Author: rb809rb

Cada año se multiplican los diagnósticos sobre el estado de nuestras sociedades. Ejércitos de especialistas se abocan, casi febrilmente, a tomar el pulso de fenómenos que amenazan el orden social. Basta una revisión sintética de la última década para llegar a una conclusión difícil de eludir; vivimos bajo el telón de fondo de una policrisis social global. En ella convergen y se retroalimentan presiones demográficas, económicas, territoriales, políticas y climáticas, entre otras. Aunque el concepto circula desde hace décadas, volvió a instalarse con fuerza en el informe Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial, para describir una etapa turbulenta, marcada por la aceleración de los riesgos.

Los hallazgos convergen, una y otra vez, en un mismo patrón. Como ocurre en todo fenómeno multicausal, las tensiones aparecen en frentes tan diversos como el envejecimiento acelerado de la población, la movilidad humana y el desplazamiento forzado en niveles históricos, la persistencia de las desigualdades, los cambios estructurales del mercado laboral, los efectos de una digitalización vertiginosa con brechas aún abiertas y nuevas externalidades, el deterioro de la democracia con su secuela de erosión de libertades, polarización e insularidad de los movimientos sociales, y también la salud mental como problema transversal, especialmente entre las generaciones más jóvenes. El punto es que estas transformaciones ya no operan en silencio, ya que irrumpieron de lleno en la experiencia cotidiana de la ciudadanía.

Escribo esta columna desde una convicción simple; en Chile ya no podemos seguir leyendo las tensiones sociales como episodios aislados. La magnitud del desafío ha reducido al mínimo la eficacia de las intervenciones fragmentarias. En los últimos años hemos atravesado una secuencia de alteraciones que no se reemplazan unas a otras, sino una donde se superponen estallidos de desconfianza, pandemia, inflación, violencia organizada, crisis habitacional, aceleración migratoria, digitalización acelerada y un debate político que oscila entre promesas maximalistas y repliegues defensivos.

La palabra que mejor captura esta superposición no es crisis, sino policrisis social; es decir, un escenario en que múltiples riesgos se alimentan entre sí, con fenómenos que avanzan en distintas velocidades y que erosionan la capacidad colectiva de anticipar, acordar y sostener políticas en el tiempo. El argumento central es simple, en Chile los procesos sociales que normalmente se desarrollarían de manera gradual, aparecen ahora de manera acelerada, comprimida y superpuesta. Lo global no llega después; llega antes, más comprimida y con mayor intensidad. Envejecemos rápido, urbanizamos con segregación y déficit habitacional, sostenemos un mercado laboral en el que la informalidad deja de ser excepción para volverse estructura, y digitalizamos casi todo sin haber resuelto los fundamentos básicos del pacto social, es decir, los acuerdos mínimos que permiten que una sociedad conviva, procese sus conflictos y proyecte un futuro común.

A la luz de la evidencia que entregan los datos oficiales, la tarea prioritaria del Estado no puede ser continuar parchando los vacíos de la institucionalidad. Aunque suena contraintuitivo, dado los énfasis de la política actual, lo que Chile necesita es reconstruir una capacidad estatal robusta para vivir en un mundo sometido a sobresaltos recurrentes. Eso exige una política de cuidados a la altura del envejecimiento de nuestra población; una estrategia de integración migratoria basada en derechos y trabajo antes que en amenazas punitivas; una agenda de formalización productiva que no descanse únicamente en la fiscalización; una gobernanza digital e informativa que proteja el vínculo social; una red de salud mental comunitaria con acceso y métricas claras; y una política habitacional que aborde el déficit como un problema de seguridad humana. Ninguna de estas dimensiones funciona por separado. La policrisis, por definición, exige una respuesta sistémica.

Como sociólogo, desconfío de las profecías catastrofistas. Pero también confío en la evidencia: en los datos de fuentes serias, en las series temporales y en los diagnósticos que convergen. Y lo que aparece en esta revisión es una advertencia que no deberíamos desperdiciar. La policrisis no es el fin del mundo, pero sí puede ser el fin de una ilusión donde se suponía una estabilidad garantizada.

