La entrega y recepción de la administración pública, conocida en muchos países como “transición de Gobierno”, se llama “empalme” en Colombia. El objetivo de este proceso es garantizar la continuidad de los servicios públicos y permitir que las nuevas autoridades asuman sus funciones con un diagnóstico claro de la situación financiera, presupuestaria y operativa.
En Colombia, este proceso está regulado por leyes como la Ley 951 de 2005, que se aplica a todas las ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial) y a los órganos de control y autónomos a nivel nacional, departamental, distrital y municipal.
Habitualmente se conforman equipos de empalme para cada ministerio o institución correspondiente, en un proceso formal y público, de acuerdo con la obligatoriedad de la transición y entrega de la administración pública, entre el Gobierno saliente y el entrante.
Pero, lo que ha funcionado en muchos procesos de transición entre Gobiernos en el pasado no será posible en el caso del Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, ya que se levantaron las mesas de trabajo y se suspendió el proceso por orden del nuevo presidente electo.
El nivel de tensiones entre los dos Gobiernos pone en entredicho el ordenamiento legal, por un lado, y, por otro, es un inconveniente para el país, la función pública y las mismas bases de la democracia.
Un ambiente adverso para la transición
Los efectos en la sociedad colombiana son claramente visibles: el enfrentamiento entre el presidente saliente, Petro, y el entrante, De la Espriella, profundiza la polarización existente, no solo en términos político-ideológicos, sino también institucionales.
Los continuos llamados del nuevo presidente a las Fuerzas Armadas para que cumplan sus órdenes y las respuestas de la cúpula militar a estas exigencias se han expandido también a otras instancias de control y transparencia del país. Se está generando un clima de profunda confrontación que cambia sustancialmente el clima político nacional y que, además, extiende su impacto más allá de las fronteras del país como la relación con la vecina Venezuela.
Un indicador del nivel de toxicidad que ha alcanzado la controversia tras el ajustado resultado electoral es el vocabulario utilizado. Llama la atención que De la Espriella recurra al lenguaje de Donald Trump al denunciar a su predecesor y a su oponente, Iván Cepeda, como golpistas, comunistas y narcoterroristas, de los cuales habría que defenderse para salvar la patria.
judicialización de la política colombiana es un efecto previsible, así como la falta de consensos en el Senado y la Cámara de Representantes, que afectarán a la capacidad de las nuevas autoridades para alcanzar las mayorías necesarias.
El interés público por transparentar las acciones de la administración pasada es evidente y va acompañado de motivaciones por ajustar cuentas, que puede ir más allá del esclarecimiento de posibles irregularidades sin intervenciones políticas por parte del Gobierno y la oposición.
El clima político hóstil no solo afectará a la actuación de la función pública, sino que también implicará el uso de la fuerza pública en enfrentamientos callejeros con efectos polarizantes, que alcanzarán también a las elecciones regionales que se celebrarán en 2027 para elegir a los gobernadores de los 32 departamentos del país, así como a los alcaldes de más de mil municipios, además de a los diputados y concejales de todo el territorio nacional.
¿Será factible desintoxicar el empalme colombiano?
Ante los niveles de confrontación alcanzados entre el oficialismo y la oposición, las llamadas a la sensatez no parecen surtir efecto; más bien, están escalando las amenazas mutuas. De nuevo se echa en falta un centro político capaz de imponer un contrapeso a los protagonistas políticos. Ciertamente, la sociedad civil, dividida y polarizada, tampoco podrá aportar nada para tranquilizar el clima político, ya que los medios de comunicación siguen alimentando los escenarios de confrontación.
Los anuncios del presidente entrante de suprimir el cargo de Alto Comisionado para la Paz y desmantelar lo que denominó “un perverso sistema de impunidad” de la Justicia Especial para la Paz (JEP) reflejan la actitud revisionista que sigue profesando y que podría llevar al país a situaciones anteriores al proceso de paz.
Será entonces el peso de las instituciones el que podrá frenar los voluntarismos políticos de los dos presidentes, saliente y entrante, y llevar a una lógica de mayor entendimiento entre las partes para generar consensos en el Congreso. Las deficiencias del presidente entrante en el manejo de la política deberán solventarse pronto para que la suspensión del empalme no se convierta en el inicio de un Gobierno descoordinado e incapaz de gestionar de forma coherente el futuro del país.
Luego de que Estados Unidos capture al presidente Nicolás Maduro en Venezuela en enero y eleve a máximos históricos la presión económica sobre Cuba en los meses posteriores, muchas miradas se posaron sobre Nicaragua, el tercer miembro de una troika ideológica regional, como posible siguiente blanco de la Casa Blanca, que esta semana descartó que el país vuelva a tener nuevas elecciones.
Sin embargo, las medidas de Washington continuaron al mismo ritmo en este semestre y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, uno de los más herméticos del continente, mantiene a grandes rasgos su perfil bajo, con una economía estable y sin oposición dentro del país, ya que quedó exiliada tras una dura ola represiva.
