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Evans fue chavista. Genuinamente chavista. Apoyó a Hugo Chávez hasta la muerte del comandante en 2013. Fue parte de ese círculo de intelectuales que tenía proximidad con el proyecto revolucionario, encargándose de difundir lo que vendían como un proceso transformador, incluso en las universidades europeas. Formó parte del Centro Miranda, esa institución caraqueña ubicada en el corazón del Parque Central que albergaba a intelectuales españoles como Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. En esos salones y auditorios, se sesionaba sobre formación ideológica, sobre los círculos bolivarianos, sobre la construcción de una nueva sociedad. Evans era parte de ese proyecto. Era, en cierto sentido, un constructor de la narrativa revolucionaria.

Pero después de 2013, cuando Chávez murió, algo cambió. O quizás Evans simplemente vio lo que siempre estuvo ahí. Comenzó a hacer críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Críticas públicas, documentadas, en su medio web Punto de Corte. Críticas que, en una Venezuela cada vez más autoritaria, se convirtieron en un acto de disidencia. El intelectual que había defendido la revolución se convirtió en su crítico. Y eso, en el Venezuela de Maduro, es un crimen.

El 13 de diciembre, la policía política vino a por él. Ahora, mientras nos sentamos en su salón, ella intenta explicar lo que significa esperar. «Es la segunda vez que se lo llevan», dice, con una voz que oscila entre la resignación y la rabia contenida. «La primera vez estuvo 51 días. Esta vez, tiene 25 días ». Ella hace cálculos mentales mientras habla, como si pudiera contar los días en su rostro.

La madrugada del 3 de enero, cuando Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense, Martha sintió algo que no había sentido en semanas. «A pesar de no estar completamente de acuerdo con la forma en que ocurrió la captura, sentí una luz y una esperanza de cambio y de libertad para todos los que están presos en este momento», dice.

El jueves al mediodía, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la vicepresidenta Delcy, anunció desde la tribuna legislativa lo que el régimen se niega a llamar por su nombre: la liberación de presos políticos. En la jerga oficial, son simplemente «ciudadanos venezolanos y extranjeros» cuya excarcelación responde a un «gesto de paz unilateral». La precisión del lenguaje importa cuando se trata de negar lo obvio. Llamarlos presos políticos sería una admisión de lo que los organismos de derechos humanos documentan meticulosamente: crímenes de lesa humanidad.

Los que han salido

Para el viernes, cuando la euforia inicial comenzaba a sedimentarse, Foro Penal confirmó oficialmente los nombres de quiénes habían salido. Rocío San Miguel, activista de derechos humanos con nacionalidad hispano-venezolana, fue liberada tras permanecer detenida desde febrero de 2024. Enrique Márquez, quien fuera candidato presidencial, recuperó su libertad después de casi cinco meses de cautiverio que comenzaron el 28 de agosto. Biagio Pilieri, líder opositor, salió de las celdas donde había permanecido desde enero de 2025. Larry Osorio, activista de derechos humanos, fue excarcelado tras más de tres años y medio de encarcelamiento que se remontaban a agosto de 2021 y Aracelis Balza Ramírez fue detenida el 19 de octubre de 2025 en su residencia por funcionarios de seguridad, horas después de participar o estar relacionada con actos por la canonización de San José Gregorio Hernández en Isnotú, Trujillo.

Junto a estos nombres, cuatro ciudadanos españoles fueron liberados. José María Basoa, vasco de 35 años, fue sacado de cautiverio donde permanecía desde su detención en Amazonas en septiembre de 2024. Andrés Martínez Adasme, otro vasco de 32 años, fue liberado junto a Basoa bajo acusaciones de espionaje que nunca fueron probadas. Miguel Moreno Dapena, marinero y periodista canario, fue excarcelado tras haber sido detenido en junio de 2025 mientras se encontraba en un buque de exploración marina con bandera panameña en aguas venezolanas. Ernesto Gorbe Cardona, valenciano de 52 años, fue liberado sin que las autoridades venezolanas jamás detallaran públicamente los cargos que supuestamente pesaban sobre él. Todos fueron deportados a España con escalas, pues no existen vuelos directos entre el aeropuerto de Maiquetía y Madrid en este momento.

400 excarcelaciones planeadas

Pero aquí es donde la narrativa oficial se quiebra. Estos ocho nombres representan apenas una fracción mínima de una realidad mucho más vasta. Según Foro Penal, la organización de derechos humanos que documenta cada detención política en Venezuela, entre 800 y 1.000 personas permanecen encarceladas por razones políticas. Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, ha confirmado en sus publicaciones en X que la cifra de presos políticos alcanza los 811 casos documentados hasta los momentos.

Fuentes confiables hablan de un «paquete» de aproximadamente 400 excarcelaciones planeadas, lo que significaría que entre 400 y 600 personas seguirían tras las rejas. El Gobierno, aparentemente, ha optado por una estrategia de liberaciones graduales, lo que algunos analistas interpretan como un intento de evitar una «foto grupal» de presos políticos que resultaría demasiado incómoda para la narrativa que Delcy Rodríguez intenta construir.

Mientras Martha espera, en las puertas de El Helicoide se ha formado una vigilia. Familias y medios se han apostado en las cercanias de este edificio espiral originalmente concebido como centro comercial en los años 1950, que se transformó con el tiempo en un centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ese edificio que es sinónimo de desaparición forzada en Venezuela. Madres, esposas, hermanos, hijos. Algunos llevan carteles con nombres. Otros simplemente se sientan en el suelo, esperando. El calor caraqueño es sofocante, y la policía está presente, observando. Hay una tensión palpable en el aire, esa tensión que existe cuando la esperanza y el miedo coexisten en el mismo espacio.