Si el último Censo de Población y Vivienda muestra que habitamos cada vez más solos; si la natalidad cae a ritmos históricos; si el déficit habitacional se mide en cientos de miles; si más de un cuarto de la fuerza laboral permanece en la informalidad; si la pobreza por ingresos, aunque ha bajado en perspectiva histórica, sigue afectando a una proporción significativa de la población; y si la adhesión a la democracia continúa debilitándose mientras crece la indiferencia, entonces no estamos frente a una simple suma de problemas sectoriales. Estamos ante un desafío mayor de arquitectura social, el de cómo sostener la cohesión del país en una década en que la incertidumbre se ha vuelto el clima dominante. Esa arquitectura, tan indispensable para la paz social, no se ordena por decreto. Por el contrario, se construye con políticas consensuadas que se cumplen, con instituciones capaces de aprender de sus fallas y con una ciudadanía que va recuperando, poco a poco, la expectativa de que el futuro no es un privilegio para unos pocos, sino una promesa mínima para todos.

El presidente José Antonio Kast camina hacia sus primeras cuatro semanas de Gobierno y, a juzgar por lo que ha mostrado en este período, en sus cuatro años de mandato no solo se enfocará en las prioridades que prometió en campaña -un Gobierno de emergencia para enfrentar la delincuencia y el bajo crecimiento-, sino en una agenda de alto contenido ideológico. “Van por todo”, escribió este fin de semana la que fue ministra del Interior de Gabriel Boric, Carolina Tohá, de la izquierda moderada, en referencia a la cadena de medidas que muestran su sello restaurador y conservador. Convencidos, como decía la misma Tohá, de que fueron elegidos “para modelar el país a su pinta” -el mismo error que cometieron las tres administraciones anteriores, de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Boric- y con la idea de que los problemas del país se solucionarán solo por el hecho de que ellos han llegado al poder.

La agenda central del Gobierno se ha complicado. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha tenido un aterrizaje complejo. No solo por su papel poco aclarado en el retiro de una alta detective de la policía chilena (PDI), Consuelo Peña, con amplia experiencia en causas de alta complejidad. Es un asunto al que el jefe de la PDI, Eduardo Cerna, deberá referirse este lunes en la Cámara de Diputados y del que la Contraloría ha pedido información. Pero en esta área hay un segundo asunto: Kast alimentó las expectativas de la ciudadanía respecto del control de la delincuencia, un problema donde resulta complejo mostrar resultados de fondo en poco tiempo. No le ayuda la cantidad de homicidios que se han producido en la capital desde el 11 de marzo, la fecha en que asumió el actual Gobierno.

La economía, otro de los ejes del actual Gobierno, por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no parece ser un frente donde los chilenos observarán prontos alivios. En Banco Central chileno estima mayor inflación y menor crecimiento para 2026. La decisión del Gobierno de Kast respecto del alza mundial del precio de los combustibles fue no contener el aumento mediante el mecanismo financiado por el Estado, por lo que se traspasará a los consumidores. En una política de shock, sin embargo, se han contemplado determinados subsidios. El argumento de fondo, defendido principalmente por su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se resume en una frase: no hay plata -que no hay dinero en las arcas fiscales- y que Chile no se puede seguir endeudando. La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, ha sido una de las críticas: ha dicho que Chile “sí tiene capacidad financiera”. Para la economista, Kast cree que la crisis internacional “va a durar mucho” o “simplemente quiere reducir el tamaño del Estado”, aseguró respecto de esta medida que impactará directamente en la vida cotidiana de los chilenos, porque el aumento del diésel hará subir los precios de buena parte de los bienes.

Existe cierto consenso en que Chile debe aminorar su déficit fiscal -lleva cerca de 18 años gastando más que los recursos que puede recaudar-, pero la forma que ha elegido el Gobierno de Kast para ordenar las finanzas públicas ha sido a rajatabla. El ministro Quiroz ha pedido a los 24 ministerios reducir en un 3% sus gastos, aunque el Gobierno recién comienza y la mayoría de los ministros no tiene gran experiencia en el aparato estatal como para detectar la mejor manera de recortar. Incluso pidió reducciones en el ministerio de Seguridad, algo inentendible considerando que el orden público es uno de los ejes por las que esta Administración fue elegida. La semana pasada, sin embargo, Quiroz echo pie atrás y anuló la petición de ajuste en esta cartera.

