Author: rb809rb

México es el país con el marco jurídico e institucional más completo que existe en materia de desaparición forzada y es parte en los tratados que se refieren a las desapariciones forzadas. Al haber sido ratificados por el Senado, son ley suprema.

Otros países no tienen el gran número de normas e instituciones que tiene México, por la sencilla razón de que no se han visto en la necesidad de crear un aparato para dar solución a un problema que vergonzosamente se presenta en México, pero del que carecen esas naciones.

México se distingue, desde tiempo atrás, en participar en los mecanismos previstos en los tratados sobre derechos humanos universales y regionales, de manera casi siempre puntual, además de mostrar disposición de colaboración cada vez que es llamado a comparecer ante ellos.

En el caso del Comité contra las desapariciones forzadas (CED), el órgano vigilante de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención), México cumplió con la presentación del informe sobre la implementación de la Convención, por lo que el CED lo llamó a sustentar dicho informe en febrero de 2015. Al final, el CED concluyó que en México existía un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podían caracterizarse como desapariciones forzadas.

La desaparición forzada requiere que en su comisión hayan participado directa o indirectamente agentes del Estado. Por directamente se entiende que la privación de la libertad la cometan agentes del Estado, de cualquier sector o nivel, es decir, no importa si son federales, estatales o municipales, y no importa el rango que el servidor público tenga, ni a cuál de los tres poderes federales o locales pertenezca. Por indirectamente se entiende que la desaparición forzada ha sido cometida por agentes no estatales, por ejemplo, por integrantes de organizaciones criminales, pero que han recibido autorización, apoyo o aquiescencia de agentes estatales de cualquier sector o nivel.

En 2018, ya siendo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, México compareció nuevamente ante el CED, donde presentó significativos avances, especialmente legislativos. El CED elogió tales avances, pero le dijo que en el país todavía existía un contexto de desapariciones generalizadas.

López Obrador tomó la acertada decisión de extender una invitación al CED para que visitara México, lo que sucedió en 2021. Un año más tarde se emitió un extenso informe en el que el CED reiteró que en México existe un contexto de desapariciones generalizadas. Las cosas no mejoraron con el Gobierno de López Obrador.

El CED volvió a llamar al Estado mexicano en 2023 para revisar los avances respecto a las recomendaciones que había realizado en 2022. El Estado mexicano acudió al llamado.

El CED se percató de que, no obstante el colosal aparato legislativo e institucional existente en México (recientemente robustecido con más reformas legales, protocolos, instituciones, etc.), sus recomendaciones relacionadas con el establecimiento de una política de prevención de las desapariciones, que incluya el abandono del modelo militar de seguridad, la impunidad casi absoluta prevaleciente en México en materia de desapariciones y la crisis forense, con más de 70.000 cuerpos sin identificar, y otras recomendaciones de diversa índole, no habían sido debidamente instrumentadas. Por todo esto, las desapariciones no se habían prevenido, sino que habían aumentado. La impunidad seguía siendo casi absoluta y la crisis forense estaba peor que cuando el CED visitó México.

Ante tal situación, el CED decidió hace un año abrir el procedimiento para considerar si sometería la situación a la atención de la Asamblea General (AG) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El jueves hizo pública su decisión. El caso de México irá a la AG. El CED propone al máximo órgano de la ONU que adopte medidas para dar solución a la crisis. Además, recomienda establecer mecanismos con apoyo internacional, incluyendo financiamiento y asistencia técnica.

El Gobierno mexicano, en lugar de interpretar la decisión del CED como una oportunidad dorada para intentar remediar una tragedia humanitaria que no muestra mejoría significativa, tomó la decisión del CED como un ataque que fue respondido con agresiones e insultos, muy semejante a la manera como solían reaccionar los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El Gobierno niega que hoy se cometan desapariciones forzadas “desde el Estado”, que haya aquiescencia de agentes estatales en muchísimos casos (porque no está de acuerdo en la definición de ‘aquiescencia’ establecida por el CED), que la magnitud de las desapariciones en México sea tal como para haber llegado ya a un nivel en el que existan indicios bien fundados de que estas constituyan crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo dice que el CED es tendencioso, sesgado, ligero en sus premisas y que no se condujo con rigor jurídico al llegar a sus conclusiones.

