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Francelys García estaba allí. Su esposo, Rosmel Méndez, es uno de los 32 militares desaparecidos del caso Gedeón. Este caso, que se remonta a 2020, surge de una operación militar fallida conocida como ‘Operación Gedeón’, un intento de golpe de Estado que fue sofocado por las fuerzas de seguridad. Los militares implicados fueron detenidos, pero lo que comenzó como una detención se convirtió en una desaparición forzada. Sus familias no tienen acceso a información sobre dónde están, en qué condiciones se encuentran, o si están vivos. Es lo que jurídicamente se conoce como una violación del derecho de ‘habeas corpus’, el principio fundamental que garantiza que toda persona detenida tiene derecho a saber dónde está siendo retenida y a comparecer ante un juez. En Venezuela, este derecho ha sido sistemáticamente violado.

Hace más de cinco años que detuvieron a Rosmel Méndez tras la fallida operación de 2020. Hace seis meses que desapareció del sistema penitenciario al ser trasladado a un fuerte militar. Seis meses sin visitas, sin llamadas, sin respuestas. Sin que el Estado reconozca oficialmente dónde está. Francelys lleva 28 días en vigilia. Casi un mes de estar en la calle, esperando, exigiendo, denunciando. «Todo el mundo sabe que están, pero no están», se queja Francleys, junto a otros familiares que viven la misma incertidumbre que corroe el alma.

Una desaparición forzada, en términos legales internacionales, es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o con su consentimiento, seguida de la negativa a reconocer la detención o de ocultar el paradero de la persona. Es considerada un crimen de lesa humanidad por organismos internacionales como la Corte Penal Internacional. Lo que distingue a una desaparición forzada de una detención común es precisamente esto: la negación oficial de que la persona está detenida, la imposibilidad de ejercer el ‘habeas corpus’, la ausencia de registros en los sistemas penitenciarios. En Venezuela, esto se ha convertido en una práctica sistemática.

Junto los carteles de presos políticos estaba Maríalis Roa. Su hermano, Hugbel Rafael Roa Carusi, exdiputado por Trujillo, permanece detenido en la cárcel del Rodeo, acusado en el escándalo de PDVSA Cripto. Este caso, que ha marcado profundamente a Venezuela, surge de un esquema de corrupción donde funcionarios petroleros desviaban fondos públicos a través de criptomonedas, aprovechando la falta de supervisión durante los años de mayor crisis económica del país. Lo que comenzó como un mecanismo para evadir sanciones internacionales se convirtió en uno de los mayores robos de recursos públicos en la historia reciente venezolana. Pero la historia de Hugbel es diferente. Es la de un hombre que ayudó a construir el sistema que ahora lo devora.

Roa no era disidente. Era parte del chavismo. Diputado de la Asamblea Nacional, ocupó incluso la cartera de Educación cuando la revolución bolivariana aún prometía transformación. Pero, cuando la corrupción dentro del propio gobierno se hizo insostenible, cuando los funcionarios petroleros comenzaron a desviar fondos públicos a través de criptomonedas, Hugbel fue atrapado en la red. No por ser opositor. Por ser parte de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos 25 años, tan vasto que era imposible de encubrir.

«Esperamos que con esta ley de amnistía se cumpla lo que bien se dice: un juicio justo en libertad», decía Maríalis, mientras su madre explicaba los detalles médicos de su hijo. Hugbel entró a prisión con una patología. Ahora tiene cuatro. Las condiciones del Rodeo, donde el sistema de justicia ha sido reemplazado por la arbitrariedad, lo han deteriorado progresivamente. Lo más irónico es que ahora vive lo que durante años la oposición denunciaba: persecución política, cárceles inhumanas, juicios sin garantías.

Sin embargo, hay un problema que oscurece cualquier esperanza. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que la ley de amnistía tendría excepciones. Entre ellas, el robo y la corrupción. Y Roa está acusado precisamente de eso. Maríalis insiste en que no hay pruebas contundentes, solo testimonios. Pero las excepciones podrían dejarlo fuera. El hombre que ayudó a construir el sistema que lo persigue podría quedar atrapado en ese mismo régimen, sin amnistía, sin salida.

Los carteles frente al Palacio de Justicia eran imposibles de ignorar. «Exigimos libertad para todos los presos políticos en Venezuela», decían las letras blancas sobre negro. Fotos de rostros desaparecidos pegadas en cartulinas. Nombres. Edades. Una mujer en púrpura levantaba la bandera de Venezuela con los brazos extendidos, como si quisiera que todo Caracas la viera. Su determinación no era desesperación. Era exigencia. Era dignidad.

Lo que sucedía frente al Palacio de Justicia era lo que llamaban un acto de presencia. Pero era más que eso. Era una declaración: la sociedad civil diciéndole al Estado que podían estar en espacios públicos, denunciando desapariciones forzadas, exigiendo verdad y justicia, sin desaparecer por ello. Eso era lo que había cambiado.

Los números cuentan una historia de cambio acelerado. Desde el 30 de enero de 2026, cuando la presidenta encargada anunció la ley de amnistía, Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos. Pero también revelan una realidad más oscura: al 1 de febrero, la misma organización reportaba que se desconocía el paradero de 52 personas en el país. Desaparecidos. Sin rastro. Sin explicación oficial. Sin posibilidad de ejercer habeas corpus.

Nicmer Evans, el politólogo recientemente liberado del Helicoide, tenía una visión más exigente. «La ley debe contemplar imprescindiblemente una comisión de la verdad», dice. «Y una comisión que tenga acceso a procesos de investigación en casos como estos». Evans habla de desapariciones, de años de incertidumbre, de familias que no sabían si sus seres queridos estaban vivos o muertos. La amnistía, para que sea real, tiene que incluir verdad, investigación y reparación. Tiene que garantizar que el ‘habeas corpus’, ese derecho fundamental, sea restaurado y protegido.

Las familias esperan justicia

Pero, mientras Evans hablaba de justicia, las familias frente a los tribunales seguían esperando. Algunos de estos militares habían sido sentenciados a treinta años de prisión en juicios realizados dentro del Helicoide, sin abogados defensores, sin garantías procesales. Ahora estaban desaparecidos. Y sus familias estaban aquí, bajo el sol, diciendo que no era aceptable.

