Author: rb809rb

El Gobierno de México ha inaugurado una nueva etapa de tensiones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a raíz del último informe que señala que las desapariciones de personas son un crimen de lesa humanidad que se practica de manera generalizada y sistemática en el país latinoamericano. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de solicitar que la crisis de México sea remitida urgentemente a la Asamblea General de la ONU ha motivado una dura respuesta de rechazo por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum, que insiste en responsabilizar por las desapariciones exclusivamente al crimen organizado y en destacar los esfuerzos institucionales de su Administración para contener el problema. Este lunes, Sheinbaum ha enfatizado que el estudio del CED se basó en el análisis de unos cuantos casos, en algunos Estados y en periodos de tiempo anteriores a la llegada al poder de Morena, su formación política, en 2018. Sin embargo, el informe también incluye ejemplos más recientes, y señala que en México prevalecen condiciones estructurales que propician la comisión del delito, que suma más de 133.000 casos, a veces con la participación o “aquiescencia” de autoridades locales, estatales y federales.

El Comité de la ONU se centró en casos documentados en Coahuila entre 2009 y 2016; Nayarit entre 2011 y 2017, y Veracruz entre 2010 y 2016. Las fechas corresponden a Gobiernos distintos de Morena, principalmente del PAN y el PRI, que es la base de la defensa de Sheinbaum. “No tiene nada que ver con los Gobiernos de la Cuarta Transformación [el movimiento político del oficialismo]”, ha sostenido la mandataria. No obstante, el informe también menciona las 28.880 desapariciones reportadas entre enero de 2023 y abril de 2025 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, periodo que abarca el final del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y principios del de Sheinbaum. Tan solo en Jalisco, el Estado con mayor número de desaparecidos, la Fiscalía ha procesado, de 2018 a 2025, 205 fosas clandestinas en 19 municipios, donde se localizaron los cuerpos de 1.959 personas. En Guanajuato, dice el informe, el número de desaparecidos “se ha multiplicado por ocho” de 2017 a 2025, y en Tabasco las desapariciones “han tenido un incremento exponencial en 2024 y 2025, con niñas y jóvenes como principales víctimas”.

El informe ha llegado en un momento en que México ha elaborado una reinterpretación de las cifras oficiales de desaparecidos. En el nuevo conteo se señala que solo una tercera parte del total —43.128 registros— corresponde a personas de las que no se ha sabe nada y que no han reportado alguna actividad desde que fueron inscritas como desaparecidas; el resto se trata de personas que registraron alguna actividad —como usar el sistema bancario o acudir a los servicios de salud— o de las que no existe suficiente información como para iniciar su búsqueda —por ejemplo, personas de las que solo se ha registrado un alias—. Las desapariciones alcanzaron estatus de crisis en el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón en 2006 y hoy constituyen una de las mayores afrentas de México. El problema ha rebasado a los Gobiernos, en cuya ausencia han tomado protagonismo los colectivos de búsqueda integrados por los familiares de las víctimas de desaparición.

México ha rechazado las conclusiones del CED en el sentido de que las desapariciones forzadas son una práctica sistemática. Su principal argumento es de índole formal y apunta a que no se trata de una política emanada del Gobierno, como lo fue durante la Guerra Sucia, cuando se utilizó como instrumento de represión de grupos disidentes. La ONU, que concede que “no hay indicios bien fundados de que esto constituya en sí misma una política federal para la comisión de tales actos”, pone de relieve las omisiones del Estado en la prevención, la investigación y el castigo del delito. Eso, sin contar los casos documentados en los que participaron funcionarios gubernamentales corruptos, “siendo de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales”.

El Comité de la ONU señala que, institucionalmente, las condiciones no han mejorado respecto a años anteriores en que hizo visitas a México y emitió recomendaciones. A pesar de que se reconoce la creación de fiscalías especializadas de búsqueda y la aprobación de leyes en la materia, “el número de personas desaparecidas sigue aumentando y la crisis forense y la impunidad continúan prevaleciendo”, además de que “no se ha hecho rendir cuentas a los responsables de alto nivel” y “las autoridades responsables siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen”. “Se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización”, dice el informe. Sobre la impunidad, refiere que esta obedece en gran parte a la corrupción, “en particular por parte de la judicatura local y los gobiernos estatales, lo que impediría investigaciones genuinas”.

