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El régimen ha culpado a los propios manifestantes de las víctimas mortales, a quienes califican como «terroristas», por el «asesinato de civiles y personal de seguridad».

Sin embargo, el número de muertos y heridos en todo el país es incierto. Los grupos de derechos humanos tienen dificultades para contactar con sus contactos dentro de Irán y seguir la metodología que suelen emplear para verificar la información, pero afirman que ya han contabilizado cientos de muertos.

Un alto funcionario del Ministerio de Salud iraní, que habló bajo condición de anonimato citado por ‘The New York Times’ afirmó que unas 3.000 personas habían muerto en todo el país.

Varios grupos de derechos humanos dicen que han identificado por su nombre a cientos de los muertos (la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, dijo que había confirmado 648 personas , incluidos nueve menores), también advirtió en los últimos dos días que el número de muertos probablemente era mucho mayor: «Según algunas estimaciones, más de 6.000».

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Aunque en un principio eran en contra del aumento del costo de vida, con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

El pasado 8 de enero, las autoridades decidieron cortar internet. Una medida que los manifestantes afirman intenta ocultar la represión en las protestas y que ha sido defendida por el propio Gobierno, que ha afirmado que fue introducida después de que el país «se viera amenazado por operaciones terroristas ordenadas desde el extranjero».

Durante el fin de semana, las autoridades comenzaron a buscar y confiscar antenas Starlink en el oeste de Teherán, explica Amir Rashidi , director de derechos digitales y seguridad en Miaan Group, una organización estadounidense sin fines de lucro que se opone a la censura en Internet.«Es una guerra electrónica», dijo Rashidi al diario ‘The Wall Street Journal’. Los videos de las calles son una de las pocas formas de obtener información sobre la magnitud de las protestas y las acciones de las autoridades iraníes, aunque llegan a cuenta gotas y con días de retraso. «Hoy me llegan fotos y vídeos de hace tres y cuatro días. No sé lo que está pasando en mi casa. No sé si mi familia está ahora viva o muerta», cuenta Medis Tavakoli, activista iraní que reside en España desde hace cuatro años

La ONU ha condenado lo que está ocurriendo en Irán, al tiempo que ha reclamando al Ejecutivo del país que ponga fin a la represión de las protestas. Así, ha resaltado que «es inaceptable tildar a los manifestantes de ‘terroristas’ para justificar la violencia contra ellos».

«El asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar», ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Asimismo, ha pedido a las autoridades que restauren el acceso a los servicios de internet y telecomunicaciones y ha solicitado que haya rendición de cuentas por las violaciones de los Derechos Humanos en el país centroasiático.

«Como vimos más recientemente en 2022, amplios sectores de la población iraní han salido a las calles para reclamar cambios fundamentales en la gobernanza de su país», ha manifestado, antes de subrayar que «de nuevo, la reacción de las autoridades es infligir una fuerza brutal para reprimir demandas de cambio que son legítimas».

En una entrevista realizada este martes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha insistido en sopesar la vía militar en caso de que Estados Unidos ponga en marcha una agresión, un asunto para el que ha dicho estar «preparado». «Irán no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una guerra», ha apostillado.

«Patriotas de Irán, ¡seguid protestando, tomad vuestras instituciones!», animó Trump con un mensaje desde su red social. «Guardad los nombres de los asesinos y los agresores. Pagarán un alto precio», añadió el presidente de EE.UU. antes de prometer que «la ayuda está en camino».

Trump no dio ningún detalle sobre qué formato tiene o tendrá esa ayuda que «está en camino». El multimillonario neoyorquino ha elevado el tono en los últimos días contra el Gobierno de Teherán y ha amagado con el uso del Ejército para aplacar la represión. La Casa Blanca ha detallado que Trump ha sido informado de «opciones militares» a su disposición, aunque, de momento, no ha tomado decisión al respecto. El presidente también aseguró este martes que había «cancelado todos los encuentros con las autoridades iraníes hasta que pare esta matanza sin sentido de protestantes».

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El mensaje de Trump llegó a las calles de Irán en el segundo día de luto nacional decretado por las autoridades. El régimen trata de dar una imagen de normalidad y quiere pasar página lo antes posible, pero los muertos se cuentan por miles y no será sencillo que lo consiga, menos si interviene militarmente Estados Unidos.

Acusados de «terroristas»

Una fuente oficial citada por la agencia Reuters elevó a 2.000 el número de muertos -ONG lo situán en 6.000- e indicó que «todos son considerados mártires porque son víctimas del terrorismo». El régimen considera las protestas una forma de «terrorismo urbano» impulsado desde el exterior para provocar la intervención de Trump.

A la espera de conocer el contenido de esa «ayuda», el senador Lindsey Graham adelantó en X que «no habrá tropas sobre el terreno», pero la operación desatará «un infierno contra el régimen que ha pisoteado todas las líneas rojas con una oleada masiva de ataques militares, cibernéticos y psicológicos».

La respuesta iraní a las amenazas de Washington llegó de boca del general Amir Hatami, alto mando de las Fuerzas Armadas, quien aseguró que el conflicto de junio con Israel fue «una experiencia única y especial», porque ningún otro Estado se ha enfrentado a Israel, un «régimen equipado con tecnología y apoyo occidentales», de la forma en la que lo hizo Irán, según declaraciones recogidas por la agencia Tasnim. En opinión de Hatami, «los preparativos realizados en los últimos seis meses tras la guerra impuesta de 12 días son plenamente adecuados» para hacer frente a las amenazas que llegan desde el exterior.

El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, se dirigió directamente al presidente estadounidense para decirle que Teherán le enseñará «una lección inolvidable» si lanza nuevos ataques. Palabras fuertes de dirigentes y mandos militares de un país que, aunque conserva un número importante de misiles, está muy lejos de la capacidad militar del enemigo y se ha quedado sin apoyos clave en la región como Hizbolá o Bashar al Assad. El régimen islámico se ha quedado solo en su pulso con Estados Unidos e Israel.

Toque de queda en Teherán

Después de varios días de pesadilla, Teherán recuperó una aparente normalidad, los comercios reabrieron sus puertas y el tráfico volvió a colapsar algunas de las arterias principales. Los colegios y universidades permanecen cerrados y se levantó parcialmente el corte de comunicaciones, aunque el servicio de internet sigue cortado. Después de más de cuatro días incomunicados, los iraníes pudieron llamar al extranjero, pero era imposible realizar llamadas a la república islámica. El servicio de telefonía ha funcionado a nivel doméstico y también lo ha hecho la red de intranet, la versión interna y controlada de internet dentro del país diseñada por el Gobierno para separar el tráfico nacional del global.

Fuentes consultadas en Teherán relataron que de jueves a domingo la capital vivió bajo una especie de toque de queda oficioso, con todas las tiendas y cafeterías cerradas a partir de las cuatro de la tarde y un enorme despliegue policial y paramilitar en plazas y cruces. Enorme. Durante las noches se vivieron auténticas batallas campales en las que los antidisturbios y agentes de seguridad emplearon fuego real. Los servicios municipales trabajaban sin perder un minuto para intentar borrar las marcas de lo sucedido y tener las calles lo más presentable posible a primera hora de la mañana. Lo que no podían era reparar los daños sufridos por bancos, mezquitas y comisarías, algunos de los objetivos de la ira de unos manifestantes etiquetados de «terroristas» por las autoridades.