Este jueves, mientras el Parlamento inicia el debate de la ley de amnistía, algo se quiebra en Caracas. No es que el miedo haya desaparecido. Sigue allí, visceral, presente. Pero algo ha cedido. La gente está en las calles. Después de años de represión, de detenciones arbitrarias, de un aparato de seguridad que ha fichado a cualquiera que se atreva a protestar, la sociedad civil ha descubierto algo que los gobiernos autoritarios temen más que cualquier arma: la posibilidad de que sus ciudadanos dejen de creer que están solos. Que descubran que pueden estar juntos, en público, sin permiso, sin miedo paralizante. Eso no es una revolución. Es algo más lento, más profundo. Es la erosión del poder que se construye sobre el silencio. Y en Venezuela, donde el silencio ha sido la única moneda de cambio durante años, eso es casi revolucionario.

La iniciativa, anunciada la semana pasada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se produce en un clima de profundo escepticismo por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian el secretismo que rodea al texto y exigen su publicación inmediata para un análisis riguroso.

La propuesta legislativa, que necesita superar dos debates parlamentarios antes de ser sancionada, abarcaría a personas detenidas por motivaciones políticas desde 1999 hasta la fecha. Sin embargo, el anuncio oficial ya adelantó exclusiones significativas, dejando fuera a procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos, un punto que genera incertidumbre sobre su verdadero alcance. El segundo debate de la ley se prevé en la próxima sesión de la Asamblea, el martes de la semana que viene. Este movimiento legislativo ocurre en un contexto de recientes liberaciones, con 383 excarcelaciones verificadas por la ONG Foro Penal desde el pasado 8 de enero.

 

El director de esta organización, Gonzalo Himiob, calificó el inicio del debate como «positivo», pero condicionó su optimismo. «El texto que se va a discutir debe hacerse público de inmediato», sentenció. Esta demanda es compartida por otras organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, que manifestó en un comunicado que «ninguna ley de amnistía puede debatirse ni aprobarse de espaldas a las víctimas».

Excluidos y beneficiados

Antes de empezar la discusión acerca del borrador de la ley, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la norma busca ofrecer «suficientes garantías para todos los privados de libertad (la forma de llamar a los presos políticos), pero somos conscientes de la polarización que ha generado la ley de amnistía». Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, considera que «debe ser la síntesis de un diálogo para que no sea la violencia la que determine el destino de nuestro país. El cambio político tiene que ser por la vía electoral y pacífica».

Dejando atrás la retórica chavista que se vino abajo con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, Jorge Rodríguez hasta pidió disculpas. «Pedimos perdón y tenemos que perdonar también», dijo mostrando una foto de Hugo Chávez con un crucifijo en su mano durante la sesión parlamentaria.

El texto del proyecto de ley, al que tuvo acceso ABC, reconoce «la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación».

El documento, de quince páginas, comienza enumerando los casos que estarían excluidos de esta amnistía –la segunda del régimen tras la aplicada por Chávez en 2007–. Entre ellos están aquellas personas que hayan participado en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, delitos de homicidio doloso, tortura, desaparición forzada, violación y secuestro, así como haber participado en el tráfico de drogas.

Desde hace años hay una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y la cúpula chavista por crímenes de lesa humanidad, por lo que, de ser condenados, esta ley no les liberaría.

A continuación, el documento se refiere a la aplicación de la medida, que será «inmediata y preferente» para las personas encarceladas por «hechos de naturaleza política, de opinión, de manifestación pacífica o de expresión en redes sociales».

Entre los que sí serán favorecidos con esta medida legislativa se encuentran aquellos que han sido encarcelados por «instigación al odio, instigación y asociación para delinquir, rebelión, terrorismo y traición a la patria», entre otros delitos que el régimen ha utilizado para de manera sistemática perseguir y encarcelar a miembros de la oposición. Este último es del que están acusados líderes como María Corina Machado, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, Leopoldo López y el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma.

La medida también afecta a los que han sido encarcelados por participar en actos, manifestaciones y protestas en momentos históricos como el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 o en las movilizaciones de 2004, 2007, 2014, 2017 o 2024. Además se extiende a aquellas personas que hayan sido inhabilitadas para ocupar un cargo público entre 1999 y 2026, como consecuencia de una persecución política. Esta medida afectaría de manera directa a María Corina Machado, quien no pudo presentarse a las elecciones del 28 de julio 2024, y tuvo que ser sustituida por Edmundo González.

Reconciliación nacional

En el debate, el primero en tomar la palabra fue el diputado Jorge Arreaza, exyerno del difunto Hugo Chávez. Afirmó que su norte es la paz. Recordó las amnistías que había firmado su exsuegro. Dijo que el 3 de enero «nos ayudó a madurar. La única limitación de la ley de amnistía es la que establece la Constitución venezolana, como los crímenes de lesa humanidad, la corrupción y la malversación de los fondos públicos. La amnistía busca consolidar lo que nuestra Constitución establece, que es el Estado de derecho y la justicia. Su trascendencia es humana, que nadie la use para la venganza ni mezquindades, que nadie confunda esta iniciativa con impunidad y cartas blancas. Esta ley es necesaria».

El diputado Luis Augusto Romero celebró la iniciativa de presentar dicha ley como un acto de «valentía y fuerza». Según dijo, desde la bancada de la oposición «vamos a participar con nuestros aportes. Llevamos demasiados años de confrontación, este país no aguanta una revancha más. Habrá dilemas y circunstancias difíciles. Haremos énfasis a las violaciones de los derechos humanos y generar condiciones para que eso no se repitan. Vamos a buscar equilibrio para lograr una ley meritoria y extraordinaria. Soy optimista y exhorto a la comisión para que participen todos y todos opinen, sea debate honesto y sincero, el objetivo para la reconciliación, es tiempo de avanzar».

Carolina García dijo que «nos convocamos a sanar las heridas. No es para poner la otra mejilla, no es una debilidad, es una ley contribuye al respeto y la convivencia, y un voto de confianza, para que no vuelvan los extremismos, los bloqueos de calles y volver a vivir el 3 de enero, acompañamos esta ley».

