más de una decena de líderes progresistas.

España y las dos mayores potencias latinoamericanas también exigen respeto a la integridad territorial y la soberanía de la isla, y conminan a “encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, según se lee en la declaración conjunta, que no alude explícitamente a Estados Unidos.

Este posicionamiento trilateral es uno de los resultados concretos más visibles de la cita en la capital catalana.

La declaración responde a una propuesta que puso sobre la mesa la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su intervención inicial en el foro de líderes de izquierda convocado en Barcelona por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sheinbaum hizo votos para que “la paz y el diálogo prevalezcan” en medio de las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana de los últimos meses y pidió que todos los Estados participantes en la cumbre se sumaran en un pronunciamiento conjunto para oponerse a una posible intervención militar, siempre evitando un choque directo con EE UU, vecino y principal socio comercial del país latinoamericano.

La mandataria mexicana también recordó que su país fue uno de los pocos de Latinoamérica que denunció el bloqueo económico impuesto por la Casa Blanca desde la década de los setenta. También ha sido uno de los más activos en el envío de ayuda de emergencia a la isla.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue un paso más allá en sus planteamientos en la clausura del acto oficial, cuando admitió estar “preocupado” por la asfixia impuesta a Cuba: “Hay que parar este bloqueo y dejar que los cubanos sigan sus vidas”. Lula se refirió a Trump como “el señor de la guerra” y denunció las intervenciones de Washington en la región, como la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero. “No podemos despertar todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando la guerra”, reprochó.

El Gobierno cubano ha agradecido el respaldo de los tres países. “En medio de la difícil situación que enfrenta Cuba, debido al recrudecimiento del bloqueo de EE UU a niveles extremos, al actual cerco energético y a las constantes amenazas del Gobierno estadounidense, reconocemos el digno y solidario comunicado conjunto emitido por los gobiernos de Brasil, España y México”, manifestó el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un mensaje publicado en redes sociales. La Casa Blanca no se ha pronunciado en las primeras horas tras la publicación del texto trilateral.

Sheinbaum regresará a México este domingo, poniendo así punto final a su primera visita a Europa desde que llegó a la presidencia del país norteamericano, en octubre de 2024. Es, también, el primer viaje a España de un jefe de Estado mexicano desde 2018.

A siete semanas de la primera vuelta presidencial, la campaña avanza sin debates que confronten a los candidatos. Este sábado, el candidato de izquierda Iván Cepeda propuso un encuentro con sus dos principales contendores de derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, una iniciativa que hasta ahora no se ha concretado y que se suma a varios intentos fallidos por abrir estos espacios. En la Cumbre de Gobernadores de esta semana, el propio Cepeda canceló a última hora su participación en el primer espacio que reuniría a la mayoría de aspirantes para exponer sus propuestas. Su ausencia dejó el conversatorio sin el puntero en las encuestas, en un episodio que es apenas un síntoma de un problema más amplio: la dificultad para consolidar escenarios de discusión pública en esta contienda. Entre agendas cruzadas, negativas y formatos fallidos, la campaña se acerca a su tramo decisivo sin que los ciudadanos hayan presenciado un debate amplio entre quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño, en contraste con lo ocurrido en elecciones anteriores.

La puja por los debates no es nueva. Varios de los foros y conversatorios que se han organizado han ocurrido sin la participación de los principales: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. El 8 de abril pasado, El Espectador organizó un espacio para conocer las posturas de los aspirantes frente a la transición energética, a la que asistieron solo Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo y Roy Barreras, candidatos que, juntos, suman menos del 4% de intención de voto. Había confirmado la uribista Valencia, pero canceló su participación sin mayores explicaciones.

La razón que suelen dar para evadir los espacios son problemas en la agenda. Desde la campaña de Valencia explican que en muchos casos son temas de tiempo, pero su ausencia, en otros tantos, obedece a la decisión de su contrincante Cepeda de no exponerse (hasta ahora) a los debates. Si el favorito en las encuestas no va, la segunda favorita tampoco. Sergio Fajardo, uno de los candidatos que se autoproclama de centro, no ha dejado pasar oportunidad para recordar que está disponible y a la espera de ser incluido en estos espacios. “¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe? Yo estoy listo”, escribió en su cuenta de X.

La decisión del senador de izquierda de no participar en estos encuentros responde a su desconfianza hacia los medios, sus organizadores por excelencia. Sus asesores, casi todos exfuncionarios de este Gobierno, le han recomendado distanciarse de los focos mediáticos. El candidato lo dice sin apuros, las pocas veces que habla. Desde el 26 de octubre pasado, cuando ganó la consulta interna del oficialista Pacto Histórico, Cepeda lo afirmó públicamente. “No voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente. A insultarnos con otros candidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos”. En su lugar, habla de discutir las propuestas, pero aún no ha hecho público su programa de gobierno.

En marzo, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de su candidato a través de las redes sociales. Luego de que su antecesor, Iván Duque, afirmara en medios “quien quiera ser presidente tiene que ir a debates”, Petro le respondió recordando que, en la campaña de 2018, el entonces candidato de derecha se abstuvo de participar en varios de estos espacios entre la primera y la segunda vuelta. En otra publicación en redes sociales, el mandatario publicó una imagen de uno de los debates en el que estuvo ausente quien le ganó en las urnas. “Un presidente siempre está abierto al debate y a la discusión. Aquí Duque me dejó plantado y no quiso debatir conmigo”, escribió en sus redes sociales.

La discusión por los debates se recicla cada cuatro años. De momento, cada fórmula apuesta por sus estrategias de comunicación. Valencia resalta las estrategias de seguridad con más militares o su relación con el empresariado, con propuestas como impulsar el fracking y una prometida rebaja de impuestos. El ultra De la Espriella, por su parte, habla en sus redes sociales de una estrategia de seguridad más firme que le permita trabajar con los militares de la reserva activa.

El penalista, de hecho, tampoco quiere participar en debates. En enero, antes de las elecciones legislativas y las simultáneas consultas presidenciales, había sugerido un encuentro con Cepeda, pues para ese entonces eran los primeros en las mediciones. Propuso que estuviera enfocado únicamente en la relación con Venezuela y los grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Fue una invitación informal porque nunca concretó el espacio ni la fecha, y sobre todo una que nunca se repitió.

Con estrategias más centradas en hablarle a su propio electorado, la campaña ha avanzado sin un espacio público y de difusión masiva en el que la ciudadanía pueda contrastar directamente las propuestas. Todavía quedan las convocatorias de los dos canales de televisión más grandes del país, que tienen alcance nacional y suelen marcar la recta final de la contienda. Su realización dependerá, una vez más, de la disposición de los candidatos.