Días después del operativo de enero en Venezuela, Nicaragua liberó a “decenas de personas”, sin aclarar los motivos por los que estaban presos. Posteriormente, restaableció el requisito de visado para cubanos, limitando la circulación de isleños hacia Norteamérica. Dos medidas interpretadas como gestos para Washington, pero no hubo mucho más.
El Departamento de Estado impuso nuevas sanciones a funcionarios en abril, mes en el que cada año suele anunciar medidas o declaraciones alusivas al estallido social de 2018 que fue respondido con represión. Esta vez, la medida alcanzó al seno familiar de la presidencia. Si bien los comunicados del secretario de Estado, Marco Rubio, elevaron el tono hacia Managua, hasta ahora no ha planteado un escenario de cambio de régimen, como sí lo hizo expresamente sobre Cuba.
“Para Marco Rubio, Cuba importa mucho más que Nicaragua. Además, Nicaragua no tiene los recursos naturales de Venezuela”, apuntó a CNN el profesor Kai Thaler, del departamento de Estudios Globales de la Universidad de Santa Barbara (California), que ha realizado investigaciones sobre el país centroamericano.
El analista señaló que, si bien en los últimos meses hubo algunos recortes salariales a empleados públicos nicaragüenses, la economía “en general es más estable que en Cuba o Venezuela”, con un crecimiento incluso por encima del promedio regional, fuertemente apalancada en las remesas.
Para Thaler, “otra diferencia clave es que en Nicaragua hay un régimen familiar, no hay una figura como Delcy (Rodríguez)” que a simple vista pueda asumir el control en caso de una salida de los copresidentes. “Cada alternativa para el liderazgo ha sido eliminada por Ortega y Murillo”, aseguró.
Managua, aunque aislada diplomáticamente, ha sabido enfrentar la presión de Washington sin ofrecer grandes concesiones, luego de haber reducido la sociedad civil a la mínima expresión.
Estados Unidos tiene un enfoque diferente que el aplicado a Caracas y La Habana, dijo a CNN el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de la organización Diálogo Interamericano, con sede en EE.UU. El analista afirmó que la Casa Blanca busca evitar una ola migratoria o represiva, y apuesta en cambio por modificaciones graduales sin una intervención tan directa.
Orozco indicó que EE.UU. “no tiene una estrategia de dominó” detrás de las presiones a Venezuela, Cuba y Nicaragua, con diferentes prioridades de acuerdo con el impacto político.
Nicolás Maduro, flanqueado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una cumbre en La Habana, en 2018. – Yamil Lage/AFP via Getty Images
“Una lectura es que la inercia política en la dictadura de Murillo y Ortega va a generar un conflicto interno, una desaceleración económica, una posible protesta social donde (EE.UU.) pueda apalancar su presión. Pero no al revés. Si interviene en este momento, no se sabe cuál es el efecto sobre una transición política. Viendo las lecciones de Cuba, Venezuela o Irán, eso te pone un freno o un contexto”, agregó.
El politólogo destacó que el Gobierno sandinista, que está en el poder desde el 2007, no enfrenta turbulencias económicas ni protestas callejeras. “(Si EE.UU. interviene) se estaría forzando una transición”, comentó. Esa restricción, agregó, hace que el Gobierno de Ortega y Murillo “se aproveche de las circunstancias y mantenga un bajo perfil”.
El disimulo de Managua tuvo un inusual quiebre en abril cuando Ortega, quien no declara en público con frecuencia, reaccionó llamando “desquiciado mental” a las sanciones que EE.UU. impuso a sus hijos. Tres meses después, reapareció con su anuncio del fin de la alternancia en Nicaragua y calificó de “monstruosidad” la captura y detención de Maduro.
Thaler consideró que “para Ortega es normal criticar a Estados Unidos como imperialistas, presentar su régimen como una fuerza de paz”, pero agregó que “es difícil distinguir qué es la estrategia y cuándo es que el Gobierno no tiene a nadie que le diga (a Ortega) que no diga eso”. De todos modos, si el mandatario declara de esa forma, “es un posible indicador de que el Gobierno no cree que Estados Unidos va a enfocarse en Nicaragua, que Ortega se siente seguro en criticar e insultar a Trump así”, analizó.
Para Orozco, el de abril se trató de un mensaje para la tropa interna y destacó que luego Murillo salió a negar esas declaraciones. “Dicho de una forma peyorativa, es como que sacaron al perro para que ladrara, pero que no mordiera. Es simbólico para la base interna, decir que seguimos siendo imperialistas. La realidad es otra, no hay en la retórica y en la política exterior ninguna expresión de solidaridad con Venezuela o con Cuba”, consideró.
CNN envió consultas al Gobierno de Nicaragua, que no suele responder a la prensa.
La hoja de ruta de EE.UU.
Nicaragua, como signatario del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, mantiene un acuerdo comercial con Washington. Fue bajo ese marco que EE.UU. aplicó sanciones a Nicaragua por abusos laborales y violaciones de derechos humanos, aunque no llegó a aplicar las máximas penas comerciales, por lo que mantiene abierta esa posibilidad como advertencia al régimen.