Diego, un joven activista y estudiante de trabajo social, es parte de esa vigilia. Se involucró personalmente en la defensa de derechos humanos cuando su hermano, José Gregorio Pérez Maita, fue detenido la noche del 29 de julio de 2024 en Charallave. Su hermano fue liberado el año pasado, pero debe presentarse cada mes ante los tribunales. Ahora Diego continúa trabajando por la libertad de otros. «Estamos, por supuesto, a la espera, insistiendo en que el propio organismo que los tiene detenidos dé una información clara de quiénes son estas personas, y que incluso podamos verlos cuando sean excarcelados. Prometieron una gran cantidad de liberaciones, pero apenas han liberado unos pocos», expresó. Su voz refleja la frustración de alguien que ha visto cómo las promesas se convierten en migajas.

En las cárceles donde aún permanecen detenidos hay militares, políticos, estudiantes, activistas de derechos humanos y periodistas. El Helicoide sigue siendo el centro de atención, pero hay otros lugares de cautiverio igualmente oscuros: Inof, Ramo Verde, Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DGCIM), Tocorón, Yare.

Según Foro Penal, la mayoría de los extranjeros detenidos se encuentran en la cárcel de Rodeo Uno, ubicada a unos 50 kilómetros de Caracas. La nacionalidad de estos prisioneros es un reflejo de la alcurnia global del régimen: españoles, ucranianos, argentinos, ciudadanos de los Países Bajos, franceses, italianos, guyaneses, pakistaníes, libaneses, ecuatorianos, húngaros, polacos, peruanos, portugueses, hondureños, chilenos. Algunos poseen doble nacionalidad venezolana.

Españoles todavía encarcelados

Entre los españoles que aún permanecen detenidos, según documentación de Foro Penal, están figuras como Alejandro González, de 59 años, exmilitar y gerente aeronáutico de la petrolera estadounidense Chevron, quien se encuentra en Rodeo Uno. También permanece en esa misma cárcel Fernando Noya, de 33 años, estudiante cuyo único delito fue sumarse a grupos de resistencia. Uaiparu Guerere, empresario de 70 años que vivía en Barcelona hace años, fue capturado en 2023 cuando regresó a Venezuela para cerrar sus negocios.

Tambien permanecen otros españoles. Catalina Ramos, dirigente de Vente Venezuela, sigue encarcelada. Leticia García, de 68 años, lleva detenida desde junio sin motivo aparente. José Luis Machín Machín, de 64 años, exalcalde de Barinas y de sangre canaria, permanece en sus celdas. Miguel Álvarez, dirigente político de Primero Justicia, también está ahí. Jesús Ernesto Castillo, joven que residía en Barcelona y que se encontraba de vacaciones en Venezuela cuando fue capturado, sigue detenido. Jesús Enrique Gómez, acusado como la mayoría de conspiración.

Jorge Alayeto, el decano

Pero hay otros cuya historia es aún más larga. Jorge Alayeto, comerciante de 54 años, es el decano de los presos españoles. Fue detenido en 2017, acusado sin pruebas de conspiración. Lleva aproximadamente nueve años en cautiverio. Ángela Expósito, de 60 años, que dirigía la ONG Fundanimal y cuidaba a los perros de los presos políticos, fue capturada en 2018. María Auxiliadora Delgado, de 51 años, cayó en 2019 simplemente por ser hermana de un militar sospechoso, Karen Hernández, de 39 años, fue detenida en 2020 y condenada a 30 años por su supuesta implicación en la «Operación Gedeón».

Montserrat Espinosa, dueña de una pizzería, permanece encarcelada en La Yaguara, conglomerado policial, simplemente porque a su negocio llegó un sobre sospechoso.

Los mecanismos de la liberación revelan la naturaleza del sistema. Algunos de los excarcelados fueron sacados de El Helicoide en patrullas con vidrios ahumados y dejados luego en diferentes puntos de Caracas, como si el régimen quisiera borrar cualquier rastro de su encarcelamiento. La estrategia es clara: liberar, pero sin reconocer. Anunciar, pero sin detallar. Prometer, pero sin cumplir completamente.

Mientras tanto, el régimen intenta proyectar normalidad. Delcy Rodríguez presidió un acto de homenaje a los «combatientes y civiles caídos durante el ataque americano contra Venezuela». Anunció la creación de un monumento en honor a quienes fueron declarados «héroes de la patria», incluyendo a 32 cubanos. Otorgó ascensos y condecoraciones. Envió mensajes al pueblo estadounidense sobre la «agresión vil y guerrerista». Reiteró que Venezuela no está «subordinada ni sometida» y que tiene «lealtad con el presidente constitucional Nicolás Maduro y con la primera combatiente Cilia Flores, quiénes han sido secuestrados».

Es el teatro de la normalidad en un país que es todo menos normal. Mientras algunos salen, otros siguen adentro. Mientras se construyen monumentos a los mártires, se mantienen en secreto los nombres de quiénes aún están en las celdas. Martha sigue esperando una llamada que quizás nunca llegue. Diego sigue en la vigilia frente a El Helicoide. Y España, desde Madrid, observa cómo sus ciudadanos permanecen en el cautiverio de una administracion que usa la represión como instrumento de control. Venezuela se ha convertido en un espejismo donde se intenta reescribir la realidad, donde la liberación de 9 personas se presenta como un acto de magnanimidad mientras cientos permanecen en la sombra, esperando.

«Con el propósito de favorecer la convivencia democrática, la administración nacional junto con los organismos estatales ha resuelto proceder a la liberación de un grupo importante de reclusos venezolanos y del extranjero», explicó Rodríguez ante los medios en las dependencias del Palacio Legislativo. El legislador enfatizó que «la ejecución de estas medidas de libertad se está llevando a cabo en estos momentos».

Entre los beneficiados figuran varios ciudadanos españoles actualmente recluidos en instalaciones penitenciarias caraqueñas. Entre los casos más destacados figuran dos turistas vascos y un marinero canario, acusados de colaborar con servicios de inteligencia extranjeros.

En su alocución, Jorge Rodríguez agradeció explícitamente a José Luis Rodríguez Zapatero y al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su participación en el proceso de negociación. El expresidente español ha encabezado los esfuerzos diplomáticos en favor de la nueva administración de Delcy Rodríguez.