Cuando se niega un problema, no se adoptan las medidas para corregirlo. ¡Qué medidas, ni qué medidas! ¡Si no tenemos el problema que esos “expertos” sesgados, ligeros, tendenciosos y carentes de rigor jurídico dicen que tenemos! Entonces… ¡ni pa’ que preocuparnos!

Como era de esperarse, diversos colectivos de familias han deplorado la respuesta del Gobierno, pues consideran que no conduce a solucionar los problemas que padecen. Les indigna que las autoridades golpeen a un aliado internacional de las víctimas y rechacen un diagnóstico que ellas respaldan y con el que están de acuerdo.

Al margen de las improductivas discrepancias que pudiera tener el Gobierno con el CED (que si la definición de aquiescencia se extralimita, que si la aplicación del artículo 5 de la Convención y su relación con el artículo 7 del estatuto de Roma está mal en el caso de México, etc.), hagamos votos porque esta Administración enmiende su actitud y la reconduzca hacia la aceptación y solución de los problemas que no ha podido resolver, pese a la extraordinaria cantidad de leyes, protocolos, instituciones y demás cosas que el Estado presume haber construido y que dice que el CED no tomó en cuenta. Todo este entramado, en la realidad, no ha solucionado los problemas que viven, día a día, las víctimas de desaparición de nuestro México lindo y herido.

Gustavo Petro cada día se parece más a Mao Tse Tung y no por lo que él quisiera –hecho que demuestra su ignorancia sobre la historia de los movimientos de izquierda–, sino por lo malos líderes que resultaron. Así como a Mao no se le puede negar haber sido el líder de un ejército revolucionario que llevó a China a abrazar el comunismo, a Petro nunca se le negará que fue quien logró que la izquierda lograra llegar a la presidencia de la República tras casi 90 años de sequía. Empero ni el uno ni el otro fueron buenos para sus países.

Mao fue responsable de decenas de millones de muertes por dos programas absurdos que no fueron más que el reflejo de su ignorancia, su incapacidad de dejarse guiar por personas más educadas que él y un profundo sectarismo que disfrazaba de una supuesta defensa de los intereses del “pueblo”. Los ejemplos más dramáticos están en “El Gran Salto Adelante” y “La Revolución cultural”.

El primero fue una campaña de Mao para industrializar a la China a las malas, poniendo a los campesinos a producir acero – que resultó de pésima calidad – destruyendo a su paso la producción agrícola, hecho que llevó a una terrible hambruna que mató a entre 15 y 55 millones de personas. El segundo fue una campaña para purgar a sus rivales políticos y radicalizar a la sociedad china movilizando a jóvenes en las llamadas “Guardias Rojas” que sembraron una década de terror, destrucción del patrimonio, persecución a los intelectuales y cientos de miles de muertos en juicios populares donde la justicia no era la prioridad.z

A la muerte de Mao, la China en vez de ser un país modelo era uno de los países más pobres del mundo, con un aparato estatal, universitario y científico desmantelados, una sociedad rota y traumatizada por décadas de delatores, persecuciones y castigos con trabajos forzados a aquellos que no se alineaban con el líder. En pocas palabras, las tres décadas de Mao en el poder fueron un absoluto desastre para los chinos y el hecho de que aún hoy le rindan homenaje en la China está más relacionado con la necesidad de mantener la ficción de un “padre de la patria” antes que la admiración por tanta cosa que hizo mal.

Mao desconfiaba de los técnicos e intelectuales porque ellos le decían verdades incómodas, por ejemplo, durante “El Gran Salto Adelante” silenció y persiguió a aquellos que le señalaban que su proyecto de acero era un fracaso. Mao no quería una clase técnica competente acompañándolo en el gobierno pues esta hacía contrapeso a su autoridad. Al final terminó rodeado de personas sin experiencia, altamente ideologizadas, que tomaban decisiones claves para el país sin conocimiento real de lo que hacían. Mao prefería rodearse de aduladores. Mao y su ego dejaron a la China sumida en un desastre.