Si bien la macroeconomía es estable, con una inflación controlada, Nicaragua mantiene una fuerte dependencia de las remesas y altos niveles de informalidad laboral. Cuando el Gobierno de Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal para nicaragüenses, el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que el país ya no cumplía con las condiciones necesarias para su designación: considerar que las personas se enfrentarían a dificultades extremas si se vieran obligadas a volver a su país de origen. Así, EE.UU. no solo quiere evitar la llegada de más migrantes, también considera que no es arriesgado que los que están en su territorio vuelvan a Nicaragua.
Orozco sostuvo que Estados Unidos “viene desarrollando una serie de presiones” con las que sanciona y Nicaragua no suele responder, en una mecánica casi estable. “Una lectura equivocada da la impresión de que Nicaragua viene después (de Venezuela y Cuba), que la única política de EE.UU. es la de intervención directa. No hay un cálculo sobre lo que eso significa, nadie piensa qué significaría que EE.UU. saque del poder a estas personas cuando no existe una oposición, la ciudadanía no sabe quiénes son los líderes el exilio y hay una estabilidad económica. Es especular sobre algo que no es seguro”, aseveró.
Con esa cautela, dijo que, a su juicio, Estados Unidos estaría pensando más a largo plazo, con el horizonte de las elecciones generales que en teoría están programadas para noviembre de 2027, si es que no se cumple la advertencia de Ortega. “Calculan ir sincronizando una presión para que introduzcan algún tipo de reforma”, afirmó.
Pensar en los comicios como una oportunidad, en un país con procesos electorales tan cuestionados y sin una oposición representativa, puede sonar demasiado optimista. Orozco aclara que no se refiere a la votación, sino a todo lo que conlleva una campaña. “Es un punto en la línea de tiempo, un punto que hay que aprovechar, estamos a 18 meses. Nadie en la oposición ha pensado en lo que significa ese punto”, expresó. “Las sanciones tienen que ver con ir esquinando al régimen. Es probable que no van a dejar perder la oportunidad de que Nicaragua entre a una transformación democrática”.
Daniel Ortega (D) y su esposa, Rosario Murillo, saludan a la multitud durante la inauguración del paso elevado de Nejapa en Managua el 21 de marzo de 2019. – MAYNOR VALENZUELA/AFP/AFP via Getty Images
Por su parte, Thaler dijo que actualmente “no hay mucha atención de EE.UU. a Nicaragua”, con otras prioridades en el escenario internacional, y no espera que haya giros en el corto plazo. “Hay sanciones a funcionarios del régimen, pero es algo que hace cada tres o seis meses, no es una señal de mayor atención a la normal. Es difícil imaginar un gran cambio en la política estadounidense frente a Nicaragua, actualmente está en guerra con Irán, hay una campaña de presión contra Cuba que no tuvo muchos resultados. Sin nuevos eventos, no veo un cambio grande”, analizó.
Una dinastía estable
Thaler apuntó que Ortega y Murillo “siempre están preparados para negociar” con Estados Unidos, aunque no haya una mesa de diálogo instalada. Las señales como liberaciones de presos son “concesiones superficiales para reducir la presión de EE.UU. sin amenazar su poder, sin verdaderamente conceder nada”, remarcó. El analista consideró que “la democracia en Nicaragua está lejos de ser posible en este momento” y “no hay posibilidad de elecciones libres”, situación que también achacó a la oposición: “Está muy fragmentada. Hay gente como (el activista y académico) Félix Madariaga que es tan prominente, que siguen con sus esfuerzos para mantener la causa nicaraguense en el discurso de EE.UU. y del mundo, pero no hay unidad, no hay una causa común más que el fin de la dictadura”.
Sin adversarios ni la posibilidad de organizar marchas opositoras, parte de la oposición deposita algunas esperanzas en algún quiebre interno del núcleo. Si bien en los últimos meses hubo purgas y acusaciones contra funcionarios cercanos a la pareja presidencial, los analistas coinciden en que no hay rupturas a la vista.
“No parece que hay alternativas dentro del régimen o grandes posibilidades de cualquier fractura. Hay una posibilidad de otra sucesión familiar por alguno de los hijos, como Laureano, pero no hay generales, vicepresidentes” que puedan asomar como posibilidad, dijo Thaler.
“Lo más plausible, la continuidad del régimen con Rosario Murillo en una posición más fuerte que nada. Daniel (de 80 años) está menos y menos presente en la vida pública. Rosario (de 74) es mucho más activa en gobernar el día a día. Hay un rol mayor en la política de Laureano, de los hijos, pero hasta hoy no hay indicaciones de ninguna posibilidad de transición”, reafirmó.
Murillo recibió el título oficial de copresidenta en febrero de 2025 y los dos analistas consultados coincidieron en que la transición de Ortega a su esposa ya está en efecto. También parece ser la postura del Departamento de Estado, que comenzó a nombrar a Murillo antes que a Ortega en los comunicados, un posible reconocimiento a su creciente peso político.
El ascenso de Murillo había desatado especulaciones que por ahora también caen en saco roto.