Las cifras de detenidos varían según la fuente. La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos, de los cuales 86 poseen ciudadanía extranjera o doble nacionalidad. Sin embargo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) eleva la cifra a más de 1.000 detenidos. Ambas organizaciones coinciden en documentar condiciones insalubres, negación de atención médica y deterioro físico progresivo de los reclusos.

Españoles y venezolanos liberados

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apuntado que hay cinco ciudadanos españoles entre los presos cuya liberación ha anunciado el nuevo Gobierno de Venezuela: «El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas». Y añade: «España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela».

Por su parte, el Gobierno venezolano ha liberado a los políticos venezolanos opositores Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri, un colaborador de María Corina Machado. Ambos permanecían detenidos arbitrariamente desde hace más de un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Según su ficha biográfica, Enrique Octavio Márquez Pérez, de 62 años, nacido en Maracaibo (estado Zulia), es un ingeniero eléctrico y fue candidato presidencial en 2024. Desde 2021 hasta 2023 ejerció como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, órgano encargado de gestionar los comicios en el país. También ha sido profesor Universitario de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Zulia.

El 31 de marzo, Trump ordenó endurecer la presión económica sobre Venezuela, en un giro que devolvía la política petrolera a la línea de su primer mandato. Ese mismo día, el Tesoro de EE.UU. ejecutó la revocación de casi todas las autorizaciones petroleras vigentes para operar en el país. Entre ellas figuraba la licencia de Global Oil Terminals, empresa de comercio de crudo y asfalto propiedad del empresario estadounidense Harry Sargeant III. En la misma decisión quedaron sin efecto las autorizaciones de la petrolera española Repsol y de otras compañías extranjeras con actividad en Venezuela.

Las empresas afectadas recibieron un plazo hasta finales de mayo para desmantelar y cerrar operaciones. En el caso de Global Oil Terminals, fueron anuladas las tres licencias que tenía en vigor, incluida la principal concedida en mayo de 2024, durante la Administración Biden, con la que había estado cargando crudo pesado venezolano para su exportación. La medida se inscribía en la estrategia de la Administración Trump de volver a aislar al régimen de Nicolás Maduro, en un contexto de frustración en la Casa Blanca por la lentitud de Caracas a la hora de aceptar deportaciones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos.

Chevron quedó en una posición distinta. La Administración había notificado previamente a la compañía una orden para abandonar Venezuela, pero el cierre no se ejecutó de forma inmediata. En marzo de 2025, el Tesoro de EE.UU., por instrucción de la Casa Blanca, revocó la licencia General 41 que permitía a Chevron operar y exportar petróleo desde Venezuela, fijando como fecha límite el 27 de mayo para el fin de sus actividades. A partir de ese momento, Chevron intensificó los contactos con la Casa Blanca. Su consejero delegado, Mike Wirth, reconoció públicamente que la empresa estaba en diálogo con la Administración para defender su permanencia, argumentando que una retirada beneficiaría a China y a otros rivales estratégicos de Estados Unidos.

Papel de Grenell

A mediados de mayo, el proceso dio un giro con la intervención del enviado especial de Trump, Richard Grenell. Grenell mantuvo negociaciones directas con representantes del gobierno de Maduro en Antigua. Esos contactos desembocaron en la liberación del ciudadano estadounidense Joseph St. Clair, exmiembro de la Fuerza Aérea detenido en Venezuela. Tras ese episodio, Grenell anunció públicamente que Estados Unidos concedería una prórroga de 60 días a la licencia de Chevron, ampliando el plazo más allá del 27 de mayo. La extensión, sin embargo, no fue publicada de inmediato por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

Grenell afirmó que la prórroga contaba con la autorización del presidente Trump y la vinculó al progreso logrado en las conversaciones con Caracas, incluida la liberación del ciudadano estadounidense. También sostuvo que Washington no quería dejar espacio a China en el sector petrolero venezolano. Esa versión fue cuestionada casi de inmediato por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien desmintió la existencia de una prórroga en declaraciones públicas y en redes sociales, asegurando que la licencia de Chevron expiraría el 27 de mayo, como estaba previsto. La rivalidad entre Rubio y Grenell se hizo explícita desde ese momento.

El desacuerdo evidenció una fractura interna en la Administración entre la vía negociadora impulsada por Grenell y la línea dura defendida por Rubio, contrario a cualquier concesión económica al gobierno de Maduro. Finalmente, la posición oficial comunicada por el Departamento de Estado fue que no existía una extensión en vigor más allá del plazo original, dejando en suspenso las negociaciones paralelas y subrayando que la política hacia Venezuela debía canalizarse por la vía institucional del Departamento de Estado.

Deportados por combustible

En paralelo a este pulso interno, el diario ‘The Miami Herald’ situó a Harry Sargeant III como un actor central en la gestación del llamado acuerdo de «crudo por inmigrantes» y lo vinculó directamente al canal Grenell. Según fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por el diario, Sargeant trabajó entre bastidores para facilitar el encuentro del 31 de enero de 2025 en Caracas entre Nicolás Maduro y Richard Grenell. De ese contacto habría surgido un entendimiento según el cual el régimen venezolano aceptaría vuelos de deportados desde EE.UU. a cambio de margen para aumentar las ventas de petróleo al mercado estadounidense.

El objetivo de Maduro era utilizar la aceptación de deportados como palanca para lograr un levantamiento parcial o total de sanciones y, en concreto, asegurar la renovación de una licencia del Tesoro vinculada a Chevron. Según esas fuentes, la licencia habría sido extendida el 1 de febrero, al día siguiente del encuentro entre Maduro y Grenell, y recoge la interpretación de una de ellas: que Maduro «ganó» una renovación automática de la licencia que esperaba que Trump suspendiera.