Petro detesta a los técnicos y menosprecia a las universidades que gradúan a los mejores profesionales del país. Petro se rodea de aduladores y estos saben que por esa vía consiguen manipular las decisiones del presidente. Petro vive hablando del “pueblo” como si este fuera rector de su visión de país, pero no piensa en el “pueblo” cuando sin acompañamiento técnico o sin argumentos concretos y responsables decide avanzar en absurdas decisiones como la de ahogar el sistema de salud, cuestionar el trabajo del Banco de la República, destrozar la diplomacia o radicalizar a los jóvenes para llevarlos a promover una guerra civil.

Petro quiere convertir a Colombia en China, pero en la China de Mao, muy diferente de la de Deng Xiao Ping, quien fue censurado por Mao por decir la verdad. Otro parecido con Petro a quien le encanta señalar y condenar sin pruebas, criticar a empresarios e industriales por igual, potencializando el dogmatismo, condenando a los más capaces de sus colaboradores. Mao no quiso a los chinos. Quiso a su sueño de la China. Un sueño que con él jamás se habría alcanzado. No fue Mao quien hizo de China la segunda economía del mundo, ni quien acabó con la pobreza. Pero Petro no lo sabe porque su sueño es ser grande como Mao.

Alcanzar el poder, bajo el paraguas institucional de la democracia, presupone que la voluntad popular de una manera o de otra está presente. El sufragio universal valida el proceso de (s)elección de gobernantes en cualquier nivel, sea de forma directa o indirecta, a través de candidaturas uninominales o plurinominales, con una sola vuelta o a doble vuelta, con criterios de representación mayoritaria o proporcional. Si el condicionante del origen procedimental es claro dentro de esa variada casuística no lo es tanto en lo atinente a las condiciones de la persona que quiere acceder al usufructo del poder sea en el ámbito que sea. Hoy, solo la edad mínima y la nacionalidad constituyen una traba universal, además de la condena que prive del ejercicio de derechos políticos, pues otras limitaciones derivadas de la incompatibilidad por poseer un fuero militar o eclesiástico solo se dan en un escaso número de constituciones.

El ejercicio de la política requiere, por tanto, de candidaturas listas para competir en un determinado marco institucional que habitualmente están ungidas por una mezcla de ambición y de vocación y que resultan electas gracias al apoyo popular. La legislación puede incorporar limitaciones referidas a su inclusión en formaciones políticas con personería jurídica determinada prohibiendo expresamente las fórmulas independientes o no. Puede asimismo obligar a que, en su caso, la configuración de las listas sea paritaria. También puede prohibir la reelección inmediata o incluso la alterna. La vieja consideración del sufragio censitario que influyó en las condiciones letradas ya desapareció. Por otra parte, la profesionalización de la política hizo que las campañas electorales se nutrieran de flujos de capital insólito a pesar de que algunas legislaciones imponen controles severos a los gastos.

Sin embargo, se omitió cualquier tipo de disposición sobre el tope de edad y no se consideró regular la salud de quienes estaban en la liza democrática por el poder. En algunas ocasiones, como ocurrió en Ecuador en 1997, la Constitución al uso permitió al Congreso destituir al presidente en ejercicio bajo la figura de incapacidad mental sin que recabara intervención de especialista alguno que lo certificara. La puerta de entrada en la política estuvo siempre abierta a prácticamente todo el mundo al ignorarse el nivel de la condición física o psicológica de quienes aspiraban a un cargo. Lo que se da como mecanismos de control en otras profesiones cuya responsabilidad es significativa, piénsese en los pilotos de avión, no existe en la política, aunque la persona concernida pueda llegar a tener en sus manos el botón nuclear.

