Blog

«Tras recibir información de inteligencia que indicaba que la organización terrorista EI estaba planeando ataques durante las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo, la Fiscalía ordenó la detención de 137 personas, de las cuales 115 han sido arrestadas», detalla el Ministerio Público de Estambul en el texto. Según publica la cadena de televisión Al Yasira, aún continúan los esfuerzos para localizar a los 22 sospechosos restantes.

La Fiscalía de Estambul afirmó que las autoridades recibieron información de que la organización extremista había emitido un llamamiento a la acción, particularmente contra no musulmanes, durante estas fechas.

La operación del jueves sigue a los arrestos generalizados de marzo, cuando el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, anunció que 298 presuntos miembros del ISIS ( por sus siglas en inglés) habían sido detenidos en 47 provincias durante dos semanas.

Los arrestos marcan la última fase de los esfuerzos de Turquía contra el grupo, al que las autoridades consideran la segunda amenaza «terrorista» más grave del país.

A principios de esta semana, ya las autoridades turcas habían informado de operaciones contra el autodenominado Estado Islámico (ISIS) tras nuevas informaciones de inteligencia que alertan de posibles atentados durante las celebraciones de Nochevieja, especialmente en lugares concurridos como centros comerciales y mercados.

Según informó el martes la Agencia de Noticias Demirören (DHA), la investigación, llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Terrorismo se apoya en informes de la MASAK (Junta de Investigación de Delitos Financieros) y en el análisis de redes sociales, que permitieron identificar cómo operaba la red en Ankara. Ahora, la esta última operación tuvo el foco en la ciudad de Estambul, la ciudad más visita del país, sobre todo en estas fechas.

Turquía, objetivo principal

Turquía se ha convertido en un objetivo principal de la actividad del Daesh debido a su situación geográfica. El país asiático comparte una frontera de 900 kilómetros con Siria, donde los grupos yihadistas todavía están activos y donde el Estado Islámico fue acusado de un ataque a mediados de diciembre que mató a dos soldados estadounidenses y un civil.

Estas últimas detenciones tienen lugar apenas cinco días después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran amplios ataques contra posiciones del Estado Islámico en Siria, alcanzando a más de 70 objetivos.

Esos ataques fueron ordenados por el propio Donald Trump en represalia por una emboscada perpetrada a principios de este mes en Palmira, en la que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete. La operación llegó a movilizar cazas, helicópteros y artillería contra decenas de objetivos yihadistas en el centro del país.

Operaciones en Afganistán y Pakistán

Esta semana, la agencia de Inteligencia de Turquía también realizó una operación en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, capturando a un ciudadano turco que, según dijo, ocupaba un alto cargo en el grupo del Estado Islámico. En el momento de su detención, Mehmet Goren, posteriormente trasladado a Turquía , estaba acusado de organizar ataques suicidas contra civiles en Afganistán, Pakistán, Turquía y Europa.

Tras el colapso del califato autoproclamado del grupo en partes de Irak y Siria en 2019, las autoridades turcas han asegurado que presuntos miembros del ISIS se han estado estableciendo en el país. Turquía declaró al ISIS como organización terrorista en 2013. Entre esa fecha y 2023, las autoridades arrestaron a más de 19.000 personas por presunta afiliación al grupo, según cifras de la presidencia turca.

Más de 7.600 extranjeros sospechosos de participar en actividades de grupos armados extranjeros también fueron deportados durante ese período, añadió.

Durante toda la contienda, que comenzó con el salvaje atentado terrorista de Hamás contra Israel en octubre de 2023, un tono sombrío ha marcado las navidades en Belén, ciudad bíblica donde nació Jesucristo.

Pero las celebraciones han vuelto con fuerza a esta ciudad de Cisjordania ocupada por Israel mientras se mantiene una frágil tregua en la franja de Gaza, donde cientos de miles de personas afrontan el invierno en tiendas improvisadas.

Cristianos de todas las edades se dirigieron a la céntrica plaza del Pesebre, donde espectadores se asomaban desde los balcones del edificio municipal para observar las celebraciones. Cientos de personas participaron en el desfile del grupo scout salesiano por la estrecha calle de la Estrella de Belén. «Se siente que la Navidad ha llegado de verdad», se alegró Milagros Anstas, de 17 años, con su uniforme azul y amarillo. «Es un día lleno de alegría, porque antes no podíamos celebrarlo debido a la guerra», declaró.

Un imponente árbol de Navidad, cubierto de esferas rojas y doradas, brillaba junto a la iglesia de la Natividad. Esta basílica data del siglo IV y fue construida sobre una gruta donde los cristianos creen que Jesús nació hace más de 2.000 años.

Por su parte, el papa León XIV llamó el martes a una tregua global de un día por Navidad. «Renuevo mi llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador», declaró el pontífice en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

El municipio de Belén optó por reducir las celebraciones navideñas mientras la guerra asoló Gaza, territorio costero palestino geográficamente separado de Cisjordania por Israel. Un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, que comenzó en octubre, detuvo los combates a gran escala en Gaza, aunque muchos siguen afrontando una vida de penurias tras perder sus hogares y a sus seres queridos.