“Históricamente, ha habido la sensación de que una transición a Rosario va a provocar fracturas dentro del Frente Sandinista. Todavía es posible, pero el Frente de hoy es muy diferente que el de hace una década: no solo es un partido personalista, también lo es por Rosario, que trabajó para asegurar que la gente en posiciones de poder, sean leales a ella, y no solo a Daniel”, dijo Thaler, quien afirmó que la pareja presidencial mantiene un fuerte control sobre las fuerzas de seguridad y los aparatos de control ciudadano.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, junto a su esposo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un mitin que marca el 40º aniversario de la toma del Palacio Nacional por parte de los guerrilleros sandinistas antes del triunfo de la revolución, en Managua el 22 de agosto de 2018. – INTI OCON/AFP/AFP/Getty Images
Sin embargo, Orozco matizó que la copresidenta “no tiene una base popular” y se sigue apoyando en la imagen de Ortega. “Su capital político con el ejército es bastante funcional, de carácter transaccional. Se deje que administren recursos, pero si la presión se produce, si el costo beneficio cambia, el apoyo va a ir disminuyendo. Hay un balance de poder a favor de ella internamente, pero no es lo suficientemente sólido para garantizar que vaya al 2027”, comentó.
En ese sentido, destacó que las sanciones de abril de EE.UU. estuvieron dirigidas a “uno de los sectores más fuertes de captación de ingreso, la producción minera, y desarticula intereses económicos del Ejército y de socios de Laureano (Ortega)”.
Orozco también apuntó que Murillo “tiene el completo monopolio del círculo de poder”, del que considera que no hay más de 200 personas, aunque con diferentes grados de adhesión. “Para algunos militares, si la oferta de continuar apoyándola no es atractiva, no es que se le van a voltear, pero van a arrastrar los pies. Hay otro grupo, más clientelista, la gente de segundo rango, que si se le presenta la oportunidad, se salen. Por eso hay purgas”, opinó.
Para el politólogo nicaragüense, “la gran pregunta es qué probabilidad de éxito” tiene una dinastía familiar que lleva casi dos décadas y que apuntaría a continuar con Laureano, ya que, según afirmó, “hay miembros de la familia misma que no quieren ese modelo”.
De todas formas, Orozco destacó la resiliencia del Gobierno para enfrentar los desafíos, especialmente los que provienen desde fuera de sus fronteras, algo muchas veces subestimado. “El equipo de política exterior es muy sólido, ha evitado confrontar con Estados Unidos y la Unión Europea. han sabido neutralizar la presión latinoamericana, especialmente los vecinos de Centroamérica”, comentó. “Esta gente tiene más de 40 años de experiencia en política. Son pocas la personas que saben cómo lidiar con este tipo de personajes”.
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El nuevo Congreso de Colombia propinó el lunes su primer golpe al mandatario electo de ultraderecha Abelardo de la Espriella al votar en contra de su candidato a la presidencia del Senado, un inicio adverso en su intento de construir mayorías legislativas.
Sin partido propio y con un discurso antisistema, De la Espriella busca apoyos de los legisladores antes de su investidura del 7 de agosto para sacar adelante sus reformas.
El lunes perdió una primera batalla luego de que los 284 miembros del nuevo Congreso, elegidos en marzo pasado, tomaran posesión de sus cargos por un periodo de cuatro años.
Una vez conformado, el Senado votó en contra del candidato de De la Espriella a presidir la Cámara Alta y, en cambio, eligió a un dirigente del partido del expresidente Álvaro Uribe, que en los últimos días tomó distancia del gobierno electo.
En un hecho insólito, la izquierda derrotada en el balotaje presidencial del 21 de junio se unió a la derecha tradicional para vencer al alfil de De la Espriella.
El partido de Uribe y el del saliente presidente Gustavo Petro, las dos bancadas más grandes del Congreso, festejaron con aplausos tras el resultado.
Tradicionalmente en Colombia, un aliado del presidente es elegido como máxima autoridad del Senado para garantizar la aprobación de sus primeras propuestas.
“Primera derrota de De la Espriella”, festejó en la red social X el senador Iván Cepeda, quien perdió la segunda vuelta de las presidenciales contra el ultraderechista.
De la Espriella, un abogado millonario de 47 años, ha dicho que recurrirá a decretos en caso de que el Congreso bloquee sus reformas, mientras que sus adversarios lo tildan de autoritario.
Ahora deberá tejer alianzas para llevar a buen puerto propuestas como recortar en un 40% el tamaño del Estado, atacar militarmente con mano dura a los grupos narcotraficantes y desmantelar el tribunal de paz surgido tras el histórico acuerdo con la guerrilla FARC en 2016.
El partido que más lo respaldó en campaña tiene una representación minoritaria de apenas cinco escaños en ambas cámaras.
En el ambiente hay “tensión” por un legislativo “fragmentado”, dijo a la AFP Humberto Librado, director de ciencia política de la Universidad Javeriana.
El mandatario electo presenció más temprano un desfile militar en Medellín (noroeste), un bastión de la derecha en el que reiteró su admiración por las fuerzas de orden en un país con más de seis décadas de conflicto armado.
“Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados”, dijo el ultraderechista ante unos 5.000 uniformados.
