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Un ultimátum que, para el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, amenaza el orden mundial «como lo conocemos» y el futuro de la OTAN, a la que pertenecen tanto su país como Estados Unidos. Para coordinar a los 27, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó a todos sus dirigentes «en los próximos días».

«Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía«, alertaron ayer los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido en un comunicado conjunto.

De forma separada, los líderes europeos también reaccionaron por su parte para criticar esta nueva amenaza de Trump.

Una de las respuestas más claras llegó desde Italia, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, advirtió de que castigar económicamente a Europa sería un «error». Meloni confirmó que había hablado directamente con Trump y que le había trasladado su rechazo a esa medida. «Creo que imponer nuevas sanciones hoy sería un error», señaló ante los periodistas durante un viaje oficial a Seúl. Meloni, muy próxima al magnate neoyorquino, intentó rebajar el choque hablando de un problema de «entendimiento y comunicación» entre Europa y Estados Unidos.

Las comunicaciones entre los líderes europeos fueron constantes durante todo el día. El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó a su homóloga danesa, Mette Frederiksen, y luego le dijo a Trump que los aranceles sobre sus aliados son «un error». A Trump también lo llamó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se encuentra en una posición muy difícil por el expansionismo de la Casa Blanca. Todos ellos volverán a hablar esta semana en la cumbre de Davos, donde coincidirán algunos de los principales líderes mundiales.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a la Unión Europea a preparar una respuesta firme mediante su instrumento anticoerción, conocido como el «bazuca» comercial, que permitiría restringir importaciones estadounidenses.

La UE convocó además una reunión extraordinaria de sus embajadores ante el riesgo de una escalada. Bruselas se dispone a desplegar sus herramientas más poderosas para responder a las nuevas amenazas de imponer aranceles adicionales anunciadas por Trump, empeñado en tomar el control de Groenlandia por las buenas o por las malas.

Los embajadores de los países miembros se reunieron de urgencia para analizar la situación, lo que se interpreta como un primer paso para que la Comisión Europea pueda poner en marcha el llamado mecanismo anticoerción, que le daría poderes para tomar medidas de represalia en política comercial que no se han utilizado nunca, o suspender el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Aranceles de represalia por 93.000 millones

Según informaba ayer ‘Financial Times’, Europa puede golpear a EE.UU. con aranceles de hasta 93.000 millones de euros o restringir el acceso de las compañías americanas.

El dispositivo anticoerción fue diseñado después de un caso de presiones injustificadas de China contra Lituania y se pensó que bastaría como medida de disuasión ante futuros intentos de condicionar indebidamente la política europea. Si se activa, otorgará a la Comisión una amplia capacidad de decisión para imponer medidas de represalia como aranceles, controles de exportación y restricciones al acceso al mercado, a la inversión extranjera, a los servicios o a la contratación pública.

Según algunas versiones que circulan por Bruselas, la Comisión también podría suspender la aplicación del acuerdo arancelario firmado el verano pasado en Escocia, en un club de golf propiedad de Trump, en condiciones que ya levantaron no pocas críticas en su momento y que permite a las empresas norteamericanas exportar prácticamente sin aranceles al mercado europeo. El acuerdo fue asumido como mal menor para eludir el riesgo de una guerra comercial entre las dos orillas del Atlántico, que en estos momentos parece inevitable.

«No creo que este acuerdo sea posible en la situación actual», reconoció el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul a la televisión ARD.

Por ahora, el apoyo político en el Parlamento Europeo para poner en marcha medidas de este tipo está creciendo. Manfred Weber, el líder del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), ha publicado en las redes sociales que su formación «está a favor del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. pero, dadas las amenazas de Donald Trump respecto a Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento. Los aranceles del 0% sobre los productos estadounidenses deben suspenderse«.

La portavoz socialista, Iratxe García, también se ha pronunciado en este mismo sentido: «Los aranceles del 25% impuestos por Trump a los aliados que apoyan a Groenlandia contra sus amenazas imperialistas son inaceptables. Debemos actuar ya: suspender las negociaciones del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. y activar el instrumento anticoerción. La UE no cederá ante la intimidación».

Un portavoz del Ejército alemán ha confirmado a la agencia DPA y al periódico ‘Der Spiegel’ la retirada de los 15 militares, que ya están de camino a la capital de Dinamarca, Copenhague.

Según fuentes del diario ‘Bild’, la salida de los militares se ha producido sin aviso previo tras permanecer desplegados menos de 48 horas en la isla.

Comunicado conjunto

Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido han publicado este domingo un comunicado conjunto en el que subrayan que su presencia militar en Groenlandia es para apoyar a Dinamarca y que «no supone una amenaza para nadie».

«Como miembros de la OTAN queremos reforzar la seguridad en el Ártico, un interés transatlántico compartido. Las maniobras coordinadas danesas ‘Resistencia Ártica’ realizadas con aliados responden a esta necesidad. No suponen una amenaza para nadie», han explicado los ocho países.

«Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía», han remachado los ocho países firmantes.

El dispositivo anticoerción fue diseñado después de un caso de presiones injustificadas de China contra Lituania y se pensó que bastaría como medida de disuasión ante futuros intentos de condicionar indebidamente la política europea. Si se activa, otorgará a la Comisión una amplia capacidad de decisión para imponer medidas de represalia como aranceles, controles de exportación y restricciones al acceso al mercado, a la inversión extranjera, a los servicios o a la contratación pública.

Según algunas versiones que circulan por Bruselas, la Comisión también podría suspender la aplicación del acuerdo arancelario firmado el verano pasado en Escocia, en un club de golf propiedad de Trump, en condiciones que ya levantaron no pocas críticas en su momento y que permite a las empresas norteamericanas exportar prácticamente sin aranceles al mercado europeo. El acuerdo fue asumido como mal menor para eludir el riesgo de una guerra comercial entre las dos orillas del Atlántico, que en estos momentos parece inevitable.