Sin duda, el gran daño irreparable son las víctimas mortales. Los iraníes vuelven a pagar con sangre su levantamiento contra un sistema blindado por la Guardia Revolucionaria y sus juventudes, los temidos basijíes. Se repiten las escenas de dolor entre las familias de los días de ‘Revolución verde’, en 2009, y el levantamiento de 2022 por la muerte de Mahsa Amini.

Entre 2009 y hoy ha habido más episodios de levantamientos sociales. La gran diferencia del momento actual con todos los anteriores es la amenaza de intervención de Donald Trump, unida al desgaste de un régimen que ha quedado obsoleto ante las demandas de cambio de una parte importante de la sociedad que no cree en el sistema.

La agenda del presidente de Estados Unidos en Oriente Próximo va de la mano de un Benjamín Netanyahu cuya aspiración es derrocar al régimen islámico, al que considera una «amenaza existencial» para Israel. En junio, en mitad del diálogo nuclear entre estadounidenses e iraníes, Netanyahu lanzó una guerra por sorpresa que duró doce días y en la que contó con el apoyo de Trump. Todo acabó con un alto el fuego oficioso que, según los iraníes, Israel rompe estos días con su apoyo directo al sector violento de las movilizaciones. Ali Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y hombre de peso en el régimen, calificó a los manifestantes violentos de «terroristas urbanos» y alertó del riesgo de «guerra civil» en el país.

«La principal diferencia entre las tres grandes revueltas es que el régimen está mucho más acorralado hoy que entonces. Ha perdido a sus aliados regionales, se encuentra asediado y con pocas cartas que jugar, y sus estructuras internas son más frágiles que nunca», opina Arash Azizi, historiador iraní y autor de libros como ‘What Iranians Want’ (Qué quieren los iraníes). Esa soledad de Irán se ha acelerado tras los golpes sufridos por Hizbolá, en Líbano, y Bashar al Assad, en Siria. La estrategia de formar y armar grupos aliados en la región ha sido aplastada por Israel y solo los hutíes, en Yemen, se mantienen como amenaza lejana al Estado judío, muy lejana.

«¿Dónde está mi voto?»

Hace 17 años las calles de Irán estallaron al conocer la victoria de Mahmoud Ahmadineyad en la segunda vuelta de las presidenciales. El líder ultraconservador se impuso, según el recuento oficial, al reformista Mir Husein Musavi y fue reelegido presidente en un momento marcado por el inicio del pulso nuclear con Occidente. Teherán fue el epicentro de un movimiento que usó el verde de la campaña electoral de Mousavi como símbolo y popularizó el eslogan «¿Dónde está mi voto?» La gente se levantó para pedir cambios internos, cambios dentro del sistema y apertura, y la respuesta fue represión con decenas de muertos y miles de detenidos.

Barack Obama condenó la represión y dijo que las protestas eran «una expresión del deseo del pueblo iraní por debatir su futuro y que esas voces debían ser escuchadas», pero dejó claro que no era una cuestión sobre Estados Unidos u Occidente, sino sobre «los propios iraníes y el futuro que ellos decidieran para su país». Ahmadineyad gobernó durante cuatro años más y los iraníes tuvieron muy claro que los cambios en su país no iban a llegar a través de las urnas.

«Mujer, vida, libertad»

Después de 8 años de ultraconservadurismo, Irán giró a un sistema moderado con el clérigo Hasán Rohani y en 2015 se selló el histórico pacto nuclear con Estados Unidos. La república islámica y el ‘Gran Satán’ (tal y como llama el sector radical a Estados Unidos) iniciaron una fase de deshielo y comenzaron a levantarse algunas sanciones a cambio de una limitación en el grado de enriquecimiento de uranio. Las calles de Irán veían el final de un túnel de sanciones económicas y amenazas de guerra, pero el sueño se desvaneció con el triunfo de Trump, que rompió el pacto de forma unilateral en 2018 y reimpuso los castigos pese a que los iraníes cumplían lo acordado, según todos los informes emitidos por la Agencia Internacional de Energía Atómica.

El peso de los castigos asfixió a la economía iraní y el país volvió a girar al ultraconservadurismo en 2021 con Ibrahim Raisi. En lugar de priorizar la situación económica, Raisi aplicó una política para intentar reislamizar a una sociedad cada vez más alejadas de los eslóganes de la revolución islámica, reforzó a la policía de la moral y puso el foco en la vestimenta de las mujeres. Un año después de su llegada al poder, la joven Mahsa Amini murió a manos de esa policía de la moral y las calles explotaron al grito de «Mujer, vida, libertad».

Los iraníes superaron la barrera del miedo levantada por la brutal represión de 2009 y fueron las mujeres y las minorías, como los kurdos, quienes lideraron la batalla para pedir libertad y el fin del uso obligatorio del pañuelo para las mujeres. Las movilizaciones se mantuvieron durante un año, con diferente nivel de intensidad, y organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights (ONG con sede fuera de Irán), elevaron al menos a 551 el número de fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad.

Joe Biden mostró su apoyo a las mujeres de Irán, aseguró que las protestas «despertaron algo que no creo que vaya a poder ser silenciado por mucho, mucho tiempo», e impuso nuevas sanciones al régimen como medida de presión.

Más protestas y más violentas

Tres años después, los ayatolás vuelven a enfrentarse a un levantamiento popular, que esta vez estalló por el hundimiento del rial respecto al dólar. Cada vez discurre menos tiempo entre protesta y protesta. Cada vez las protestas son más violentas y piden más claramente un cambio de régimen, no solo reformas, pero en un país de 93 millones de habitantes el sistema cuenta con su núcleo duro de seguidores.

«La situación es compleja. La economía está en declive y la credibilidad del sistema de gobierno en la gestión económica ha disminuido notablemente. Sin embargo, la realidad es diferente a la que reflejan los medios y las redes sociales. Los conservadores y seguidores del sistema y del Líder Supremo (que a menudo se solapan, pero no siempre son iguales) no son muy visibles ni escuchados, pero permanecen presentes y en número», considera Raffaele Mauriello, profesor adjunto en la Facultad de Literatura Persa y Lenguas Extranjeras de la Universidad Allameh Tabatabai de Teherán.

Mauriello estaba en Teherán durante la guerra de junio y, después de lo que se ha vivido en las últimas dos semanas, considera que «ahora hay que tomar en cuenta más que antes las posibilidades de un conflicto armado, que tras el ataque verano es una realidad». Trump, con el asesoramiento de Netanyahu, tiene la palabra.

De los tres hermanos de origen libanés, destaca la figura de Yussef Abou Nassif Smaili, un empresario de 40 años que es señalado de ser la pareja sentimental de Delcy Rodríguez. Una vinculación que ha funcionado como motor para obtener contratos masivos en áreas sensibles.

El documento que maneja la DEA menciona sospechas de posibles vínculos entre Yussef y las organizaciones Hizbolá y Hamás, aunque el mismo texto aclara que se trata de meras acusaciones sin pruebas sólidas ni evidencias concretas.