En Relaciones Exteriores probablemente se ha dado uno de los principales giros. El que fue canciller en la Administración de Ricardo Lagos, el democristiano Ignacio Walker, ha asegurado que “el carácter del Gobierno de Kast es político-ideológico, más que de Estado”. Enumera diversas decisiones: como presidente electo, Kast apoyó la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, luego la de Estados Unidos e Israel contra Irán y asistió al resort de Trump en Florida a la reunión a la que el presidente estadounidense convocó a los países amigos, donde se planteó una alianza militar. “¿Este alineamiento político-ideológico del Gobierno del presidente Kast con el presidente Trump, con el trasfondo de la confrontación de Estados Unidos y China, marca lo que será la política exterior chilena? ¿Cómo esto entrará en tensión con la política exterior como política de Estado?“, se pregunta Walker, que forma parte del comité asesor de la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

Es en este punto donde Kast ha tomado una de las decisiones de mayor contenido ideológico en sus casi cuatro semanas de mandato: retiró el apoyo de Chile a la postulación de Bachelet, argumentando, entre otros asuntos, que su carrera a la ONU era “inviable”. El exsenador Ricardo Lagos Weber, del partido PPD, de centroizquierda, analizó: ¿qué gana este Gobierno con retirar el apoyo a Bachelet? “Hay algo muy ideológico detrás”. Lagos Weber pensaba que el Gobierno se dedicaría a implementar su agenda centrada en el control de la delincuencia y en la economía y a generar ciertos vínculos con la oposición para sacarla adelante, lo que no se ha demostrado en estas primeras semanas de Gobierno.

Hace una semana, Kast y su esposa, Pía Adriasola, estuvieron en la final nacional del rodeo, una práctica cuestionada por el maltrato animal. Adriasola cantó a capella una tonada costumbrista: “Chile, Chile lindo/ cómo te querré/ que si por vos me pidieran/ la vida te la daré”. El presidente respaldó calurosamente la celebración campesina tradicional, que en el segundo proceso constituyente de 2023 -que lideró el Partido Republicano y que fue rechazado por la ciudadanía- se quería consagrar en la Constitución como “deporte nacional”. Su ministra del Deporte, la exatleta Natalia Ducó, definió el rodeo como “una expresión vinculada a la historia, a las familias y a una forma de comprender el campo chileno”.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mientras, ha sido siempre incómodo para el Partido Republicano de Kast, que alguna vez pensó en eliminarlo. A cambio, nominó a Judith Marín como ministra, una activista antiaborto, representante de una fuerza política extinta vinculada con el mundo evangélico, el Partido Social Cristiano. Es el contexto en que se produjo esta semana el despido de una alta funcionaria de la cartera enferma de un cáncer de mama agresivo. El presidente Kast respaldó la decisión de Martínez -“la confianza no se dio”, dijo-, mientras el equipo de comunicaciones de la Presidencia chilena divulgó al interior del Gobierno un escrito donde señalaba: “Las condiciones personales de salud, siendo completamente respetables, pertenecen al ámbito privado y no forman parte de los criterios de evaluación de desempeño ni de continuidad en un cargo de esta naturaleza”.

Las decisiones de este tipo se han visto por montones en estos 25 días. El Gobierno ha señalado que “gobernar es priorizar”, pero en la priorización de medidas echan abajo las que no les gustan del todo. Fue lo que ocurrió con el anuncio de paralización de la expropiación del terreno de Colonia Dignidad –enclave alemán donde se violaron los derechos humanos-, donde el Gobierno de Boric proyectaba un sitio de memoria. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, lo explicó: “Estamos velando por los derechos humanos de nuestros vecinos. El ministerio de Vivienda y Urbanismo se dedica a hacer casas, a mejorar la ciudad y a hacer barrios. Ese es su foco. Y los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren violencia intrafamiliar”, aseguró el ministro de Kast. El presidente luego matizó: que sea “un lugar acotado”, dijo, no de 117 hectáreas.

Dos asuntos muestran la forma en que el Gobierno se ha distraído del orden y la economía, sus prioridades: el anuncio del presidente de que indultará a uniformados condenados tras el estallido social en 2019 y el retiro del decreto enviado por la Administración de Boric que modificaba el reglamento de la Ley Karin, sobre violencia en el trabajo.

“A mucha honra somos frijoleros”, exclamó la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días. La mandataria se quejó porque se está consumiendo menos frijol en el país y llamó a los mexicanos a lanzarse sobre la olla de frijoles sin rubor alguno ni falsedades dietéticas. Es un “alimento bendito”, enfatizó la presidenta y no dudó en recetar ingerir los frijoles con arroz porque es como comer carne. Esta receta presidencial resulta de gran ayuda para quienes dudan en algún restaurante si pedir un filete o un bife de lomo, siempre será mejor inclinarse por un plato de frijoles charros llenos de proteína vegetal y un toque de soberanía nacional inigualable.