Por ahora, el apoyo político en el Parlamento Europeo para poner en marcha medidas de este tipo está creciendo. Manfred Weber, el líder del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), ha publicado en las redes sociales que su formación «está a favor del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. pero, dadas las amenazas de Donald Trump respecto a Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento. Los aranceles del 0% sobre los productos estadounidenses deben suspenderse».

La portavoz socialista, Iratxe García, también se ha pronunciado en este mismo sentido: «Los aranceles del 25% impuestos por Trump a los aliados que apoyan a Groenlandia contra sus amenazas imperialistas son inaceptables. Debemos actuar ya: suspender las negociaciones del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. y activar el instrumento anticoerción’. La UE no cederá ante la intimidación».

La jefa del grupo liberal, Valerie Huyet, también se ha pronunciado y ha dicho que «la UE debería estar preparada para desplegar contramedidas específicas y proporcionadas. Debería considerarse explícitamente la activación del instrumento anticoerción de la UE, ya que fue diseñado precisamente para situaciones de intimidación económica de esta naturaleza».

En efecto, el mecanismo legal establece claramente que puede ser activado cuando un país toma medidas comerciales destinadas a «impedir u obtener la cesación, modificación o adopción de un acto determinado por la Unión o un Estado miembro, interfiriendo así en las legítimas decisiones soberanas de la Unión o de un Estado miembro«. Algo que coincide plenamente con lo que está haciendo Trump respecto a Groenlandia.

Esta medida puede ser adoptada por mayoría cualificada, es decir, no necesita unanimidad. Pero, por lo que se sabe hasta ahora, las sensaciones en el Consejo son mucho más moderadas que en el Parlamento. Los embajadores de los países miembros están sometidos a consideraciones mucho más explícitas que las que manejan los eurodiputados, en estos «tiempos inquietantes» como ha definido la situación en privado un funcionario europeo encargado de preparar la reunión de los embajadores.

La conversión en campo de batalla de Groenlandia, y por extensión del Ártico, no resulta novedosa. Durante la Guerra Fría, el círculo polar representaba una frontera entre la OTAN y la Unión Soviética. Sus aguas ofrecían una puerta de entrada tanto al Atlántico como al Pacífico, por lo que Estados Unidos y sus aliados realizaron patrullas regulares hasta la década de los 90.

EE.UU., de hecho, mantiene presencia permanente en Groenlandia desde la II Guerra Mundial, mediante la base aérea de Pituffik, en la costa oeste de la isla. Tiene sentido, por tanto, que este escenario vuelva a adquirir carácter estratégico ante el advenimiento de una segunda Guerra Fría.

Sin embargo, gran parte de sus posibilidades son nuevas, resultado de la intersección entre cambio climático y geopolítica. El deshielo acelerado del Polo Norte brinda nuevas rutas navegables, nuevos recursos naturales y todo lo que la imaginación militar conciba.

La transformación de la orografía facilita el tránsito por las dos principales vías que conectan ambos océanos: el Paso del Noroeste, que bordea la costa septentrional de Norteamérica por aguas canadienses; y la Ruta Marítima del Norte, que discurre frente a la masa continental rusa.

Una y otra se reparten así entre los bloques enfrentados, aunque esta última queda encorchada por la brecha GIUK, la línea que une el extremo norte del Reino Unido con el sur de Groenlandia e Islandia entre medias.

Ahora bien, semejantes fortalezas no son obstáculo en tiempo de paz, y China contempla hoy este pasaje como un provechoso atajo que le permitiría reducir su dependencia de enclaves como el estrecho de Malaca o el de Suez. Por ello, se ha propuesto desarrollarlo bajo la denominación de Ruta de la Seda Polar, parte de su ambicioso proyecto de infraestructuras a nivel planetario.

En septiembre del año pasado, un portacontenedores chino realizó el primer viaje comercial regular por la Ruta Marítima del Norte, con destino final en el puerto polaco de Gdansk. La travesía requirió 26 días, un poco más de lo previsto a causa de retrasos provocados por las condiciones climatológicas, pero de todos modos redujo a la mitad la duración de la ruta tradicional a través del estrecho de Suez, estimada entre 40 y 50 días.

El deshielo del Ártico expone asimismo sus codiciados y antes inaccesibles recursos naturales. Groenlandia, por ejemplo, posee las octavas reservas de tierras raras del mundo, materiales críticos para la industria global cuya producción está controlada por China, monopolio convertido en su principal baza en las disputas comerciales con EE.UU.

Las tentativas previas del gigante asiático por explotarlos, no obstante, se han encontrado con el rechazo local. En 2021, el Gobierno groenlandés desestimó un proyecto para la extracción de tierras raras del yacimiento de Kvanefjeld por su impacto medioambiental.

Intereses legítimos

China se define como «Estado cercano al Ártico», una manera de validar sus aspiraciones. Ya en 2015, actualizó su Ley de Seguridad Nacional para incluir la defensa de sus «intereses nacionales en regiones polares», garantizando su acceso a rutas y recursos, y luego consagraría su propósito de convertirse en un «gran poder polar» para 2030.

«China considera el Ártico como un bien común global, más que como un club cerrado. Para China, el Ártico es indispensable. Al definirse como un ‘Estado cercano al Ártico’, legitima su presencia en una región que posee la clave de la investigación científica, la seguridad energética y las rutas comerciales futuras», señala Cui Shoujun, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Popular de Pekín.

En ese sentido, el régimen ha tomado esta semana la palabra para defenderse de los ataques de Trump. «El Ártico afecta a los intereses compartidos de la comunidad internacional. Las actividades de China en el Ártico tienen como objetivo promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región. Estas actividades se ajustan al derecho internacional», aseguraba la portavoz del ministerio de Exteriores, Mao Ning, durante la rueda de prensa diaria del organismo.

Mao añadió que «deben respetarse plenamente los derechos y libertades de los países para llevar a cabo actividades en el Ártico de conformidad con la ley. […] Nos oponemos a que EE.UU. utilice a China o a Rusia como pretexto para perseguir intereses egoístas».

