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Jorge Quiroz, el influyente ministro de Hacienda de José Antonio Kast, quien lidera los recortes en el Estado, ha intentado este martes explicar el polémico oficio, emitido por la Dirección de Presuestos (Dipres), en el que se sugiere ajustes de programas públicos en el marco del Presupuesto 2027, entre ellos “descontinuar” iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que depende a la cartera de Educación (Mideduc) y que le ha causado, desde el viernes, duras críticas tanto del oficialismo como de la oposición, especialmente. Según el economista, el documento es una comunicación interna entre ministerios y, al no estar destinado a la divulgación pública, “ocupa palabras que no son las perfectas”, dijo en referencia al término “descontinuar”. Y precisó que la idea es quitar la continuidad, pero para su reformulación.

En una entrevista que Quiroz concedió a radio Infinita este martes señaló que el oficio “es parte de la formación de un presupuesto a mediano plazo que, como su tenor lo indica, contiene orientaciones programáticas para la contención y evaluación del gasto” y que, al tratarse de una comunicación interna entre ministerios, es “como que alguien venga y revise la carta de una pareja y empiece a dar opiniones”.

No es raro que un informe de este tipo use la palabra “descontinuar”. En septiembre de 2025, cuando la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público presentó sus resultados, utilizó el concepto. Específicamente sobre el PAE, este grupo de especialistas -convocado por el presidente de Gabriel Boric- también determinó que se habían encontrado reiteradas fallas en los monitoreos que se le realizan en el tiempo. Pero, dado su importancia y que no tiene reemplazo, se ocupó el criterio político: “Excepción por tratarse de un programa para el cual no existe oferta programática para resolver el problema de política pública. Programa condicionado para resolver sus hallazgos durante el próximo año”.

Es habitual que los gobiernos hagan cambios sustanciales en sus programas sociales de cara al presupuesto del año siguiente, que están en constante evaluación de acuerdo a diferentes variables. El problema de Quiroz ha estado, más bien, en pensar que un oficio de estas características -que anuncia hallazgos de problemas en determinadas políticas públicas- puede sociabilizarse dentro de su ministerio o de otros, antes siquiera de negociarlos. Lo explica, en parte, su falta de experiencia política y una nueva prueba de que las empresas privadas no son lo mismo que el Estado.

El viernes pasado, Quiroz, quien llegó al Gabinete del Gobierno de derecha desde el mundo privado, ya se había pronunciado sobre la polémica, cuando dijo que “no va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”. Y que “no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa” pues “es un oficio” en el que “todavía no está el decreto en busca de gasto”, señaló.

Según Quiroz dijo este martes, el oficio menciona los mismos programas en los que se recomendó “bajar gastos” en la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público, de septiembre de 2025, y que lideró el ministro de Hacienda de Gabriel Boric (2022-2026), Mario Marcel, aunque entregó su informe cuando Marcel había dejado el Gobierno. “Estamos ocupando sus mismas palabras”, dijo el economista. “La recomendación de descontinuar implica que el programa en su diseño actual no debe continuar operando ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar la problemática de modo efectivo”, citó.

Y agregó: “En este tema es importante tener un mínimo glosario de lo que son los programas y lo que son las modalidades. Un programa no es sino un conjunto de acciones destinadas a llevar a cabo de una política pública. Ahora, la política pública está definida en una ley con sus objetivos y no es la que está en discusión, sino que lo que muchas veces se discute es la modalidad bajo la cual se lleva a cabo”.

“El programa es el que no debe continuar, no la política [pública]. La política de la Junaeb que es una ley y obviamente que tiene que seguir continuando”, pero “el diseño está absolutamente malo”, dijo.

Cuando el viernes La Tercera divulgó el oficio, Quiroz comenzó a recibir fuertes críticas no solo por la sugerencia en torno al Programa de Alimentación Escolar (PAE), que depende la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), sino también por su estilo. Hubo fuego amigo desde el propio oficialismo. Evelyn Matthei, excandidata presidencial de la derecha tradicional, en su cuenta de X le habló directamente al jefe de Hacienda, un economista especialista en microeconomía, no en macro. “En los anexos, la Dipres propone como recomendación descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”. Cristián Monckeberg, de Renovación Nacional (RN), quien fue tres veces ministro del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2014-2022), incluso antes del incidente del oficio dijo que el jefe de Hacienda de Kast tiene “falencias graves desde el punto de vista no economicista”, sino “de la bajada, de llegar a acuerdos, de entender el mundo político, que es distinto al mundo privado”.

También se pronunció este domingo el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, del partido UDI, de la derecha tradicional. Dijo, sobre los cambios a los programas de la Junaeb, que “Hacienda comunicó mal y en el momento equivocado, no era la semana para comunicarlo y tampoco la forma. Las explicaciones han sido claras, no se trata del ítem, se trata del gasto”.