El CED señala que, en 2025, tres Estados representaban el 37% del total de fosas clandestinas reportadas en el país de acuerdo con las fiscalías estatales: Sonora, con 972 fosas; Veracruz, con 523 fosas, y Tamaulipas, con 541 fosas. A propósito de Jalisco, se pone de ejemplo el caso del Rancho Izaguirre, utilizado como centro de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde colectivos de búqueda hallaron pertenencias de personas desaparecidas, al punto de que se habló de un posible campo de exterminio. El Comité de la ONU afirma que en ese caso, como en otros, fue claro el involucramiento de funcionarios públicos. “La participación de expolicías en el reclutamiento por parte del CJNG en el rancho sugiere además el posible apoyo o aquiescencia de ciertas autoridades estatales”, indica.

Sobre los fallos estructurales que persisten, el CED señala el hecho de que las autoridades suelen investigar las desapariciones mediante otros tipos penales (como homicidio, secuestro o delicuencia organizada); indica que las comisiones de búsqueda carecen de recursos humanos y financieros, amén de que su personal trabaja en condiciones de precariedad laboral; también señala —retomando a Amnistía Internacional— que la narrativa oficial, consistente en culpar al narco del problema, incurre en “una simplificación del fenómeno de desapariciones en el país que ignora que en muchos de estos casos el crimen organizado opera con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades”.

La abogada Melissa Ayala aclara que el informe y la decisión de presentar el asunto a la Asamblea General de la ONU no es una condena a México, sino un diagnóstico que le permitiría recibir ayuda institucional del sistema internacional para atender la crisis. “No dice que es el Estado el que está cometiendo las desapariciones, sino que la falta de políticas, la impunidad y la existencia de ciertos funcionarios públicos permite que esto se esté dando de manera generalizada en todo el país”, refiere. “No se está emitiendo esta decisión con el afán de dañar al Estado mexicano, sino que se hace desde una postura de respeto institucional”, agrega. Para la jurista, la respuesta de México en términos de rechazo convierte al informe en una “oportunidad perdida”. “Debemos ver esta decisión como un diagnóstico de algo que vemos todos los días, independientemente de la postura ideológica que tengamos”, señala.

El quiebre institucional que se generó por el retiro del ministro de Hacienda Germán Ávila de la junta del Banco de la República es un episodio más en el cual se muestra que los mecanismos democráticos están diseñados para enfrentar gestos de posible autoritarismo de los gobiernos. El ruido de la pelea no permite discutir en su total dimensión importantes asuntos de fondo, pero es bueno tratar de ponerles el foco para entender que discrepar en la democracia es necesario y positivo, y que se deben encontrar caminos institucionales para tramitar el disenso sin dejar de lado las reglas de juego.

Uno de los puntos que ha quedado perdido en la discusión sobre si el ministro puede o no puede ausentarse de la junta, si lo pueden destituir, si pueden sesionar sin él o no, es ni más ni menos que el debate mismo sobre las decisiones en torno a la política monetaria. La mayoría de los economistas da por sentado que la decisión de aumentar en cien puntos básicos la tasa de interés es la correcta. El Gobierno y el ministro de Hacienda consideran que no. Algunas voces más que suenan aisladas consideran que se deben subir las tasas pero no de manera tan abrupta para no golpear tanto la productividad. Incluso una persona de la junta consideró que la tasa debería mantenerse estable. No es asunto menor y no hay unanimidad. ¿Cómo controlar la inflación sin estancar la economía? Sería ideal escuchar un debate de fondo sin tanto ruido para tratar de entender qué es lo mejor para el país en su conjunto.