El académico de la universidad pequinesa interpreta que «China percibe las críticas de EE.UU. no solo como una preocupación por el medio ambiente o la soberanía, sino también como un intento de excluir a China del próximo gran tablero político». Y concluye: «Para Pekín, asegurar un punto de apoyo en el Alto Norte es muy importante, ya que las potencias emergentes tienen derecho a participar en la gobernanza del Ártico».

Presencia récord

A lo largo del último año, embarcaciones chinas se han desplegado por aguas de la región con una frecuencia sin precedentes, según informaba en noviembre el departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Esta presencia ha incluido hitos como la navegación de submarinos de investigación a más de un kilómetro de profundidad bajo el hielo del Ártico.

Las autoridades siempre han presentado estas iniciativas como programas científicos relacionados con el estudio del cambio climático o, en los términos de un editorial reciente del tabloide oficial ‘Global Times’, expresión del «papel constante de China como garante de la ecología y el clima del Ártico».

La OTAN, sin embargo, ha advertido de que estas misiones a menudo encubren finalidades militares. «A día de hoy, China tiene dos estaciones de investigación permanentes en el Ártico, en Svalbard (archipiélago noruego) y en Islandia, y ha mandado 13 expediciones de investigación a la región, la última en 2025», apunta Helena Legarda, analista del centro de estudios Merics. «A pesar de su nombre, estas actividades no tienen solo objetivos científicos; también buscan desarrollar y probar nuevas capacidades militares».

Esta académica española presentó el pasado mes de octubre una exhaustiva investigación que ilustraba cómo «la implicación de China en las nuevas fronteras es intrínsecamente de doble uso», puesto que «sus actividades civiles siempre van acompañadas de esfuerzos por asegurar ventajas militares para China y desarrollar nuevas capacidades que podría emplear en caso de conflicto».

Dichas aseveraciones se sustentaban en el contenido de documentos internos. «La fusión militar-civil es la principal vía para que las grandes potencias logren una presencia militar en las regiones polares», sentenciaba la edición del año 2020 de ‘La ciencia de la estrategia militar’, manual de referencia sobre el pensamiento estratégico chino, editado por la Universidad Nacional de Defensa. China debería «aprovechar plenamente el papel de las Fuerzas Armadas en el apoyo a la investigación científica polar y a otras operaciones», añadía el texto.

Un factor clave en esta dinámica ha sido el marcado acercamiento a Rusia tras la proclamación de su «amistad sin límites», días antes de la invasión de Ucrania en 2022, conflicto que el régimen chino en todo momento ha respaldado de manera implícita.

«China no tiene acceso directo al Ártico ni territorios en la región, así que se apoya cada vez más en Rusia. China y Rusia también cooperan militarmente en el Ártico, y en los últimos años han organizado varias patrullas conjuntas aéreas y navales. Estas operaciones suelen ocurrir cerca de las costas de Alaska, no alrededor de Groenlandia», apunta Legarda.

Para Sara, otra iraní exiliada en Madrid, el bloqueo de las comunicaciones es «de una maldad absoluta». Porque no es solo que no pueda hablar con sus primos y sobrinos que viven en Teherán, «sino que, sabiendo que ahora se pueden hacer llamadas de pocos segundos, el no recibirlas puede significar lo peor de los destinos: que están detenidos o incluso peor, muertos». De momento, Sara no ha tenido la misma suerte que Medis de poder hablar durante unos segundos con sus familiares.

Las dos mujeres decidieron dejar Irán porque no se veían viviendo en una teocracia regida por unos principios que no hacen nada más «que oprimirnos como mujeres y como seres humanos». Sara se marchó de Teherán hace ya 39 años, «en cuanto comenzaron a instaurar el velo obligatorio y otras medidas contra las mujeres». Allí dejó a familia y amigos.

Medis se fue de Irán después de las protestas de 2022, que levantaron a todo el país tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo custodia de la Guardia Revolucionaria por llevar mal puesto el velo.

Ahora, ambas mujeres viven «con mucho dolor y mucha preocupación» lo que están viendo desde la distancia y se enteran a cuentagotas de lo que está pasando en su país.

«Desde hace muchos años hemos tenido movimientos que han luchado por echar abajo al régimen teocrático. Ahora, desde hace tres semanas, la gente de Irán está en las calles y protesta por todas las cosas que no tenemos: una buena situación económica, libertad, igualdad, dignidad…», comenta Medis.

Quiebra económica

Estas manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre como unas protestas por la situación económica de un país casi en quiebra: una inflación de más del 45%, una fuerte caída de la moneda y la inevitable subida de los precios.

Poco después, estas protestas fueron tomando cada vez más la forma de la tan ansiada revolución que buscan los iraníes: los jóvenes se unieron a las manifestaciones y salieron a las calles del país en multitudes bajo el grito de ‘Muerte al Ayatolá’ y ‘Abajo el régimen’, junto al ya conocido ‘Mujer, vida, libertad’ que encabezó todas las manifestaciones del año 2022.

Esta modificación en las protestas también provocó el cambio en la forma de manejarlas por parte del régimen. Hasta ese momento, habían dejado hacer a los manifestantes pero, a partir de los primeros días de enero, la represión llegó a todos los rincones del país convirtiéndose en una auténtica carnicería.

Disparidad en la cifra de muertos

Bien lo sabe Mohamed (nombre ficticio), un médico de la ciudad de Mashhad, al oeste del país. «Las cifras de muertos y heridos son mucho más altas de lo que están contando. Esto es una carnicería. A lo largo de los 12 kilómetros del bulevar Vakilabad (en Mashhad) ha habido muertos, muchísimos. Y ha ocurrido cada noche desde que comenzaron las protestas», explicaba «con profunda tristeza pero con la necesidad de que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo».