Sargeant se situó al frente de un grupo de empresarios petroleros e inversores en deuda venezolana que, desde la victoria electoral de Trump en noviembre, intentaron convencer al presidente de la conveniencia de un acuerdo que combinara petróleo y control migratorio, en conversaciones mantenidas con interlocutores del entorno de los hermanos Rodríguez, según dos fuentes de la administración. Esas fuentes recalcan que Sargeant ya se opuso a un embargo en la primera administración, en oposición a las decisiones del gobierno interino que comandaba Juan Guaidó.

Sargeant mantenía desde hacía años contactos directos con el gobierno venezolano y con altos cargos de la petrolera estatal PDVSA para explorar oportunidades de petróleo y asfalto, según fuentes conocedoras de esos encuentros. Reuters informó de que Sargeant voló a Caracas en noviembre de 2017 para reunirse con Maduro con la intención de cerrar un acuerdo para comprar crudo pesado para su negocio de asfalto, una iniciativa que al año siguiente se tradujo en un acuerdo petrolero con el gobierno venezolano.

Sobre su relación con Grenell, el vínculo es directo según fuentes citadas por el diario: Sargeant facilitó el contacto entre Maduro y el enviado de Trump, y ese encuentro fue la base del entendimiento que mezclaba deportaciones y petróleo. Este diario intentó recabar la versión de Sargeant, a través de su abogado Christopher Kise, y de Grenell, sin obtener respuesta.

Negociaciones con el Gobierno de Maduro

En mayo, la Administración Trump negociaba de forma discreta un acuerdo con el Gobierno de Maduro para permitir que Chevron siguiera exportando petróleo venezolano a Estados Unidos a cambio de que Caracas aceptara el retorno de miles de migrantes venezolanos.

Según esas fuentes, Maduro buscaba a cambio concesiones políticas y económicas de gran calado, incluida su salida de la lista de sanciones del Tesoro y la retirada de los cargos por narcotráfico que siguen abiertos en tribunales estadounidenses. Este intento de normalización contaba con el respaldo de actores influyentes del lobby petrolero, entre ellos Sargeant, según publicó el Herald, pero se topó con una fuerte resistencia interna, especialmente de diputados republicanos cubanoamericanos de Florida y de responsables del Departamento de Estado bajo la órbita de Rubio.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump canceló inicialmente la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela y ordenó el inicio del cierre de sus actividades. Sin embargo, tras contactos directos con la compañía y una intensa presión del sector, la Administración revisó esa decisión y en julio de 2025 otorgó a Chevron una nueva licencia, con condiciones distintas y no publicadas. Chevron pudo reanudar las exportaciones, pero dejó de pagar en efectivo al Estado venezolano y pasó a entregar a PDVSA su parte del crudo en especie. Ese cambio permitió que intermediarios ligados al régimen comercializaran ese petróleo, un efecto que Washington trató de corregir posteriormente con nuevas sanciones y restricciones al transporte de crudo venezolano.

Desde que Estados Unidos entró en Venezuela y se llevó a Maduro, el silencio se ha apoderado del Rodeo I. Las visitas están suspendidas y la angustia de las familias choca con la realidad de una transición que no termina de materializarse. Margareth es tajante ante este nuevo escenario: «Mientras no generen una posibilidad real de cambio al abrir las rejas y liberar a los más de mil presos políticos, seguiremos en el mismo punto». Teme que, sin esa señal, la situación empeore «no solo para los presos, sino para todos los venezolanos». Y es que, aunque la tiranía haya sido descabezada, sus tentáculos y el sistema de tortura a la disidencia permanecen, por los momentos, intactos. «Hasta el momento el régimen no ha dado señales de querer hacerlo distinto».

Esa maquinaria, aunque ahora opera en silencio, sigue viva en la memoria muscular de Margareth. No necesita estar físicamente en la entrada del Rodeo I para sentir el peso del protocolo de deshumanización; le basta con cerrar los ojos para volver al inicio del trayecto. Todo empieza cuando los custodios anulan su visión y la obligan a caminar hacia la nada.

«El proceso es largo para lo poco que te permiten ver a tu familiar», relata Margareth a este periódico. Antes de la oscuridad, hay que superar la burocracia del despojo: entregar el documento de identidad y proveer los artículos de higiene que el penal no suministra, desde el champú hasta el desodorante. Eliminando los envases originales, todo debe ser trasvasado a bolsitas transparentes con cierre a presión para que los custodios verifiquen que no se oculta nada en su interior. Después, los visitantes deben someterse al registro de funcionarios que ocultan sus rostros bajo capuchas.

En una segunda inspección, «te piden desabrocharte el pantalón, mostrar tu ropa interior y levantarte el sujetador», detalla. La precaución es extrema. Revisan el cabello, los zapatos e incluso los ojos para descartar hasta el uso de lentillas. Solo tras pasar un identificador de rostro comienza el trayecto final: «Te colocan una capucha y te conducen hacia el área de visita; son aproximadamente unos 140 pasos».

Trayecto a ciegas

Al final del recorrido no hay abrazo. «No hay ningún tipo de contacto físico ni privacidad», lamenta. La comunicación es a través de un cristal y una bocina, bajo la vigilancia estricta de guardias que escuchan cada palabra y controlan un tiempo que el visitante no puede medir, pues hasta los relojes están prohibidos. Para salir, la rutina se repite a la inversa: capucha, caminata y registro. «Es una carga mental para la familia, es vivir una semana en angustia porque se tiene muy claro lo que allí viven a diario: es un lugar creado para desgastar sus organismos».

El Rodeo I no es una cárcel común; las familias denuncian que desde hace dos años opera como el nuevo centro de tortura y aislamiento del régimen. Allí, Josnars y el resto de presos políticos permanecen confinados las 24 horas en celdas de dos por dos metros. Su mobiliario se reduce a un lecho de cemento, una letrina y un tubo en la pared que hace las veces de ducha, aunque el suministro de agua se limita a escasos minutos al día. La desnutrición es parte del castigo: la comida es insuficiente, la hidratación está racionada y ni siquiera la luz natural está garantizada, pues las salidas al sol quedan a la entera discreción de los custodios.