El diputado opositor Tomas Guanipa defendió la necesidad de «reformar todo el sistema judicial y liberar a todos los presos políticos, garantizar los derechos a todos», así como acelerar la ley de amnistía como se hizo con la de hidrocarburos para abrir la economía venezolana.

La estatua es una reconstrucción de una obra inaugurada en Baltimore por Ronald Reagan y arrojada al puerto por manifestantes en julio de aquel año, en pleno auge de las movilizaciones contra el racismo y los símbolos asociados a la colonización. Las imágenes del derribo dieron la vuelta al mundo. Empresarios y políticos italoestadounidenses recuperaron los restos y financiaron su restauración con apoyo de donaciones, organizaciones locales y fondos federales. Trump ha ordenado que la pieza sea limpiada y preparada para su traslado, y permanece en estos momentos completamente cubierta mientras se ultiman los trabajos previos a su instalación.

Según contó ABC en 2022, esa estatua fue restaurada tras haber sido destruida. El artista Will Hemsley rescató los fragmentos hundidos y dedicó cerca de mil horas de trabajo gratuito a reconstruirla, con técnicas de escaneado en tres dimensiones y un molde rellenado con mármol recuperado y resina. La escultura original, inaugurada en 1984 por Reagan como homenaje a la comunidad italoamericana, renació gracias a donaciones privadas y una aportación del Fondo Nacional para las Humanidades. Su futuro quedó entonces pendiente de encontrar un nuevo emplazamiento.

La Casa Blanca no confirmó oficialmente el plan, pero un portavoz fue tajante en un correo enviado a varios medios: «En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe». Trump ha defendido reiteradamente su figura como símbolo de la identidad italoestadounidense y como bandera cultural frente a lo que describe como ataques de la izquierda. En octubre firmó una proclamación para celebrar el Día de Colón, al que calificó como «el héroe americano original», y pidió a los votantes que lo recuerden en las urnas. En 2025 volvió a celebrarlo de forma explícita, tras años en que Joe Biden había dado protagonismo al Día de los Pueblos Indígenas y marcado la jornada con un enfoque distinto sobre el legado histórico.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del presidente para reordenar el relato nacional desde el poder federal. Trump ya incluyó a Colón en una orden ejecutiva de 2021 con una lista de figuras para su proyecto del National Garden of American Heroes, un ambicioso «jardín de héroes» con estatuas de personajes célebres. El plan, reactivado tras su regreso al Despacho Oval y con el 250 aniversario del país en el horizonte, prevé encargar hasta 250 esculturas financiadas con fondos públicos.

El programa ha generado críticas en el ámbito académico y cultural. Historiadores han advertido de que responde a una visión jerárquica de la historia, centrada en grandes figuras, mientras se recortan recursos destinados a archivos comunitarios, digitalización de periódicos locales o recopilación de testimonios de minorías. Parte del dinero, según ha señalado The New York Times, procede de partidas antes asignadas a la National Endowment for the Humanities y la National Endowment for the Arts, cuyos presupuestos han sufrido recortes drásticos.

La instalación de Colón llega además en un contexto de tensión creciente en torno a los monumentos públicos. En Washington, un manifestante fue condenado en 2025 por vandalizar una estatua de Colón cerca de Union Station, un episodio que reavivó el debate sobre la carga política de estos símbolos. Trump ha impulsado también otras restauraciones de estatuas atacadas durante las protestas de 2020, mientras su administración acomete reformas físicas en el complejo presidencial que han provocado críticas de conservacionistas.

La estatua de Colón en Union Station, hoy cubierta y en proceso de limpieza por orden directa del presidente, se perfila como un nuevo gesto de la batalla cultural que Trump ha convertido en uno de los ejes de su mandato: decidir qué memoria se exhibe en los jardines de la Casa Blanca y quién ocupa, de nuevo, el pedestal de la historia oficial de Estados Unidos.

En los primeros intercambios se ha abordado el fin del bloqueo a la economía cubana aplicado por Estados Unidos. La Casa Blanca podría gestionar el fin de ese mecanismo de presión a cambio de que el régimen permita la entrada de empresas estadounidenses a sectores estratégicos de su economía como los de energía, turismo, banca y telecomunicaciones.

Un giro que iría de la mano de los últimos congresos del Partido Comunista de Cuba, en los que se menciona, especialmente desde finales de 2025, la necesidad de una economía más descentralizada.

No es la primera vez que se habla de terminar el embargo a cambio de negocios: en la Administración de Barack Obama se mencionó la misma posibilidad cuando el presidente demócrata viajó a la isla en marzo de 2016, en el marco de su política de deshielo hacia Cuba.

El primer gesto que podría dar señales de un acuerdo mayor entre La Habana y Washington, según deslizan a ABC funcionarios mexicanos, sería que EE.UU. le vendiera a Cuba el petróleo necesario para sobrevivir. Actualmente se trata de entre 100.000 y 150.000 barriles de crudo por día.

Toda la negociación entre Castro Espín y los emisarios estadounidenses transcurre bajo un sistema de presión puesto sobre la mesa desde el inicio: EE.UU. podría considerar a Cuba cómplice de Nicolás Maduro, preso en Nueva York acusado de narcoterrorismo, y a partir de ahí detonar una escalada militar similar a la sucedida en Caracas hace un mes. De este modo, la acción militar se sumaría a la situación de catástrofe humanitaria que atraviesa la isla.

Los contactos suceden en un contexto de alta tensión, en el que Donald Trump asegura que el régimen castrista está en sus momentos finales y que ya existen conversaciones para que el país caribeño «vuelva a ser libre», como señaló el mandatario este martes.

Durante el fin de semana, el medio digital ‘El Periódico de Cuba’, con sede en Miami, informó de que Castro Espín habría realizado un viaje relámpago a México para reunirse con agentes de la CIA y hablar sobre una eventual transición.

En el Gabinete de Sheinbaum no confirman oficialmente la presencia del coronel, pero sostienen que dos negociadores de su confianza llevan conversaciones con la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. Actualmente, esa representación está encabezada por Ronald Johnson, un exagente de la CIA que en el primer gobierno de Trump fue embajador en El Salvador.