Estamos en plena recta final de la campaña y, aunque algunos consideren que no se debe meter política en estos temas, no hay nada que se soporte tanto en la ideología y en la política como las decisiones económicas. Aunque siempre hubo una dosis de presión por parte de los gobiernos de turno, como nunca antes se tuvo uno de izquierda que tiene una visión distinta de la sociedad y de la economía, nunca antes se llegó a una crisis de estas dimensiones. Hay distintas maneras de ver y de entender la economía. Ese no es el problema. Eso es democracia. El problema está en la manera de resolver el disenso: El presidente y el ministro pueden discrepar, pueden intentar persuadir a la junta y al país, pero no pueden desconocer las decisiones del Banco.

Sería ideal escuchar los argumentos de cada uno de los miembros de la Junta sobre el incremento de la tasa. No hubo decisión unánime y eso significa que caben distintas interpretaciones. El ruido que suele generar el presidente con su estilo de golpear la mesa cuando no se hace lo que él quiere, no permite que el país avance con seriedad en debates que son necesarios y valiosos y que se están abriendo de manera muy evidente precisamente en este Gobierno.

Algo que ha ocurrido también en estos 3 años y medio es que la Constitución con sus pesos y contrapesos se ha puesto a prueba una y otra vez y ha resistido. Cuando hay intentos autoritarios se valoran, incluso con todos sus defectos, los esfuerzos de las instituciones por equilibrar las decisiones del Gobierno de turno. Así ocurrió cuando el presidente Álvaro Uribe intentó reelegirse para un tercer período y la Corte Constitucional frenó esa idea. Ese intento de quedarse en el poder fue un gesto autoritario.

Y ahora, cuando el presidente Petro considera que los votos que obtuvo para llegar a la Casa de Nariño le dan licencia para todo, también tiene gestos autoritarios y por eso aparecen los otros poderes y las distintas instituciones para recordarle que su mandato tiene límites y que la democracia funciona de otra manera. Se le puede conceder al presidente que algunas entidades han estado más acuciosas que antes vigilando su Gobierno y han sido más laxas con otros. Aún así es de celebrar que la institucionalidad funcione y que nos lleve a revisar cómo opera el Estado para evaluar si está bien o no lo que se hace.

Hoy se discute si está bien diseñada la Junta del Banco de la República, si conviene tener al ministro en ella o no, incluso se pone sobre la mesa si es bueno que la mayoría de los miembros vengan de una misma universidad. ¿Se requiere más diversidad? ¿Cómo se puede garantizar una mayor independencia? ¿Cómo se toman las decisiones en la Junta y con base en cuáles datos se deben tomar? Las crisis son siempre oportunidades y esta conversación va más allá del episodio del ministro Germán Ávila y su retiro de la junta. Esto tiene fondo y toca fibras muy importantes del manejo económico y de la manera como funcionan las instituciones democráticas. La economía no es una ciencia exacta, no hay una palabra de Dios aunque algunos consideren que la suya lo es. Bienvenidos los debates siempre que se hagan dentro de las reglas que tenemos y sin patear el tablero. Si esas reglas no gustan, también hay caminos institucionales para cambiarlas.

Los cuatro homicidios registrados en menos de seis horas la madrugada del pasado viernes en la Región Metropolitana de Santiago se han sumado a la tendencia al alza de este delito durante marzo, en el aterrizaje del presidente José Antonio Kast a La Moneda. El ultraconservador, que construyó su campaña en base a la promesa de controlar la crisis de delincuencia, no ha anunciado un plan de acción acorde a su relato de “mano dura” para responder a la principal preocupación de los ciudadanos en sus casi cuatro semanas en el poder. Desde el 11 de marzo, el día que Kast asumió como jefe de Estado, hasta este lunes 6 de abril, se han registrado 26 homicidios (11 de ellos frustrados y 15 consumados) en contextos de crimen organizado, según las cifras entregadas por los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) a EL PAÍS. En el mismo periodo del año anterior, bajo el mandato del izquierdista Gabriel Boric, la cifra llegó a 19 homicidios (tres frustrados y 16 consumados), lo que representa un alza de un 36,8%.