Profesional del agravio, la presidenta piensa equivocadamente que sus gobernados nos sentimos mal por ser frijoleros. De ninguna manera. De hecho, su expresión de orgullo frijolero es quizá la que mayor consenso haya despertado durante el tiempo que lleva en la presidencia. Los frijoles son parte de la esencia del mexicano. Cualquiera que haya viajado al extranjero ha pensado de manera inevitable ante un platillo local que quedaría muy bien “con unos frijolitos”. Recordemos que el uso del diminutivo es indispensable para reforzar la sabrosura del manjar y adicionarle otras delicias. Estando lejos de la patria uno forzosamente reflexiona: “a esto le hace falta su tortillita, su salsita y sus frijolitos”, este tipo de invocaciones puede hacer llorar a un mexicano que se encuentre en Noruega.

Parte fundamental de la mexicanidad son los frijoles. No he conocido algún mexicano que se queje de ser “frijolero”. Todo lo contrario. Esa plaga que infesta el mundo que son los dietistas te prohíben los frijoles sin miramiento alguno. Hay que hacer caso omiso de sus consejos. ¿Qué daño pueden hacer los refritos, los maneados, los de la olla, el famoso plato de arroz con frijoles y unos totopos para empujar? Ninguno, pero esa limitación impuesta por gordófobos está menoscabando el sentimiento nacional. La presidenta en su arenga frijolera anunció que habrá una campaña nacional para difundir “las bondades de comer frijol”. Y claro, nunca falta la mención a los malditos españoles, pues el frijol está en estas tierras desde siempre por eso Sheinbaum señaló sin titubear que “antes de que llegaran los españoles a llevarse todo el oro y la plata, el frijol ya se cultivaba en estas tierras”. Esto implica un agradecimiento a los hispanos, pues, se llevaron el oro, pero nos dejaron los frijoles. Qué buena suerte tenemos.

Los frijoles, también conocidos en otros lares como “caviar azteca”, conforman al mexicano no solamente en su alimentación, sino que son uno de sus elementos centrales y aparecen en momentos cruciales de los habitantes de este país. El frijol atraviesa todas las clases sociales y condiciones ideológicas. Uno de nuestros mayores escritores, Jorge Ibargüengoitia, hace uso de ellos en ciertos pasajes clave de sus obras. En Estas Ruinas que ves, el personaje central dilucida sobre sus pasiones carnales con un plato de frijoles refritos que le dan cierta lucidez y refuerzan las apuestas por su virilidad. En El Atentado, obra que recrea el asesinato de Álvaro Obregón en un restaurante, pone en boca del general estas últimas palabras: “No me den más cabrito, denme unos frijoles”, para inmediatamente recibir seis balazos en la cara. Una muerte trágica y violenta, pero no exenta de antojos y satisfacción en el último momento.

Para regodeo nacional la presidenta anunció ese mismo día que el país había alcanzado la autosuficiencia alimentaria en frijol. Ojalá el consenso frijolero se traslade a otros de la vida nacional tan necesitada de acuerdos y puesta en común. Por el bien de todos, primero frijoles.

La decisión del Presidente Gustavo Petro anunciada el pasado 26 de marzo de iniciar la salida de Colombia del sistema de arbitraje internacional de inversión marca un punto de inflexión en la política económica del país. Amparada en el respaldo de una carta suscrita por unos 200 expertos, incluyendo economistas y académicos reconocidos, su adopción plantea serias dudas sustantivas sobre la seguridad jurídica y la percepción de riesgo país.

El debato no surge en el vació. Se presenta en el contexto de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más allá de los Combustibles Fósiles, a celebrarse en Santa Marta del 24 al 29 de abril de 2026, en donde se presenta al arbitraje de inversión como un obstáculo para la transición energética. Esta lógica, aunque sugestiva, resulta sesgada, incompleta y contraria al sentido común. La transición energética en Colombia exigirá inversiones cuantiosas a largo plazo en energías renovables, en la minería de minerales críticos y en sectores estratégicos, buena parte de ellas provenientes del capital extranjero, que requieren estabilidad y seguridad jurídica. Debilitar las protecciones al sistema, precisamente ahora, cuando el país más necesitará inversión extranjera, además de un error, sería una decisión irresponsable.