Para los Baduel, el ensañamiento es generacional y político. El general Raúl Isaías Baduel, padre de Josnars, no fue un opositor cualquiera; fue el ministro de Defensa que restituyó a Hugo Chávez en el poder tras el golpe de 2002, para luego convertirse en una voz crítica contra la deriva autoritaria del chavismo. Esa disensión le costó más de una década de prisión, incluyendo cinco años en ‘La Tumba’, una prisión del Sebin situada cinco pisos bajo tierra, diseñada para el aislamiento sensorial, sin luz ni aire natural. El general falleció en 2021 bajo custodia del Estado, en los brazos de su propio hijo Josnars. Hoy, además de requerir cuatro operaciones por las torturas sufridas, Josnars carga con el trauma de haber pedido auxilio en vano mientras su padre moría por falta de atención médica.

El peso del apellido

«Nuestro apellido se ha convertido prácticamente en un delito para el régimen», sentencia Margareth, consciente del precio que paga por su sangre. Vivir bajo asedio constante, con un hermano recluido en condiciones deplorables, supone una carga mental agotadora, pero ella encuentra refugio en la fe. «Dios nos ha sostenido», asegura. A pesar de los intentos sistemáticos por quebrar su dignidad, el dolor se ha transformado en combustible: «Seguimos de pie, luchando por mi hermano y por todos los presos políticos. No queremos que nuestra historia se repita, pues se lleva mucho dolor en el alma y eso nos impulsa a seguir».

Josnars no está solo en esta causa. Su detención se produjo en el marco de la operación Gedeón, la fallida incursión marítima de mayo de 2020 que intentó deponer a Nicolás Maduro. En ese mismo expediente, y bajo el mismo techo de cemento del Rodeo I, se encuentran otros hombres cuyos nombres quedaron sepultados tras los muros.

Sin información oficial

Es el caso del capitán Antonio Sequea, esposo de Verónica Noya, y de Fernando Noya, su hermano, quien además posee la nacionalidad española. Para Verónica, el aislamiento es una condena añadida que dura ya un año y ocho meses, desde que fueron trasladados desde El Helicoide. Tradicionalmente, este singular edificio proyectado como un centro comercial ha sido el símbolo de la represión chavista. «No hemos recibido información oficial, las llamadas no están permitidas en ese nuevo centro de torturas; en la práctica el aislamiento es total y absoluto», denuncia a ABC.

La ironía del nuevo escenario político no se le escapa. Mientras el expresidente Maduro pudo designar defensa en 48 horas tras su detención, su esposo y su hermano llevan más de cinco años en un limbo jurídico. «Fueron sentenciados sin poder nombrar abogados de confianza y nunca hemos tenido acceso a los expedientes», explica Verónica, quien exige una amnistía inmediata si realmente se busca una transición: «No se puede hablar de cambio ni reconciliación mientras existan personas encarceladas por motivos políticos».

La incertidumbre se extiende a varias familias. Yajaira González, hermana de Alejandro González —también hispanovenezolano—, confirma que la suspensión de visitas y ‘paquetería’ es total. Este término, en el contexto carcelario, no alude a la correspondencia, sino al suministro vital de aseo personal, medicinas y agua que las familias deben entregar semanalmente para que el recluso sobreviva ante la inacción del Estado.

A diferencia del hastío de otros años, la voz de Yajaira denota un cambio hacia la esperanza. «Hace dos semanas me decía que no iba a ver más a mi hermano pero, dados los acontecimientos, creo que pronto los van a liberar», confiesa. «La esperanza no se desinfla, al contrario. Estoy convencidísima de que saldrán. Veo más cerca el poder volver a darle un abrazo».

Un año desaparecido

Bajo esa misma incertidumbre se encuentra el caso de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones de 2024 según las únicas actas publicadas pero cuya victoria no fue reconocida por Maduro. Se supone que también está recluido en el Rodeo I pero, tras cumplirse este miércoles un año exacto de su detención —o, más precisamente, de su desaparición—, su familia sigue sin poder confirmar su paradero. Doce meses después, su exigencia es de mínimos: la libertad inmediata o, al menos, una prueba de que sigue con vida.

Rubio compareció tras una sesión informativa clasificada con legisladores, acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La puesta en escena subrayó que la Casa Blanca considera el expediente venezolano una cuestión de seguridad nacional y no solo de política exterior. El mensaje central fue que Washington dispone ahora de «control y capacidad de presión» sobre las autoridades interinas que han asumido el poder tras la captura de Maduro, y que ese margen se usará para condicionar cada fase del proceso.

1. Estabilización

La primera etapa, la estabilización, apunta a evitar un colapso institucional tras los acontecimientos de los últimos días. Según Rubio, el objetivo inmediato es frenar una posible deriva hacia el caos, asegurar el funcionamiento mínimo del Estado y contener riesgos humanitarios y de seguridad. En ese marco se inscribe la decisión de mantener bajo supervisión estadounidense el flujo de crudo venezolano y los ingresos derivados de su venta, un instrumento que combina presión política y capacidad financiera.

Rubio explicó que EE.UU. está ejecutando un acuerdo para tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, que serán refinados y vendidos sin coste para el contribuyente estadounidense. Insistió en que la operación es autosuficiente y que Washington controlará el destino de los fondos.

Parte del crudo podría proceder de cargamentos incautados en el marco del bloqueo energético, una posibilidad que, según dijo, ha sido aceptada por las propias autoridades interinas en Caracas como parte del esquema transitorio.

Ese control financiero es presentado como una garantía de que los recursos se utilizarán «en beneficio del pueblo venezolano» y no para reconstruir las redes de poder del chavismo. En la práctica, supone una tutela externa sobre el principal activo económico del país, una medida que la Administración Trump considera indispensable para estabilizar la situación inicial y sentar las bases de la siguiente fase.