El facilitador

El facilitador de estas conversaciones es el encargado de asuntos de seguridad de la Cancillería mexicana, Efraín Guadarrama, un funcionario que viene del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anterior al de Sheinbaum, y que tiene buenas relaciones con los regímenes de China, Venezuela y, ahora también, Cuba. Guadarrama accede a diario al Palacio Nacional para la reunión de seguridad que tiene lugar a las cinco de la madrugada, en la que participa la presidenta.

Además, Guadarrama es cercano a Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y principal enlace del Gobierno mexicano con Estados Unidos. Velasco tiene línea directa con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Marco Rubio. Landau conoce a Velasco desde que era embajador en Ciudad de México en la primera administración de Donald Trump.

En el entorno de Sheinbaum, la negociación es seguida de cerca por Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina presidencial. Cárdenas Batel proviene de una familia íntimamente ligada a Cuba. Su padre, Cuauhtémoc Cárdenas, fue el gran referente de la izquierda mexicana en la década de 1980 y llegó a ser alcalde de Ciudad de México en 1997. Cuauhtémoc Cárdenas era amigo personal de Fidel Castro y lo es de su hermano Raúl y del actual presidente, Miguel Díaz-Canel. En la campaña presidencial mexicana de 2024 apoyó abiertamente a Sheinbaum.

Ayuda humanitaria

Cuba se ha convertido en un asunto crucial para el Gobierno mexicano. Sheinbaum ha defendido en sus discursos su intención de apoyar al régimen con envíos de petróleo bajo el argumento de que es ayuda humanitaria. El Departamento de Estado, sin embargo, fulminó cualquier posibilidad cuando, a través de diversas llamadas en las dos últimas semanas, le dijo a la mandataria que, si seguía apoyando a Cuba, su país podría sufrir sanciones comerciales.

El futuro de la isla se encuentra en la esfera del secretario de Estado Marco Rubio, quien, a su vez, es el principal respaldo de México en el Gabinete de Trump: el secretario nunca ha apoyado públicamente la intención del presidente de enviar tropas a México para combatir al crimen organizado.

A petición de Rubio, según fuentes diplomáticas, Sheinbaum dejó de cuestionar la captura de Maduro y, desde hace tres semanas, guarda silencio sobre la situación en Venezuela.

El papel de Marco Rubio

Rubio, a su vez, juega un papel decisivo en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-Mec). Dicho bloque comercial es la piedra angular de la economía mexicana y debe revisarse este año, cuando en la Casa Blanca domina un discurso proteccionista en materia comercial.

El nivel de interacción entre el Gobierno mexicano y el Departamento de Estado explica que México sea una suerte de mediador para el futuro de Cuba, algo que el propio canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, planteó hace una semana en una reunión con senadores del oficialismo.

La apuesta mexicana es evidente: Sheinbaum ayuda a Rubio en Cuba porque entiende que contribuye a sus aspiraciones de ser el sucesor de Trump y, en paralelo, blinda a México de los halcones que rodean al presidente republicano y quieren enviar tropas al sur del río Bravo.

Rusia disparó 71 misiles de distintos tipos y más de 450 drones. El objetivo fueron las instalaciones energéticas de varias provincias del país y la de la capital. El estruendo de lo primeros drones se escuchó en la capital pasada la medianoche. La incertidumbre sobre la duración de la tregua anunciada por Trump se despejó entonces. Esta vez el Kremlin sí cumplió su palabra, pero sólo durante cuatro días.

Washington había prometido una semana de alto el fuego, pero el Kremlin solo accedió a detener su ofensiva energética hasta el pasado domingo. La reanudación de los bombardeos se produce en plena ola de frío, cuando los termómetros marcan temperaturas de 20 grados bajo cero y las máximas no pasan de 12 bajo cero.

Los heridos ascienden a nueve personas. Horas antes del ataque, el presidente ucraniano vincula las «medidas de desescalada» de esta corta tregua con los «posibles resultados» de la nueva ronda en Abu Dabi. A pesar del revés, no ha habido señales de que las conversaciones se cancelen.

El jefe de Estado de Ucrania cambió de tono en su primer mensaje del día. «Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia», denunció Volodímir Zelenski. «Una vez más, se produjo un ataque dirigido específicamente contra instalaciones energéticas», subrayó.

La mayor compañía eléctrica ucraniana, DTEK, informó a primera hora de que sus centrales térmicas habían sido objeto del bombardeo. Con último golpe, la empresa energética acumula hasta nueve grandes ataques desde octubre de 2025.

El ataque ruso no sólo afectó a la capital de Ucrania. La ciudad de Járkov, también vivió una noche extremadamente complicada. El alcalde de la segunda ciudad más grande del país, Igor Terejov, afirmó que más de 800 inmuebles perdieron el suministro de calor. «El objetivo es claro: causarle la máxima destrucción y dejar la ciudad sin calefacción en caso de fuertes heladas», manifestó.

Por otra parte, las autoridades locales de Odesa destacan que más de 50.000 hogares se quedaron sin electricidad en el sur de la región, y en la provincia de Vínnitsia unas 50 localidades enfrentan apagones.

Próxima ronda de negociaciones

A pesar del nuevo ataque, Ucrania permanece en la mesa de negociaciones. La nueva cita está prevista para esta misma semana. Zelenski manifestó días atrás que el diálogo en Abu Dabi se llevaría a cabo el 4 o el 5 de febrero. Según varios medios de comunicación, el enviado especial de Trump para Rusia, Steve Witkoff, estará presente. Zelenski, por su parte, anunció que se prevé una reunión separada entre las delegaciones de EE.UU. y la enviada por Ucrania. Según el líder ucraniano, el trabajo del equipo negociador se ajustará «en consecuencia» tras el último bombardeo.

Los temas principales son los mismos que en la anterior reunión: el estatus del Donbás, la tregua energética y el control de la central de Zaporiyia. La mayor planta de energía nuclear de Europa, situada en pleno frente de guerra, está bajo control ruso desde 2022.

