El cierre del centro desde el que se moderaban contenidos de las plataformas de Meta en Barcelona llega a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) celebra desde este martes la vista por el despido colectivo de más de 2.000 trabajadores, un procedimiento que podría tener importantes consecuencias económicas y laborales para las empresas implicadas.
Los afectados trabajaban como moderadores de contenido para las redes sociales de la compañía de Mark Zuckerberg, aunque estaban contratados a través de CCC Barcelona Digital Services, posteriormente integrada en la multinacional canadiense Telus. El servicio comenzó a funcionar en la capital catalana en 2018 y terminó después de que el 2 de abril de 2025 se decidiera su cierre.
La demanda se dirige contra varias sociedades vinculadas a la actividad y al proceso de cierre, entre ellas Meta Platforms Ireland, Telus International y CCC Barcelona Digital Services. Los trabajadores cuestionan que existieran motivos suficientes para extinguir los puestos y sostienen que parte de las tareas que desarrollaban desde Barcelona continuaron realizándose posteriormente desde otros países europeos.
Los trabajadores plantean una posible readmisión
Una de las principales cuestiones que deberá determinar la justicia es la legalidad del despido colectivo. Si los tribunales considerasen que se produjo una vulneración de derechos fundamentales que justificase declarar nulos los despidos, una de las consecuencias podría ser la readmisión de los trabajadores afectados.
La parte demandante también maneja un elevado impacto económico si sus pretensiones prosperan. Según los cálculos difundidos antes del comienzo del juicio, las cantidades derivadas del procedimiento podrían superar los 90 millones de euros.
El conflicto, sin embargo, va más allá del propio cierre de las instalaciones. Los representantes de los trabajadores relacionan la decisión empresarial con la elevada litigiosidad que ya existía entre parte de la plantilla y la compañía. Antes del despido colectivo se habrían acumulado más de 1.200 reclamaciones relacionadas con diferentes aspectos de las condiciones laborales.
Entre ellas aparecen denuncias por una supuesta discriminación salarial vinculada al idioma empleado durante la moderación. Según sostienen los demandantes, trabajadores que revisaban publicaciones en español recibían una remuneración inferior a la de compañeros encargados de contenidos en otras lenguas, como neerlandés o noruego.
El abogado del sindicato Fuerza Independiente Sindical de Trabajadores (FIST), Enrique Leiva Vojkovic, que ha impulsado la demanda, ha relacionado precisamente el cierre de Barcelona con ese “aluvión” de procedimientos judiciales por una presunta discriminación por razones lingüísticas.
El impacto psicológico de moderar las redes sociales
El segundo gran frente del conflicto tiene que ver con las condiciones en las que trabajaban los moderadores. Su función consistía en revisar publicaciones potencialmente contrarias a las normas de las plataformas antes de decidir si debían permanecer disponibles o ser eliminadas.
Eso suponía enfrentarse de manera habitual a imágenes y vídeos extremadamente violentos. Entre los materiales señalados por los trabajadores aparecen contenidos relacionados con terrorismo, abusos sexuales, violencia contra menores, narcotráfico o acoso.
Parte de la plantilla emprendió acciones judiciales por los posibles daños psicológicos derivados de esta exposición continuada y por la gestión de los riesgos laborales asociados al puesto. Los demandantes consideran que esta sucesión de litigios también debe tenerse en cuenta para comprender lo sucedido posteriormente con el centro.
Su tesis sostiene que el trabajo no desapareció realmente cuando cerraron las instalaciones barcelonesas, sino que fue redistribuido hacia otros centros europeos. Los trabajadores apuntan concretamente a países como Austria, Alemania y Eslovaquia, donde se siguen desarrollando labores de filtrado y moderación de contenidos.
La cuestión resulta especialmente relevante porque puede determinar si existieron causas suficientes para justificar la extinción colectiva de los contratos o si, como argumentan los afectados, el cierre sirvió para trasladar la actividad y desprenderse de una plantilla que acumulaba numerosos procedimientos judiciales.
El proceso también vuelve a poner sobre la mesa el modelo utilizado por las grandes plataformas tecnológicas para moderar los millones de publicaciones que reciben diariamente. Aunque los trabajadores prestaban servicios vinculados a las redes de Meta, la contratación y organización de esta actividad se realizaba mediante empresas externas.
Por ello, la demanda no se limita a la compañía propietaria de Facebook e Instagram. Entre los demandados figuran también Telus International, CCC Barcelona Digital Services, CCC Erste Beteiligungs y CCC Holding, además de responsables empresariales relacionados con estas sociedades.
El juicio deberá aclarar ahora las circunstancias que rodearon uno de los mayores despidos colectivos vinculados a la moderación de redes sociales en España. Más allá de las posibles indemnizaciones, el procedimiento puede resultar relevante para establecer hasta dónde llega la responsabilidad de las grandes tecnológicas cuando una tarea esencial para el funcionamiento de sus plataformas se desarrolla mediante compañías subcontratadas.
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