En un escenario global cada vez más competitivo para la educación superior, Buenos Aires ha logrado retener su título como la mejor ciudad para estudiantes en América Latina, según los resultados del QS Best Student Cities 2027 publicado hoy. Sin embargo, la capital argentina no es inmune a las presiones económicas y regulatorias que atraviesa el país. Listada en el puesto 35 a nivel mundial, la ciudad descendió tres lugares respecto del año anterior, impulsada principalmente por una caída en sus niveles de accesibilidad, luego de que habilitaran el cobro en universidades a los residentes no permanentes.
Así, a pesar del prestigio académico, el informe de la consultora Quacquarelli Symonds este año enciende una alarma roja sobre el costo de vida para los estudiantes. “Accesibilidad” es ahora la categoría más débil de Buenos Aires y la que más rápido se deterioró. La ciudad cayó ocho lugares en este indicador, situándose en el puesto 87 de 150, con una pérdida de seis puntos en su puntaje global.
Si bien registra una baja mayor, de nueve escalones, en la categoría “Actividad Empleadora”, alcanza un mejor desempeño (puesto 37) y además el impacto de este ítem en el puntaje general resulta menor. Por estos motivos, el documento difundido por QS a la par del ranking hace hincapié en el rubro “Accesibilidad”.
La categoría se refiere a qué tan accesible financieramente es una ciudad para un estudiante, considerando tanto los costos educativos como los de vida. Se calcula combinando las tasas de matrícula, el índice de costo de vida de Numbeo y el Índice Big Mac de The Economist. En el caso de Buenos Aires, el promedio para estudiantes internacionales en las instituciones rankeadas es de aproximadamente U$6400 anuales, una cifra influenciada principalmente por las universidades privadas que conforman la mayoría de las sedes incluidas en la nómina.
La Facultad de Derecho de la UBA (Foto: UBA)
Tradicionalmente, el modelo de reclutamiento argentino se basó en el acceso abierto y la gratuidad, especialmente en universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires (UBA). El informe advierte que el aumento de los costos y la introducción de aranceles podrían entonces erosionar la ventaja principal que ha atraído a estudiantes de toda la región hacia la ciudad.
Señala que, a partir de la habilitación paraque las universidades cobren aranceles a los alumnos extranjeros no residentes, la Argentina está pasando de un sistema de “derecho universal” a uno más “institucional y potencialmente generador de ingresos”. Consideran un riesgo hacerlo sin una estrategia coordinada becas, visas. En palabras de Ben Sowter, vicepresidente de QS, el desafío urgente para la ciudad es “proteger lo que hizo atractivo al sistema”.
“Buenos Aires es la ciudad estudiantil más destacada de América Latina, y con una ventaja considerable: supera por 20 puestos a su rival regional más cercano [Santiago de Chile, en el puesto 55]”, afirmó Sowter.
Y agregó:“Esa posición se construyó con un modelo de acceso abierto y bajo costo, y ambos aspectos están ahora bajo presión. Las universidades públicas han obtenido la facultad de cobrar tasas a los estudiantes internacionales no residentes. La Argentina cuenta con el mercado laboral mejor preparado para el futuro de la región –según nuestro indicador sobre el futuro del trabajo– y con la única universidad situada entre las 100 mejores. El desafío es proteger lo que hizo atractivo al sistema mientras se construye la infraestructura de reclutamiento, becas e investigación que pide la propia estrategia del país”.
Después de Buenos Aires y Santiago de Chile, aparecen Ciudad de México en el puesto 77, San Pablo (Brasil) en el 100, Monterrey (México) en el 107, Bogotá (Colombia) en el 110 y Lima (Perú) en el puesto 148. El top tres global lo integran Seul, Tokyo y Londres.
Un evento organizado por la Ciudad para estudiantes extranjeros – Créditos: @Patricio Pidal
El ranking QS Best Student Cities 2027 evalúa las ciudades en seis categorías: la calidad de sus universidades, el atractivo de la ciudad, el interés de los empleadores, la accesibilidad, la diversidad del alumnado y las opiniones de los propios estudiantes. Para poder clasificar, las postulantes debe tener una población superior a 250.000 habitantes y contar con al menos dos universidades incluidas en el ranking de universidades QS.
Buenos Aires se mantiene en la cima regional por la fortaleza de sus instituciones. La capital argentina ocupa el puesto 15 del mundo en la categoría “Rankings Universitarios”: diez de las instituciones porteñas figuran en el QS World University Rankings 2027, superando a metrópolis como Melbourne, Sídney, Singapur y Zúrich. La UBA logró retener el puesto 84 a nivel global y ser, por segundo año consecutivo, la única universidad latinoamericana dentro del top 100 global.
Ha logrado mantener una “Mezcla Estudiantil Diversa” (con una leve mejora del puesto 54 al 52), atrayendo jóvenes de toda la región gracias a su reputación académica y la oferta en español. Asimismo, sigue siendo valorada positivamente en “Voz del Estudiante”, aunque bajó dos lugares (puesto 44 al 46), un indicador que mide la experiencia directa de quienes eligen la capital argentina para formarse.
En cuanto a la conexión con el mundo del empleo, Buenos Aires ocupa el puesto 37 en “Actividad Empleadora”, como se dijo anteriormente, lo que refleja una alta demanda de graduados pese a la caída registrada desde el lugar 28 el año pasado.
