Un tribunal federal ordenó a la Administración de Donald Trump liberar los fondos retenidos para financiar servicios legales destinados a niños inmigrantes no acompañados y estableció como plazo el mediodía del viernes 7 de agosto después de casi nueve meses en los que el Gobierno no cumplió con una orden judicial previa.
El fallo obliga al Gobierno a pagar a organizaciones sin fines de lucro por los servicios legales prestados desde diciembre de 2025 a menores no acompañados, pero no resuelve el futuro de la representación legal para miles de niños.
El contrato federal que sostenía una red nacional de casi 100 proveedores especializados venció el 31 de julio sin ser renovado.
El tribunal reconoció esa incertidumbre y ordenó a la Administración presentar, a más tardar el 13 de agosto, un informe sobre las medidas que está tomando para garantizar que continúe el financiamiento de estos servicios.
La decisión se produjo después de una audiencia celebrada el 6 de agosto en el caso Community Legal Services in East Palo Alto v. U.S. Department of Health and Human Services. Amica Center for Immigrant Rights, Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y Justice Action Center, junto con el bufete Gibson Dunn, habían solicitado al tribunal hacer cumplir la orden preliminar emitida el 29 de abril de 2025 y exigir al Gobierno el pago de los servicios prestados antes de que expirara el contrato.
Intento fallido
La Administración Trump había intentado terminar con el financiamiento de la representación legal de niños inmigrantes no acompañados en marzo de 2025.
El tribunal bloqueó inicialmente esa medida el 1 de abril y, el 29 de abril, emitió una orden preliminar que mantuvo la protección mientras avanzaba el litigio.
Pese a esas órdenes, el Gobierno dejó de pagar a los proveedores por los servicios de representación legal desde diciembre de 2025, según las organizaciones que promovieron la demanda.
“Todavía no sabemos cuántos niños pagaron el precio de la ilegalidad de la administración”, dijo Alvaro M. Huerta, director de Litigios y Defensa de ImmDef.
El abogado sostuvo que, mientras el Gobierno retenía los fondos, algunos menores tuvieron que enfrentar solos procesos de deportación y pudieron haber sido devueltos a situaciones de “abuso, persecución y peligro” de las que habían escapado.
Huerta aseguró que las organizaciones continuarán defendiendo a los menores y responsabilizando a la Administración por cualquier intento de evadir sus obligaciones. “Los derechos de los niños no son opcionales”, afirmó.
Recursos de emergencia
Los proveedores legales también han advertido que la falta de pagos durante meses ha obligado a las organizaciones a buscar recursos de emergencia, modificar sus equipos de trabajo y, en algunos casos, limitar los servicios que ofrecen.
“Cada pago retenido amenaza el acceso de un niño a la representación legal, al debido proceso y a la seguridad”, afirmó Adina Appelbaum, directora del programa de Amica Center for Immigrant Rights.
Según la abogada, las organizaciones sin fines de lucro han asumido durante meses la carga financiera provocada por la negativa del Gobierno a liberar fondos aprobados por el Congreso.
Laura Flores-Perilla, abogada de Justice Action Center, resumió el impacto que las organizaciones atribuyen a la falta de representación: “La forma más rápida de deportar a más niños es asegurarse de que menos niños tengan abogados”.
La abogada explicó que los menores necesitan asistencia legal independiente para conocer sus derechos, presentar sus casos y solicitar protección. Aunque la orden judicial exige al Gobierno pagar por servicios que ya fueron prestados, advirtió que miles de niños todavía enfrentan un futuro incierto.
Deportaciones de menores no acompañados
La disputa ocurre mientras la Administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para deportar a más menores no acompañados y, al mismo tiempo, ha reducido el apoyo legal disponible para ellos, según las organizaciones.
En los últimos meses, el Gobierno ha solicitado a proveedores de servicios legales registros confidenciales de los casos de los niños, ha analizado trasladar la representación a una comisión de defensa penal de Texas y adjudicó un contrato de $150 millones de dólares a Burke Law Group, una firma con sede en Houston que, según las organizaciones, tiene poca experiencia previa en derecho migratorio o en la representación de menores.
Además, autoridades migratorias han utilizado información proporcionada por familiares que buscan reunirse con niños bajo custodia gubernamental para localizar y detener a posibles cuidadores.
Las organizaciones señalan que esta práctica ha generado temor entre familiares que podrían presentarse ante las autoridades y ha contribuido a que algunos menores permanezcan más tiempo bajo custodia del Gobierno.
