El acuerdo petrolero que negocian la administración de Donald Trump y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, para otorgar la operación de 17 campos petroleros, enfrenta cuestionamientos sobre legalidad, viabilidad económica y capacidad para atraer inversiones a largo plazo.
Los campos concentran alrededor de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de crudo equivalente, consideradas las más accesibles para su explotación.
Gonzalo Monroy, director general de la firma especializada GMEX, advierte que el acuerdo elude el marco constitucional venezolano, excluye a PDVSA y enfrenta riesgos de nulidad internacional y fallas operativas.
“Es un robo en despoblado. Este acuerdo sería manejado bajo jurisdicción norteamericana, no venezolana. Esto constituye una clara violación a la Ley de Hidrocarburos de Venezuela“, dijo.
Enumeró que el artículo 12 de la Constitución venezolana establece que los derechos de la nación sobre sus recursos son imprescriptibles e inalienables, por lo que la administración de Delcy Rodríguez no tiene facultades para ceder el control de estas reservas. Asimismo, la legislación venezolana exige que la estatal PDVSA participe activamente en cualquier esquema de empresas mixtas, pero la petrolera ni siquiera figura en el acuerdo bilateral.
En materia económica, estimó que las regalías para Venezuela serían de poco más de 3 dólares por barril, frente a los 19 dólares señalados por Delcy Rodríguez. El cálculo considera que 20% de la producción se destinaría a cubrir costos y que Estados Unidos tendría prioridad para adquirir el resto.
También puso en duda que Venezuela pueda elevar rápidamente su producción en 1.5 millones de barriles diarios, como ha planteado Trump, debido al deterioro de la infraestructura petrolera y a las características del crudo venezolano. El crudo de estos yacimientos es extrapesado, un tipo de petróleo que no puede introducirse en las cavernas de almacenamiento de Luisiana sin provocar graves daños estructurales. Este crudo solo es apto para un grupo específico de refinerías en Texas y Luisiana.
“Tanto Venezuela como Estados Unidos son muy optimista en todas las proyecciones que han de hecho y dicho, pero en la realidad tratar de llevar esta producción es muchísimo más complicado de lo que parece. La infraestructura actual de Venezuela ya está muy deteriorada. En muchos casos, tiene que haber cambios físicos o en ese caso construcciones nuevas para poderlos echar a andar”, puntualizó.
A esto se suma el riesgo político: un eventual gobierno legítimamente electo, en 10 o 12 años, podría denunciar los acuerdos suscritos por presión de Estados Unidos y anularlos, lo que podría desalentar inversiones millonarias.
La participación del empresario Alejandro Betancourt también genera cuestionamientos por sus antecedentes y por la falta de una licitación, señaló el especialista.
“Hasta ahorita tenemos el gran anuncio. De ahí a llevarlo a la producción todavía le falta mucho”, precisó.
“Aunque Washington mantiene actualmente todas las cartas sobre la mesa, el futuro del proyecto dependerá de si se logran forzar reformas legales en Venezuela para ‘volver legal lo ilegal’, un escenario que aún está por verse”, concluyó.