En cambio, ascendió dos lugares en “Atracción”, al subir del lugar 79 al 77.
Condenan a cadena perpetua en EE.UU. a Ismael “el Mayo” Zambada. Cerca de 100 militares estadounidenses heridos en las últimas dos semanas. La FIFA investigará a jugadores de Argentina. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.
1. Ortega dice que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, borró de plano este domingo la posibilidad de realizar nuevas elecciones en el país, con el objetivo explícito de cerrarle el paso a la oposición, que desde hace años denuncia elecciones fraudulentas y falta de libertades civiles.
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2. La FIFA investigará las agresiones de Paredes y otros argentinos
3. Condenan a cadena perpetua en EE.UU. a Ismael “el Mayo” Zambada
Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del violento cártel de Sinaloa, fue condenado este lunes a cadena perpetua en Estados Unidos. La sentencia llega luego de un acuerdo con la fiscalía alcanzado el año pasado en el que admitió haber traficado millones de kilos de cocaína durante décadas.
4. Casi 100 militares de EE.UU. han resultado heridos en dos semanas
Cerca de 100 militares estadounidenses han sufrido algún nivel de lesión desde el 7 de julio, escribió en X el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Además, EE.UU. reportó el lunes la muerte de un soldado, quien falleció en el norte de Iraq durante la detonación controlada de un dron iraní derribado. El presidente Donald Trump aseguró que Irán “pagará” por las muertes de soldados estadounidenses durante el fin de semana.
5. Reviven controvertida norma dirigida a solicitantes de la “green card”
El Gobierno de Trump reactivó el lunes una controvertida norma que podría dificultar que los inmigrantes obtengan la “green card” si utilizan ciertos beneficios públicos, lo que marca el regreso de una medida que fue bloqueada en los tribunales durante el primer mandato de Trump.
¿Quién es el nuevo primer ministro de Reino Unido?
No solo Taco Bell: brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes
Los estadounidenses han reducido el consumo en cadenas de comida con menús cargados de lechuga a medida que aumentan las preocupaciones por el brote de cyclospora.
La fusión entre Paramount y WBD queda en pausa tras una orden de restricción temporal
Una jueza federal concedió una orden de restricción temporal que pausa por dos semanas la adquisición de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN, por parte de Paramount
Bogotá, 20 jul (EFE).- El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, fue elegido este lunes presidente del Senado de Colombia para el primer año legislativo con el inédito apoyo de la bancada del Pacto Histórico, en una votación que juntó a dos fuerzas políticas enfrentadas durante el Gobierno saliente de Gustavo Petro y que supone un revés para el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Henríquez obtuvo 56 votos, frente a los 45 alcanzados por el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien contaba con el respaldo público de De la Espriella y de varios partidos, mientras que hubo un voto en blanco durante la sesión de instalación de las nuevas legislaturas del Congreso.
El Centro Democrático había reclamado la presidencia del Senado al sostener que esa dignidad le correspondía por ser la bancada de derecha con mayor representación en la corporación, una tradición parlamentaria que suele respetarse al inicio de cada legislatura en la conformación de las mesas directivas.
Sin embargo, el hecho más llamativo de la elección fue el respaldo del Pacto Histórico, partido del presidente saliente Gustavo Petro, a la candidatura de Henríquez, pese a que ambas fuerzas protagonizaron algunos de los principales enfrentamientos políticos durante el cuatrienio que termina y ahora ocuparán posiciones opuestas en el nuevo escenario político.
La elección representó además una derrota para De la Espriella antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto, pues había expresado públicamente su apoyo a Deluque para encabezar el Senado durante el primer año del nuevo periodo legislativo.
Junto a Henríquez serán elegidos previo acuerdo como primer vicepresidente el senador Manuel Virgüez, del Partido Mira, y como segundo vicepresidente Alejo Ocampo, del Pacto Histórico.
En la Cámara de Representantes, entretanto, la nueva mesa directiva quedó encabezada por el conservador Nicolás Barguil Cubillos, representante por Córdoba, quien ejercerá la presidencia durante el próximo año legislativo.
Lo acompañarán en las vicepresidencias Simón Molina Gómez, del partido Creemos y representante por Antioquia, y Erick Velasco Burbano, del Pacto Histórico y representante por Nariño.
La elección de las mesas directivas marcó el inicio de un nuevo periodo legislativo que estará dominado por la transición entre el Gobierno de Petro y el de De la Espriella.
El nuevo Congreso tendrá la tarea de tramitar las primeras reformas de la futura administración en un escenario político en el que el oficialismo buscará consolidar mayorías, mientras la oposición intentará reorganizarse tras cuatro años en el poder.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, denunció este lunes (20.07.2026) sobre al menos nueve supuestos planes para atentar en su contra, incluido uno con francotiradores.
Hace un mes, el 20 de junio, fue evacuada de emergencia por una explosión mientras recorría una zona de minería ilegal en el interior del país.
Días antes el gobierno aseguró haber recibido información sobre un supuesto plan que se estaría fraguando desde una cárcel.