No es coincidencia ni detalle menor que esta decisión se anuncie en pleno contexto preelectoral y por un presidente en retirada. En esta coyuntura, este tipo de medidas amplifica la incertidumbre y envía señales especialmente sensibles a los mercados. Lo que se presenta como una corrección puede terminar siendo una apuesta costosa para la estabilidad jurídica y económica del país. El problema no está en abrir el debate, sino en hacerlo sobre premisas incompletas. Permitir que esta iniciativa del Presidente Petro avance sin un debate técnico riguroso y desapasionado sería una grave irresponsabilidad, cuyos costos los colombianos terminarían pagando muy caro.

La carta de los expertos que respalda esta postura del gobierno colombiano pasa por alto algunos elementos objetivos del derecho internacional de las inversiones y de la práctica arbitral, y prescinde de evidencia empírica importante en materia de controversias internacionales de inversión. Tampoco atiende con suficiente seriedad las lecciones de la región.

Un sistema mal entendido

La carta parte de una premisa simplificada: que el arbitraje de inversión es “una herramienta mediante la cual las multinacionales pueden impugnar políticas públicas no discriminatorias con el argumento de que afectan su rentabilidad”. Esta idea omite que el acceso al sistema está condicionado por exigentes estándares jurisdiccionales, procesales y sustantivos que los inversionistas deben cumplir antes incluso de que un tribunal examine el fondo del caso. No toda afectación económica constituye una violación jurídica, y la práctica demuestra que los tribunales aplican umbrales estrictos antes de declarar responsabilidad de los Estados.

La práctica y evidencia empírica así lo confirman. Según las últimas estadísticas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, el foro principal para la administración de arbitrajes entre inversionistas y Estados) en más del 50 % de los casos tramitados ante el Centro prevalecen los Estados, y en la mayoría de los arbitrajes concluidos no se conceden daños. Lejos de reflejar un sistema sesgado, estos datos muestran un funcionamiento equilibrado en la práctica, incluyendo decisiones favorables al Estado colombiano.

Un diagnóstico equivocado del problema y de la solución

El diagnóstico de la carta también resulta problemático en cuanto a la solución propuesta. El problema no radica necesariamente en el arbitraje como mecanismo, sino en la percepción que tienen algunos Estados de que los tratados de protección de inversiones no cuentan con las garantías suficientes. Pero de ello no se sigue que la solución sea abandonar el sistema. La respuesta más coherente sería perfeccionarlo mediante la renegociación de tratados que incorporen salvaguardas claras sobre el derecho a regular y fortalecer herramientas como las demandas de reconvención del Estado. En otras palabras, la solución está en reformar las bases de donde se derivan tales controversias (tratados y acuerdos para promover y proteger las inversiones) y proteger las áreas de interés nacional, no retirase.

La paradoja ambiental

La afirmación de que “el arbitraje de inversión opera como un sistema ‘para pagar a los contaminadores’ al exigir en la práctica que los Estados compensen a las multinacionales por cumplir con políticas climáticas”, es sesgada y simplifica un problema mucho más complejo. Muchos tratados y acuerdos internacionales de promoción y protección a las inversiones de nueva generación establecen ahora de manera explícita lo que antes solo era implícito: el derecho que tienen los Estados a regular en materia ambiental, de salud, o laboral.

Colombia ha sido de los Estados pioneros en avanzar en esta dirección. El Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones con Francia, por ejemplo, reconoce en su artículo 10 la facultad del Estado de regular en materia ambiental, de salud y laboral, siempre que las medidas sean no discriminatorias y proporcionales; y prohíbe expresamente atraer inversión mediante la reducción de estos estándares, reafirmando que la protección del interés público es compatible con el régimen de inversiones.

La relación entre el mecanismo e inversión extranjera, mal entendida

La relación entre arbitraje de inversión y flujos de inversión extranjera es más compleja de lo que sugiere la carta. No existe consenso absoluto, tampoco puede afirmarse que el mecanismo sea irrelevante. La carta afirma que los datos empíricos no muestran conexión entre los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado y los flujos de inversión, citando a Brasil como modelo.

La analogía con Brasil resulta incompleta. Su tamaño de mercado, estabilidad macroeconómica e institucionalidad no son fácilmente replicables. En economías con menor capacidad institucional, la existencia de un foro neutral cumple una función relevante como señal de credibilidad. El hecho de que países como Honduras, luego de dieciocho meses fuera, haya regresado al sistema y que muchos Estados sigan ofreciendo arbitraje, incluso por vía contractual, confirma su valor dentro de la arquitectura de promoción y protección de las inversiones.