Pero quien formuló un cuestionamiento inesperado fue el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, fundado por Kast. No criticó a Quiroz y dijo que hay errores comunicacionales que “se tienen que corregir”. Hizo un llamado al grupo de asesores estrechos del presidente que trabajan en La Moneda, el conocido como el Segundo Piso, a “tomar las riendas”. Las críticas de Squella apuntan al jefe de asesores del presidente, Alejandro Irarrázabal. Ambos conforman el círculo estrecho de Kast pero tienen visiones diferentes: Irarrázabal es más dogmático que Squella.

“Cuando tienes evaluaciones, no es necesario que se comuniquen vía oficio, dando a entender que hay una instrucción, digamos, de proceder en función de eso. Lo mismo en cuanto a la reserva de la documentación que no necesariamente es de trabajo, más bien, no es de exposición pública. Ahí creo que sería bueno que se revisara a quienes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir” dijo Squella. Y agregó que el Segundo Piso debe tomar las riendas apara que la situación no vuelva a ocurrir.

Según Squella, “solo alguien que quiera hacer mucho daño” puede dar “una interpretación de que se iban a cortar los programas de alimentación. Es maldad, en el fondo, tratar de instalar eso como si fuera un hecho real”.

La controversia en que se ha metido el ministro Quiroz ocurre en un delicado momento, pues como jefe de Hacienda lidera el Plan de Reconstrucción Nacional, una megarreforma con medidas con foco económico y tributario que ingresó la semana pasada al Congreso para su discusión inicial y se debata la idea de legislar. El proyecto es el corazón del Gobierno de derechas.

El economista, además, está a cargo de la solicitud que hizo a todos los ministerios de recortes del 3%, en una política agresiva de ajuste fiscal. Solo ha sido excluida la cartera de Seguridad, que lidera Trinidad Steinert, luego que el Gobierno echara pie atrás pues el control de la delincuencia es la gran promesa de campaña, junto al crecimiento económico y el control de la migración irregular.

La Justicia argentina ordenó este martes la elevación a juicio contra el último abogado y apoderado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, y contra sus hermanas Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, acusados de haber defraudado a los herederos legítimos del ídolo deportivo en el usufructo de sus marcas comerciales. A más de cinco años de la muerte del astro, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nº 43 decidió rechazar un pedido de sobreseimiento de los procesados y declarar clausurada la etapa de instrucción.

Además de Morla y las hermanas Maradona, serán sometidos a juicio dos asistentes del exfutbolista, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia, así como la escribana Sandra Iampolsky. La Justicia acusa a todos ellos de “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona” a través de una sociedad que administraba un total de 246 marcas comerciales ligadas deportista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

La resolución explica que si bien la sociedad —denominada Sattvica SA— se encontraba bajo la titularidad accionaria ficticia de Morla y Pomargo, sus movimientos comerciales se desarrollaban bajo las directivas de Maradona. Tras su muerte, como parte del tramite sucesorio, se intimó a los dueños de Sattvica a ceder y transferir en forma inmediata la totalidad de las marcas a los herederos legítimos de Maradona —sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Junior Maradona—, una disposición que Morla rechazó. Tiempo después, según la acusación, la totalidad de las acciones de Sattvica fueron cedidas a Rita Mabel y Claudia Nora, aunque Morla mantuvo un rol central en las decisiones de la sociedad.

“Así se procuraron con dicho accionar un lucro indebido, violando los deberes y obligaciones a su cargo y perjudicando con ello los intereses que les fueran confiados”, perjudicando así a los herederos, según afirmó la resolución. A fines de 2025, la Justicia argentina había confirmado el procesamiento de Rita Mabel y Claudia Nora como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta y, el pasado febrero, confirmó además la prohibición de utilizar la marca.

La decisión judicial de este martes se conoció mientras, en paralelo, se llevaba a cabo la quinta audiencia del nuevo juicio por la muerte de Maradona, en el que siete trabajadores de la salud están acusados de homicidio simple con dolo eventual. En la audiencia declaró precisamente Rita Mabel Maradona y, al igual que en el primer juicio —anulado en mayo de 2025 cuando se descubrió que una jueza lo filmaba para un documental que la tenía como protagonista—, apuntó contra las hijas del fallecido exfutbolista y enfatizó que ellas “dijeron que se iban a hacer responsables de su papá”.

Maradona murió a los 60 años, mientras recibía cuidados domiciliarios en una vivienda en las afueras de Buenos Aires. Antes de ser trasladado allí, el ídolo había estado internado en una clínica donde fue sometido a una intervención quirúrgica. En aquel centro se celebró una reunión entre médicos, abogados y familiares en la que se decidió continuar con los cuidados bajo una modalidad domiciliaria, algo que, según varios testigos, resultó determinante en la muerte del astro.

Por eso, en este segundo juicio para determinar responsabilidades por la muerte del ídolo argentino son juzgados el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Este martes declaró también Verónica Ojeda, que fue pareja de Diego Armando Maradona y es madre de su hijo menor, y aportó la grabación completa de una reunión en la que se decidió bajo qué modalidad se trataría al futbolista. Se trata de una prueba clave en el proceso, que se prolongará durante los próximos meses.