Según datos de la agencia de noticias estadounidense Human Rights Activists News Agency, el número de personas que han perecido en las protestas se elevan a las 2.600. Pero se espera que el total de muertos aumente sustancialmente a medida que el régimen alivie el bloqueo de las comunicaciones impuesto desde el 8 de enero y prolongado hasta el 21 de marzo, celebración del año nuevo persa. Otras organizaciones como Iran Human Rights, con sede en Noruega, cifraban en 3.400 los manifestantes muertos en 15 provincias. Esto convertiría la actual represión en la más mortífera en Irán desde la década de 1980, cuando el gobierno ejecutó a miles de presos políticos al consolidarse en el poder tras la revolución de 1979.

Esta vez, las fuerzas del régimen estaban listas para desempeñar un papel más letal en la represión de las protestas. El Cuerpo Paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia voluntaria Basij, vestidos de civil, se desplegaron en gran número por todo el país, a menudo armados con fusiles de asalto kalashnikov.

Así lo constata una cirujana de uno de los hospitales de Teherán. En varios mensajes compartidos con Medis y a su vez con ABC, esta médico, que prefiere permanecer en el anonimato, asegura que el tipo de lesiones que estaba tratando cambió de forma repentina alrededor de la medianoche del pasado jueves 8 de enero. «Lo que empezó con lesiones por balas de goma y perdigones se convirtieron en lesiones por armas automáticas, causando heridas similares a las que se ven en los campos de batalla. Los hospitales están completamente desbordados». Al igual que las morgues y las cárceles. «20 miembros de mi familia han sido asesinados durante las protestas», asegura una vecina de Isfahan. Ha conseguido ponerse en contacto con Rym Sheermohammadi con una llamada de unos pocos minutos y es a través de Sheermohammadi, activista de origen iraní y residente en Barcelona, como conocemos este testimonio. El relato que hace sobre cómo consiguieron primero identificar los cadáveres y, después, llevarlos de vuelta a casa es desgarrador.

«Los cuerpos están envueltos en bolsas negras y, después de varias visitas a diferentes cárceles y hospitales, al final te dicen dónde pueden estar. Fuimos a una morgue en Isfahan y, tras varias horas esperando, conseguimos entrar en una sala donde a través de una pantalla enseñaban los cadáveres e ibas apuntando los números que identificaban los cuerpos, pero eso no es lo más duro. Tras la identificación, viene la hora de pagar para recuperar los cuerpos y no pudimos llevarnos a todos. Tuvimos que escoger».

De momento, las protestas parecen que han bajado de intensidad, sobre todo después de que esta semana el régimen impusiera una ley marcial completa con militares por las calles y barrios completos hechos cuarteles generales, con un toque de queda que, si no se cumple, puedes ser víctima de represalias.

«¿Dónde está la izquierda?»

Ahora hay muchas incógnitas: si Estados Unidos intervendrá, como dijo Donald Trump «si seguía habiendo muertos», o cuál será la alternativa al ayatolá Jamenei y si puede ser Reza Pahlevi, el hijo del sah. «Ahora mismo no estamos pensando en la alternativa al poder, sino en acabar con el régimen opresor», aseguran los iraníes en el exilio contactados por este periódico.

Pero una pregunta sobrevuela con más fuerza, sobre todo, entre la población iraní en el exilio: ¿Dónde está la izquierda política? «Nadie habla de Irán», dice Medis con cierto enfado pero, especialmente, con cierta decepción. Algo que comparten más personas contactadas. Así lo zanjan con contundencia: «Hablan de Palestina, de Sudán, pero luego llega Irán o Venezuela y ni un mensaje. Si defienden los derechos humanos, nosotros también lo somos».

A sus 25 años, a solo un semestre de graduarse en Estudios Políticos, Suárez representa una ruptura generacional. Este joven apenas estaba naciendo cuando llegó la llamada Revolución Bolivariana, por lo que su visión no está anclada en el pasado, sino en la urgencia de un futuro distinto. Ocupa el mismo cargo en la FCU que alguna vez tuvo Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, y camina por los mismos pasillos que recorrieron quienes hoy ostentan el poder.

La entrevista ocurre en un momento de quiebra. El ambiente político se crispó tras los eventos del 3 de enero, que generaron una profunda conmoción nacional. En este clima de incertidumbre, la sociedad civil venezolana está rompiendo el silencio que la caracterizó durante el último lustro. Suárez es uno de los símbolos más visibles de esa ruptura.

—¿Qué entiende exactamente por transición democrática?

—Lo que constituye un proceso de transición es, justamente, la redemocratización del país y su reinstitucionalización. Se trata de volver a garantizar los derechos civiles y políticos que durante años han sido vulnerados en Venezuela: la libertad de protesta pacífica, la libertad de expresión. Esos son los pasos que tendremos que ir dando los venezolanos de cara a la reconstrucción nacional.

Suárez habla con la precisión de quien ha reflexionado profundamente sobre estas cuestiones. Su respuesta no es improvisada; es el resultado de meses de análisis en medio de la represión política más severa que ha experimentado Venezuela en su historia reciente.

«Pero hay algo que es fundamental», añade. «No se puede avanzar hacia una reconstrucción, hacia una conciliación, si hay personas privadas de libertad por motivaciones políticas. Eso es un obstáculo insalvable».

—¿Por qué decidió hacer esta exigencia ahora, en este momento específico?

—Creo que el 3 de enero marca un parteaguas. Los acontecimientos de ese día condicionan por completo la vida política nacional. Nosotros, como movimiento estudiantil, hemos mantenido siempre una postura coherente. El 10 de enero desconocimos la juramentación de Nicolás Maduro en su momento. Hoy le exigimos a Delcy Rodríguez que inicie una transición. Delcy Rodríguez fue parte de esta casa de estudios. Su hermano Jorge fue presidente de la FCU. Son personas formadas en esta universidad. Y esto es importante, porque quien usurpa un derecho, adquiere un deber. La responsabilidad histórica de los hermanos Rodríguez es una sola: reconducir este país hacia una transición democrática.

Es una frase que encapsula su estrategia: no es un ataque frontal, sino una apelación a la responsabilidad histórica de quienes están en el poder. Una táctica que busca presionar desde dentro del sistema, utilizando los mismos valores que el chavismo ha proclamado.