La trayectoria económica de Yussef Abou Nassif en Venezuela comenzó en el sector financiero. Trabajó hasta el año 2010 en Interbursa, una casa de bolsa que pertenecía a Juan Domingo Cordero en sociedad con Raúl Gorrín. En esa época, estas firmas aprovecharon la bonanza de las transacciones cambiarias en el país. Poco después de su paso por esa entidad, los propietarios de Interbursa adquirieron el canal de noticias Globovisión, un medio que antes era muy crítico con el Gobierno y que hoy actúa como un vehículo propagandístico más.

La importación de alimentos generó el grueso de su fortuna. Entre 2017 y 2018, los hermanos Abou Nassif captaron contratos por 413 millones de dólares. Los fondos procedían de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema de reparto de comida —de baja calidad— subsidiada por el Gobierno y que ha servido como método de control social, condicionando la entrega de esas ayudas a la lealtad política.

El negocio del hambre

El grupo utilizó sociedades con sede en Hong Kong para gestionar los contratos de importación. Según los documentos de ‘Armando Info’, la estatal Corpovex firmó en octubre de 2017 un acuerdo de 132 millones de dólares con una firma representada por Yussef Abou Nassif. Solo un mes después, en noviembre de ese año, el organismo selló otros dos contratos por valor de 159 millones y 122,8 millones de dólares. Estos acuerdos consolidaron al clan como un contratista prioritario del Estado en apenas un trimestre.

Yussef y su hermano mayor, Omar Abou Nassif, se repartieron la representación legal de estas sociedades. En los registros internos del Ministerio de Alimentación, los funcionarios identificaban al entramado como el «grupo árabes». Su modelo operativo seguía el esquema de Alex Saab, el principal contratista de los suministros estatales y acusado de ser testaferro de Maduro. De esta forma, el clan aseguró una porción significativa del mercado de productos básicos durante la etapa de mayor escasez en el país.

En marzo de 2019, el grupo diversificó sus negocios hacia el sector sanitario. A través de una de sus firmas en el extranjero, acordaron la venta de kits de hemodiálisis al Estado por 145 millones de euros. Los insumos estaban destinados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En ese momento, los hospitales públicos sufrían una crisis extrema para atender a los pacientes dializados.

La forma de pago de estos suministros médicos fue atípica. El instituto estatal comunicó a la empresa que liquidaría la deuda con materias primas. Específicamente, ofreció crudo y fuel oil. Esta maniobra vinculó directamente a los Abou Nassif con la comercialización de petróleo. El uso de hidrocarburos permitió al grupo sortear las restricciones del sistema bancario internacional derivadas de las sanciones económicas.

En 2019, el grupo también incursionó en el sector minorista con la apertura de la cadena OK Mart. Nabil Abou Nassif, quien fue director de finanzas en la Alcaldía de Caracas durante la gestión de Jorge Rodríguez, registró la marca poco después de dejar su cargo público. Estos establecimientos se especializan en la venta de productos importados de alta gama, un modelo de negocio que en Venezuela se denomina «bodegón». Mientras el país enfrentaba dificultades de abastecimiento, estos locales ofrecían artículos extranjeros con precios marcados en dólares.

Durante la pandemia, la empresa abrió tres sedes en la capital. Una de ellas se instaló en la planta baja del edificio Los Andes, en Sabana Grande. Este inmueble fue expropiado por Hugo Chávez para ser una residencia estudiantil y luego se usó como centro de aislamiento sanitario. La apertura de un comercio de lujo en un espacio estatal generó críticas sobre el uso de bienes públicos para favorecer a personas vinculadas al poder.

Un emporio a la sombra

Las operaciones internacionales de los hermanos Abou Nassif han enfrentado procesos legales fuera de Venezuela. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de sus empresas registradas en Hong Kong. Esta acción fue el resultado de una investigación de la Fiscalía mexicana sobre la venta de alimentos con sobreprecio. Las autoridades de ese país detectaron que los productos enviados a Venezuela para los programas sociales eran de baja calidad y tenían costes inflados. Las pesquisas mexicanas involucraron también a otras redes de contratistas vinculados al Gobierno venezolano.

Omar Abou Nassif ha ejercido como mediador político y financiero. En abril de 2019, participó en reuniones con empresarios extranjeros tras el gran apagón nacional que paralizó el país durante una semana. Las gestiones, facilitadas por el entorno de Delcy Rodríguez, buscaban adquirir equipos para paliar la crisis eléctrica. En estos encuentros se planteó el uso de canales financieros en Asia, con transacciones vía Hong Kong.

El clan mantiene alianzas con sectores de la élite empresarial surgida en la última década, compartiendo intereses con propietarios de grandes almacenes, franquicias deportivas y plataformas de pago electrónico. La familia controla una red que abarca desde el empaquetado de alimentos hasta la logística. En los registros mercantiles, los hermanos Yussef, Omar y Jamal rotan sus cargos como directivos o accionistas, una estrategia que les permite mantener el control del capital dentro del núcleo familiar.

La conexión con el ámbito deportivo tiene nombre propio: Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Las investigaciones de ‘Armando Info’ revelan que los nexos entre el entorno íntimo de Delcy Rodríguez y el liderazgo del fútbol nacional convergen en vuelos oficiales y negocios millonarios. Un ejemplo claro ocurrió el 14 de junio de 2021, apenas dos semanas después de que Giménez asumiera la presidencia de la FVF. En esa fecha, viajó a Qatar en un avión de Conviasa -la línea aérea de bandera venezolana- como parte de una comitiva encabezada por la entonces vicepresidenta. En la lista de pasajeros figuraba también Yussef Abou Nassif, lo que evidencia la estrecha cercanía y la operatividad conjunta entre la pareja sentimental de la funcionaria y el joven jerarca del fútbol venezolano.

Más allá de los viajes compartidos, la relación se cimenta en un modelo de negocios paralelo. Al igual que el clan Abou Nassif, Giménez ha logrado contratos masivos para el suministro de alimentos a los CLAP y participa en el esquema de intercambio de petróleo por deuda que PDVSA implementó para evadir sanciones. Giménez fue señalado como el posible sucesor de Alex Saab -cuando este se encontraba detenido en EE.UU.- en la estructura de contratistas privilegiados. Una red de intereses cruzados que demuestra cómo la diplomacia deportiva y las estructuras logísticas de importación operan bajo el mismo paraguas político, consolidando un bloque de poder que se mueve indistintamente entre estadios y despachos ministeriales.

A pesar de su influencia, Yussef Abou Nassif permanece alejado del foco público. Aunque la mayor parte de estos datos se publicaron en 2021, se estima que sus beneficios y contratos han seguido aumentando. Roberto Deniz, el periodista de ‘Armando Info’ que destapó esta maraña de negocios, vive hoy en el exilio forzado, reflejo de la falta de libertad de prensa en Venezuela y las represalias contra quienes investigan la corrupción.

Antiguo jefe de los servicios de inteligencia y exministro del Interior, Rodríguez Torres fue excarcelado en 2023 y trasladado a España bajo supuesto protección humanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez tras una mediación directa de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, sectores del propio chavismo lo presentan como una opción de continuidad a futuro tras Maduro. Para Washington, sin embargo, su nombre es inasumible.