2. Recuperación

La segunda etapa, la recuperación, se centra en reactivar la economía, con el sector energético como palanca. Rubio habló de asegurar el acceso de empresas estadounidenses, occidentales y de otros países aliados al mercado venezolano «de una manera justa», bajo reglas que eviten la captura de rentas por actores corruptos o sancionados. Sin dar detalles concretos, aseguró que ya se observan avances y contactos en esa dirección, aunque evitó comprometer plazos o nombres propios.

En paralelo, el secretario de Estado introdujo un componente político y social en esta fase intermedia. Habló de iniciar un proceso de reconciliación nacional que incluya amnistías, la liberación de presos políticos, el retorno de opositores exiliados y la reconstrucción de la sociedad civil. Ese proceso, subrayó, debe desarrollarse de forma gradual y bajo supervisión, para evitar represalias o ajustes de cuentas que desestabilicen aún más el país.

3. Transición política

La tercera fase, la transición política, queda deliberadamente abierta y condicionada al éxito de las dos anteriores. Rubio evitó definir un calendario o un modelo institucional concreto y se limitó a señalar que, al final del proceso, corresponderá a los venezolanos decidir el rumbo de su país. La ambigüedad no es casual: la Casa Blanca quiere mantener margen de maniobra y preservar el apalancamiento mientras se consolida la estabilización y la recuperación.

El mensaje fue reforzado por Hegseth, que recordó que el bloqueo petrolero sigue vigente como herramienta de presión. En la misma línea, el presidente Donald Trump ha advertido de nuevas operaciones si las autoridades interinas no cooperan con las exigencias de Washington, centradas de forma explícita en el control del petróleo y en la orientación del proceso político.

Las reacciones en el Congreso reflejaron la división interna. Legisladores demócratas expresaron su rechazo al plan, al que acusan de carecer de transparencia y de equivaler a una apropiación forzosa de recursos. El senador Chris Murphy calificó la estrategia de «insensata» y denunció que se pretenda usar el petróleo como palanca para micromanejar Venezuela durante un periodo indefinido. Rubio respondió que muchos detalles son operativos y no pueden debatirse en audiencias públicas.

El planteamiento confirma que la Casa Blanca concibe la transición venezolana como un proceso largo, escalonado y tutelado desde fuera, con el control de los recursos energéticos como pieza central. El alcance real de ese plan, sus límites legales y su impacto sobre la soberanía y la gobernabilidad del país siguen abiertos a debate, tanto en Venezuela como en EE.UU.

El segundo de ellos fue apresado frente a las costas del Caribe. Este contaba con una falsa bandera de Camerún y operaba ilícitamente en aguas internacionales.

«En dos operativos realizados hoy antes del amanecer, la Guardia Costera realizó abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la «flota fantasma»: uno en el Atlántico Norte y otro en aguas internacionales cerca del Caribe. Ambos buques —el buque cisterna Bella I y el petrolero Sophia— se encontraban atracados en Venezuela o en ruta hacia ese país», apuntó Kristi Noem en X.

«Bajo el liderazgo audaz y visionario del presidente Trump, los equipos tácticos de la Guardia Costera de Estados Unidos trabajaron en estrecha colaboración con sus homólogos de los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado y utilizaron su experiencia para llevar a cabo estas operaciones y realizar dos abordajes seguros y efectivos con pocas horas de diferencia», añadió.

El ‘Bella 1’ llevaba varias escapando de la Guardia Costera

La operación, reportada por Fox News y CNN, se produce pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío. Conocido inicialmente como el ‘Bella 1’, este petrolero estaba siendo perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela.

El barco no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. Aunque el barco está vacío, la Guardia Costera estadounidense lo ha perseguido hasta el Atlántico en un intento de tomar medidas contra una flota de petroleros que transportan crudo ilícito por todo el mundo –la conocida como flota fantasma–, incluyendo el que procede del mercado negro vendido por Rusia.

La tripulación del buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Mientras la Guardia Costera lo seguía, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, le cambió el nombre a «Marinera» y cambió su matrícula a rusa.

Rusia ha mostrado su preocupación por las incautaciones por parte de EE.UU. de petroleros que transportan su petróleo ilícito por todo el mundo e impulsan su economía, y ha tomado la inusual decisión de permitir que los barcos se registren en Rusia in inspección ni otras formalidades, según expertos consultados por WSJ.

Rusia ha solicitado a EE.UU. que detenga la persecución de ese buque, según indicaron al diario otros tres funcionarios estadounidenses, y su Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que estaba siguiendo con preocupación la situación en torno al petrolero.

No obstante, la Guardia Costera de EE.UU. ha continuado el seguimiento del buque en el Atlántico Oriental, donde ahora navega a unas 300 millas al sur de Islandia rumbo al Mar del Norte. El incidente con el petrolero se produce en un momento en que Washington y Moscú mantienen disputas diplomáticas sobre Ucrania, lo que amenaza con complicar las conversaciones.

Rusia aún no ha aceptado el marco de paz propuesto por Estados Unidos y Ucrania.

«Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase será la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición», afirmó Rubio, sintetizando la estrategia de la Administración Trump para el país sudamericano.

El secretario de Estado acudió al Capitolio con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a informar al legislativo de los planes para Venezuela.

Según explicó Rubio, la fase inicial busca contener el colapso institucional y garantizar un mínimo de orden tras los acontecimientos de las últimas semanas. En paralelo, Estados Unidos mantendrá el control sobre el flujo de crudo venezolano y sobre los ingresos derivados de su venta. Rubio precisó que Washington está «en medio de la ejecución de un acuerdo para tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo» y subrayó que ese mecanismo no supondrá un coste para el contribuyente estadounidense. «Esto no nos va a costar dinero», dijo.

El secretario de Estado insistió en que Estados Unidos supervisará el destino de esos fondos. «Vamos a controlar cómo se dispersa el dinero de la venta del petróleo venezolano de una manera que beneficie al pueblo venezolano», señaló. Parte de ese crudo, añadió, podría proceder incluso de cargamentos incautados en el marco del bloqueo petrolero. «Venezuela quiere que el petróleo de uno de los petroleros incautadosforme parte del acuerdo», explicó.

