Author: rb809rb

Son uno de los encantos letrados de Buenos Aires y sus estantes ofrecen literatura en todo el país: unas 1.500 librerías y más de 500 empresas editoriales pequeñas y medianas existen hoy en Argentina. Ese ecosistema, advierten sus protagonistas, está en riesgo. “Una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, puede tardar décadas en formarse, y muy poco en perderse”, señala una declaración conjunta de las principales organizaciones que representan a quienes publican, venden y escriben libros en el país sudamericano. La señal de alerta se encendió en rechazo a un proyecto del Gobierno de Javier Milei para desregular el sector.

La iniciativa pretende derogar la ley de protección de la actividad librera y es el tercer intento del Ejecutivo en esa dirección desde que la ultraderecha llegó al poder, a fines de 2023. Aprobada hace 25 años, la ley vigente establece que los libros solo se pueden comercializar a “un precio uniforme de venta al público”, fijado por el editor o importador. La norma admite unas pocas excepciones: descuentos no superiores al 10% en ferias del libro y actividades afines, rebajas de hasta el 50% únicamente para compras realizadas por organismos públicos, para distribución gratuita.

Se trata de un régimen similar al que opera en muchos países, como Francia, España, Alemania y México, entre otros. El propósito del precio único es impedir que los grandes supermercados —y hoy también las grandes plataformas web— ofrezcan los títulos de mayores ventas, los best sellers, con descuentos que destruyan ese mundo diverso que incluye a librerías de barrio y editoriales independientes.

El proyecto para terminar con ese esquema fue elaborado por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. Además de derogar el precio unificado, la propuesta del Coloso, como llama Milei a su ministro, desguaza el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

“En Argentina existe una ley que no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”, defendió Sturzenegger su iniciativa. “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores. Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”, argumentó a través de sus redes sociales. Sin precios establecidos, sostuvo, “la competencia simplemente los obligaría [a los actores del sector] a ofrecer más productos y a mejores precios”. Desde su perspectiva, la disyuntiva está planteada entre “defender un negocio protegido por una ley o pensar en la gente”.

El rechazo al proyecto del Gobierno ultra es ampliamente mayoritario en toda la cadena productiva del libro, reúne a filiales de empresas multinacionales y editoriales independientes, a grandes y pequeñas librerías. Así lo plasmaron en una declaración en defensa de la ley vigente la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Federación de Librerías, la Cámara de Librerías Independientes, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, la Sociedad Argentina de Escritores, entre muchas otras organizaciones del sector. “Si nuestra vida cultural, literaria e intelectual es reconocida en toda la geografía de nuestra lengua y más allá de ella, se debe en buena medida a una red amplia y diversa de librerías”, afirman en el pronunciamiento conjunto. “Son librerías que seleccionan cuidadosamente su catálogo, lo acercan a sus lectores en cada ciudad, en cada pueblo, y sostienen un sinfín de actividades culturales. Esa red es la que hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y son esas editoriales las que publican a los nuevos autores y autoras”.

En la misma declaración, responden los argumentos del Gobierno: “La experiencia internacional desmiente la promesa oficial. Donde se derogó el precio uniforme, los libros no bajaron. En Suiza, el estudio que encargó la Secretaría de Estado de Economía tras la derogación de 2007 no halló cambios significativos en los precios. En el Reino Unido, los índices oficiales muestran que, tras la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general, pese a descuentos más amplios y profundos. Lo que sí ocurrió fue el retroceso de la librería independiente y el desplazamiento de la venta hacia cadenas y canales no especializados”.

Más títulos, menos ejemplares

La drástica reforma que busca implementar el Gobierno se produce en una coyuntura particular para la industria editorial, afectada por la bajada del consumo y de los ingresos, sobre todo de las clases medias, y por el retiro del Estado. Las ventas en librerías, estiman en el sector, bajaron cerca de un 30%. Si bien en el último año, la Agencia Argentina de ISBN registró un total de 36.942 publicaciones, un incremento del 17% respecto de 2024, en el mismo lapso se produjo una marcada caída en la tirada total: pasó de 52,6 millones a 34,6 millones de ejemplares, una merma superior a un tercio. Esa contracción se explica, en buena medida, por el abrupto descenso de las compras institucionales y para programas de edición educativa estatal, que pasaron de representar el 29% de la tirada total en 2024 a solo un 5% el año pasado, según el último informe de la Cámara del Libro.