En las últimas horas se han filtrado, además, algunos detalles sobre la respuesta a una violación rusa del eventual alto el fuego. Según fuentes del rotativo ‘Financial Times’, en el caso de que las hostilidades se mantuviesen por más de 24 horas habría una respuesta militar por parte de los aliados de la ‘coalición de los dispuestos’. Si el ataque continúa, después de 72 horas se lanzaría una repuesta occidental coordinada que sí incluiría fuerzas de EE.UU.

La visita era de especial sensibilidad para Petro, que ha tratado de estabilizar su relación con Trump en el comienzo del año, a pocos meses de las elecciones en las que tratará de mantenerse como presidente de Colombia, previstas para el próximo 31 de mayo.

La delegación colombiana pidió a la Casa Blanca que la visita estuviera alejada de los focos, contra la preferencia habitual de Trump. El recuerdo de encuentros explosivos delante de las cámaras, en directo, como el que ocurrió hace poco más de un año en el mismo escenario con Volodímir Zelenski, llevó a los colombianos a preferir una visita discreta. Trump es impredecible y Petro también lo es, un cóctel para el desastre en un momento de relaciones turbulentas entre ambos países.

Entrada discreta

La visita no pudo ser más discreta. Trump no recibió en público a Petro en el lugar habitual por el que entran las visitas de jefes de Estado y de Gobierno a la Casa Blanca, el pórtico norte. Mucho menos en el pórtico sur, que solo se usa para las grandes ocasiones (por ejemplo, cuando Trump recibió al Rey Felipe VI y la Reina Letizia en su primer mandato).

Petro entró por el edificio Eisenhower, en el lado oeste de la Casa Blanca, sin la presencia de la guardia de honor ni protocolo ceremonial. Sin el habitual saludo con las cámaras en el que Trump da la bienvenida a sus invitados.

Después, la Presidencia de Colombia compartió imágenes de Trump y Petro en la Casa Blanca, con un saludo afable y un paseo por la columnata que lleva al Despacho Oval, donde ambos mantuvieron una reunión.

Trump ha calificado al presidente de Colombia de «líder del narcotráfico», le ha atizado con sanciones y no ha dejado de lanzarle ataques verbales. En especial, en los últimos meses del año pasado, durante la campaña de ataques militares a narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico, en los que Trump hizo sonar los tambores de guerra contra Venezuela y, también, contra Colombia.

Son dos figuras antagónicas en lo ideológico -Trump, un millonario y estrella de la televisión convertido en populista de derechas; Petro, un exguerrillero izquierdista antiestadounidense- que han puesto en el alambre la relación entre dos países que han cooperado con fuerza. En especial, para acabar con la lacra del narcotráfico, aunque sin apenas resultados.

Poco después de llegar a la Casa Blanca, quedó claro que la relación entre ambos sería tormentosa. Petro aseguró que no recibiría vuelos de inmigrantes indocumentados deportados y Trump le sacudió en redes y le impuso aranceles disparados. El colombiano tuvo que dar marcha atrás.

La relación se ha deteriorado hasta hace unas semanas. Tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero, quizá Petro puso sus barbas a remojar. Mantuvo una conversación telefónica con Trump que fue positiva y, de forma sorprendente, el presidente estadounidense le invitó a visitar la Casa Blanca.

El narcotráfico fue uno de los grandes asuntos del encuentro, entre las constantes acusaciones de Trump y la defensa de Petro de sus esfuerzos en este sentido. Antes de dirigirse a la Casa Blanca, desde la Embajada de Colombia, Petro habló del problema de la droga.

«Nosotros lo hemos sufrido de manera directa y real, no se trata de un discurso. He dedicado quince años de mi vida a debates que algunos de ustedes presenciaron y documentaron», dijo en declaraciones junto a su hija, Andrea Petro; su nieta Mailé, nacida el año pasado en Canadá; y Maira Maira González, esposa de Andrés Petro, uno de sus hijos, con asilo en Canadá desde 2021 por amenazas.

Petro defendió que su lucha contra la droga ha supuesto el exilio de sus hijos. “El 35% del Senado de la República terminó en la cárcel a raíz de mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo. El poder político se entregó a la codicia, y nosotros estamos trabajando para rescatarlo, porque una Colombia en paz es una Colombia donde prevalece la belleza y no la codicia”, aseguró.

Pero la realidad, que no escapa a la Administración Trump, es que la producción y la exportación de cocaína en Colombia ha crecido. Según los números de la ONU, sobrepasó las 3.000 toneladas en 2024, un incremento del 12,6% frente al año anterior. En 2023, el país sudamericano tenía 253.000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, un récord, y el 67% del total en el mundo.

El nuevo lote difundido forma parte de la aplicación de la llamada «Epstein Files Transparency Act» y añade más de tres millones de documentos al conjunto ya disponible. Entre ellos figuran alrededor de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, además de abundante documentación financiera y correspondencia que permiten reconstruir con mayor detalle la red de contactos del financiero estadounidense. Epstein falleció en 2019 mientras aguardaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su entorno continuó bajo investigación tras su muerte, incluido el proceso que culminó con la condena de su colaboradora más cercana, Ghislaine Maxwell.

Dentro de ese material aparecen tres transferencias a Mandelson de 25.000 dólares cada una, fechadas entre 2003 y 2004, enviadas desde cuentas de Epstein en JP Morgan. La primera operación se dirige a una cuenta de Barclays vinculada a Reinaldo Avila da Silva, entonces pareja del político y hoy su marido, donde ambos nombres figuran asociados a la cuenta, mientras que las otras dos, efectuadas con pocos días de diferencia, se consignan a cuentas de HSBC.

Consultado por ‘Sky News’, el exministro afirmó que ni él ni su marido «tienen registro o recuerdo de haber recibido pagos (de Epstein) en 2003 o 2004 o de saber si la documentación es auténtica». En la carta de renuncia remitida a la dirección del Partido Laborista escribió: «Las acusaciones, que creo falsas, de que me realizó pagos económicos hace 20 años y de los que no conservo ningún registro ni recuerdo, necesitan ser investigadas por mí mismo», y añadió que no desea «causar más vergüenza al Partido Laborista», motivo por el que ha optado por darse de baja.