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, llegó a Belén antes de presidir la tradicional misa del Gallo en la iglesia de la Natividad. El alto prelado visitó la devastada Gaza durante el fin de semana y celebró una misa de Navidad en la parroquia de la Sagrada Familia, en Ciudad de Gaza, el domingo.

Los habitantes de Belén, cuya economía depende casi por completo del turismo, esperan que el regreso de las celebraciones navideñas devuelva la vida a la ciudad y reactive la llegada de visitantes. En los últimos meses, los peregrinos cristianos han comenzado lentamente a regresar la ciudad santa. «Es un lugar muy especial», comentó George Hanna, originaria de Beit Jala. «Necesitamos transmitir ese mensaje a todo el mundo y esta es la única manera, subrayó, antes de lanzar una pregunta de fácil respuesta: ¿Qué es la Navidad sin celebrarla?».

El portavoz del primer ministro, al ser preguntado por la posibilidad de que estas cifras desciendan el próximo año, afirmó que el Gobierno no puede garantizarlo. «No hay una única medida, ninguna solución milagrosa, para un problema global que los gobiernos de toda Europa han estado intentando controlar», explicó. También añadió que el Ejecutivo de Keir Starmer «ha dejado atrás los trucos y las políticas fracasadas» y está «tomando medidas serias y prácticas con nuestros socios para asegurar nuestras fronteras, desmantelar el modelo de negocio de las bandas y arreglar un sistema paralizado».

En ese marco, Downing Street sitúa el empleo de instalaciones militares como «una parte importante para afrontar la migración ilegal». Tal y como confirmó su portavoz, Crowborough se activará en unas semanas, en cuanto las condiciones de seguridad y operatividad lo permitan.

540 hombres a la espera

La base, utilizada históricamente como centro de instrucción del Ejército, figura entre los emplazamientos seleccionados para acoger a 540 hombres adultos que se encuentran a la espera de resolución de sus solicitudes de asilo. Según la prensa local, Crowborough es uno de los dos campamentos militares identificados por el Gobierno para alojar a un total de 900 personas, junto a unas instalaciones en Inverness, en Escocia.

El objetivo declarado de este plan es cerrar los hoteles que han alojado temporalmente a miles de solicitantes en los últimos años. Los últimos datos del Ministerio del Interior muestran que en septiembre había 36.273 personas en alojamientos temporales, un 13% más que en junio. A juicio del Ejecutivo, dicha cifra evidencia la necesidad de reubicar a parte de esa población en entornos de mayor capacidad.

La confirmación gubernamental ha coincidido con una intensificación del rechazo local en el municipio de Wealden, donde se ubica Crowborough. Su ayuntamiento había pedido en varias ocasiones al Ministerio del Interior información detallada sobre sus planes. En una carta remitida al Gobierno, el consistorio expresó «preocupaciones muy significativas ante la posibilidad de que su decisión y el posible uso del lugar tengan lugar en un momento en que la comunidad local debería centrarse en reunirse y pasar un tiempo familiar en paz», aludiendo al carácter repentino de la comunicación en plenas navidades y al impacto potencial sobre servicios e infraestructuras en la localidad.

Organización vecinal

Junto a la objeción institucional, diversas organizaciones de residentes han iniciado acciones para tratar de frenar el proyecto. Crowborough Shield, un grupo vecinal creado específicamente para este fin, ha recaudado más de 70.000 libras (80.000 euros) con el propósito de financiar un recurso ante la Justicia.

Sus representantes legales han alegado que el Gobierno habría actuado «de manera ilegal al impulsar el proyecto sin permiso urbanístico, sin consulta a la comunidad y sin una consideración adecuada de la proximidad del lugar a la Zona de Protección Especial y Zona de Conservación Especial del Bosque de Ashdown». La directora del colectivo, Kim Bailey, afirmó que la población local vive el proceso con «miedo e incertidumbre» y aseguró que, en su opinión, «el recinto de las barracones es inadecuado para alojar a solicitantes de asilo, muchos de los cuales habrán huido de conflictos y traumas». A todo ello se suma que «su ubicación junto al bosque de Ashdown implica un riesgo de daño ambiental significativo».

Las protestas han reunido a unas 3.000 personas en distintas convocatorias, y se han centrado en la preocupación por la capacidad de la zona para absorber la llegada de varios centenares de hombres que, de acuerdo con los planes oficiales, podrán entrar y salir libremente del recinto. El consistorio de Wealden calificó de «terrible» la falta de comunicación por parte de Interior y anunció que «impugnará cualquier decisión de utilizar el campamento si es legalmente posible hacerlo». Además, ha encargado asesoramiento a dos abogados especializados. El ayuntamiento notificó asimismo que había recurrido a la llamada ‘planning contravention notice’: una notificación formal utilizada por las autoridades locales para requerir información cuando sospechan que puede haberse vulnerado la legislación urbanística.

El Ministerio del Interior asegura que el pasado 16 de diciembre comunicó al ayuntamiento que todavía no se había adoptado una decisión definitiva sobre Crowborough, y que cualquier traslado se anunciaría con un preaviso de una semana.