Un informe de inteligencia estadounidense al que ahora ha tenido acceso ABC describe a Rodríguez Torres no como un disidente reconvertido ni como una figura capaz de pilotar una transición creíble, sino como un presunto actor central de la represión y del crimen organizado durante los años más duros del chavismo. El documento, basado en testimonios, declaraciones de testigos protegidos y material recopilado por distintas instancias, traza el retrato de un operador del sistema cuyo pasado condiciona cualquier escenario de relevo político.

Según ese informe, Rodríguez Torres dirigió un aparato de persecución contra estudiantes, opositores y manifestantes que incluyó desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura como herramienta de control. El texto lo vincula de forma directa con la creación y el funcionamiento del centro de detención clandestino conocido como ‘La tumba’, ubicado en los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela (Caracas). Ese recinto ha sido descrito por organismos internacionales y por víctimas como un espacio diseñado para el aislamiento extremo, la privación sensorial y el quebranto psicológico prolongado.

Las descripciones coinciden en un patrón: celdas subterráneas sin ventilación ni luz natural, temperaturas artificialmente bajas, incomunicación absoluta durante semanas o meses, vigilancia constante y un uso deliberado del aislamiento como método de castigo y presión. Las víctimas relatan amenazas, humillaciones, malos tratos físicos y psicológicos y un régimen de encierro orientado a destruir la resistencia mental del detenido. Los informes a los que ha tenido acceso ABC atribuyen la concepción de ese dispositivo represivo a la etapa en la que Rodríguez Torres dirigía los servicios de inteligencia y el Ministerio del Interior.

El documento estadounidense va más allá del ámbito de los derechos humanos e incorpora acusaciones relacionadas con el narcotráfico y la protección de redes criminales. Entre ellas figura el presunto envío de 31 maletas de cocaína desde el aeropuerto internacional de Maiquetía a Francia en 2013 y la facilitación de rutas y coberturas logísticas para el llamado cártel de los Soles, la estructura que la justicia de EE.UU. sitúa en la cúspide del poder chavista y que integra a altos mandos civiles y militares. En ese contexto, el informe sostiene que Rodríguez Torres habría desempeñado un papel funcional como garante de operaciones sensibles y como custodio de información comprometedora.

Fuentes consultadas por ABC interpretan que la reactivación de su nombre como posible recambio del chavismo en el futuro no responde a un intento real de transición política, sino a la necesidad de preservar el control interno del sistema, mantener bajo resguardo archivos y secretos acumulados durante más de una década y proteger intereses cruzados de la cúpula chavista y de quienes intervinieron en su excarcelación y posterior instalación en España. En ese esquema, el general no sería una figura de consenso, sino un garante de silencios.

Aun así, es un nombre proporcionado por los hermanos Rodríguez y apoyado por figuras cercanas a ellos a EE.UU. como un líder fiel al los principios del chavismo y con el respeto del aparato represor venezolano.

La relación entre Rodríguez Torres y Zapatero

La relación entre Rodríguez Torres y Rodríguez Zapatero aparece en los documentos analizados por ABC no como una mediación puntual de carácter humanitario, tal y como se presentó públicamente en su momento, sino como un vínculo político sostenido. Ese vínculo habría permitido sacar de prisión y reubicar en España a una figura clave del aparato de tortura, hoy reutilizada como pieza funcional en un diseño de transición controlada impulsado desde el propio núcleo del régimen.

Según ha podido saber ABC, tanto la Fiscalía como los servicios de inteligencia estadounidenses han abierto líneas de trabajo específicas sobre Rodríguez Torres que incluyen entrevistas detalladas con víctimas de tortura bajo su mando. Al menos dos de ellas describen un sistema de malos tratos extremos y violencia sistemática en centros de detención cuya estructura, según sus testimonios, fue diseñada y supervisada por el propio general. Estas personas colaboran con la justicia bajo condiciones de confidencialidad y no pueden hacer pública su identidad en este momento.

Este nuevo frente ha vuelto a situar bajo escrutinio las circunstancias de su excarcelación y traslado a España, así como el papel desempeñado por Rodríguez Zapatero y la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder protección humanitaria a quien los informes describen como un engranaje central de la maquinaria represiva del chavismo. El propio documento estadounidense recoge de forma expresa que el caso «encaja con el historial de Zapatero en los diálogos venezolanos, que le ha otorgado un acceso fluido al régimen, aunque de forma controvertida por priorizar a chavistas disidentes». El texto añade que existirían vínculos financieros que conectarían a Rodríguez Torres con Zapatero a través del cártel de los Soles, una afirmación que figura como alegación en el informe y no como conclusión judicial.

El informe recuerda además que en mayo de 2025 un tribunal español admitió a trámite una denuncia contra Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad y tortura, presentada por la ciudadana venezolana Dulce Bravo y dirigida también contra la exfiscal general Luisa Ortega Díaz. La querella fue trasladada a la Fiscalía para que se pronunciara sobre la competencia de la Audiencia Nacional en aplicación del principio de justicia universal, pero acabó siendo archivada en julio tras una decisión del Ministerio Público. La denuncia atribuía a ambos su presunta participación en una estructura estatal responsable de torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias y persecución política durante los años más duros de la represión.

Salida pactada de Maduro

En paralelo, ABC reveló antes de la caída de Maduro que los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez habían activado en los últimos meses canales discretos para tantear una salida pactada de Maduro que garantice su seguridad personal y preserve la arquitectura del régimen. Según fuentes conocedoras del expediente venezolano, esos mensajes habrían llegado a intermediarios próximos al entorno de Trump. Washington juzga ahora a Maduro con su mujer Cilia Flores en la misma causa que Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.

El esquema que promovía el chavismo incluía un indulto total para Maduro y su círculo, la posibilidad de exilio en el extranjero, con Madrid mencionada desde el entorno venezolano, y la formación de un gobierno de transición integrado por figuras del propio régimen. Delcy Rodríguez ha negado en varias ocasiones cualquier implicación en negociaciones de este tipo o en la promoción de relevos internos, pero finalmente ha sido ella quien ha asumido el poder inmediatamente tras la detención de Maduro.

ABC ha recibido información de dos fuentes independientes que coinciden en que el plan que incluía a Rodríguez Torres fue presentado a intermediarios del entorno de Trump como una propuesta impulsada por los hermanos Rodríguez y que contaba con el beneplácito de Zapatero. Este no ha respondido a las peticiones de este diario para valorar la idoneidad del general cuya liberación facilitó en 2023.

Ese año, los abogados de Rodríguez Torres defendieron que su cliente no fue condenado a pena de extrañamiento ni quedó sujeto a medidas cautelares, y que su excarcelación se produjo tras acogerse a la figura de admisión de hechos por el delito de instigación a la rebelión. Según su versión, esa vía se utilizó porque ya había cumplido prácticamente la totalidad de la pena prevista. En ese mismo relato, los letrados reconocieron la intervención directa de Zapatero y la participación de altos cargos del régimen, entre ellos Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa y el fiscal general. Confirmaron también que el traslado a España se produjo bajo la figura de asilo humanitario, sin prohibición de retorno a Venezuela, y que fue el propio general quien aceptó la propuesta de Zapatero de acompañarlo personalmente hasta España.