La publicación reabre una controversia que se arrastra desde hace meses. En septiembre pasado, el Gobierno de Keir Starmer lo destituyó como embajador en Washington tras salir a la luz unos correos electrónicos en los que enviaba mensajes de apoyo a Epstein después de la condena que este recibió en 2008 por prostitución de menores. Downing Street sostuvo entonces que la naturaleza de la relación era «materialmente diferente» de lo que se conocía cuando fue designado para el cargo.

Los nuevos archivos incorporan también intercambios de correos de 2009 en los que Avila da Silva solicita ayuda económica a Epstein para sufragar un curso de osteopatía, con el detalle de la matrícula y otros gastos, y recibe horas después la respuesta de Epstein: «Te haré la transferencia del préstamo de inmediato». Al día siguiente, según los documentos, confirma que el dinero había llegado a su cuenta.

Otros mensajes muestran conversaciones entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein sobre un posible esquema societario para la adquisición de un apartamento valorado en dos millones de libras en Río de Janeiro, mediante empresas registradas en Brasil y Panamá. El grupo Tax Policy Associates afirmó que la estructura parecía «un esquema de evasión fiscal altamente artificial». Mandelson declaró que no recuerda esa propuesta, que nunca ha poseído propiedades en Brasil y que no mantiene vínculos con sociedades en Panamá.

Asimismo, la correspondencia de finales de 2009 incluye mensajes en los que el entonces responsable de la empresa comenta con Epstein la posibilidad de modificar el diseño de un impuesto extraordinario sobre las primas de los banqueros tras la crisis financiera. En uno de ellos le escribe que «estoy intentando modificarlo con ahínco. El Tesoro se mantiene firme, pero me estoy ocupando del asunto». Posteriormente sostuvo que sus conversaciones reflejaban la posición general del sector financiero y no la petición de un individuo concreto.

Entre los documentos figura además una fotografía de Mandelson en ropa interior junto a una mujer cuyo rostro está pixelado. El exministro declaró que no puede identificar ni el lugar ni las circunstancias en que fue tomada.

La reacción política ha sido inmediata. Dirigentes de partidos de la oposición han pedido una investigación formal sobre si, durante su etapa como ministro, Mandelson o su entorno recibieron fondos de Epstein, y algunos parlamentarios han planteado que se revise su estatus en la Cámara de los Lores.

De momento el diálogo es indirecto, aunque todo apunta a una posible reunión cara a cara entre el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el enviado de Trump, Steve Witkoff, esta misma semana en Ankara. El portal Axios, con fuentes directas en la Casa Blanca, desveló que podría organizarse el viernes. Antes del encuentro con los iraníes, Witkoff viajará a Israel para hablar con Benjamín Netanyahu, quien es partidario de una operación a gran escala para derrocar al régimen, y el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, según dos altos cargos israelíes. Zamir ya estuvo hace unos días en Washington para evaluar las diferentes opciones militares contra los ayatolás.

Con su habitual estrategia del palo y la zanahoria, Trump admitió el domingo los contactos con la república islámica y dijo que confiaba en alcanzar un acuerdo para evitar una acción militar. 24 horas después, el portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, detalló que «países de la región están actuando como mediadores en el intercambio de mensajes (…) Se han abordado varios puntos y estamos examinando y cerrando los detalles de cada etapa del proceso diplomático, que esperamos concluir en los próximos días».

El nivel de confianza entre las partes está en el mínimo tras lo ocurrido en junio, cuando Israel atacó por sorpresa cuando Estados Unidos e Irán estaban en medio de la negociación para un nuevo acuerdo nuclear. Los estadounidenses se sumaron a la operación, que duró 12 días, con el bombardeo de las principales plantas atómicas del país.

El reloj corre en contra de un régimen islámico que acude a la mesa negociadora con la fuerte presión de las protestas internas, que se han saldado con miles de muertos por la represión, y la amenaza de un ataque a gran escala. A esto hay que sumar el efecto de las sanciones internacionales que han asfixiado a la economía local hasta hundir el rial a sus mínimos históricos respecto al dólar.

Macro nuclear

«El presidente Pezeshkian ha ordenado la apertura de conversaciones con Estados Unidos», informó la agencia Fars, citando una fuente gubernamental no identificada. «Irán y Estados Unidos mantendrán conversaciones sobre el expediente nuclear», añadió la agencia sin especificar una fecha concreta. Los medios oficiales destacaron que se trata de retomar el proceso nuclear, en suspenso desde el verano. Tras los ataques estadounidenses de junio, Teherán asegura que su trabajo de enriquecimiento se ha detenido, pero guarda un stock importante uranio enriquecido a un alto nivel y Washington podría exigir que lo envíe al extranjero.

El Kremlin indicó que Rusia ofrece sus servicios para procesar o almacenar este uranio enriquecido iraní, en palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Los iraníes insisten en que su programa nuclear es exclusivamente para la generación de electricidad y otros usos civiles y se muestran dispuestos a pausar el enriquecimiento y enviar el stock al extranjero a cambio del levantamiento de las sanciones. Occidente teme que ese uranio se pueda utilizar para armar las cabezas de los misiles del arsenal iraní.

Desde Estados Unidos insisten en que ahora la negociación debe ser más amplia que el acuerdo atómico, quieren dar un paso más allá. El equipo de Trump, en coordinación con Israel, exige a los iraníes que detengan su programa balístico, la gran amenaza para el Estado judío y las bases estadounidenses en la región, y el apoyo a sus grupos afines en la región, como Hamás, en Gaza, Hizbolá, en Líbano, o los hutíes, en Yemen. Teherán siempre se ha negado a mezclar estos dos aspectos con el contencioso nuclear. La flexibilidad iraní con el tema atómico es diferente a la posición firme que mantiene sobre misiles y grupos aliados.

La escalada dialéctica de los últimos días llevó a Teherán a poner sobre la mesa el Estrecho de Ormuz, vía por la que pasa el 20% del petróleo mundial. Los iraníes apelaron al estrecho como arma de disuasión, dijeron que en caso de ataque el paso «no sería seguro» para los barcos y anunciaron maniobras militares con munición real. Tras la posibilidad de retomar el diálogo, Irán canceló las maniobras en este lugar donde un pequeño problema tendría repercusiones a nivel global.