No obstante, ahora se ha confirmado que ya han comenzado los preparativos para que las primeras personas lleguen en enero. Pero, a día de hoy, no se han publicado calendarios definitivos de traslado, evaluaciones oficiales sobre la capacidad operativa de la base, estimaciones de costes ni análisis sobre el impacto en los servicios públicos de la zona. El Ministerio del Interior ha señalado únicamente que está «trabajando estrechamente con las autoridades locales, socios inmobiliarios y otros departamentos gubernamentales para acelerar la ejecución».

Según ese correo, Trump figuraba como pasajero en al menos ocho vuelos realizados entre 1993 y 1996. En al menos cuatro de esos trayectos también estaba presente Ghislaine Maxwell, conseguidora de Epstein. Llama la atención que, en uno de esos vuelos, los únicos pasajeros registrados fueron Trump, Epstein y una mujer de 20 años cuyo nombre aparece oculto en los documentos. La revisión incluía más de un centenar de páginas de registros de vuelo, incorporadas al análisis del caso años después de que esos desplazamientos tuvieran lugar.

Trump ha admitido haber conocido a Epstein, aunque sostiene que rompió toda relación con él a mediados de la década de los 2000 y que lo expulsó de su club Mar-a-Lago antes de que fuera acusado por primera vez de delitos de trata de mujeres.

Investigaciones recientes señalan que Epstein, procedente de una familia de pocos recursos de Nueva York, amasó su fortuna engañando y defraudando a millonarios, lo que le permitió acceder a círculos sociales y políticos de alto nivel durante años.

Difusión de nuevas fotos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió este martes el mayor lote de documentos publicado hasta ahora sobre las investigaciones relacionadas con Epstein y Maxwell, en cumplimiento de una ley aprobada recientemente por el Capitolio. Los archivos no aclaran si esos vuelos fueron objeto de una investigación específica ni si las afirmaciones del correo interno fueron corroboradas por otras vías. Además, el propio Departamento subraya que la mención de nombres en la documentación no implica imputación penal ni prueba de delito.

El ‘Lolita Express’ era el nombre informal con el que se conocía al avión privado de Epstein, un Boeing 727 que utilizaba para desplazarse entre Estados Unidos, el Caribe y otros destinos. Sirvió durante años para transportar al millonario, a sus colaboradores y a numerosos invitados, y aparece citado en múltiples investigaciones y testimonios por su papel en los desplazamientos vinculados a la red de abusos. El apodo no fue oficial ni impuesto por autoridades, sino que surgió en círculos sociales y mediáticos y fue popularizado posteriormente por víctimas y por la prensa al conocerse el alcance del caso.

Miles de páginas y correos internos

El nuevo lote de documentos incluye decenas de miles de páginas con correos electrónicos internos, registros judiciales, informes penitenciarios y correspondencia de fiscales federales elaborados tras la muerte en prisión de Epstein en 2019, oficialmente declarada como suicidio mientras se encontraba bajo custodia federal a la espera de juicio por delitos de tráfico sexual de menores. La publicación responde a una ley que obliga a desclasificar y hacer accesible la documentación vinculada al caso, con las protecciones legales previstas para las víctimas, lo que explica que parte del material siga sin hacerse público.

Parte de esos archivos estuvo disponible durante varias horas en la web del Departamento de Justicia, fue retirada sin explicación pública y posteriormente republicada, un episodio que añadió confusión al proceso de difusión. Los documentos tampoco establecen vínculos directos entre los desplazamientos en los que aparece Trump y las actividades delictivas por las que Epstein fue investigado años después.

El material recoge además diversas pistas y avisos recibidos por el FBI sobre la relación de amistad entre Trump y Epstein, así como sobre encuentros en propiedades de ambos a principios de los años 2000. En ninguno de esos documentos se detalla el resultado de esas informaciones ni si dieron lugar a actuaciones concretas por parte de las autoridades federales. En 2021, durante el proceso contra Maxwell, los fiscales enviaron una citación judicial al club Mar-a-Lago solicitando registros laborales, sin que los archivos publicados aclaren el desenlace de esa diligencia.

Información sobre la gestión penitenciaria

Los documentos incluyen también información sobre la gestión penitenciaria de Epstein antes de su muerte y sobre las objeciones de víctimas al acuerdo judicial de 2008 que le permitió evitar entonces un procesamiento federal. Entre los textos más controvertidos figura una carta de agosto de 2019, presuntamente escrita por Epstein y dirigida a Larry Nassar, con referencias explícitas a Trump. Su autenticidad no ha sido confirmada de forma concluyente y los investigadores incluyeron comunicaciones posteriores destinadas a verificar su origen.

El Departamento de Justicia advierte de que parte del material contiene afirmaciones no verificadas o falsas presentadas en su momento ante el FBI, pero sostiene que su publicación responde a una obligación legal de transparencia. Trump no ha sido acusado de ningún delito relacionado con los crímenes de Epstein y la propia documentación insiste en que la aparición de su nombre no implica imputación penal. Aun así, la nueva tanda de archivos vuelve a poner el foco en un caso que sigue generando preguntas, mientras buena parte de la documentación permanece todavía bajo reserva pese a las promesas de transparencia formuladas durante la campaña.

