Tegucigalpa, 19 sep (EFE).- Una Delegación Internacional de Solidaridad le pidió este sábado al Estado de Honduras el cumplimiento de cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de cuatro pueblos de la etnia garífuna (negros), de los que una representación exige justicia desde un campamento frente al Poder Judicial en Tegucigalpa.
“Resulta esencial que -el Estado- deje de favorecer intereses privados y de pasos contundentes para el proceso de saneamiento del registro y titulación de las tierras ancestrales garífunas, de manera que se garantice su pleno uso”, indicó la Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna en un comunicado leído en el campamento, en el que desde hace más de un mes exigen justicia más de un centenar de afrodescendientes.
El tribunal interamericano ha dictado cuatro sentencias condenatorias contra Honduras por violaciones a los derechos territoriales de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026), todas en el Caribe.
“Estamos aquí más de 30 organizaciones y medios de comunicación de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos e internacionales que viajamos a Honduras para participar en la Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, además de otras 13 organizaciones internacionales más que han venido acompañando y respaldando esta acción de solidaridad a la distancia”, añade el comunicado.
La Delegación llegó el pasado jueves a Tegucigalpa para expresar su “solidaridad y admiración” por el pueblo garífuna aglutinado en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), “observar y denunciar las graves violaciones a derechos humanos de las que son objeto y demandar al Estado de Honduras que cumpla con sus obligaciones, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos”.
La misión internacional, que no fue recibida por el presidente hondureño, Nasry Asfura, ni por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, y otras instituciones, expresó sus preocupaciones por la situación del pueblo garífuna a la delegación de la Unión Europea en Honduras, las embajadas de Alemania, España y Francia, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras.
“Lamentamos que, prácticamente, ninguna institución del Estado hondureño recibió a la Delegación a pesar de haber hecho la solicitud en tiempo y forma. La única excepción fue la reunión sostenida con dos magistradas y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, institución que en el último momento y después de la presión ejercida por la Delegación nos concedió una audiencia”, añade el comunicado.
La Delegación es acompañada, entre otros, por la directora global de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, la coordinadora de la OFRANEH, Miriam Miranda, dijo a EFE que están cumpliendo un mes y medio en el campamento y que han presentado más de 60 acciones ante la justicia por los reclamos de los pueblos garífunas, y que la única respuesta que reciben es “no ha lugar”.
“Entonces, decidimos que ya no vamos a seguir insistiendo ante un sistema que es totalmente parcializado hacia la gente que tiene poder económico en este país. Aquí en esta Corte nosotros hemos visto desfilar gente acusada de delitos graves y les han dado sobreseimiento”, subrayó Miranda.
Agregó que las comunidades que tienen sentencia de la CorteIDH están enfrentando “juicios de criminalización, judicialización, persecución y ataques armados de la Policía, junto con los sistemas judiciales, lo que nos parece que es grave”.
“Queremos decirles también que este campamento no se levanta, es indefinido”, concluyó la dirigente.
(c) Agencia EFE