La segunda fase, centrada en la recuperación económica, pasa por reactivar el sector energético y facilitar el acceso de empresas occidentales a los mercados venezolanos, bajo un esquema de control externo de los ingresos. Rubio sostuvo que ya hay avances visibles. «Ya estamos viendo progresos en Venezuela», afirmó, sin entrar en detalles sobre plazos ni actores concretos de la futura administración de transición.

La tercera etapa, la transición política, queda condicionada al éxito de las dos anteriores. Mientras tanto, la presión sobre el régimen y sobre sus fuentes de financiación continuará. El secretario de Defensa reforzó esa línea al señalar que «el apalancamiento derivado del bloqueo petrolero continúa».

Las declaraciones de Rubio confirman que la Casa Blanca concibe la transición venezolana como un proceso gradual, tutelado desde fuera y sostenido por el control de los recursos energéticos. El alcance real de ese plan y su impacto sobre la soberanía y la gobernabilidad del país siguen siendo objeto de debate dentro y fuera de Estados Unidos.

Las autoridades cubanas no han divulgado el listado de fallecidos. Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, publicó en su cuenta de X un listado de los fallecidos, entre ellos afirmó que había 85 cubanos; sin embargo, el listado fue eliminado posteriormente. La investigadora María Werlau, directora de Archivo Cuba, alega que tiene información de que el anillo de seguridad de Maduro, que se reforzó en las últimas semanas, estaba integrado por alrededor de 140 cubanos y que actualmente hay varios heridos producto de los ataques, algunos de ellos con quemaduras graves.

Quienes custodiaban a Maduro eran los Avispas Negras, las temidas tropas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, según aseveró desde diciembre Fernando Vaccotti, ex Consejero de Seguridad de la ONU. Por su parte, Werlau sostiene que «sus fuentes» le aseguran que estos cubanos eran «efectivos de la Dirección de Seguridad Personal», aunque no descarta que algunos de ellos fuesen «Avispas Negras».

La tropa élite de las FAR

Los Avispas Negras se crean a mediados de la década de 1980 por orden de Raúl Castro, entonces ministro de las FAR. Su entrenamiento es altamente riguroso e incluye estrictos ejercicios de supervivencia. Además, según la información disponible, han recibido adiestramiento de oficiales de las fuerzas especiales vietnamitas, norcoreanas, chinas y rusas.

Estuvieron entre los grupos que el régimen desplegó en julio de 2021 para reprimir a los manifestantes que en las calles de la Isla exigían libertad y el fin de la dictadura comunista. En varios vídeos se les vio golpeando salvajemente a personas desarmadas, en otros se les veía con perros y armas custodiando las calles, otra de las formas de aterrorizar a la población.

Su presencia en Venezuela ha sido documentada a partir de testimonios tanto de víctimas como de ex militares venezolanos. No obstante, según Juan Antonio Blanco Gil, ex funcionario cubano que desertara hace más de 30 años, su función sería la de «asesores de la represión».

Esta asesoría consiste, según expone Blanco Gil, en técnicas para controlar las manifestaciones, la identificación, captura y neutralización de los líderes, infiltración de los grupos opositores, así como metodologías de torturas.

«Por ejemplo, adiestran sobre la ubicación de francotiradores durante las protestas, como mismo hicieron en Cuba durante el Maleconazo, en 1994 y, no dudo que también durante las manifestaciones del 11J», explicó el analista.

Pero, que la guardia presidencial de Maduro no fuera venezolana sino cubana no es algo novedoso, sino que viene desde la época de Chávez. Y es que «todo el aparato de seguridad y de contrainteligencia de Venezuela lo controlan los cubanos», añade Blanco Gil.

Intervención de Cuba en Venezuela

El régimen cubano negó durante años esta presencia militar en Venezuela. Sin embargo, existen decenas de testimonios que corroboran lo que Werlau denomina «intervención de Cuba en Venezuela». Tanto Werlau como Blanco exponen que esta militarización y control por parte de los cubanos se afianzó tras el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002. Fue entonces que Chávez, temeroso y desconfiando de su propia gente, cedió el control a La Habana.

Juan Antonio Blanco asevera igualmente que la presencia de cubanos en Venezuela es tanto de tropas militares como de cubanos que, disfrazados de «internacionalistas» en las misiones supuestamente humanitarias, responden a los intereses de La Habana. El analista estima en más de 20.000 los «soldados cubanos» que están apostados en Venezuela; y esto «siendo generosos», agregó.

Maduro, un peón de La Habana

El dictador venezolano se entrenó en Cuba en la Universidad del Partido Comunista de Cuba «Ñico López». Werlau sostiene, además, que fue colaborador de La Habana desde muy joven, sirviendo como mensajero de Cuba con Chávez cuando este estuvo preso en los años 90. «Maduro era un peón de Cuba», señaló la investigadora. «Por eso -añade- los cubanos manipularon a Chávez, convaleciente de cáncer, para que nombrara a Maduro como su sucesor, al considerarlo más leal y manejable».

Blanco Gil refiere también que «Cuba convirtió a Venezuela en su base de operaciones, en la capital latinoamericana de un ecosistema criminal trasnacional». Se trata de una dependencia estructural en la que Cuba proporciona la inteligencia y la experiencia, y Venezuela los recursos materiales.

Muestra de ello son las recientes revelaciones de Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como «El Pollo» Carvajal y antiguo director de la Inteligencia Militar venezolana. En diciembre del pasado año declaró que el régimen cubano diseñó la estrategia implementada por Maduro a través del Cártel de los Soles, la cual consistía en introducir drogas en Estados Unidos, usando así el narcotráfico como mecanismo de presión geopolítica.

El exgeneral chavista, exiliado en España, es actualmente el principal asesor de José Luis Rodríguez Zapatero para los temas relacionados con Venezuela. El expresidente español es de hecho el responsable de que Rodríguez Torres, acusado por Maduro de conspiración y traición, fuera liberado, en 2023, tras negociar su excarcelación con Delcy Rodríguez, según apuntan a ABC fuentes de la disidencia en el exilio.