Los documentos incluyen entrevistas internas y deliberaciones del Departamento de Justicia que muestran dudas y discrepancias entre fiscales sobre cómo gestionar la difusión del material sin perjudicar a las víctimas. También aparecen registros penitenciarios detallados sobre las últimas semanas de Epstein en prisión, con evaluaciones psicológicas y decisiones administrativas que no habían sido divulgadas hasta la fecha.

Denuncia de violación

Una denuncia incluida en los archivos del caso acusa a Trump de haber participado en una violación junto a Jeffrey Epstein. La acusación figura en un informe interno del FBI de octubre de 2020, basado en una llamada de un civil, y no aporta pruebas ni indica que se abriera una investigación formal, lo que apunta a falta de pruebas. El documento recoge también otros testimonios indirectos y relatos no verificados que mencionan a Trump en contextos sociales vinculados a Epstein. La Casa Blanca ha remitido a un comunicado del Departamento de Justicia que advierte de que parte del material divulgado contiene afirmaciones sensacionalistas o falsas, especialmente las presentadas ante el FBI en vísperas de las elecciones de 2020, y subraya que no existen cargos ni actuaciones judiciales derivadas de esas denuncias.

El también general Igor Kirilov murió el 17 de diciembre de 2024, cuando una bomba situada en un patinete eléctrico fue detonada a distancia. En la detonación también falleció su asistente. En esa ocasión, el principal sospechoso fue detenido poco tiempo después. Era Ajmadzhon Kurbonov. Según las autoridades, él habría ensamblado el explosivo con componentes polacos. El general Kirilov estaba a cargo de las Fuerzas de Defensa Biológica y Química de Rusia. Su muerte es la única reivindicada por Ucrania.

A pesar de que no era un miembro del Ejército regular, Armén Sargsián también fue asesinado con una explosión en febrero de este año. Era el líder de Arbat, un batallón paramilitar ruso formado principalmente por armenios que lucha en Ucrania, y fue el objetivo de un ataque con una granada que le arrancó una pierna. Posteriormente murió por complicaciones mientras el personal sanitario intentaba salvarle la vida.

Activistas y blogueros, también víctimas

No solo militares han fallecido en estas circunstancias desde que empezó la invasión rusa de Ucrania. Daria Duguina, activista de extrema derecha e hija del conocido filósofo Aleksander Duguin, fue el primer caso conocido. El 21 de agosto de 2022, cuando ambos regresaban de un festival musical, el vehículo donde se encontraba Daria estalló. Según fuentes próximas a Duguin, el objetivo era él mismo, pues el coche que explotó era el que él solía utilizar. Las imágenes de Aleksander Duguin, ideólogo de Putin, reaccionando con las manos a la cabeza mientras veía la carcasa en llamas dieron la vuelta al mundo. Esta explosión fue el primer atentado en suelo ruso tras el inicio de la guerra de Ucrania. Kiev entonces negó cualquier relación.

El bloguero militar Vladen Tatarski (cuyo nombre real era Maksim Fomin) no pudo acabar su evento en San Petersburgo. Pereció en abril de 2023 cuando explotó una estatuilla que le habían regalado durante dicha celebración: 200 gramos de dinamita fueron suficientes para acabar con su vida. La única detenida en este caso fue Daria Trepova, la persona que le trajo el explosivo a Tatarski. Ella afirmó tras su detención que alguien le proporcionó el artefacto sin decirle qué era. En el evento de anexión de las provincias ucranianas, este creador de contenido aseguró que Moscú «derrotará a todos, matará a todos, robará a todos» para conseguir aquello que desee.

La víctima era el jefe del departamento de entrenamiento operativo del Estado Mayor y un militar de notable influencia en el Kremlin, condecorado con la Orden del Valor y protagonista de un largo historial de operaciones militares. «Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación sobre el asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos», declaró Svetlana Petrenko, portavoz del comité investigador. El general sufrió heridas en las piernas y la cara por la explosión y falleció mientras estaba siendo atendido por los servicios de emergencia.

Rusia acusó a Kiev de estar detrás de este atentado. Ucrania oficialmente ha negado cualquier vinculación directa con este y otros atentados similares. La única excepción del pasado fue el ataque contra el también general Igor Kirilov en 2024. Entonces, la BBC citó a una fuente anónima de Kiev que confirmaba la responsabilidad de los servicios de seguridad ucranianos. Públicamente, Ucrania no lo ha confirmado. El Gobierno liderado por Volodímir Zelenski habría conseguido asestar estos golpes en la retaguardia de Rusia para atacar a los altos mandos rusos y minar así la moral de las tropas enemigas.

Las autoridades rusas han abierto una causa penal en virtud del apartado E del artículo 105, parte 2, del Código Penal ruso (asesinato cometido de forma generalmente peligrosa) y también de su artículo 222.1 (tráfico ilegal de explosivos). El primer artículo puede conllevar una pena de hasta cadena perpetua. El viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, aseguró desde el ‘think tank’ Club Valdai a medios nacionales como TASS que Rusia «está de luto» por la pérdida del alto cargo militar. Añadió de forma algo enigmática que para él hay «cierta coincidencia entre los trágicos y negativos acontecimientos y lo que está sucediendo en el ámbito político y diplomático», sin concretar más detalles. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó durante su rueda de prensa diaria que el mandatario ruso Vladímir Putin ha sido informado del ataque.