“Yo tengo, y de este tema no he hablado públicamente en virtud de que son datos delicados y que hemos visto como confidenciales, pero yo tengo alrededor de nueve amenazas contra mi integridad física, algunas desde ataque con francotirador”, dijo la mandataria en rueda de prensa.
Afirmó que también miembros de su gabinete y de su familia han recibido amenazas.
“Amenazas delicadas”
La gobernante comentó que son “amenazas delicadas” que “provienen lamentablemente de la inteligencia policial y de la inteligencia penitenciaria en su mayoría”.
Las amenazas fueron trasladadas al Ministerio Público para su investigación.
“Evidentemente no queremos que ocurra algo que atente contra la seguridad de ningún alto funcionario, mucho menos en mi caso personal, contra mi familia o contra mí”, puntualizó.
Fernández sustituyó en mayo a su mentor Rodrigo Chaves, cuyo gobierno denunció en enero un presunto complot para atentar contra el entonces presidente, aunque las autoridades nunca ofrecieron pruebas concretas.
El sector de las sociedades financieras populares (Sofipos) verá impactados sus números, una vez que Nu México, filial del gigante brasileño, pase de este gremio al sistema bancario local, algo que ocurrirá pronto.
Y es que hace poco más de una semana, Nu México recibió la autorización final, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para iniciar operaciones como banco en el país. A partir de esa fecha, cuenta con 30 días para concretar su transformación.
Mientras ello ocurre, Nu continúa operando bajo la figura de Sofipo. De hecho es la más grande de éstas, pues de los 219,446 millones de pesos de activos del sector a mayo pasado, la institución de origen brasileño tenía 120,017 millones, es decir alrededor de 55 por ciento.
El impacto del cambio
De esta forma, una vez que Nu México dé el salto de Sofipo a banco, el sector de financieras populares bajaría de 219,446 millones sus activos, a poco menos de 100,000 millones.
En cuanto a la cartera de crédito, a mayo pasado, de acuerdo con información de la CNBV, el sector de Sofipos registró un saldo de 98,257 millones de pesos, mientras que Nu México tenía 34,810 millones, poco más de una tercera parte.
En lo referente a la captación tradicional, el impacto sería mayor, ya que en el sector el saldo fue de 178,150 millones de pesos a mayo pasado, pero Nu tenía 101,930 millones, casi 60% del total.
Así, el saldo de la cartera de crédito del sector de las Sofipos se reducirá, con la salida de Nu México y su migración a banco, a 63,447 millones de pesos; y el de captación bajaría a 76,220 millones.
Cabe recordar que la figura de Sofipo, lo mismo que la de banco, permite captar recursos del público que, al mismo tiempo, sirven para fondear las actividades de la entidad. Es por ello que instituciones como Nu, en una primera instancia dio el salto a Sofipo y en breve lo hará a banco.
Al respecto, una de las diferencias entre Sofipo y banco, es que esta última figura garantiza los ahorros e inversiones del público por montos mucho mayores, de hasta por el equivalente a 400,000 unidades de inversión, que hoy son alrededor de 3.3 millones de pesos por ahorrador.
A finales del 2021, cuando Nu México entró al sector de las Sofipos tras la adquisición de la financiera popular, Akala, este segmento contaba con activos por arriba de los 30,000 millones de pesos. En este tiempo, otras entidades provenientes del ecosistema digital, como Stori y Klar, también se incorporaron al sector con la compra de otras instituciones, lo que ha impulsado los números del sistema de financieras populares.
Los planes de Nu México
Con más de 15 millones de clientes en el país, entre los planes de Nu México destaca una inversión, en el país, por 4,200 millones de dólares hacia el 2030.
“Recibir la autorización tras un proceso inédito de transformación de Sofipo a banco es un hito que no hemos alcanzado solos. Llegamos acompañados de millones de mexicanos que han depositado su confianza en Nu, y estamos listos para seguir construyendo con ellos la experiencia financiera que se merecen”, expresó recientemente Armando Herrera, CEO de Nu México.
La Habana, 20 jul (EFE).- Cinco reconocidos economistas cubanos presentaron este lunes una propuesta de reforma económica “integral” para la isla que, aseguran, “debe ir acompañada de una transformación política e institucional”.
El objetivo es “construir una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho”, explican los expertos que firman este documento de 120 páginas: Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal.
“Cuba necesita emprender un proceso integral de transformación que permita estabilizar la economía, recuperar sus capacidades productivas e institucionales y construir un nuevo modelo de desarrollo capaz de generar prosperidad, equidad y oportunidades para todos los ciudadanos”, afirman.
A su juicio, la “magnitud” de la crisis hace “inviable” tratar de atajarla con “medidas parciales o ajustes administrativos”: “Cuba necesita emprender un proceso integral de transformación”.
Reconocen que para lograr estos cambios es “indispensable” de forma paralela un “avance sustantivo” en las negociaciones entre La Habana y Washington -que, entre otras cuestiones, alivien las sanciones-, así como un “importante apoyo” internacional a nivel político y financiero.
De igual manera serán precisas un grupo de “condiciones políticas internas para iniciar la sustitución del modelo vigente” pues la crisis “no es únicamente económica”, sino que expresa el “agotamiento” del sistema político y económico.