La hipótesis dominante entre las fuentes consultadas por ABC es que un eventual relevo encabezado por Rodríguez Torres permitiría mantener bajo control información sensible sobre redes de poder, financiación ilícita, narcotráfico y mediaciones políticas acumuladas durante más de una década. Un relevo diseñado no para desmontar el sistema, sino para preservarlo frente al riesgo judicial externo. Una fuente diplomática en Washington resume esa posición con una frase directa: para la Administración estadounidense, el nombre de Rodríguez Torres es inasumible.

Desde ese ángulo, su trayectoria aparece indisociablemente ligada a los años más duros del aparato de seguridad chavista. General retirado, fundador y director del Sebin entre 2010 y 2014, fue uno de los arquitectos del sistema de control interno concebido bajo Hugo Chávez y consolidado después por Maduro. Dirigió la respuesta del Estado a las protestas de 2014, un periodo marcado por al menos 43 muertes, y figura señalado en informes internacionales, documentos de inteligencia y testimonios de víctimas por su presunta implicación en detenciones arbitrarias, torturas y centros de reclusión clandestinos.

Tras caer en desgracia dentro del propio régimen, fue detenido en 2018 y pasó casi cinco años en prisión hasta su liberación y traslado a España. Desde entonces, su nombre reaparece cíclicamente en escenarios de transición promovidos desde el entorno del poder chavista, no como símbolo de ruptura, sino como posible garante de continuidad y control. Para Washington, esa condición lo convierte no en una solución, sino en parte del problema.

El corte del sistema energético de Venezuela a Cuba, del que depende en buena medida la dictadura castrista para sus necesidades energéticas, es ya una realidad. Desde finales de año, EE.UU. tiene sometido a Venezuela a un bloqueo en la salida de petroleros desde sus puertos en el Caribe.

Pero Trump deja claro que utilizará la carta del petróleo venezolano para buscar algo similar a lo que ha conseguido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro: forzar un cambio político en el país acorde con los intereses de EE.UU.

«Sugiero firmamento que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde», dijo Trump en referencia al Gobierno de Miguel Díaz Canel, pero sin dar detalles sobre qué espera de los líderes cubanos.

«Ya no más»

En su mensaje, el multimillonario neoyorquino defendió que el suministro de petróleo de Venezuela a Cuba era una contraprestación por los «servicios de seguridad» del régimen castrista «a los dos últimos dictadores venezolanos», en referencia a Maduro y a su antecesor, Hugo Chávez. «Pero ya no más», advirtió Trump, que se refirió a la muerte de decenas de cubanos que integraban la protección en Maduro durante la operación militar de EE.UU. para su captura. «Ahora Venezuela tiene a EE.UU., de lejos la mayor potencia militar mundial, para protegerles y lo haremos», dijo.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, negó en un mensaje en redes sociales que Cuba reciba compensación por servicios de seguridad a Venezuela y aseguró que su país «tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo».

La realidad es que Cuba ha subsistido por las importaciones de crudo venezolano, pese a la caída tanto de la producción en Venezuela como de la capacidad para refinar de la industria cubana. El año pasado recibieron 26.500 barriles por día desde Venezuela, el mayor suministrador a la isla, frente a los 55.000 barriles diarios que recibía en 2023.

Parte de las necesidades energéticas de Cuba las cubre México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, reconoció la semana pasada que su país ha tomado un mayor papel en los suministros a la isla por el bloqueo al crudo venezolano.

Nada más producirse la captura de Maduro, Trump y su Administración dejaron claro que tenían los ojos puestos en Cuba, un antagonista histórico, un baluarte de potencias rivales pegado a EE.UU., a 150 kilómetros de la costa de Florida. «Está lista para caer», dijo entonces el presidente de EE.UU. «Si yo viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado, al menos un poco», apostilló su secretario de Estado, Marco Rubio.

Un seguidor de Trump respondió al mensaje de Trump sugiriendo que Rubio -hijo de exiliados cubanos- debería ser el presidente de Cuba cuando caiga el Gobierno comunista. «Me parece bien», le respondió Trump.

50 millones de barriles

Las presiones de Trump a Cuba con el petróleo llegan en medio de un acuerdo con Venezuela para que el país con más reservas del mundo entregue 50 millones de barriles a EE.UU., en una operación de unos 2.000 millones de dólares.

El objetivo para Trump es que los ingresos del petróleo venezolano en EE.UU. sirvan para estabilizar políticamente y económicamente a Venezuela. Para conseguirlo, el presidente de EE.UU. firmó una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional para blindar esos ingresos frente a acreedores de Venezuela.

Con ese formato, los ingresos quedarán en un depósito gubernamental controlado por el Tesoro de EE.UU. pero de propiedad de Venezuela para evitar embargos. Por ejemplo, de las petroleras estadounidenses que sufrieron nacionalizaciones y confiscaciones por parte del régimen chavista y que mantienen reclamaciones multimillonarias contra el país sudamericano.

La confirmación llega en un momento especialmente delicado para la estrategia estadounidense sobre Venezuela, marcada por la detención de Maduro, la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y las tensiones internas en Washington sobre cómo articular una eventual transición.

Hasta ahora, Trump había evitado comprometerse públicamente con Machado como figura de relevo, pese a que su partido lideró la victoria opositora en las presidenciales de 2024 y mantiene el mayor respaldo popular dentro y fuera del país. Ella ganó las primarias y fue inhabilitada por la dictadura con acusaciones falsas.

«Entiendo que viene la próxima semana y va a presentarnos sus respetos», afirmó Trump, sin detallar el contenido político de la reunión ni el papel concreto que Machado podría desempeñar en el nuevo escenario venezolano. La frase, breve pero calculada, fue interpretada en Washington como una señal deliberada: Trump reconoce a Machado como interlocutora directa, pero se reserva margen de maniobra.

Machado intensifica su cercanía

El anuncio se produce tras semanas de mensajes contradictorios. Por un lado, Trump había sembrado dudas sobre la capacidad real de Machado para gobernar Venezuela, cuestionando su control sobre las Fuerzas Armadas y su nivel de apoyo interno. Por otro, la líder opositora ha intensificado su acercamiento al entorno del presidente estadounidense, presentándose como la principal aliada política de Washington en el momento posterior a Maduro.

En ese contexto, Trump confirmó también que su Administración mantiene abiertos contactos paralelos con figuras del chavismo. Preguntado por ABC sobre las maniobras de Delcy Rodríguez y la posibilidad de conversaciones directas con representantes del régimen, el presidente admitió que está previsto un encuentro inminente suyo con «un grupo de personas que mandan en Venezuela». Según explicó, esa reunión se celebrará «pronto, en un futuro inmediato», aunque precisó que los detalles aún están en fase de cierre.

La coexistencia de ambos canales —el contacto directo con Machado y las conversaciones con altos cargos del régimen— refleja la complejidad del momento y la estrategia de la Casa Blanca, que mantiene abiertas varias vías mientras evalúa el equilibrio entre presión, control y salida política. No se trata de un respaldo exclusivo ni de una apuesta cerrada, sino de una gestión simultánea de escenarios.

El viaje de Machado a Washington tiene además un componente simbólico añadido: el Nobel de la Paz que recibió en 2025. En los últimos días, la dirigente venezolana ha sugerido públicamente que estaría dispuesta a ofrecer ese reconocimiento a Trump como gesto de agradecimiento por la caída de Maduro y la liberación de presos políticos. El presidente, que lleva meses manifestando su frustración por no haber recibido el galardón, reaccionó con visible interés.