La oposición ya ha solicitado que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert –quien ha tenido un turbulento debut en el cargo-, acuda al Congreso a presentar medidas concretas para enfrentar el recrudecimiento de los delitos más violentos y dé a conocer su agenda legislativa. El diputado independiente de centroizquierda, Jaime Araya, envió un oficio a Steinert para que participe de una sesión conjunta entre las Comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y el Senado.

A diferencia de ECOH, Carabineros lleva un registro de todos los homicidios cometidos en el país, no solo los vinculados al crimen organizado. El conteo que publican es semanal y la última actualización corresponde a la semana del 23 al 29 de marzo, cuando se registraron 17 homicidios (entre consumados y frustrados, no especifican la cantidad de cada tipo); un 13,3% más que el mismo periodo del año anterior. También ofrecen el recuento de los últimos 28 días, un tramo que corresponde al periodo del 2 al 29 de marzo, cuando se registraron 74 homicidios, un aumento de 42,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según las últimas cifras publicadas por Carabineros en la plataforma Ley S.T.O.P. Los primeros 10 días fueron en el Gobierno de Boric y 18 de la Administración de Kast.

Durante el 2025, Chile registró 1.091 víctimas de homicidios consumados, una disminución del 11,5% en la tasa por cada 100.000 habitantes respecto a 2024, continuando con la tendencia a la baja registrada desde 2022, cuando la tasa de homicidios llegó al 6,8 cada 100.000 habitantes, el máximo histórico de víctimas.

La alcaldesa de Quinta Normal, la socialista Karina Delfino, criticó este lunes la gestión de la nueva Administración. “Los homicidios aumentaron 42% a nivel nacional en 28 días [entre el 2 y 29 de marzo]. Un Gobierno de emergencia debe estar preparado, y no anunciar un recorte al presupuesto de Seguridad, para luego decir que no lo hará. Debemos enfrentar juntos la crisis. El municipalismo siempre ha estado disponible”, escribió en sus redes sociales. Hace unas semanas, apareció un cadáver dentro de una caja a las afueras de la residencia de la edil, que ha aclarado que ni ella ni su equipo han recibido amenazas, a diferencia de al menos 17 jefes municipales de la Región Metropolitana, que han sido intimidados por el crimen organizado.

El alza de los homicidios ocurre cuando el estado de ánimo de los chilenos atraviesa por un punto de inflexión. Por primera vez en 44 meses, el pesimismo sobre el futuro del país (49%) supera al optimismo (48%), según la encuesta Cadem publicada el domingo. Un 52% considera que Chile va por mal camino, un incremento de 26 puntos desde el pasado 11 de marzo, cuando asumió Kast, y solo un 40% de los consultados cree que el país va por buen camino, una caída de 17 puntos. Los analistas achacan el pesimismo al alza histórica del precio de los combustibles ordenada por el Gobierno para hacer frente al incremento del valor del petróleo por la guerra en Irán. Además, las amenazas de los efectos inflacionarios que tendrá la medida y la baja en la proyecciones de crecimiento para este año anunciada por el Banco Central han aplastado las altas expectativas con que la ciudadanía recibió a Kast, quien ha visto una fuga del apoyo popular las últimas dos semanas.

Una de las principales dificultades que ha tenido el Gobierno del mandatario es retomar el control de la agenda, como lo hizo en sus primeros días en La Moneda. La ministra de Seguridad ha debutado bajo la sombra de su controvertido papel en la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, el 22 de marzo, quien tenía 36 años de carrera. Las explicaciones ofrecidas ante el Congreso esta tarde por el director de la institución, Eduardo Cerna, -quien se achacó la responsabilidad- no lograron despejar el papel que Steinert tuvo en la salida de Peña.

Además del caso Peña, la ministra, en vez de instalar las directrices que marcarán su cartera, tuvo que explicar durante varios días de dónde recortaría el 3% del gasto de ésta, una indicación entregada por Hacienda a los 24 ministerios para disminuir el gasto fiscal. Kast finalmente excluyó a Seguridad de la medida, pero la incoherencia de restar fondos a la prioridad del Gobierno de emergencia tuvo un impacto comunicacional que generó confusión en la ciudadanía y duras críticas desde la oposición.