Sarvarov nació el 11 de marzo de 1969 en Gremyachinsk, en el ‘oblast’ de Perm, y tenía una dilatada experiencia bélica. Entre 1992 y 2003 llevó a cabo operaciones en Chechenia y en el conflicto osetio-ingush. En el periodo 2015-2016, desempeñó tareas relacionadas con la organización y conducción de operaciones en Siria, entonces un aliado cercano de Rusia. Desde 2016 ocupó el cargo de Jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. El diario ‘Komsomolskaya Pravda’ lo tildó de «general del pueblo» y añadió que los enemigos le tenían un «rencor especial». El mismo rotativo señaló que estaba muy condecorado con títulos como la Orden del Valor y la Orden al Mérito Militar, entre otros galardones. Sarvarov se convierte así en el tercer militar asesinado en un atentado de estos últimos doce meses.

Relación con Ucrania

La explosión sucede un día después del encuentro en Miami entre el enviado de la Casa Blanca a Moscú, Steve Witkoff, y el secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umarov. La parte ucraniana tildó las reuniones de «productivas y constructivas». El primero apuntó que «Rusia sigue plenamente comprometida con lograr la paz en Ucrania». Por su cercanía con el Kremlin, Witkoff despierta más que sospechas en el Gobierno de Zelenski.

Kiev ha intentado en reiteradas ocasiones un alto al fuego mientras se negocia la paz. Moscú, por su parte, ha dejado claro que persigue una rendición total o mantendrá los combates en el frente. Ucrania habría golpeado en la retaguardia contra objetivos concretos, como es el caso de Sarvarov, y contra instalaciones estratégicas como bases militares, fábricas y refinerías de petróleo. Los ataques contra estas últimas han sido tan eficaces que han llegado a provocar una escasez de gasolina en un país con ingentes cantidades de hidrocarburos.

Youssef Hamdan nació en el Líbano y llegó a Australia con apenas tres años. Hoy es dueño de un pequeño puesto de kebabs en Bondi, que abrió hace solo ocho semanas. El día del ataque estaba trabajando cuando escuchó unos ruidos que al principio confundió con fuegos artificiales. Poco después vio a la gente correr. «Volví a la tienda y le dije a mis empleados que teníamos que salir de allí», explica. Ayudó a varias familias a ponerse a salvo en la primera planta y después decidió acercarse para ver qué estaba ocurriendo. «Pensé que tenía que hacer algo, lo que estuviera en mi mano».

Lo que encontró fue caos: personas heridas, cuerpos en el suelo, gritos. Hamdan ayudó como pudo, tomando el relevo de un socorrista alemán exhausto mientras intentaban reanimar a una de las víctimas. No lo consiguieron. Al recordar esos minutos, vuelve a insistir en la misma idea: «Esto no es el islam. No importa el color de tu piel. Somos seres humanos».

Una semana después del atentado, Australia aún trata de asimilar lo ocurrido. El ataque, que dejó 15 víctimas mortales durante la celebración judía de Janucá en Bondi, ha abierto un debate profundo sobre seguridad y convivencia, y ha dejado una sensación imposible de ignorar: la pérdida de la inocencia. Este domingo, el país vive una jornada de reflexión en memoria de las víctimas, marcada por vigilias, velas encendidas, minutos de silencio y banderas a media asta. La fecha coincide con el final de Janucá, tradicionalmente asociado a la luz y la resiliencia, lo que ha hecho que el duelo sea aún más intenso dentro de la comunidad judía. Para muchos australianos, la jornada no solo ha servido para recordar a quienes murieron, sino para detenerse a pensar en el país que creían conocer y que ahora intentan reconstruir.

En ese contexto de duelo y reflexión, desde la comunidad musulmana el mensaje dominante es de rechazo frontal a la violencia, pero también de autocrítica. Enver Yasar forma parte de una delegación de líderes de la comunidad turca que han acudido al memorial de Bondi y advierte del riesgo de división. «Queremos que la comunidad judía se sienta segura», dice, «pero también tenemos que frenar a quienes intentan utilizar lo ocurrido para sembrar odio, incluso dentro de nuestra propia comunidad».

Australia, señala Yasar, siempre se ha visto a sí misma como un país relajado, casi inocente. «Ahí está el peligro», advierte. «¿Cómo mantienes esa inocencia y, al mismo tiempo, garantizas que algo así no vuelva a ocurrir?». Para él, encontrar ese equilibrio entre seguridad y convivencia será uno de los grandes retos a partir de ahora.

Desde la comunidad judía, el rabino Yossi Friedman describe una mezcla de tristeza, rabia y agotamiento. «¿Por qué ahora? ¿Por qué se ha tenido que llegar a esto para que se nos vea?», se pregunta. A su juicio, el ataque ha hecho visible una amenaza que llevaba tiempo gestándose. «Empezaron con un evento judío, pero vienen a por todos nosotros».