El programa, que no analiza ni critica el reciente plan de 176 reformas del Gobierno cubano, resalta que la crisis de la isla no es “un fenómeno coyuntural” ni fruto exclusivo de la actual presión de EE.UU., aunque reconoce que esto ha “agravado significativamente la situación”.
Cuba, explican, “enfrenta la crisis económica y social más profunda de su historia contemporánea” por “la convergencia de factores internos y externos”, del “agotamiento” de su modelo económico y los “errores” en política económica al “endurecimiento de las sanciones” de EE.UU.
El documento cita, entre las principales “dificultades” que afronta Cuba, la “profunda descapitalización” de la isla, el “deterioro de las finanzas públicas”, la crisis energética, las “limitaciones” del sistema financiero y el “reducido acceso” de La Habana a financiamiento externo.
La propuesta se marca un proceso “continuo y coherente” de tres años que arranca con una etapa de estabilización macroeconómica y medidas para frenar el deterioro y apoyar a los vulnerables, continúa con una recuperación de “las capacidades productivas e institucionales” y culmina con “una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo”.
Los cinco expertos subrayan que la crisis energética -con apagones diarios de más de 20 horas en la capital y de hasta tres días en provincias- “ocupa un lugar prioritario” en su programa. “Más que un problema sectorial”, esta situación es “una de las principales restricciones” a la recuperación.
Mercado, seguridad jurídica y diáspora
El informe, que irá recibiendo actualizaciones periódicas, destaca la importancia del mercado -“en la asignación de recursos y en la formación de precios”-, la empresa privada -“como principal generadora de inversión, innovación y empleo”-, la seguridad jurídica y la diáspora.
“La diáspora constituye una parte inseparable de la nación y un activo estratégico para la reconstrucción del país” por su “experiencia, capacidades profesionales, redes internacionales, capital y compromiso con Cuba”.
Los economistas coinciden en resaltar que las sanciones estadounidenses son “uno de los principales obstáculos para la recuperación” cubana y apuntan a que ésta precisará de una “flexibilización sustancial” de esas medidas de coerción.
Las sanciones limitan “severamente” el acceso de Cuba a “mercados, financiamiento, tecnología, inversión y mecanismos normales de pago internacional”, señalan.
El Gobierno cubano presentó en junio un paquete con 176 reformas para liberalizar y descentralizar la economía de planificación central de la isla tras meses de presión económica, política e hasta militar de Washington.
Lima, 20 jul (EFE).- El pueblo indígena amazónico secoya, también conocido como siekopai o aido pai, defendió ante el Tribunal Constitucional de Perú su demanda para que se le reconozca la propiedad sobre una extensión de 165.000 hectáreas que considera que conforman su territorio ancestral en el país andino.
La audiencia se celebró el pasado viernes en la ciudad amazónica de Iquitos, donde los siete magistrados del Tribunal Constitucional sesionaron por primera vez con la presencia de una delegación de 20 líderes y lideresas del pueblo secoya, llegados de comunidades cercanas a la frontera con Ecuador.
El requerimiento de este pueblo indígena, que tiene unos 2.000 habitantes entre Ecuador y Perú, es que se les entregue título de propiedad a la totalidad del territorio que definen como ancestral desde sus orígenes y que se elimine la figura de “cesión de uso” impuesta sobre los mismos, que restringe que puedan tener en propiedad el 80 % de esa superficie.
La figura de “cesión en uso” se encuentra en la Ley Forestal desde 2015 y consiste en entregar en calidad de préstamo estatal, temporal y revocable aquellas tierras que sean catalogadas como de aptitud forestal, detalló en un comunicado la organización Amazon Frontlines, que apoya la demanda del pueblo secoya.
El caso se remonta a 2021, cuando los secoya presentaron una demanda de amparo que fue reconocida en primera instancia, pero la Corte Regional de Loreto, departamento que tiene como capital a Iquitos, revirtió el fallo, lo que llevó a este pueblo indígena a acudir al Tribunal Constitucional.
Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que lleva la defensa técnica de los secoya, señaló que el objetivo de la demanda es “cuestionar la forma como se titulan territorios de pueblos indígenas” en Perú.
Ruiz argumentó que, al tratarse de una situación generalizada en pueblos indígenas de la Amazonía peruana, se configura en una forma de despojo porque restringe sus derechos territoriales y constituye un grave riesgo para su pervivencia física y cultural.
Deoselina Sandoval, líder de la comunidad nativa San Martín de Porres, señaló que “la cesión en uso nos preocupa porque no es garantía para que nuestro pueblo pueda vivir en paz”, y pidió a los jueces del Constitucional que declaren fundada su demanda “para garantizar la existencia en nuestro territorio de la futura generación”.
Los secoya han habitado en su territorio desde hace 1.500 años, según explicó Rodrigo Pacaya, de la comunidad Mashunta, quien también señaló la drástica reducción de su población.
“En el pasado fuimos muchos. Dicen que como 40.000, y con un amplio territorio, pero ahora somos alrededor de 1.200 en el Perú y cerca de 800 en Ecuador y vivimos en un pequeño territorio en comparación con lo que antes habíamos tenido”, apuntó Pacaya.