Salir del sistema no supone un retiro real y efectivo del arbitraje

Retirarse del sistema de arbitraje de inversión no implica un retiro real ni efectivo del mecanismo. Las cláusulas de supervivencia de algunos tratados de protección de inversiones mantienen vigentes las obligaciones durante años, y los inversionistas conservan la posibilidad de recurrir a arbitrajes ad hoc.

La experiencia de Bolivia es reveladora. Luego de su salida del CIADI en el 2007, las controversias no desaparecieron para el país andino, sino que continuaron bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) u otras reglas. Es decir, cambiaron de forma. Hoy Bolivia considera su reingreso al sistema.

En la práctica, lo que ocurre es un desplazamiento. El arbitraje se traslada al ámbito contractual, generando un sistema desigual. Los grandes inversionistas pueden negociar acceso a arbitraje internacional mediante contratos, mientras que los inversionistas medianos o pequeños quedan sujetos a mecanismos internos. El acceso a las protecciones pasa a depender entonces del poder de negociación de cada actor. Un sistema pensado como uniforme termina reproduciendo diferencias, conduciendo a una elitización del arbitraje internacional.

El caso ecuatoriano ilustra también este fenómeno. La exclusión constitucional del arbitraje inversionista Estado a nivel de tratados ha llevado a que el acceso al arbitraje internacional dependa casi exclusivamente de la existencia de relaciones contractuales específicas con el Estado.

América Latina ha corregido su rumbo

El retorno de Ecuador en 2021 y de Honduras en 2026, junto con recientes anuncios o discusiones de reincorporación en Venezuela y Bolivia, sugieren el agotamiento de una etapa de distanciamiento del sistema de arbitraje internacional de inversiones que se dió entre 2007 y 2012.

Lejos de ser un fenómeno aislado, este giro responde a una realidad evidente; a una necesidad: la seguridad jurídica sigue siendo un pilar esencial y no negociable para el crecimiento, la estabilidad económica y la promoción de la inversión extranjera de los países latinoamericanos. Al reingresar al CIADI, los Estados envían una señal técnica que trasciende posturas ideológicas y resulta determinante para contribuir a reducir la percepción de riesgo país, facilitar el acceso a financiamiento y a mercados de capitales, y fomentar la llegada de inversiones de largo plazo. Ignorar esta tendencia regional debilita los fundamentos de la decisión de retirar al país del sistema.

Colombia, además, cuenta con un sólido andamiaje institucional liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que debe consolidarse y fortalecer su capacidad técnica, de modo que el Estado pueda, progresivamente, asumir su defensa con funcionarios propios altamente capacitados, recurriendo a asesores internacionales sólo cuando sea necesario.

La solución no es recargar el sistema judicial doméstico

La idea de que trasladar las disputas de inversión a los tribunales domésticos contribuye a restaurar la soberanía democrática puede resultar problemática cuando se utilizan instrumentos jurídicos —como los tratados de protección de inversiones que hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano— como herramientas de carácter político. En esos casos, la sustitución de un foro internacional neutral por uno interno no necesariamente fortalece el principio del Estado de Derecho y puede, por el contrario, generar tensiones con él.

Muchos sistemas con poderes judiciales independientes coexisten con el arbitraje doméstico e internacional. Brasil y Estados Unidos, son buenos ejemplos: en estos países, el arbitraje y el litigio son mecanismos que se fortalecen mutuamente. Existe, en general, un marco de respeto mutuo. En estos contextos, el arbitraje no sólo se percibe como un foro neutral para partes provenientes de distintas jurisdicciones, sino que también contribuye a descongestionar los juzgados nacionales cuya sobrecarga constituye, a su vez, uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia.

Repensar la decisión, cuando menos

La decisión de retirar a Colombia del sistema de arbitraje de inversión parte de un diagnóstico equivocado. La carta de los expertos que la respalda no lo subsana. El reto y la solución no es retirarse, sino reformar el sistema con rigor, mediante el fortalecimiento y modernización de las instituciones del Estado encargadas de la administración y gestión de sus controversias internacionales, y la negociación o renegociación de tratados y acuerdos internacionales diseñados a tono con las circunstancias y necesidades actuales del país, con pleno y total respeto por el Estado de derecho.