—¿Cuántos presos políticos cree que hay realmente en Venezuela?

—Con los datos que estamos ayudando a recabar, podemos decir con responsabilidad que existen más de 800 presos políticos a nivel nacional. Hay personas que están desaparecidas; ni siquiera se sabe cuál es su estatus. El Gobierno no tiene certeza ni de cuántos presos políticos tiene.

Es una cifra que revela la magnitud del colapso administrativo del régimen. No es solo represión política; es una represión desorganizada, caótica, que ni el propio Estado puede contabilizar.

«He visitado algunos de estos centros de reclusión», continúa Suárez. «He visto personas desesperadas, familias sin permiso para recibir cartas, pasando sol y lluvia a la intemperie. Pero también he visto mucha fe. Los venezolanos se han apegado a la fe para poder recibir la noticia de la libertad de sus seres queridos».

—¿Ha habido represalias contra usted o contra la Federación?

—Tenemos profesores y hemos tenido estudiantes detenidos de manera arbitraria por razones políticas. Consejeros universitarios han estado detenidos. Tras las declaraciones del 3 de enero, hemos sido víctimas de amenazas. Por redes sociales nos dicen que nos tienen que llevar presos, que nos van a aplicar la ‘operación tuntún’ (una expresión para redadas y detenciones masivas de los organismos de inteligencia).

Hace una pausa. Luego, pronuncia la frase que define su lucha: «Pero ya perdimos el miedo. Le tenemos menos miedo a ir presos que a no vivir en democracia. Estamos convencidos de que, lo más pronto posible, tenemos que ser parte de un sistema democrático».

Es una declaración que resume el cambio de paradigma en Venezuela. Durante años, el miedo fue el instrumento más efectivo del poder: el miedo a desaparecer, a ser torturado, a que tus seres queridos sufran las consecuencias de tu disidencia. Ese miedo silenció a una nación.

Ahora, un joven de 25 años declara que ese miedo ya no funciona. Que hay algo más importante que la seguridad personal: la dignidad colectiva.

—¿Siente que la Universidad Central está recuperando su rol histórico de resistencia?

—Siento que nunca lo ha perdido. Debatir y estudiar en Venezuela es un acto de rebeldía. La gente no comprende que el hecho de que no tengamos un presupuesto digno, pero aun así se estén creando nuevas carreras, tiene una respuesta clara: existen políticas sistemáticas para quebrar las capacidades técnicas de la universidad.

Es un análisis que revela la verdadera naturaleza del proceso. No es solo represivo, es antiintelectual. El sistema le teme a las ideas. Sabe que, en el momento en que la gente empiece a pensar críticamente, el castillo de naipes se derrumba. «No les interesa que se gradúen sociólogos o politólogos, personas que alimenten el pensamiento crítico», continúa. «Son personas a las que no puedes engañar con un simple discurso. Y eso, creo, es un arma poderosa. La academia como acto de resistencia es poderosísima».

—¿Cree que es posible una transición democrática a corto plazo?

—El escenario más pesimista es que haya una reversión dentro de un proceso de transición. Que volvamos a ver personas encarceladas por motivaciones políticas. Ese sería el peor escenario para el venezolano. El mejor escenario es que tanto los venezolanos en general como el oficialismo entiendan que esta crisis institucional no se puede prolongar más. Que se establezcan políticas donde las instituciones sean firmes y garanticen la seguridad, la vida en paz, el libre tránsito. Que las personas no tengan miedo de hacer un reportaje periodístico.

Y luego añade algo que resume la tragedia de Venezuela: «Que se pueda sanar el sistema eléctrico nacional. Si le dices a una persona en el exterior que serás feliz el día que no se te vaya la luz en tu casa, te dirán que eso no es nada. Pero lo es todo para el venezolano. Lo es todo para quien perdió un familiar porque se fue la luz en un hospital».

—¿Cuál cree que sea el reto más grande para este país?

—El reto más grande será entender que debemos apuntar a la reconciliación nacional. A poder hacer política con quien se disiente. A poder, a pesar de lo difícil que sea, ir con las heridas abiertas a reconciliar el país. Con esto no digo que no quiera que se haga justicia. La justicia es necesaria. Pero también es necesario tener una visión de Estado donde pongamos a los venezolanos primero, donde pongamos al país primero. Y donde podamos entender que con discursos radicales no vamos a llegar a ningún lado.

Machado explicó que trasladó a Trump que la transición no puede gestionarse únicamente desde el exterior ni sostenerse en comunicados, gestos simbólicos o ruedas de prensa internacionales. Insistió en que su papel pasa por volver al país y asumir los riesgos de una fase que definió como compleja, frágil y decisiva. «Esto no se puede conducir desde fuera», dijo. «Tiene que hacerse desde Venezuela, con los venezolanos, y asumiendo los riesgos que eso implica». Subrayó que su regreso no es una decisión personal, sino una obligación política ligada a la legitimidad que dice tener y a la necesidad de acompañar el proceso desde dentro.

A partir de ahí, endureció el tono y lanzó un mensaje directo a la comunidad internacional. Dijo que, a estas alturas, «no hay excusas» para que los mandatarios no decidan posicionarse ante Venezuela. Afirmó que la información sobre lo que ocurre en ese país es conocida, que los hechos están documentados y que ya no cabe la ambigüedad. Habló de crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de Estado, y sostuvo que existen «nombres y apellidos» de líderes globales que, según dijo, no están dando la batalla que exige la magnitud de la crisis. «No hay excusas para ignorar el terrorismo de Estado», insistió. «Todo el mundo lo sabe».

Ese mensaje, explicó, no iba dirigido solo a gobiernos, sino también a organismos multilaterales y actores internacionales que, a su juicio, han optado por la cautela o el silencio. Machado planteó que la inacción también tiene consecuencias y que la neutralidad, en este contexto, equivale a tolerancia. Enmarcó ese reproche como una advertencia política y moral en un momento que describió como decisivo.