Chavista de la rama dura, Rodríguez Torres fue un hombre de confianza de Hugo Chávez, con el que fue ministro de Interior y Justicia y jefe de Inteligencia. Creador del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), entre los ‘hitos’ del general chavista están la creación de la tumba, uno de los centros de detención más temidos, y la muerte de 43 personas víctimas de la represión durante las protestas de 2014. Un currículum que no supuso un obstáculo para que Zapatero lo trajera España y lo convirtiera en su asesor, ni para que Delcy Rodríguez lo quiera al frente de Venezuela como continuador del chavismo.

Según fuentes de la disidencia (exchavistas) que conocen a Rodríguez Torres, y prefieren guardar el anonimato, la principal actividad del exgeneral en España es trabajar «asesorando al expresidente Zapatero», indican a ABC. «Colabora con él en todo aquello que tiene que ver con Venezuela, participa en todas las reuniones de Zapatero relacionadas con ese tema». Para cualquier punto que tenga que ver con el expresidente y el país suramericano «hay que pasar por él», aseguran.

La liberación de presos políticos

Entre las principales labores del expresidente español en Venezuela, la más conocida es la de la liberación de presos políticos -también participó en facilitar la salida del presidente electo Edmundo González en septiembre de 2014-, pero no la única. «También se ocupa de llevar empresarios».

Insisten, además, en el papel determinante de Zapatero para su liberación en 2023, y a las circunstancias que rodearon su excarcelación y su exilio a España sin romper del todo con el régimen chavista. «Lo habitual es que a los presos que liberan les pongan una restricción de movilidad, algo que no sucedió en el caso de Rodríguez Torres». Tampoco le confiscaron sus propiedades en Venezuela, por lo que sus ingresos –no tiene ninguna actividad económica conocida en España más allá de su colaboración con Zapatero- proceden de fincas dedicadas al ganado y la exportación de fruta.

Rodríguez Torres se instaló en España junto a su esposa Zuleima Medina, quien mientras su esposo estaba en una prisión militar también fue detenida, en 2019, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La hoy exfiscal general Luisa Ortega, exiliada en España también, denunció públicamente que la esposa del militar había sido torturada. En la actualidad, Medina sería la titular de varias empresas en Venezuela y EE.UU., según el medio Infobae.

Fuera del ojo público

Su condición de agente de inteligencia -y contrainteligencia -, han hecho de él un hombre extremadamente reservado, con un perfil bajo, que apenas se relaciona más allá de un grupo de venezolanos pertenecientes a la disidencia. «No se deja ver. No es fácil encontrarlo», afirman.

Es conocido por todos, que Madrid se ha convertido en punto de reunión de los venezolanos. En particular uno de sus barrios de alto nivel adquisitivo, que ha sido bautizado con el nombre de la ‘pequeña Caracas’. En él conviven miembros de la oposición política, de la disidencia e incluso agentes de inteligencia del régimen chavista. De hecho, y según ha podido saber a ABC, hace unas semanas la policía española expulsó a Venezuela a dos agentes del Sebin.

«Madrid es la capital de Venezuela», aseguran a este periódico las mismas fuentes, que se refieren a la coincidencia en la ciudad del presidente electo, Edmundo González; varios líderes de la oposición, como Leopoldo López o Antonio Ledezma; así como figuras de alto perfil del chavismo que se han pasado a la disidencia, como el caso de la exfiscal general Luisa Ortega. Es con estos últimos con los que se reuniría Rodríguez Torres.

Según las fuentes consultadas por ABC, el exgeneral, con el que ha intentado contactar este periódico, sin éxito, no habría vuelto a Venezuela desde su liberación en 2023, pero ahora sí tendría previsto regresar para incorporarse «al gabinete ministerial», deslizan.

Quienes conocen al exgeneral chavista lo retratan así: «Es una persona de la que nunca sabes qué esperar porque tiene su propio juego. Tiene mucha información y mucha relación todavía con todos los aparatos de inteligencia en el mundo -incluida España-. Y tiene aspiraciones a ser presidente de Venezuela», subrayan desde la disidencia. Y alertan: «Cuando te relacionas con él sabes que estás sentado, por una parte, con Diosdado Cabello (ministro del Interior y número dos de Maduro), y, por otra parte, con Delcy Rodríguez y Zapatero».

En este escrito, la nueva líder del país caribeño ha invitado al Gobierno de EE.UU. a trabajar conjuntamente en una «agenda de cooperación»: «Extendemos la invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera».

En el mensaje, ha dirigido también unas palabras directas al presidente estadounidense, Donald Trump, en el que afirma que «nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro». Sin embargo, no ha mencionado la liberación del exdictador, como exigió en la rueda de prensa de este sábado, posterior a la ofrecida por el presidente Trump.

La funcionaria expresó que su sueño es que Venezuela sea una «gran potencia» donde todos sus ciudadanos se puedan encontrar. «Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro», apuntó.

Delcy Rodríguez ha lanzado el comunicado después de que dirigir el Consejo de Ministros, en los que se ha visto acompañada del titular de Defensa, Vladimir Padrino López, así como del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, entre otros.

Previamente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el sábado que Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada, tras la captura de Maduro, sin precisar una fecha para el acto de juramentación, recoge la agencia EFE. El Parlamento venezolano, institución ante la cual debe juramentarse el primer mandatario del país, tampoco ha convocado públicamente a esta ceremonia.

«Acceso total al petróleo»

Este domingo, Trump demandó a Rodríguez «acceso total» a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

«Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo», a la pregunta de qué otras «cosas» iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que «las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo».

«Estamos a cargo», indicó Trump, quien este sábado, al anunciar los detalles de la captura de Maduro, reiteró varias veces que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición.

En una entrevista este domingo con el semanario ‘The Atlantic’, Trump dijo que si Rodríguez «no hace lo correcto» le espera un futuro «peor» que el de Maduro.