Pero, cuando todo apuntaba al inicio del cruce de personas en ambas direcciones, Israel sorprendió al anunciar que el movimiento se retrasaba al menos 24 horas para dedicar la primera jornada a una “fase piloto para probar y evaluar el funcionamiento del paso”.

Los medios israelíes, citando fuentes egipcias, aseguraron que agentes de seguridad palestinos cruzaron la puerta egipcia del paso y se dirigieron hacia la puerta palestina para unirse a una misión de la Unión Europea que supervisará las entradas y salidas. Las mismas fuentes indicaron que varias ambulancias también cruzaron por la puerta egipcia.

Israel se reserva el control de todos los movimientos y adelanta que el paso se abrirá solo para personas, no se utilizará para la tan necesaria entrada de ayuda humanitaria. A falta de conocer los datos concretos, de las declaraciones de los dirigentes israelíes se desprende que se espera que más personas puedan salir que entrar, aunque el número de salidas diarias también será limitado.

Los medios de Israel apuntaron que las autoridades egipcias seguirán controlando el paso en su lado de la frontera y los nombres de quienes soliciten regresar a Gaza deberán ser aprobados primero por El Cairo y después por Israel, con 24 horas de antelación. El personal de seguridad israelí no estará presente en el propio paso, pero operará un punto de control dentro de Gaza, donde los que entren serán sometidos a exhaustivos controles. Los gazatíes que quieran salir necesitarán una autorización para viajar al extranjero que expedirá la Autoridad Palestina, previa coordinación con los israelíes.

Más de 20.000 enfermos y heridos esperan su turno para poder salir y recibir tratamiento en hospitales extranjeros. Desde Unicef destacaron la importancia de la apertura porque “las evacuaciones médicas son cruciales. He conocido a muchos niños heridos, amputados por explosiones durante la guerra, que han perdido un brazo o una pierna. Algunos han sido atendidos aquí, pero el sistema sanitario no es suficiente para absorber todas las enormes necesidades de rehabilitación”, declaró su portavoz, Jonathan Crickx, al canal Al Yasira.

La reapertura parcial llega tras meses de presión por parte de la ONU y de organizaciones humanitarias internacionales, que reclaman desde hace tiempo el desbloqueo del acceso a un territorio devastado por casi dos años de bombardeos.

Nuevo Gobierno de tecnócratas

Además de los miles de gazatíes que esperan entrar para reunirse con sus familias, el nuevo Gobierno de tecnócratas formado por la Junta de Paz creada por Trump también espera la luz verde del Ejército. Hamás, que ha anunciado su disposición a entregar el control administrativo de la Franja a este órgano, señaló que esta reapertura “es un derecho conquistado por nuestro pueblo palestino”, según declaraciones de su portavo, Hazem Qasim. “Pedimos a los mediadores que sigan vigilando el comportamiento de la ocupación en el paso para que no nos enfrentemos a una reformulación del asedio por otras vías”, solicitó Qasim.

La prueba en el paso fronterizo llegó después de un sábado sangriento en el que Israel bombardeó el norte, centro y sur de la Franja y mató al menos a 31 personas, entre ellas varias mujeres y niños. Uno de los lugares atacados fue el campo de desplazados de Al Mawasi, en la denominada “zona segura” de Gaza por los militares hebreos. El Ejército aseguró que fue un ataque en respuesta por la irrupción de varios terroristas desde un túnel en Rafah.

Nickolay Mladenov, director general de la Junta de la Paz para Gaza, instó a las partes a “ejercer moderación y respetar el alto el fuego”. El diplomático búlgaro escribió en sus redes sociales que “estoy profundamente preocupado por lo ocurrido desde el viernes: combatientes armados de Hamás saliendo de un túnel en Rafah y ataques israelíes que, de forma trágica, también causaron la muerte de civiles”.

Desde la entrada en vigor del acuerdo de 20 puntos de Donald Trump en octubre, Israel ha matado a más de 500 palestinos. El cruce de Rafah debía haberse abierto durante la primera fase, pero los israelíes lo aplazaron como represalia por el retraso de Hamás en la entrega de los cuerpos de todos los rehenes. Benjamin Netanyahu reescribe las normas del pacto y ahora presiona a Trump para que establezca un ultimátum para el desarme de Hamás.

Cerrado desde mayo de 2024, salvo una breve reapertura a comienzos de 2025, Rafah debería reabrirse por completo en el marco del plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra iniciada tras el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, en Gaza, la espera continúa. «Cada día que pasa empeora mi estado y mi vida se me escapa», lamentaba para AFP Mohammed Shamiya, un enfermo renal de 33 años que aguarda autorización para salir del enclave y recibir tratamiento en el extranjero.

ICE, ICE, ICE… se escucha en una ciudad por lo general tranquila, somnolienta. Pero ahora sacudida por este despliegue masivo de agentes federales decretado por Trump, entre alegaciones de redadas indiscriminadas, detenciones de gente con papeles e incluso de ciudadanos, episodios de uso excesivo de fuerza y, también, acoso y resistencia a la labor de los agentes, en ocasiones de forma violenta. Y, por supuesto, la muerte de dos vecinos, ambos estadounidenses, ambos por disparos de agentes federales, en dos tragedias a todas luces innecesarias.

Los demócratas, que controlan Mineápolis y Minnesota, han combatido este despliegue, por ahora sin éxito. Una jueza federal decidió este sábado contra su exigencia de suspender las operaciones de los agentes federales. Y otro juez ordenó la liberación antes del martes del niño de cinco años Liam Conejo Ramos, cuya imagen se ha convertido en el símbolo de la crueldad de las redadas.

Mineápolis no ha sido la primera ciudad donde ha actuado el ICE. Antes vinieron Los Ángeles, Chicago o Nueva Orleans. Pero el despliegue en la principal ciudad de Minnesota puede haber sido una muestra de qué cara puede tener la mano dura de Trump: el desembarco de un pequeño ejército doméstico, fortalecido con inversiones multimillonarias y reclutamientos masivos, con tácticas agresivas y cuestionables y en confrontación con las autoridades locales.