Ahora bien, al tratarse del manejo del poder requiere siempre de instituciones que lo frenen para evitar su discrecionalidad y la tentación de perpetuarse indefinidamente. Más aún por el hecho de gestarse en la era digital, un escenario donde lo que impulsa el interés y la participación son los algoritmos y el entretenimiento, no la experiencia validada constantemente, ni la deliberación. Una dislocación social que parece no tener límite en la que, además, se cree que el poder no debiera residir en instituciones —que pueden violentarse a voluntad—, colectivos —que se pervierten en una confrontación agónica amigo-enemigo—, ni iguales —al triunfar la lógica de la exclusión—; todo el poder tiene que emanar y girar en torno al propio individuo que lo alcanza por un mecanismo u otro.

Este escenario se ve matizado en la actualidad por dos aspectos que no son nuevos en la historia, pero que en la política espectáculo de hoy en día cobran un significado dramático por tratarse de fenómenos que afectan a cierto número de países cuya relevancia en el panorama mundial de uno de ellos es mucha. Son la enfermedad y la edad. La actividad política requiere de energía y de unas capacidades de atención, discernimiento y equilibrio que disminuyen cuando el sujeto está afectado por ambas. De hecho, su habitual correlación puede llegar a ser una combinación nefasta.

No se trata del complejo asunto de la calidad de los políticos cuya determinación es siempre complicada y sobre la que no hay un consenso determinado ni por la academia ni por la opinión pública. Es algo que desde el nivel de la capacidad se liga a la responsabilidad en base a unos principios éticos que respetan la legalidad y que asumen las consecuencias de los actos en un ejercicio permanente de rendición de cuentas.

La enfermedad, sobre todo la que tiene un componente neurológico, no es fácil de diagnosticar y más si no hay contacto físico con la presunta persona afectada que debe examinarse para determinar su estado. Además, aspectos habituales en la política como el narcisismo, la inconsistencia, la paranoia, la bipolaridad, la falta de autocontrol, la amnesia, el delirio, las alucinaciones, las manías y las obsesiones configuran una frontera nebulosa entre el individuo sano y aquel que ha rebasado todos los límites. El ejercicio del poder bajo esas circunstancias de prepotencia conduce al caos, al triunfo del capricho y al descrédito. Los casos actuales son de sobra conocidos y no se libra el juicio de su deterioro mental por el hecho de que algunos cuenten con tasas elevadas de aprobación y simpatía popular.

Por su parte, la edad acompaña en una clara correlación al desgaste neurológico. El Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, la psicosis y los trastornos disociativos son una prueba de ello. Sin caer en la fijación de un tope preciso y habida cuenta de las numerosas excepciones de personas de edad avanzada que gozan de una salud mental impecable es siempre un elemento para tener en cuenta en la consideración de la carrera política.

Dentro de los numerosos factores que irrumpen en la política, la salud mental de quienes la ejercen en su más alto nivel, como cada día hay una clara evidencia de ello, es uno que no debiera soslayarse. Es un imperativo abordar esta traba en el marco de sociedades que deben tomar conciencia del riesgo que supone estar gobernadas por individuos enfermos cuyas decisiones megalomaníacas sin cortapisa alguna pueden generar desastres inconmensurables.

Todas las cartas del Gobierno mexicano para impulsar el crecimiento del país están en invertir en infraestructura. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado en las últimas semanas al Congreso la iniciativa para la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con ella busca empujar la inversión pública y privada en los próximos cuatro años. La propuesta define un marco legal para que las empresas colaboren con el Gobierno como socios en proyectos en el sector energético, el ferroviario, las carreteras y los puertos. Durante 2025, el PIB de México creció un 0,8%, lo que mostró un importante rezago en el impulso de la inversión. Con la nueva ley, la Administración de Sheinbaum busca elevar la inversión y empujar el crecimiento nacional, sin aumentar los impuestos y sin afectar las finanzas públicas.