En su diagnóstico, Machado reiteró que Venezuela no vive una crisis institucional convencional. Aseguró que así se lo expuso a Trump y a otros interlocutores internacionales. «No estamos frente a un gobierno autoritario normal», afirmó, «sino frente a una estructura criminal que se ha apropiado del Estado». Describió ese entramado como una red sostenida por la represión, el miedo y la persecución sistemática, con vínculos internacionales. En ese contexto, señaló a Delcy Rodríguez como una figura central del engranaje chavista, alineada con intereses de Rusia, China e Irán. Matizó, sin embargo, que esa estructura no representa ni al pueblo venezolano ni a una parte significativa de las Fuerzas Armadas.

Machado insistió en que ese diagnóstico condiciona por completo los pasos siguientes. Rechazó fijar fechas para elecciones y advirtió de que hacerlo sin modificar antes las condiciones sería engañar a la sociedad. «Hablar de elecciones sin desmontar el aparato represivo es una ficción», afirmó. Enumeró como prioridades inmediatas la liberación real de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura, el fin de la persecución contra periodistas y opositores y las garantías para que los exiliados puedan regresar y reorganizarse políticamente dentro del país. Subrayó que excarcelar no equivale a devolver la libertad. «Si no puedes hablar, si no puedes salir del país, si sigues amenazado, no eres libre», dijo.

La fase más delicada

En ese punto, Machado explicó que la transición, tal y como la concibe, debe desarrollarse por fases y que la actual es una de las más delicadas. Afirmó que el régimen se ve forzado a empezar a desmontarse a sí mismo, aunque de forma incompleta y bajo presión. «Estamos en una etapa compleja, en la que muchas cosas siguen intactas», señaló. «Pero el proceso ya comenzó». Advirtió de que no será lineal, que habrá retrocesos y momentos difíciles, pero defendió que una vez iniciado es irreversible.

María Corina afirmó además que Delcy teme personalmente a Trump. «Le tiene terror», dijo, al referirse al impacto que, según ella, tiene el expresidente estadounidense sobre el núcleo del poder chavista. Añadió, sin embargo, que ese miedo no es una base de gobierno viable. «Eso no es sostenible y ella lo sabe», sostuvo.

E insistió en que Delcy carece de apoyos populares reales y que su margen de maniobra se limita al control que ejerce la estructura represiva del régimen. Según su análisis, ese vacío de legitimidad explica tanto la dependencia del miedo como la fragilidad interna del poder, que ya no se apoya en respaldo social ni en confianza institucional, sino en la coerción y en equilibrios cada vez más precarios.

El interés humano de Trump

La dirigente opositora introdujo también la dimensión humana como uno de los ejes centrales de su intervención y de su conversación con Trump. Habló de los presos políticos, de los desaparecidos y de las familias que no saben dónde están sus seres queridos. Amplió el foco hacia el impacto social del colapso venezolano. «Hablamos de niños que crecen sin sus madres, de escuelas que solo funcionan dos días a la semana, de maestros que ganan un dólar al día y tienen que buscar otros trabajos para poder comer», relató. Alertó de que Venezuela sufre los peores niveles de malnutrición infantil en un siglo y defendió que la transición es, ante todo, una urgencia para salvar vidas. «Es por esos niños que estamos haciendo lo que estamos haciendo», afirmó.

Machado aseguró que Trump le transmitió preocupación directa por el sufrimiento de la población venezolana y que ese fue, según dijo, uno de los mensajes más importantes que quiso hacer públicos. Presentó ese respaldo como un factor clave no solo para la transición política, sino también para la estabilidad regional. A su juicio, la salida del régimen no es solo una cuestión de justicia para Venezuela, sino un elemento relevante para la seguridad y la prosperidad del hemisferio.

Preguntada por el calendario institucional, Machado recordó que la Constitución venezolana ha sido vulnerada de forma sistemática y que el país ocupa el último lugar mundial en Estado de derecho. «Si la Constitución se hubiera respetado, no tendríamos miles de presos políticos ni millones de exiliados», dijo. Señaló que millones de venezolanos no pudieron votar en los últimos procesos electorales, tanto dentro como fuera del país, y defendió que corregir esa exclusión es una condición básica de cualquier elección creíble. «Cada venezolano, esté donde esté, tiene que poder votar», subrayó.

Un país sin fracturas

Machado rechazó las comparaciones con otros escenarios de colapso estatal o transiciones violentas. Aseguró que Venezuela sigue siendo una sociedad altamente cohesionada, sin fracturas religiosas, étnicas o territoriales profundas. «Aquí no hay una guerra entre pobres y ricos, entre civiles y militares», afirmó. «Hay un país unido por una demanda simple: vivir con dignidad y recuperar a nuestros hijos». Defendió que la Venezuela que emerja del proceso será una sociedad basada en el mérito, el trabajo y la libertad, y alineada con valores democráticos.

Machado insistió en que el tiempo de las excusas se ha agotado y que la comunidad internacional tendrá que asumir responsabilidades. «No hay excusas», repitió. Al mismo tiempo, volvió a subrayar su compromiso personal. Reiteró que regresará a Venezuela para acompañar el proceso desde dentro y asumir los riesgos de una etapa que definió como histórica. «Ese es mi compromiso», dijo. «Estar donde hay que estar cuando hay que estar».

Esta es una de las macabras tácticas que están utilizando las autoridades, según ha podido saber este periódico en conversaciones con iraníes en el exilio.

«Un chico de 18 años, estudiante de Kerman, resultó herido en una de las protestas», cuenta a este periódico Medis Tavakoli, una iraní exiliada en España desde hace cuatro años. Este chico es familia de uno de sus amigos que aún permanecen en Irán. A pesar del corte de las comunicaciones, Medis ha podido ir conociendo casos que ejemplifican la fuerte represión del régimen.

«Las fuerzas armadas llegaron al hospital y se lo llevaron a él y a otros muchos. Cuando su familia acudió a la policía para obtener información sobre él, les dijeron que había fallecido y que, si querían recuperar su cuerpo, tendrían que pagar 1.000 millones de riales (unos 6.000 dólares)«.

