Una corte federal revisa el caso de Jessica Treviño Villegas, cuya defensa sostiene que fue expulsada de Estados Unidos de manera indebida pese a mantener vigente su permiso bajo el programa DACA, mientras organizaciones denuncian un aumento de deportaciones de beneficiarios de esta protección migratoria.
Activistas, abogados de inmigración y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes intensificaron la presión sobre el Gobierno de Estados Unidos para que permita el regreso de Jessica Treviño Villegas, una mexicana deportada a pesar de contar con protección vigente bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La defensa de Treviño Villegas presentó una petición ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas para solicitar su “retorno inmediato”, al argumentar que su autorización migratoria permanecía vigente hasta abril de 2027 cuando fue deportada en marzo de este año.
Jessica llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años y construyó su vida en Álamo, Texas. Es madre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, de 16, 14 y 13 años, quienes permanecen en ese país tras la deportación de su madre. La organización La Unión del Pueblo Entero (LUPE), que acompaña el caso, sostiene que la separación de la familia ocurrió pese a que la mexicana cumplía con las condiciones exigidas por el programa DACA, el cual renovaba periódicamente desde que obtuvo el beneficio.
Defensa sostiene que la cancelación del DACA carece de fundamento
Los abogados de Treviño Villegas señalaron que, después de ser enviada a México, las autoridades migratorias iniciaron un procedimiento para cancelar su protección bajo DACA al considerar que realizó un viaje no autorizado fuera de Estados Unidos. Sin embargo, la defensa argumenta que la salida del país no fue voluntaria, sino consecuencia directa de su detención y deportación, por lo que consideran que el argumento utilizado para retirarle el beneficio carece de sustento legal.
“Ninguna familia debería tener que pasar por lo que nosotros hemos pasado. Le pido a esta Administración que deje de separar a las familias. Déjenme volver a casa con mis hijos”, expresó Treviño Villegas en un comunicado difundido por la organización La Unión del Pueblo Entero (LUPE).
Por su parte, la presidenta de la organización, Tania Chávez, afirmó que “Jessica no abandonó el país por voluntad propia. La detuvieron con violencia y deportaron ilegalmente. La misma agencia que fabricó este caos en la vida de Jessica ahora amenaza con causar aún más daño al quitarle sus protecciones del DACA”.
El caso se desarrolla en un contexto de creciente preocupación entre organizaciones de defensa de inmigrantes, que denuncian un incremento de acciones migratorias contra beneficiarios del programa creado durante la administración del expresidente Barack Obama para proteger de la deportación a personas que llegaron al país siendo menores de edad.
De acuerdo con cifras citadas por los activistas, decenas de beneficiarios de DACA han sido detenidos y deportados en los últimos meses, mientras el programa permanece cerrado para nuevos solicitantes y quienes ya cuentan con esta protección deben renovarla cada dos años para conservar su estatus migratorio.
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