La relación entre la iniciativa privada y el Gobierno mexicano sufrió una importante ruptura durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). El entonces presidente canceló en el arranque de su administración la construcción del aeropuerto de Texcoco, que ya se encontraba en construcción, por lo que los empresarios comenzaron a ser escépticos sobre la certeza jurídica y financiera que podrían tener sus proyectos en México. Sheinbaum, con esta nueva ley, busca restablecer la confianza del sector privado y acelerar la inyección de capital. El objetivo es que de 2026 a 2030 la inversión sume 5,6 billones de pesos a través de contratos mixtos, contratos a largo plazo y esquemas de partición con instrumentos financieros.

En todos los casos el Estado sería un socio más para las empresas privadas. “La inversión privada es el principal motor de formación de capital, por lo que fortalecer la certeza jurídica es fundamental para evitar que se desincentive”, señalan desde el think tank México ¿cómo vamos? La iniciativa ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero está pendiente del visto bueno del Senado, que retomará sus actividades la próxima semana. “Lo que estamos buscando es movilizar miles y miles de millones de pesos que están inactivos en fondos, en fideicomisos, en ahorros, en bancos, para trasladarlos de manera directa a los privados”, ha explicado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena, el partido en el Gobierno.

Mientras la legislación queda resuelta, el Gobierno ha adelantado que la distribución de la inversión estará enfocada en 54,15% al sector energético, 15,63% a trenes, 13,94% a carreteras y 6,48% a puertos. La Secretaría de Hacienda publicó esta semana su estimación macroeconómica para los meses por venir, en ella mostró un panorama optimista para el crecimiento de la economía y colocó su estimación del crecimiento del PIB mexicano entre 1,8% y 2.8% para 2026 y entre 1,9% y 2,9%, en 2027. “La inversión será uno de los principales motores del crecimiento. La participación privada repuntará conforme las empresas se adapten al nuevo entorno regulatorio y avance el proceso de revisión del TMEC. A su vez, la inversión pública y mixta contribuirá a ampliar la capacidad productiva, mejorar la conectividad y reducir cuellos de botella en sectores estratégicos, a través del Plan México y del Plan de Inversión”, ha argumentado la dependencia.

En la práctica el Gobierno mexicano ya utiliza estos esquemas para financiar infraestructura. Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró recientemente siete contratos mixtos para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, en ellos actúa como socio y posee una participación por encima del 40%. En otro caso, Hacienda participó a través de un fideicomiso privado en la adquisición de activos de la firma española Iberdrola en 2023. La inversión al cierre de 2025 se ubicó en 22,9% del PIB, de esta un 19,5% es privada y el 3,4% restante es pública.

Aunque la propuesta fortalece el marco legal y establece condiciones financieras para que las empresas participen, algunos sectores dudan sobre aquellos resquicios que la ley no cubre y que serán decididos por el Gobierno sobre la marcha. “El principal riesgo de la iniciativa no radica en la estructura financiera, sino en la falta de claridad respecto a aspectos clave: deja margen para la discrecionalidad en la determinación de qué proyectos son estratégicos, no ofrece protección jurídica ante actos de autoridad, ni establece cómo se deducen los costos operativos antes de distribuir beneficios”, apunta un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La iniciativa privada ha comenzado el análisis sobre los sectores en los que el Gobierno emprenderá los proyectos y le ha pedido a la Administración de Sheinbaum ser parte de la toma de decisiones. “Los constructores queremos participar más para apoyar. Existe la comunicación con el Gobierno y podemos pasar la información de los proyectos en diferentes sectores que hemos definido. Queremos estar adentro con voz y voto”, ha manifestado el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled.

Diversos organismos multilaterales han advertido al Gobierno mexicano sobre la necesidad de una reforma fiscal que le puede permitir al Estado ampliar su base de recaudación. Sheinbaum ha buscado el espacio fiscal en otros rincones y, por ahora, ha apostado toda la baraja a la inversión privada. “El plan [de inversiones] busca que no pasemos a grandes endeudamientos que afecten a la economía o al presupuesto nacional o a la situación financiera del país y, al mismo tiempo, que haya participación privada en algunas áreas. También garantizaría, por ejemplo, que no hubiera aumentos desmedidos en las tarifas de luz o abusos por parte de empresas privadas”, ha mencionado la presidenta sobre su plan de inversión.