La familia no disponía de ese dinero y no ha podido recuperar el cuerpo del joven. «Un drama, porque a la muerte del chico se suma la pena de no poder darle sepultura. Para nosotros, para nuestra cultura es muy importante y eso es un dolor que van a llevar siempre», comenta Medis. Además, muchas de las familias de los muertos a menudo piden al hospital y al médico forense que registren la causa de la muerte en el certificado de defunción como «accidente» para evitar tener que pagar el llamado «dinero de bala».

Medis también cuenta el caso de dos amigas suyas muertas a causa de varios disparos tras participar en las manifestaciones. «Sus familias han tenido que pagar cerca de 5.000 dólares para recuperar los cuerpos«, explica.

Técnica de 2019

Se trata de cifras desorbitadas para una población cuyo salario mínimo está en los 125 dólares mensuales, con los precios de los alimentos básicos por las nubes y una devaluación de la moneda nunca vista.

Los casos no parecen ser aislados. La cadena americana CNN contaba con el testimonio de Nezar Minouei, tío de Robina Aminianm una estudiante iraní que fue asesinada a tiros en una de las protestas en Teherán y que tuvieron que pagar para recuperar su cuerpo.

«Su madre, entre gritos, llantos y con mucha dificultad, finalmente logró acceder a la zona donde se guardaban los cuerpos para empezar a buscar el de su hija», dijo Minouei. «Encontró el cuerpo de su hija y prácticamente tuvo que robarlo». Cuando la familia regresó a su ciudad natal de Kermanshah, «se enteraron de que las autoridades estaban en su casa buscándonos para hacernos pagar por ello».

Esta técnica no es nueva. Informes similares surgieron tras la ola de protestas de 2019 que fueron publicados en su momento por Reuters y el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el medio de comunicación IranWire que ya hablaban de esta forma macabra del régimen de obligar a las familias a pagar por recuperar a sus seres queridos.

La situación en el país es insostenible. Testimonios de médicos desde Irán aseguran que todas las capacidades de las morgues de los hospitales, así como las de los cementerios de Behesht Reza y Khaje Rabi en Teherán están llenas. También aseguran que han tenido que alquilar numerosos camiones y camionetas frigoríficas del sector privado para conservar los cuerpos.

En las protestas de 2019, unas 1.500 personas murieron durante menos de dos semanas de disturbios. La cifra ahora, según varias organizaciones de derechos humanos, superan los 3.500 muertos y los más de 18.000 arrestados.

Irán se encuentra en su octavo día de apagón de comunicaciones impuesto por el régimen para controlar las conversaciones internas y también el relato que se cuenta hacia el exterior. Si bien las protestas se desencadenaron por la situación económica del país, la inflación y la devaluación de la moneda, con los días han ido virando a unas manifestaciones más politizadas pidiendo un cambio de régimen.

Al principio, el Gobierno iraní respondió a las protestas con buenas palabras y dispuesto a escuchar las quejas e incluso despidiendo al director del Banco Central. Pero al ver que estas medidas no surgieron el efecto buscado: lograr calmar la ira del pueblo, el régimen recurrió a la violencia, disturbios y a acusaciones de terrorismo para cualquier persona que saliera a las calles a protestar.

La opción lejana pero más viable –y menos destructiva para las relaciones trasatlántica– sería la adquisición de Groenlandia, aunque Trump y sus altos cargos insisten en amagar con la posibilidad de una invasión militar, quizá como arma negociadora.

Vance y Rubio acudieron a la reunión en la capital de EE.UU. al menos con una estimación de cuánto deberían desembolsar las arcas públicas de la primera potencia mundial: 700.000 millones de dólares. Ese es el cálculo que, según ‘NBC News’, han hecho un grupo de expertos y exaltos cargos de EE.UU. dentro de la planificación de la Administración Trump para la transacción.

Trump ha ordenado a Rubio que prepare un plan para la adquisición de Groenlandia y le ha instruido que le dedique la máxima prioridad.

La posibilidad de una intervención militar en el territorio de un aliado histórico y miembro de la OTAN había disparado la intranquilidad en los socios europeos, en especial después de que Trump demostrara en Venezuela que no le tiembla el pulso a la hora de enviar al ejército de EE.UU. para imponer sus intereses en el extranjero. Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Trump no ha dejado de elevar el tono sobre sus ambiciones en Groenlandia.

De hecho, el presidente de EE.UU. calentó la reunión de Vance y Rubio con Lars Lokke Rasmussen, ministro de Exteriores de Dinamarca, y Vivian Motzfedt, ministra de Exteriores de Groenlandia. Pocas horas antes de que se produjera, defendió que «EE.UU. necesita a Groenlandia» y que cualquier resultado que sea que EE.UU. no toma control de la isla será «inaceptable».

Trump ha defendido que Groenlandia tiene que ser parte de EE.UU. por sus ingentes recursos minerales y por su importancia geoestratégica, por su localización para la defensa balística y en un corredor marítimo cada vez más importante y que EE.UU. disputa con China y Rusia.

El presidente de EE.UU. compartió un artículo periodístico sobre las ambiciones militares de Rusia y China en la región y negó la capacidad de Dinamarca de hacerles frente. «Dos trineos de perros no lo lograrán, ¡solo EE.UU. es capaz!», escribió.

Dinamarca y Groenlandia han insistido en su disposición a intensificar la cooperación militar y económica con la Administración, para favorecer los intereses de EE.UU. Pero también han dejado claro que no venderán el territorio.

«Groenlandia no está a la venta», defendió el martes el primer ministro de la isla, Jens-Frederik Nielsen. «Groenlandia no quiere ser propiedad de EE.UU., Groenlandia no quiere ser gobernada por EE.UU, , Groenlandia no quiere ser parte de EE.UU.», añadió. «Elegimos la Groenlandia de hoy, que es parte del reino de Dinamarca».

Esa reacción enfureció a Trump, que respondió pocas horas después: «No sé quién es», dijo sobre Nielsen. «Pero eso va a ser un gran problema para él».