«Sería un gran honor», dijo Trump al ser preguntado por la posibilidad de que se lo de ella, añadiendo que lo ocurrido con el Nobel es «una gran vergüenza para Noruega». En su entorno recuerdan además que el Premio Nobel de la Paz concedido a Theodore Roosevelt, en 1906, cuelga en la Casa Blanca, un detalle que su equipo subraya como parte del simbolismo histórico que rodea ahora la visita de Machado.

Trump se atribuye avances en varios conflictos internacionales desde su regreso al poder y ha reivindicado su papel en la liberación de presos políticos en Venezuela tras la caída de Maduro. Aunque la dictadura anunció las excarcelaciones, siguen quedando muchos objetores en las prisiones del régimen.

La recepción de Machado en la Casa Blanca la semana entrante no despeja, por sí sola, las incógnitas sobre el futuro político de Venezuela, pero marca un punto de inflexión. Por primera vez desde el descabezamiento del régimen, Trump pone fecha y lugar a un encuentro con la principal líder opositora, al tiempo que confirma que sigue hablando con quienes conservan el control del aparato chavista. Un movimiento calculado, con alto contenido simbólico, que subraya que la transición venezolana, si llega, se jugará en varias negociaciones a la vez.

Evans fue chavista. Genuinamente chavista. Apoyó a Hugo Chávez hasta la muerte del comandante en 2013. Fue parte de ese círculo de intelectuales que tenía proximidad con el proyecto revolucionario, encargándose de difundir lo que vendían como un proceso transformador, incluso en las universidades europeas. Formó parte del Centro Miranda, esa institución caraqueña ubicada en el corazón del Parque Central que albergaba a intelectuales españoles como Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. En esos salones y auditorios, se sesionaba sobre formación ideológica, sobre los círculos bolivarianos, sobre la construcción de una nueva sociedad. Evans era parte de ese proyecto. Era, en cierto sentido, un constructor de la narrativa revolucionaria.

Pero después de 2013, cuando Chávez murió, algo cambió. O quizás Evans simplemente vio lo que siempre estuvo ahí. Comenzó a hacer críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Críticas públicas, documentadas, en su medio web Punto de Corte. Críticas que, en una Venezuela cada vez más autoritaria, se convirtieron en un acto de disidencia. El intelectual que había defendido la revolución se convirtió en su crítico. Y eso, en el Venezuela de Maduro, es un crimen.

El 13 de diciembre, la policía política vino a por él. Ahora, mientras nos sentamos en su salón, ella intenta explicar lo que significa esperar. «Es la segunda vez que se lo llevan», dice, con una voz que oscila entre la resignación y la rabia contenida. «La primera vez estuvo 51 días. Esta vez, tiene 25 días ». Ella hace cálculos mentales mientras habla, como si pudiera contar los días en su rostro.

La madrugada del 3 de enero, cuando Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense, Martha sintió algo que no había sentido en semanas. «A pesar de no estar completamente de acuerdo con la forma en que ocurrió la captura, sentí una luz y una esperanza de cambio y de libertad para todos los que están presos en este momento», dice.

El jueves al mediodía, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la vicepresidenta Delcy, anunció desde la tribuna legislativa lo que el régimen se niega a llamar por su nombre: la liberación de presos políticos. En la jerga oficial, son simplemente «ciudadanos venezolanos y extranjeros» cuya excarcelación responde a un «gesto de paz unilateral». La precisión del lenguaje importa cuando se trata de negar lo obvio. Llamarlos presos políticos sería una admisión de lo que los organismos de derechos humanos documentan meticulosamente: crímenes de lesa humanidad.

Los que han salido

Para el viernes, cuando la euforia inicial comenzaba a sedimentarse, Foro Penal confirmó oficialmente los nombres de quiénes habían salido. Rocío San Miguel, activista de derechos humanos con nacionalidad hispano-venezolana, fue liberada tras permanecer detenida desde febrero de 2024. Enrique Márquez, quien fuera candidato presidencial, recuperó su libertad después de casi cinco meses de cautiverio que comenzaron el 28 de agosto. Biagio Pilieri, líder opositor, salió de las celdas donde había permanecido desde enero de 2025. Larry Osorio, activista de derechos humanos, fue excarcelado tras más de tres años y medio de encarcelamiento que se remontaban a agosto de 2021 y Aracelis Balza Ramírez fue detenida el 19 de octubre de 2025 en su residencia por funcionarios de seguridad, horas después de participar o estar relacionada con actos por la canonización de San José Gregorio Hernández en Isnotú, Trujillo.

Junto a estos nombres, cuatro ciudadanos españoles fueron liberados. José María Basoa, vasco de 35 años, fue sacado de cautiverio donde permanecía desde su detención en Amazonas en septiembre de 2024. Andrés Martínez Adasme, otro vasco de 32 años, fue liberado junto a Basoa bajo acusaciones de espionaje que nunca fueron probadas. Miguel Moreno Dapena, marinero y periodista canario, fue excarcelado tras haber sido detenido en junio de 2025 mientras se encontraba en un buque de exploración marina con bandera panameña en aguas venezolanas. Ernesto Gorbe Cardona, valenciano de 52 años, fue liberado sin que las autoridades venezolanas jamás detallaran públicamente los cargos que supuestamente pesaban sobre él. Todos fueron deportados a España con escalas, pues no existen vuelos directos entre el aeropuerto de Maiquetía y Madrid en este momento.

400 excarcelaciones planeadas

Pero aquí es donde la narrativa oficial se quiebra. Estos ocho nombres representan apenas una fracción mínima de una realidad mucho más vasta. Según Foro Penal, la organización de derechos humanos que documenta cada detención política en Venezuela, entre 800 y 1.000 personas permanecen encarceladas por razones políticas. Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, ha confirmado en sus publicaciones en X que la cifra de presos políticos alcanza los 811 casos documentados hasta los momentos.

Fuentes confiables hablan de un «paquete» de aproximadamente 400 excarcelaciones planeadas, lo que significaría que entre 400 y 600 personas seguirían tras las rejas. El Gobierno, aparentemente, ha optado por una estrategia de liberaciones graduales, lo que algunos analistas interpretan como un intento de evitar una «foto grupal» de presos políticos que resultaría demasiado incómoda para la narrativa que Delcy Rodríguez intenta construir.

Mientras Martha espera, en las puertas de El Helicoide se ha formado una vigilia. Familias y medios se han apostado en las cercanias de este edificio espiral originalmente concebido como centro comercial en los años 1950, que se transformó con el tiempo en un centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ese edificio que es sinónimo de desaparición forzada en Venezuela. Madres, esposas, hermanos, hijos. Algunos llevan carteles con nombres. Otros simplemente se sientan en el suelo, esperando. El calor caraqueño es sofocante, y la policía está presente, observando. Hay una tensión palpable en el aire, esa tensión que existe cuando la esperanza y el miedo coexisten en el mismo espacio.