«Mineápolis es un ensayo de lo que va a ocurrir en otros lugares de EE.UU.», advierte Madison, una entre varios cientos de manifestantes delante del edificio federal Whipple, un centro de operaciones cercano al aeropuerto. «Esto es la materialización de la deriva autoritaria de Trump, pero nosotros también estamos mostrando cómo hacerle frente».

Trump prometió en campaña la mayor deportación de inmigrantes indocumentados de la historia. Fue una promesa popular entre sus votantes, tras varios años bajo Joe Biden con la frontera desbordada, con cruces ilegales récord por parte de inmigrantes.

Nada más llegar a la Casa Blanca, Trump se puso manos a la obra. El primer requisito era fortalecer el brazo ejecutor de la política migratoria, la fuerza de seguridad encargada de detectar, detener y deportar inmigrantes indocumentados.

600.000 deportados

Con el apoyo de sus aliados republicanos, Trump ha llenado los bolsillos del ICE y del resto de agencias dedicadas al cumplimiento de la legislación migratoria. En la macroley de gasto aprobada en verano se incluyeron 170.000 millones de dólares (143.000 millones de euros) para ese objetivo. Tras el regreso del multimillonario neoyorquino al poder, el ICE ha visto triplicado su presupuesto operativo, además de fondos descomunales para el desarrollo de centros de detención. En total, 75.000 millones de dólares (63.000 millones de euros) solo para esta agencia.

Es conocido el gusto de Trump por los números redondos y simbólicos, que transmiten claridad en el mensaje. Por eso se puso como objetivo de política migratoria la deportación de un millón de indocumentados en un año. Es decir, unos 3.000 deportados por día. Se ha quedado muy lejos, en algo más de 600.000. Pero es un número muy importante si se tiene en cuenta que el presidente de EE.UU. ha logrado eliminar casi por completo las entradas ilegales en la frontera sur –uno de sus grandes logros–, donde es más sencillo ejecutar las deportaciones.

Para acercarse a ese objetivo, necesitaba multiplicar el número de efectivos: «boots on the ground», botas sobre el terreno. El cuerpo del ICE tenía unos 10.000 agentes hace un año. Ahora son más del doble, 22.000.

Para conseguirlo, se han tomado atajos. El periodo de entrenamiento en ICE era de cinco meses. Ahora dura ocho semanas, y no incluye clases de español, el idioma que hablan muchos de los objetivos de sus detenciones. Además, se han eliminado las limitaciones de edad. Antes se exigía que los candidatos fueran mayores de 21 años y menores de 40. También se han creado incentivos, como un bonus de entrada de 50.000 dólares (42.000 euros). Y se ha invertido en una campaña de publicidad multimillonaria por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE. Una campaña que ha sido polémica, por el contenido de algunos de los anuncios, que incluyen referencias de extrema derecha y supremacismo blanco.

La ley de la frontera

Por ejemplo, un anuncio en redes sociales del pasado agosto utilizaba la expresión ‘Which way, American man’ (‘¿Qué camino tomarás, hombre estadounidense?’), tomada del libro ‘Which way, Western man?’, una novela antisemita y racista de la década de 1970. En otro anuncio, se utilizaba la frase ‘We’ll have our home again’ (‘Recuperaremos nuestra casa’), un título de una canción de Pine Tree Riots, que es popular en círculos ultras.

Marla, una vecina de Mineápolis, levanta un cartel en una protesta cerca de donde murió Alex Pretti, el enfermero de 37 años al que dos agentes federales dispararon en medio de un altercado. ‘Incompetent Chaotic Executioners’ (Verdugos caóticos e incompetentes), se lee en el cartel, que utiliza las siglas del ICE para criticar la forma en la que los agentes federales han actuado en Mineápolis. «Su formación es cuestionable, no están preparados y operan fuera de la ley», critica.

Más allá de la formación apresurada de los nuevos agentes, el ICE opera con mano ancha desde el regreso de Trump. Su Gobierno ha relajado las regulaciones o las ignora. La Administración Trump eliminó la directiva de no realizar detenciones en lugares sensibles, como colegios, hospitales o iglesias. El DHS ha determinado que es legal entrar en los hogares de sospechosos sin órdenes judiciales, solo con órdenes administrativas, algo que está siendo combatido en tribunales. Y un juez federal reprendió esta semana a los responsables del ICE por violar casi cien órdenes judiciales en menos de un mes. «El ICE probablemente ha violado más órdenes judiciales en enero de 2026 que algunas agencias federales en toda su existencia», aseguró el magistrado Patrick Schiltz. «El ICE no es la ley en sí misma», criticó.

El ICE no está solo en Mineápolis. También tiene la asistencia de la Patrulla Fronteriza. Ambos cuerpos han participado en estos despliegues masivos, en territorios demócratas, con mucha atención mediática, que buscan tanto detener a indocumentados como mandar un mensaje de miedo.

A la Patrulla Fronteriza pertenece Gregory Bovino, el comandante de las fuerzas federales en Mineápolis hasta que fue defenestrado tras la crisis creada por la muerte de Pretti y de otra vecina, Renee Nicole Good, entre críticas crecientes de republicanos por el caso creado en el despliegue y por la narrativa falsa de la Administración Trump para justificar las muertes de ciudadanos estadounidenses.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza se han desplazado muy lejos de su escenario habitual, de la frontera, porque allá ahora se les necesita menos. Están fuera de lugar, y no solo por el frío polar de Minnesota. No es lo mismo operar contra indocumentados en un pedregal de Nuevo México, con una laxitud operativa y una falta de supervisión más cercana al ‘salvaje Oeste’. Sin miles de cámaras grabándoles, sin la resistencia de vecinos en una ciudad progre, asistidos por los derechos y garantías que tienen los ciudadanos. Pero en la muerte de Pretti, al que disparó un miembro de la Patrulla Fronteriza, los agentes federales han mostrado que aquí –y quizá en otros lugares a partir de ahora– están dispuestos a traer la ley de la frontera.