«Creo que hemos perdido la inocencia», afirma sin rodeos. «Definitivamente la hemos perdido». Para Friedman, los valores judíos y australianos son los mismos: respeto por la vida, libertad y dignidad humana. «Ahora es el momento de que Australia despierte».

El rabino reclama acciones concretas, no solo palabras. «Durante los últimos años, el antisemitismo ha aumentado sin que se haya logrado contener de forma eficaz. Lo que se ha hecho ha sido insuficiente. El domingo por la noche eso se volvió innegable». Exige tolerancia cero frente al odio, la disolución inmediata de protestas que inciten a la violencia y consecuencias claras para quienes promuevan el extremismo. «Podemos tener desacuerdos políticos, pero la demonización y el odio tienen que parar».

Pese a todo, Friedman deja claro que este no es solo un momento de ruptura, sino también una oportunidad. «Si actuamos ahora, podemos salir reforzados. Pero tiene que ser todos juntos, como comunidad y como país».

Mientras tanto, el Gobierno federal ha anunciado nuevas medidas para endurecer la legislación contra el discurso de odio y la incitación a la violencia. En Nueva Gales del Sur se estudian restricciones a protestas de alto riesgo y la criminalización de símbolos y consignas extremistas, después de que la investigación apuntara a una posible influencia ideológica del Daesh (Estado Islámico). El Ejecutivo ha subrayado, además, la importancia de la reflexión, el duelo y la unidad nacional.

La apelación a la unidad se repite en los distintos testimonios. Hamdan lo resume desde su pequeño negocio en Bondi: «Australia es lo que tú y yo hacemos de ella. Tú eres de España, yo soy del Líbano; otros vienen de Asia, de Europa. Eso es Australia». Para él, dos ataques en décadas no deberían definir a toda una sociedad. «Nunca esperé ver tanto cariño y apoyo de la comunidad después de lo ocurrido».

Hoy, Australia sigue de luto. Las heridas permanecen abiertas y el duelo apenas comienza. Y entre memoriales improvisados, funerales y llamamientos a la reflexión, el país se enfrenta a una pregunta incómoda: cómo protegerse sin renunciar a la forma de vida que lo definía. Muchos coinciden en que la respuesta marcará el rumbo de Australia en los próximos años.

Documentos en manos de la Fiscalía e inteligencia de Estados Unidos, a los que ha tenido acceso ABC, demuestran que el chavismo desvió sumas colosales del Estado venezolano hacia Irán mediante esquemas encubiertos. Esos fondos pudieron ser empleados para pagos en España, algo que se investiga en Estados Unidos.

La documentación revela que el régimen venezolano sirvió de plataforma financiera y logística secreta para Teherán durante casi veinte años. En otras palabras, recursos estatales venezolanos fueron usados de forma sistemática para ayudar a Irán a evadir sanciones internacionales y sostener su economía y aparato militar. Para lograrlo, se diseñó una compleja arquitectura financiera: el chavismo utilizó fondos binacionales, empresas públicas venezolanas, bancos «pantalla» y proyectos industriales sin actividad real como fachada, todo creado con el fin de mover dinero ilícitamente y ocultar su destino final.

Entre 2006 y 2009, ambos gobiernos suscribieron al menos 279 acuerdos de cooperación económica en sectores energético, petroquímico, industrial, bancario y tecnológico , elevando el comercio bilateral por encima de los 6.000 millones de dólares (5.100 millones de euros). Este vínculo ha evolucionado hasta convertirse en una arquitectura financiera y logística compleja que permite a Teherán evadir sanciones internacionales mientras drena recursos de Venezuela hacia empresas iraníes en energía, construcción y sectores de doble uso.

En paralelo, según esos documentos, Venezuela se ha vuelto un centro de apoyo logístico y financiero clandestino para objetivos geopolíticos de Irán, incluyendo programas militares encubiertos y organizaciones no estatales aliadas de Teherán.

Según fuentes que gestionan estos documentos, las autoridades judiciales de Estados Unidos investigan además si parte de esos mecanismos financieros se utilizó para canalizar pagos hacia terceros países, incluidos socios europeos como España. La investigación examina posibles transferencias encubiertas a gobiernos aliados, intermediarios empresariales o actores políticos, realizadas a través de fondos binacionales, bancos creados para la cooperación con Irán o redes en paraísos fiscales asociadas a esa arquitectura paralela, con el objetivo de ocultar el origen y el destino final de los recursos.

Triangulación financiera

Venezuela creó una estructura financiera paralela para canalizar fondos hacia proyectos vinculados a Irán al margen de los controles habituales. El esquema se apoyó en fondos especiales como Fonden, en mecanismos bilaterales como el Fondo Conjunto China–Venezuela y en fondos y fideicomisos binacionales con Irán, además de una red de bancos offshore en jurisdicciones opacas. A través de esta arquitectura, Teherán recibió flujos relevantes de capital venezolano sin pasar por los circuitos sometidos al escrutinio de las sanciones internacionales.

Un elemento clave fue el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, alimentado con préstamos de China a Venezuela. Ese dinero se inyectó de nuevo a través de Fonden, que operó fuera del presupuesto oficial. Fonden mezcló ingresos petroleros, deuda y créditos externos y luego redistribuyó los recursos según decisiones del Ejecutivo. Esa falta de transparencia dificultó seguir el rastro del dinero, ya que los fondos perdieron trazabilidad al integrarse con otras partidas. Así, Venezuela pudo desviar recursos hacia empresas iraníes o proyectos conjuntos, presentándolos formalmente como iniciativas de desarrollo nacional.