Las cifras recientemente publicadas sobre la implementación de la Ley Karin muestran que menos del 10% de las denuncias presentadas son por violencia laboral. Esto podría llevar a pensar que no existe o que hay muy poca violencia en el mundo laboral. Sin embargo, la realidad no es así y por ello uno de los aspectos más relevantes de la normativa es justamente instalar explícitamente el derecho al buen trato en las relaciones de trabajo.

Por primera vez, el ordenamiento laboral chileno tensiona un principio profundamente arraigado, especialmente en sectores como el comercio y los servicios: la idea de que “el cliente siempre tiene la razón”. Bajo la promesa de calidad y excelencia en la atención, este principio ha tendido a encubrir prácticas de violencia cotidiana que durante años fueron naturalizadas como parte del trabajo y como un costo inevitable de la relación con clientes, usuarios o público general.

Cada vez es más frecuente observar en espacios de atención al público letreros, de diseño sobrio y tono cordial, que informan que no se admiten faltas de respeto ni agresiones verbales o físicas hacia quienes trabajan allí, y que, en virtud de la Ley Karin, el establecimiento se reserva el derecho de admisión y expulsión. No buscan amenazar ni interpelar con dureza. No se imponen visualmente. Sin embargo, su contenido resulta, en términos culturales, profundamente subversivo.

Lo que estos mensajes comunican —sin decirlo de manera explícita— es una redefinición del vínculo entre clientes, empresas y trabajadores: el hecho de ser cliente o usuario no habilita el maltrato. El buen trato es exigible en ambos sentidos. En ese gesto, aparentemente simple, se condensa un desplazamiento relevante del foco tradicional, que ya no se sitúa exclusivamente en la experiencia del cliente, sino también en la dignidad de quien trabaja.

Este cambio dialoga con hallazgos ampliamente documentados por investigaciones sobre el uso de la autoridad en Chile, particularmente los desarrollados por la socióloga Kathya Araujo. Sus estudios muestran cómo, en nuestra sociedad, la autoridad suele confundirse con autoritarismo y el ejercicio del poder se expresa frecuentemente a través del trato. En ese marco, el maltrato opera como un mecanismo cotidiano de jerarquización y control, muchas veces naturalizado y legitimado en nombre de la eficiencia, la exigencia o la satisfacción del cliente.

Para quienes trabajan en servicios —especialmente mujeres— esta lógica ha implicado la normalización de gritos, humillaciones, amenazas o descalificaciones como parte inherente del trabajo. No es casual que más del 50% de las denuncias jurídicamente aprobadas bajo la Ley Karin correspondan a mujeres, ni que los sectores con mayor concentración de casos sean aquellos con alta exposición al público, como el comercio, la enseñanza y los servicios administrativos.

Que la violencia en el trabajo aparezca hoy con una menor proporción de denuncias no implica que se trate de un fenómeno residual. Más bien da cuenta de una forma de violencia históricamente invisibilizada, naturalizada y, en muchos casos, ni siquiera reconocida como tal. Durante años, este tipo de prácticas ha operado como una externalidad del trabajo, más que como una vulneración de derechos.

La Ley Karin ha sido cuestionada —con razón— por las dificultades prácticas de su implementación y por las tensiones que introduce en la gestión organizacional. Sin embargo, evaluar su impacto únicamente desde el número de denuncias resulta insuficiente. Su principal efecto, al menos en esta etapa inicial, no está solo en el plano jurídico, sino en el cambio cultural que ayuda a gestar y su impacto en nuestra sociedad.

Cuando una empresa visibiliza públicamente que cuidará a su gente incluso frente a sus clientes, está enviando una señal clara: el trabajo no implica tolerar lo intolerable. Las cifras actuales pueden parecer bajas, pero los cambios culturales profundos rara vez comienzan con grandes números. Suelen iniciarse así: con mensajes pequeños, persistentes, que contribuyen a redefinir lo que una sociedad considera aceptable en el mundo del trabajo.