CIUDAD DE MÉXICO—Es casi seguro que América Latina paga el precio económico más alto del mundo por el crimen organizado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen le cuesta a América Latina y el Caribe (ALC) un promedio de 3.44% del PIB anualmente, equivalente al 78% de todo el gasto público en educación de la región. Pero hay discrepancias significativas dentro de ALC. Brasil, Colombia y México destacan tanto por la magnitud del problema como por la forma en que opera el crimen organizado.
Antes de pasar a las cifras, es indispensable una advertencia. Este análisis cubre únicamente los costos económicos —inversión, productividad y crecimiento perdidos— y no el costo humano de las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, ya que ninguna cifra podría capturarlo sin trivializarlo. Los números que siguen son un piso, no un techo, del daño real.
Durante más de 40 años, Colombia ha sido frenada por redes criminales construidas en torno a un solo producto ilícito: la cocaína. La “industria” de la cocaína en Colombia equivale a un cuasi-sector exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de cocaína generó cerca de 16,500 millones de dólares para las organizaciones criminales—alrededor del 4.4% del PIB, más de lo que el país obtiene por sus exportaciones petroleras.
A esto se suman los costos más amplios del crimen y la violencia—estimados por el BID y Fedesarrollo en 3.6% del PIB en 2022—y el lastre sobre el crecimiento se vuelve aún mayor. Colombia ha padecido durante mucho tiempo un conflicto armado que involucra a grupos paramilitares de extrema derecha, organizaciones guerrilleras de extrema izquierda y carteles criminales, en el que la industria del narcotráfico juega un papel clave. El gobierno combatió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante más de medio siglo, antes de alcanzar un acuerdo de paz en 2016.
Un estudio calculó que eliminar por completo el conflicto armado en Colombia entre 1988 y 2009 podría haber sumado hasta 4.4 puntos porcentuales al crecimiento económico anual. Cuando el cultivo de coca se dispara en una zona determinada, los homicidios le siguen de cerca, junto con el desplazamiento forzado y los ataques de grupos armados. Y el daño se agrava también a nivel empresarial.
Una investigación sobre empresas colombianas encontró que los secuestros dirigidos contra negocios específicos—a diferencia de la violencia generalizada en sus alrededores—hacen que los gerentes reduzcan la inversión durante años después, pues el propio miedo se convierte en un impuesto sobre hacer negocios.
El acuerdo de 2016 con las FARC no trajo consigo ese dividendo de paz. La economía criminal que el pacto buscaba desmantelar ha seguido prosperando, con el cultivo de coca alcanzando un récord de 253,000 hectáreas en 2023. Además, los grupos de crimen organizado se han diversificado hacia la extorsión y la minería ilegal—los principales obstáculos al crecimiento en México y Brasil, respectivamente.
En México, las organizaciones criminales cobran, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un impuesto ilegal—eufemísticamente llamado derecho de piso—solo por poder operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a este tipo de cobros, los precios se inflan progresivamente: los limones que salen de la finca a 13 pesos ($0.77) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos para cuando alcanzan al consumidor. Mientras que los ingresos de la cocaína colombiana al menos traen divisas a la economía, la extorsión en México representa una pérdida pura.
México Evalúa calcula que la extorsión le cuesta al país alrededor del 2% del PIB anualmente. De manera similar, el economista en jefe para México de la OCDE estima que el crimen le resta entre 1 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB de México. Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido obstinadamente débil, pese a unos fundamentos macroeconómicos en general sólidos. Los costos se ven agravados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ahora trata a los carteles mexicanos como un asunto de comercio y seguridad. Las amenazas arancelarias, las sanciones y la amenaza implícita de una acción militar unilateral aumentan la incertidumbre y socavan la confianza de los inversionistas.
En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un actor financiero sofisticado, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado mucho más allá del narcotráfico hacia la distribución de combustibles, la minería, los bienes raíces y los fondos de inversión. La reciente Operação Carbono Oculto destapó un esquema que utilizaba más de 1,000 gasolineras y empresas de fachada para lavar ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal.
Cabe destacar que los homicidios en Brasil cayeron aproximadamente una quinta parte entre 2013 y 2023, pero el costo económico del crimen organizado siguió aumentando—una señal de la profesionalización y financiarización de los grupos criminales. En 2025, el Instituto Igarapé situó el valor total del crimen organizado en 10.24% del PIB—cerca de R$1.3 billones ($250,000 millones). Si Brasil redujera su tasa de criminalidad al promedio mundial, el Fondo Monetario Internacional estima que su PIB podría crecer 0.6 puntos porcentuales más rápido cada año.
La creciente presencia del crimen organizado se está convirtiendo en un tema político central en los tres países. En Colombia, Abelardo de la Espriella acaba de ganar la elección presidencial más reñida en la historia reciente del país, con la promesa de desmantelar la economía criminal. Tiene un mandato para hacerlo, pero es muy estrecho.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado gran parte de su actual presidencia evitando el tema de la seguridad pública, incluso cuando la policía de Río de Janeiro llevó a cabo un operativo de gran escala contra el CV y Estados Unidos designó al PCC y al CV como organizaciones terroristas. Ahora, Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en la elección de octubre, busca capitalizar esta debilidad, posicionándose como el candidato de mano dura. Aunque Lula ya firmó un paquete propio contra el crimen organizado de R$11,000 millones—y aún lidera en la mayoría de las encuestas—, este es un terreno en el que preferiría no estar peleando.
Lo que está en juego es mayor para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La creciente evidencia de que el crimen organizado no solo infiltró su coalición de gobierno, sino que ayudó a financiarla, ha dañado su reputación de cara a las elecciones intermedias de 2027. Esto también ha provocado un mayor escrutinio por parte de Estados Unidos, que en abril acusó a diez funcionarios mexicanos por cargos de conspiración con carteles. El gobierno ha respondido no con una investigación independiente, sino con una enmienda constitucional que permite anular elecciones por motivos de “injerencia extranjera”, lo cual ha dado más municiones a sus críticos. Más recientemente, al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (Andy) le fue cancelada la visa estadounidense, lo que marca un aumento significativo de la presión de Estados Unidos, que ya alcanza el círculo más cercano.
Incluso sin contar las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, los costos económicos del crimen organizado dibujan un panorama sombrío, restando entre 0.5 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB en los países más afectados. A lo largo de dos décadas, esto deja a estas economías entre un 15% y un 30% más pequeñas de lo que podrían haber sido. Eso, también, representa un alto costo humano.
El autor
Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda y Crédito Público de México y exgobernador del Banco de México, es Tesorero del G-30.
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