Diego, un joven activista y estudiante de trabajo social, es parte de esa vigilia. Se involucró personalmente en la defensa de derechos humanos cuando su hermano, José Gregorio Pérez Maita, fue detenido la noche del 29 de julio de 2024 en Charallave. Su hermano fue liberado el año pasado, pero debe presentarse cada mes ante los tribunales. Ahora Diego continúa trabajando por la libertad de otros. «Estamos, por supuesto, a la espera, insistiendo en que el propio organismo que los tiene detenidos dé una información clara de quiénes son estas personas, y que incluso podamos verlos cuando sean excarcelados. Prometieron una gran cantidad de liberaciones, pero apenas han liberado unos pocos», expresó. Su voz refleja la frustración de alguien que ha visto cómo las promesas se convierten en migajas.

En las cárceles donde aún permanecen detenidos hay militares, políticos, estudiantes, activistas de derechos humanos y periodistas. El Helicoide sigue siendo el centro de atención, pero hay otros lugares de cautiverio igualmente oscuros: Inof, Ramo Verde, Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DGCIM), Tocorón, Yare.

Según Foro Penal, la mayoría de los extranjeros detenidos se encuentran en la cárcel de Rodeo Uno, ubicada a unos 50 kilómetros de Caracas. La nacionalidad de estos prisioneros es un reflejo de la alcurnia global del régimen: españoles, ucranianos, argentinos, ciudadanos de los Países Bajos, franceses, italianos, guyaneses, pakistaníes, libaneses, ecuatorianos, húngaros, polacos, peruanos, portugueses, hondureños, chilenos. Algunos poseen doble nacionalidad venezolana.

Españoles todavía encarcelados

Entre los españoles que aún permanecen detenidos, según documentación de Foro Penal, están figuras como Alejandro González, de 59 años, exmilitar y gerente aeronáutico de la petrolera estadounidense Chevron, quien se encuentra en Rodeo Uno. También permanece en esa misma cárcel Fernando Noya, de 33 años, estudiante cuyo único delito fue sumarse a grupos de resistencia. Uaiparu Guerere, empresario de 70 años que vivía en Barcelona hace años, fue capturado en 2023 cuando regresó a Venezuela para cerrar sus negocios.

Tambien permanecen otros españoles. Catalina Ramos, dirigente de Vente Venezuela, sigue encarcelada. Leticia García, de 68 años, lleva detenida desde junio sin motivo aparente. José Luis Machín Machín, de 64 años, exalcalde de Barinas y de sangre canaria, permanece en sus celdas. Miguel Álvarez, dirigente político de Primero Justicia, también está ahí. Jesús Ernesto Castillo, joven que residía en Barcelona y que se encontraba de vacaciones en Venezuela cuando fue capturado, sigue detenido. Jesús Enrique Gómez, acusado como la mayoría de conspiración.

Jorge Alayeto, el decano

Pero hay otros cuya historia es aún más larga. Jorge Alayeto, comerciante de 54 años, es el decano de los presos españoles. Fue detenido en 2017, acusado sin pruebas de conspiración. Lleva aproximadamente nueve años en cautiverio. Ángela Expósito, de 60 años, que dirigía la ONG Fundanimal y cuidaba a los perros de los presos políticos, fue capturada en 2018. María Auxiliadora Delgado, de 51 años, cayó en 2019 simplemente por ser hermana de un militar sospechoso, Karen Hernández, de 39 años, fue detenida en 2020 y condenada a 30 años por su supuesta implicación en la «Operación Gedeón».

Montserrat Espinosa, dueña de una pizzería, permanece encarcelada en La Yaguara, conglomerado policial, simplemente porque a su negocio llegó un sobre sospechoso.

Los mecanismos de la liberación revelan la naturaleza del sistema. Algunos de los excarcelados fueron sacados de El Helicoide en patrullas con vidrios ahumados y dejados luego en diferentes puntos de Caracas, como si el régimen quisiera borrar cualquier rastro de su encarcelamiento. La estrategia es clara: liberar, pero sin reconocer. Anunciar, pero sin detallar. Prometer, pero sin cumplir completamente.

Mientras tanto, el régimen intenta proyectar normalidad. Delcy Rodríguez presidió un acto de homenaje a los «combatientes y civiles caídos durante el ataque americano contra Venezuela». Anunció la creación de un monumento en honor a quienes fueron declarados «héroes de la patria», incluyendo a 32 cubanos. Otorgó ascensos y condecoraciones. Envió mensajes al pueblo estadounidense sobre la «agresión vil y guerrerista». Reiteró que Venezuela no está «subordinada ni sometida» y que tiene «lealtad con el presidente constitucional Nicolás Maduro y con la primera combatiente Cilia Flores, quiénes han sido secuestrados».

Es el teatro de la normalidad en un país que es todo menos normal. Mientras algunos salen, otros siguen adentro. Mientras se construyen monumentos a los mártires, se mantienen en secreto los nombres de quiénes aún están en las celdas. Martha sigue esperando una llamada que quizás nunca llegue. Diego sigue en la vigilia frente a El Helicoide. Y España, desde Madrid, observa cómo sus ciudadanos permanecen en el cautiverio de una administracion que usa la represión como instrumento de control. Venezuela se ha convertido en un espejismo donde se intenta reescribir la realidad, donde la liberación de 9 personas se presenta como un acto de magnanimidad mientras cientos permanecen en la sombra, esperando.

«Con el propósito de favorecer la convivencia democrática, la administración nacional junto con los organismos estatales ha resuelto proceder a la liberación de un grupo importante de reclusos venezolanos y del extranjero», explicó Rodríguez ante los medios en las dependencias del Palacio Legislativo. El legislador enfatizó que «la ejecución de estas medidas de libertad se está llevando a cabo en estos momentos».

Entre los beneficiados figuran varios ciudadanos españoles actualmente recluidos en instalaciones penitenciarias caraqueñas. Entre los casos más destacados figuran dos turistas vascos y un marinero canario, acusados de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros.

En su alocución, Jorge Rodríguez agradeció explícitamente a José Luis Rodríguez Zapatero y al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su participación en el proceso de negociación. El expresidente español ha encabezado los esfuerzos diplomáticos en favor de la nueva administración de Delcy Rodríguez.

Las cifras de detenidos varían según la fuente. La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos, de los cuales 86 poseen ciudadanía extranjera o doble nacionalidad. Sin embargo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) eleva la cifra a más de 1.000 detenidos. Ambas organizaciones coinciden en documentar condiciones insalubres, negación de atención médica y deterioro físico progresivo de los reclusos.

Españoles y venezolanos liberados

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apuntado que hay cinco ciudadanos españoles entre los presos cuya liberación ha anunciado el nuevo Gobierno de Venezuela: «El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas». Y añade: «España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela».

Por su parte, el Gobierno venezolano ha liberado a los políticos venezolanos opositores Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri, un colaborador de María Corina Machado. Ambos permanecían detenidos arbitrariamente desde hace más de un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Según su ficha biográfica, Enrique Octavio Márquez Pérez, de 62 años, nacido en Maracaibo (estado Zulia), es un ingeniero eléctrico y fue candidato presidencial en 2024. Desde 2021 hasta 2023 ejerció como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, órgano encargado de gestionar los comicios en el país. También ha sido profesor Universitario de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Zulia.

