El desempleo en Chile alcanzó su peor nivel en cinco años. La tasa de desocupación llegó a 9,4% entre marzo y mayo, un alza de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El dato es el más alto desde junio de 2021, cuando el desempleo llegó a 9,5% en plena pandemia. El deterioro del mercado laboral en el primer trimestre del Gobierno de José Antonio Kast -asumió el 11 de marzo- golpea con mayor fuerza a las mujeres, cuya desocupación se mantiene estancada en los dos dígitos (10,5%).
El alza, según el INE, se explica por un crecimiento de la fuerza de trabajo de 1,3%, superior al de las personas ocupadas, que avanzó solo 0,8%. Las personas desocupadas aumentaron 6,9% en el período, impulsadas por quienes se encontraban cesantes (5,9%) y, especialmente, por quienes buscaban empleo por primera vez, que llegan a 16,4%. El periodista especialista en economía, Roberto Sapag, remarcaba en EL PAÍS que, además de las altas tasas de desempleo, “el desempeño de la economía, que suma cuatro meses consecutivos de caída en la actividad en 2026 (y amenaza con una recesión técnica si se mantiene esa situación en los siguientes los registros de mayo y junio), no augura un cambio favorable en el mercado del trabajo”.
La brecha de género se mantiene: la desocupación femenina llegó a 10,5%, mientras que la masculina subió a 8,6%. La informalidad, por su parte, avanzó un punto, hasta el 27% (en el caso de las mujeres llegó a 28,8%; y en los hombres, a 25,6%). Otro dato que enciende las alertas es que la Región Metropolitana de Santiago registró una desocupación de 9,8%, su nivel más alto desde octubre de 2023.
En este complejo escenario, el Gobierno de Kast prepara cambios al cálculo de la jornada de 40 horas, la reforma emblemática del expresidente Gabriel Boric que entró en vigencia gradualmente desde 2023. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, adelantó la semana pasada que la Administración evalúa permitir que las 40 horas se calculen como un promedio anual, en lugar del actual sistema de ciclos de hasta cuatro semanas, siguiendo el modelo de varios países de la OCDE. El cambio no alteraría el calendario ya vigente, que desde abril fijó la jornada en 42 horas semanales con descenso gradual hasta las 40 horas en 2028.
La Administración de derecha también retomará el proyecto de contratos por hora, ingresado al Congreso en 2018 y estancado desde entonces. La iniciativa permitiría acuerdos de hasta 30 horas semanales o 120 mensuales, con un pago mínimo equivalente al doble del valor hora del ingreso mínimo, descansos obligatorios de 12 horas entre jornadas y aviso de turnos con al menos 24 horas de anticipación. Rau planteó la medida como una respuesta a la informalidad en sectores de alta variación estacional: “Esto le da una institucionalidad, regula estas relaciones de llamado por horas. Va a permitir formalizar y dar más oportunidades a quienes más lo necesitan”.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, vinculó ambos frentes -el alza del desempleo y la agenda de flexibilización- al sostener que la legislación laboral actual “se ha vuelto extremadamente rígida” y que el país necesita adaptarla “a la realidad del siglo XXI”. Frente a las críticas de la Central Única de Trabajadores (CUT), que advierte un riesgo de precarización, el ministro del Trabajo aseguró que el proyecto contemplará mecanismos de compensación para los casos en que un trabajador sea convocado y no se cumplan las horas comprometidas.
Desde el mundo empresarial, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, respaldó la dirección de los cambios. “Cuando avanzas en mecanismos que dan mayor flexibilidad, puedes combinar el estudio con el trabajo”, afirmó, citando que uno de cada cuatro jóvenes no encuentra empleo en el país. Navarro, de todas formas, señaló que el gremio espera conocer los detalles de la regulación antes de pronunciarse con mayor contundencia.
La tasa de desocupación en Chile lleva más de tres años por sobre el 8%. El Ejecutivo ha apostado también por una megarreforma -en discusión en el Congreso- como una vía adicional para reactivar la generación de empleo, aunque medidas como el crédito al empleo y la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% siguen generando controversia por su costo fiscal.