Pero ahora tuvieron la posibilidad de mostrar su postura contraria en persona, en un encuentro en Washington que no resuelve la tensión entre países aliados históricos y que ahonda la incertidumbre sobre las relaciones trasatlánticas. Hasta la capital de EE.UU. viajaron los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt. Allí se vieron con las dos figuras de mayor importancia de la política exterior de EE.UU., más allá de Trump: el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J.D. Vance.

El encuentro duró 50 minutos y Rasmussen aseguró después que su mensaje a los estadounidenses es que la ambición por quedarse con Groenlandia es «totalmente inaceptable».

«Hay claramente un desacuerdo», reconoció Rasmussen, quien dijo que su país está dispuesto a toda negociación con EE.UU. que «respete las líneas rojas del reino de Dinamarca». Es decir, el respeto a la soberanía del país, a su integridad territorial y a la autodeterminación de los groenlandeses.

Pero tanto Rasmussen como Motzfeld aseguraron que consideran válidas las preocupaciones sobre seguridad en el Ártico que mantiene Trump y que quieren cooperar con EE.UU. para resolverlas. «Siempre hay algo de verdad en lo que dice el presidente», dijo Rasmussen, en un intento de no contrariar al multimillonario neoyorquino.

El único avance salido del encuentro es la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para tratar esas cuestiones. Su primera reunión será en las próximas semanas. En la actualidad, EE.UU. mantiene una base militar en Groenlandia, pero tanto la isla como Dinamarca están abiertos a que haya más presencia del ejército de EE.UU., como ocurrió durante la Guerra Fría.

La reunión ocurrió en un clima de creciente tensión entre EE.UU. y sus socios europeos, ante la elevación del tono de Trump y su Administración sobre sus ambiciones con Groenlandia.

La intranquilidad en Groenlandia, Dinamarca y los países europeos se disparó en especial tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro en Caracas. No solo porque demostraba que a Trump no le tiembla el pulso a la hora de utilizar el Ejército en otros países para impulsar los intereses de EE.UU. -también lo hizo en Irán el año pasado-; sino porque el presidente de EE.UU. se puso a hablar de Groenlandia y su exigencia de quedarse con la isla en el Ártico inmediatamente después de producirse la captura del dictador venezolano.

En los últimos días, la Administración Trump no ha cargado las tintas con la posibilidad de una invasión militar, algo que podría poner en peligro la estabilidad de la OTAN. El foco parece la adquisición de la isla, como Rubio indicó a los legisladores del Congreso hace unos días.

Pero la Casa Blanca y Trump no han dejado de amagar con la opción del uso del Ejército, como arma negociadora. Y calentaron la reunión con los daneses y groenlandeses desde antes de que se produjera.

Primero, cuando se supo que Vance participaría en el encuentro, algo que no estaba previsto al principio. El vicepresidente solicitó ser incluido a última hora, lo que disparó la intranquilidad en la orilla europea del Atlántico. Desde el regreso de Trump al poder, Vance se ha destacado como el principal crítico de los aliados tradicionales y más estables de EE.UU. Lo hizo nada más llegar al cargo, en la conferencia de seguridad de Múnich. Y, sobre todo, en la bronca que protagonizó con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, la primera señal del reordenamiento de la política exterior de EE.UU.

Trump también subió el fuego: pocas horas antes de la reunión, insistió en que Groenlandia es una «necesidad» para EE.UU. pocas horas antes de que se celebrara el encuentro, a través de un mensaje en su red social.

El precio de Trump

Según NBC News, la Administración Trump ya maneja su primera estimación sobre cuál sería el precio de la adquisición de Groenlandia: 700.000 millones de dólares. Y el presidente ha encargado a Rubio que diseñe una propuesta para esa compra y que le dé la máxima prioridad.

Trump ha defendido que Groenlandia tiene que ser parte de EE.UU. por su importancia geoestratégica, por su localización para la defensa balística y en un corredor marítimo cada vez más importante y que EE.UU. disputa con China y Rusia. Pero detrás de sus ambiciones también están los ingentes recursos naturales de la isla, sobre todos sus minerales críticos.

El presidente de EE.UU. también compartió un artículo periodístico sobre las ambiciones militares de Rusia y China en la región y negó la capacidad de Dinamarca de hacerles frente. «Dos trineos de perros no lo lograrán, ¡solo EE.UU. es capaz!», escribió. Después, la Casa Blanca compartió un meme en sus redes sociales, don dos trineos de perros con las banderas de Dinamarca y Groenlandia en una encrucijada: por un lado, un camino que lleva a EE.UU.; por otro, uno que lleva a Rusia y China (venía acompañado de la leyenda ‘¿Qué camino eliges, hombre de Groenlandia?‘, una referencia a un libro de ideología supremacista).

El camino que quieren los groenlandeses, como dijo en la víspera su primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, y como insistió en Washington Motzfeldt es otro, el de quedarse en Dinamarca. «Es muy importante para nosotros fortalecer nuestra cooperación con EE.UU., pero eso no quiere decir que queramos ser propiedad de EE.UU.», dijo Motzfedld, un día después de que Nielsen insistiera en que Groenlandia «no está a la venta» y que la isla «prefiere seguir como parte del reino de Dinamarca».

Rasmussen también dijo que la visita a Washington era una buena oportunidad para contestar a la «narrativa» de Trump sobre la presencia de buques militares chinos en Groenlandia. «No hemos tenido un barco de guerra chino allí en una década», dijo.

Por ahora, Dinamarca y la isla ártica ganan tiempo, pero es difícil pensar que nada de esto contente a Trump de forma definitiva. «Vamos a ver qué pasa con Groenlandia, pero la necesitamos», ha dicho el presidente después, desde el Despacho Oval, donde ha advertido que, en sus ambiciones, no va a «renunciar a ninguna opción».

«El problema es que Dinamarca no podría hacer nada si Rusia o China quisieran ocupar Groenlandia, pero nosotros podríamos hacer mucho. Se pudo ver la semana pasada en Venezuela», ha insistido.