Otro pilar fue la creación, entre 2007 y 2009, de un fondo y un banco binacional Irán–Venezuela para financiar proyectos de cooperación. En 2007 se anunció un Fondo Binacional con un capital de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) destinado a proyectos conjuntos, alimentado en parte con recursos procedentes del Fondo Conjunto China–Venezuela.

En paralelo, Irán abrió en 2008 en Caracas el Banco Internacional de Desarrollo, filial de su banco estatal de exportaciones, y en 2009 se inauguró un banco conjunto en Teherán con un capital inicial de 200 millones de dólares (170 millones de euros). Estas entidades permitieron canalizar transacciones directas entre Caracas y Teherán fuera del sistema financiero estadounidense. Estados Unidos sancionó en 2008 al banco de Caracas por sus vínculos con el aparato militar iraní y por facilitar la evasión de controles financieros.

Los investigadores consultados estiman que Venezuela canalizó cerca de 7.800 millones de dólares (6.650 millones de euros) hacia el ecosistema estatal iraní mediante estas maniobras. De este total, aproximadamente 4.689 millones de dólares (4.000 millones de euros) provendrían de proyectos y fondos vinculados directamente a Irán en sectores como energía y petroquímica. Otros 3.132 millones de dólares (2.800 millones de euros) corresponderían a desvíos indirectos. Gran parte de esos fondos procedían de los ingresos petroleros de Venezuela, incluidos préstamos de China, redirigidos mediante estructuras opacas hacia empresas estatales iraníes y la Guardia Revolucionaria de Irán.

Para enviar dinero a Irán sin pasar por rutas tradicionales bajo vigilancia, Venezuela usó bancos en países como Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong. En 2019, se intentó transferir más de 1.000 millones de dólares (850 millones de euros) desde Bandes a su filial en Uruguay, lo que mostró cómo se sacaban divisas del país a través de Montevideo. En Dubái y Hong Kong, bancos locales facilitaron pagos a empresas iraníes, aprovechando la falta de controles. Así se creó un sistema financiero paralelo que permitía pagar con petróleo, oro u otros medios sin dejar rastro claro, usando contratos ficticios y cuentas en el extranjero.

Estas revelaciones han llevado a que la Fiscalía de Estados Unidos investigue a altos funcionarios del Gobierno venezolano por manejar dinero ilegalmente con Irán. Entre los señalados están Nicolás Maduro y varios de sus aliados más cercanos, vinculados al llamado Cártel de los Soles. Washington ya los había sancionado y los acusa de formar parte de una red criminal. La investigación busca probar cómo esta relación con Irán sirvió para mover dinero en secreto, violar sanciones y ocultar el uso de fondos públicos venezolanos.

Las fotografías, difundidas el viernes, muestran a Clinton junto a Epstein y su novia y conseguidora, Ghislaine Maxwell, en distintos contextos sociales, entre ellos, una imagen tomada en una piscina subterránea en la que aparece también una mujer cuyo rostro ha sido tachado. Otras instantáneas lo sitúan en un avión privado con Michael Jackson y Diana Ross y hasta en una cena con Mick Jagger, Epstein y otras figuras públicas.

El material fue divulgado como parte inicial de un paquete de documentos oficiales cuya publicación había sido reclamada por el Congreso tras un acuerdo entre republicanos y demócratas que se impusieron a Trump. Clinton ya tuvo sus escándalos sexuales por mantener relaciones con una becaria, Monica Lewinsky, en la Casa Blanca.

El portavoz del expresidente, Angel Ureña, ha sostenido en un comunicado que la difusión de los archivos responde a una estrategia política. Según su versión, la Casa Blanca no busca depurar responsabilidades, sino protegerse ante lo que pueda salir a la luz más adelante sacando antes lo de Clinton. «Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de veinte años que quieran, pero esto no trata de Bill Clinton», ha afirmado en la red social X.

Clinton mantiene desde hace años que rompió toda relación con Epstein alrededor de 2005, antes de que el millonario muerto se declarara culpable en Florida por solicitar servicios sexuales a una menor. Ureña ha insistido en esa línea al establecer una distinción entre quienes cortaron lazos antes de que se conocieran los delitos y quienes los mantuvieron después. «Estamos en el primer grupo», ha señalado.

La polémica se intensificó cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió una de las imágenes en X. Desde el entorno demócrata se citan, además, declaraciones de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien reconoció recientemente que Clinton no estuvo en la isla privada de Epstein en el Caribe, pese a las reiteradas afirmaciones en sentido contrario del presidente Trump.

Los registros oficiales indican que Epstein visitó la Casa Blanca al menos 17 veces durante los primeros años de la presidencia de Clinton. Tras dejar el cargo en 2001, Clinton viajó en varias ocasiones en el avión privado de Epstein en desplazamientos vinculados a actividades de la Clinton Global Initiative en África y Asia. Hasta ahora, no ha sido formalmente acusado de ningún delito relacionado con el caso.