El 31 de marzo, Trump ordenó endurecer la presión económica sobre Venezuela, en un giro que devolvía la política petrolera a la línea de su primer mandato. Ese mismo día, el Tesoro de EE.UU. ejecutó la revocación de casi todas las autorizaciones petroleras vigentes para operar en el país. Entre ellas figuraba la licencia de Global Oil Terminals, empresa de comercio de crudo y asfalto propiedad del empresario estadounidense Harry Sargeant III. En la misma decisión quedaron sin efecto las autorizaciones de la petrolera española Repsol y de otras compañías extranjeras con actividad en Venezuela.

Las empresas afectadas recibieron un plazo hasta finales de mayo para desmantelar y cerrar operaciones. En el caso de Global Oil Terminals, fueron anuladas las tres licencias que tenía en vigor, incluida la principal concedida en mayo de 2024, durante la Administración Biden, con la que había estado cargando crudo pesado venezolano para su exportación. La medida se inscribía en la estrategia de la Administración Trump de volver a aislar al régimen de Nicolás Maduro, en un contexto de frustración en la Casa Blanca por la lentitud de Caracas a la hora de aceptar deportaciones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos.

Chevron quedó en una posición distinta. La Administración había notificado previamente a la compañía una orden para abandonar Venezuela, pero el cierre no se ejecutó de forma inmediata. En marzo de 2025, el Tesoro de EE.UU., por instrucción de la Casa Blanca, revocó la licencia General 41 que permitía a Chevron operar y exportar petróleo desde Venezuela, fijando como fecha límite el 27 de mayo para el fin de sus actividades. A partir de ese momento, Chevron intensificó los contactos con la Casa Blanca. Su consejero delegado, Mike Wirth, reconoció públicamente que la empresa estaba en diálogo con la Administración para defender su permanencia, argumentando que una retirada beneficiaría a China y a otros rivales estratégicos de Estados Unidos.

Papel de Grenell

A mediados de mayo, el proceso dio un giro con la intervención del enviado especial de Trump, Richard Grenell. Grenell mantuvo negociaciones directas con representantes del gobierno de Maduro en Antigua. Esos contactos desembocaron en la liberación del ciudadano estadounidense Joseph St. Clair, exmiembro de la Fuerza Aérea detenido en Venezuela. Tras ese episodio, Grenell anunció públicamente que Estados Unidos concedería una prórroga de 60 días a la licencia de Chevron, ampliando el plazo más allá del 27 de mayo. La extensión, sin embargo, no fue publicada de inmediato por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

Grenell afirmó que la prórroga contaba con la autorización del presidente Trump y la vinculó al progreso logrado en las conversaciones con Caracas, incluida la liberación del ciudadano estadounidense. También sostuvo que Washington no quería dejar espacio a China en el sector petrolero venezolano. Esa versión fue cuestionada casi de inmediato por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien desmintió la existencia de una prórroga en declaraciones públicas y en redes sociales, asegurando que la licencia de Chevron expiraría el 27 de mayo, como estaba previsto. La rivalidad entre Rubio y Grenell se hizo explícita desde ese momento.

El desacuerdo evidenció una fractura interna en la Administración entre la vía negociadora impulsada por Grenell y la línea dura defendida por Rubio, contrario a cualquier concesión económica al gobierno de Maduro. Finalmente, la posición oficial comunicada por el Departamento de Estado fue que no existía una extensión en vigor más allá del plazo original, dejando en suspenso las negociaciones paralelas y subrayando que la política hacia Venezuela debía canalizarse por la vía institucional del Departamento de Estado.

Deportados por combustible

En paralelo a este pulso interno, el diario ‘The Miami Herald’ situó a Harry Sargeant III como un actor central en la gestación del llamado acuerdo de «crudo por inmigrantes» y lo vinculó directamente al canal Grenell. Según fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por el diario, Sargeant trabajó entre bastidores para facilitar el encuentro del 31 de enero de 2025 en Caracas entre Nicolás Maduro y Richard Grenell. De ese contacto habría surgido un entendimiento según el cual el régimen venezolano aceptaría vuelos de deportados desde EE.UU. a cambio de margen para aumentar las ventas de petróleo al mercado estadounidense.

El objetivo de Maduro era utilizar la aceptación de deportados como palanca para lograr un levantamiento parcial o total de sanciones y, en concreto, asegurar la renovación de una licencia del Tesoro vinculada a Chevron. Según esas fuentes, la licencia habría sido extendida el 1 de febrero, al día siguiente del encuentro entre Maduro y Grenell, y recoge la interpretación de una de ellas: que Maduro «ganó» una renovación automática de la licencia que esperaba que Trump suspendiera.

Sargeant se situó al frente de un grupo de empresarios petroleros e inversores en deuda venezolana que, desde la victoria electoral de Trump en noviembre, intentaron convencer al presidente de la conveniencia de un acuerdo que combinara petróleo y control migratorio, en conversaciones mantenidas con interlocutores del entorno de los hermanos Rodríguez, según dos fuentes de la administración. Esas fuentes recalcan que Sargeant ya se opuso a un embargo en la primera administración, en oposición a las decisiones del gobierno interino que comandaba Juan Guaidó.

Sargeant mantenía desde hacía años contactos directos con el gobierno venezolano y con altos cargos de la petrolera estatal PDVSA para explorar oportunidades de petróleo y asfalto, según fuentes conocedoras de esos encuentros. Reuters informó de que Sargeant voló a Caracas en noviembre de 2017 para reunirse con Maduro con la intención de cerrar un acuerdo para comprar crudo pesado para su negocio de asfalto, una iniciativa que al año siguiente se tradujo en un acuerdo petrolero con el gobierno venezolano.

Sobre su relación con Grenell, el vínculo es directo según fuentes citadas por el diario: Sargeant facilitó el contacto entre Maduro y el enviado de Trump, y ese encuentro fue la base del entendimiento que mezclaba deportaciones y petróleo. Este diario intentó recabar la versión de Sargeant, a través de su abogado Christopher Kise, y de Grenell, sin obtener respuesta.

Negociaciones con el Gobierno de Maduro

En mayo, la Administración Trump negociaba de forma discreta un acuerdo con el Gobierno de Maduro para permitir que Chevron siguiera exportando petróleo venezolano a Estados Unidos a cambio de que Caracas aceptara el retorno de miles de migrantes venezolanos.

Según esas fuentes, Maduro buscaba a cambio concesiones políticas y económicas de gran calado, incluida su salida de la lista de sanciones del Tesoro y la retirada de los cargos por narcotráfico que siguen abiertos en tribunales estadounidenses. Este intento de normalización contaba con el respaldo de actores influyentes del lobby petrolero, entre ellos Sargeant, según publicó el Herald, pero se topó con una fuerte resistencia interna, especialmente de diputados republicanos cubanoamericanos de Florida y de responsables del Departamento de Estado bajo la órbita de Rubio.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump canceló inicialmente la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela y ordenó el inicio del cierre de sus actividades. Sin embargo, tras contactos directos con la compañía y una intensa presión del sector, la Administración revisó esa decisión y en julio de 2025 otorgó a Chevron una nueva licencia, con condiciones distintas y no publicadas. Chevron pudo reanudar las exportaciones, pero dejó de pagar en efectivo al Estado venezolano y pasó a entregar a PDVSA su parte del crudo en especie. Ese cambio permitió que intermediarios ligados al régimen comercializaran ese petróleo, un efecto que Washington trató de corregir posteriormente con nuevas sanciones y restricciones al transporte de crudo venezolano.