La publicación de las imágenes coincide con la citación de Bill y Hillary Clinton ante el comité de supervisión de la Cámara de Representantes para declarar sobre sus vínculos con Epstein. Las comparecencias, aplazadas a enero, han añadido un nuevo elemento de tensión política a un caso que el presidente Trump ha utilizado de forma recurrente para atacar a figuras del Partido Demócrata.

Las fotografías, publicadas este viernes 19 de diciembre bajo el paraguas de la llamada Ley de Transparencia del Caso Epstein, muestran a Clinton en distintos lugares junto al financiero y su entorno, sin explicación oficial sobre fechas, circunstancias o propósito de los encuentros.

En una de las imágenes más llamativas, Clinton aparece junto a Ghislaine Maxwell, pareja y conseguidora de Epstein, en Londres. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión federal por conspirar con Epstein en la explotación sexual de menores.

Otras imágenes muestran al expresidente en un jacuzzi y posando junto a una mujer cuya identidad ha sido ocultada en los documentos oficiales, tachando la cara. El Departamento de Justicia no acompaña las fotografías de contexto adicional, lo que ha alimentado nuevas dudas sobre la naturaleza de la relación y sobre el alcance real del material que aún permanece bajo secreto de sumario, que todavía es una buena porción.

La publicación se produce en un clima político marcado por una presión creciente del Congreso, que obligó a la Administración Trump a fijar un calendario para hacer públicos miles de documentos vinculados a la investigación federal sobre Epstein. El financiero murió por suicidio en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su muerte, en circunstancias que siguen generando sospechas, convirtió el caso en un símbolo de las fallas del sistema y de la protección de las élites.

La relación de Clinton con Epstein no es nueva. El expresidente, que ocupó la Casa Blanca entre 1993 y 2001, ha reconocido haber coincidido socialmente con él y haber viajado en algunas ocasiones en su avión privado, aunque siempre ha negado conocer o sospechar de sus actividades criminales. Su nombre ya figuraba en registros de vuelo, agendas y documentos judiciales, pero las imágenes difundidas ahora aportan una dimensión visual inédita que reaviva el debate público.

La ley que ampara la publicación de los archivos busca precisamente facilitar ese escrutinio. Firmada por Trump, obliga al Departamento de Justicia a poner a disposición del público pruebas incautadas en registros de propiedades de Epstein y materiales procedentes de distintas investigaciones criminales. En teoría, los documentos deben ser plenamente consultables y permitir búsquedas directas por nombres y conceptos clave.

En la práctica, sin embargo, el sistema habilitado por el propio Departamento de Justicia presenta limitaciones notables. La base de datos, denominada Epstein Library, no arroja resultados siquiera ante búsquedas básicas como «Clinton» o «Trump». Esa disfunción ha provocado críticas inmediatas y ha reforzado la percepción de que la transparencia avanza a trompicones, con filtraciones parciales y un control aún significativo sobre qué se publica y cómo.

Mientras tanto, el Congreso ha avanzado por su cuenta. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes llevan semanas difundiendo documentos y fotografías procedentes del patrimonio de Epstein. En ese material aparecen mencionadas figuras de primer nivel del mundo político, económico y cultural, desde Elon Musk y Peter Thiel hasta Steve Bannon, el príncipe Andrés del Reino Unido o Bill Gates. La aparición de un nombre o una imagen no implica acusación alguna, pero el goteo constante ha ampliado el radio del escándalo.

Entre las nuevas fotografías figuran también el actor Kevin Spacey y el humorista Chris Tucker, en algunas imágenes compartidas con Clinton, así como instantáneas del expresidente junto a Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross. Ninguna de estas personas ha sido acusada de delitos en relación con Epstein, pero su presencia ilustra la amplitud del círculo social que rodeó durante años al financiero.

El caso también ha salpicado a Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro durante el segundo mandato de Clinton y expresidente de la Universidad de Harvard. Correos electrónicos intercambiados con Epstein, publicados por el comité, provocaron su retirada de algunos cargos públicos y académicos. Esos contactos forman parte ahora de investigaciones federales ordenadas por Trump el pasado 14 de noviembre, centradas específicamente en las relaciones de Epstein con Clinton y Summers.

Ambos expresidentes, Clinton y Trump, han afirmado que cortaron su relación con Epstein años antes de su muerte. Aun así, los republicanos del Comité de Supervisión han citado a Clinton y a su esposa, Hillary Clinton, para que presten declaración en el marco de la investigación parlamentaria. En una carta enviada al Congreso, su abogado sostuvo que la demanda social de transparencia es comprensible, pero consideró innecesarias las deposiciones, al entender que toda la información relevante puede entregarse por escrito.

La publicación de las nuevas imágenes no cierra el caso, sino que lo reactiva. Revela tanto lo que se muestra como lo que aún permanece oculto, y subraya la dificultad de cerrar definitivamente una trama que conecta poder, dinero y silencio institucional. A medida que avanzan las investigaciones federales y el Congreso mantiene la presión, el archivo Epstein sigue funcionando como un espejo incómodo de las zonas grises del poder en Estados Unidos.