“Aún con problemas y con las crisis de Argentina, tenemos una industria editorial muy poderosa que provee excelentes libros de muy buenos autores, con grandes traducciones”, dice el escritor y editor Damián Ríos, codirector del sello Blatt & Ríos. “La ley vigente”, agrega, “permitió que pasáramos de unas 500 librerías a alrededor de 1.500 y que se crearan centenares de editoriales gracias a que podemos comercializar títulos que son de nicho en muchos casos, para un público argentino que es muy sofisticado en sus lecturas, con intereses muy diversos”. El editor enfatiza el peso dentro del sistema de los libros que no son grandes ventas. “El título que más vendió en los últimos años en el país es Sinceramente [el libro de la expresidenta Cristina Kirchner]. Vendió unos 400.000 ejemplares. Yenny [la cadena de librerías más grande del país] vende 5 millones de libros al año. O sea, 10 veces más que el libro que más vendió en los últimos 15 años. El peso de los best sellers es más o menos el 12% de las ventas totales. Los libros que no lee nadie son casi todos”, destaca.

Uno de los argumentos centrales del Gobierno para impulsar su proyecto es que, sostiene, fomentará la competencia. “Las editoriales ya competimos, todas queremos que el lector dedique su tiempo a nuestros libros”, dice Ríos. “Competimos haciendo libros que estén bien escritos y bien editados… Hablamos con los autores desde que tienen una idea, nos mandan un borrador, lo comentamos, hacemos sugerencias, después lo corregimos, le buscamos una tapa atractiva, lo publicamos y nos ocupamos de distribuirlo. Un libro es un trabajo de meses o años”.

Para Rodolfo Hamawi, profesor de Economía de la Cultura y exdirector nacional de Industrias Culturales (2009-2014), la clave del actual régimen del libro es que “garantiza la bibliodiversidad: la existencia de cantidad de títulos, diversidad temática y accesibilidad. Esas tres características que se dan en Argentina no se ven en tantos países,menos todavía en América Latina”. El autor de Libros y gobiernos advierte que “no hay bibliodiversidad sin librerías. Porque se necesitan locales especializados para poder albergar y exhibir los más de 30.000 títulos que se publican cada año. Si los best sellers los vende más baratos un supermercado, esas librerías van a cerrar, porque para poder vender 500 libros de poesía al año necesitan también poder vender esos best sellers. Entonces, algo que en términos inmediatos puede, para algunos títulos, significar una baja de precios, va a terminar en un proceso de concentración”. El Gobierno, concluye Hamawi, “olvida o no le interesa que el libro es un bien cultural, un bien público. Ahí se expresan nuestros autores y nuestra cultura, se construyen nuestras identidades y se educan los jóvenes. Ahí compartimos miradas sobre nuestra historia, nuestro futuro y nuestro presente. Un libro es mucho más que una mercancía cualquiera”.

El consenso del sector en defensa de la ley y en rechazo a la desregulación se respira estos días en la Feria de Editores (FED), abierta en Buenos Aires hasta este domingo. Entre los libros exhibidos por más de 300 editoriales pequeñas y medianas de la región, se dejan ver carteles con consignas como “no a la derogación de la ley del libro”, “defendemos la actividad librera” y “Argentina defiende su soberanía cultural”. En los pasillos de la feria, que llevan los nombres de reconocidos escritores ya fallecidos, como Juan José Saer, Juan Forn, Sara Gallardo y Hebe Uhart, las sonrisas y los comentarios exhiben un repentino cambio de clima: el pesimismo que desde hace semanas reinaba entre editores, libreros y autores trocó en esperanza en las últimas horas. En la madrugada del viernes, el Senado argentino le puso freno a uno de los principales proyectos de Milei para este año, su propuesta de eliminar los límites a la extranjerización de las tierras del país. La ultraderecha perdió parte de los apoyos parlamentarios con que contaba y el fracaso dejó paso a la versiones que indican que el Ejecutivo podría postergar su batería de iniciativas desregulatorias. En la FED, la editorial cordobesa Documenta ofrece sellar sus ejemplares, a modo de exlibris, con dos leyendas: “un libro no es un yogur” o “los libros también son nuestro territorio”.

María Filomena Bonilla Oliva tiene 61 años y ya no puede caminar sin ayuda de su bastón o de alguien que le acompañe. Vive sola en su casa de la comunidad de San José de Gracia, a unos 50 kilómetros de Hermosillo, la capital de Sonora. En 2022, a Mena, como la conocen sus amigos y familiares, le confirmaron que en su cuerpo tenía la presencia de seis metales pesados. Ese mismo diagnóstico llegó tarde para su esposo, de 72 años, que murió cuatro meses antes de que recibieran los resultados. Bonilla Oliva y su marido son solo dos de los habitantes de la cuenca del río Sonora que fueron gravemente afectados tras el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado que el 6 de agosto de 2014 la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó en aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi. Han pasado 12 años de maltrato institucional hacia los cientos de víctimas de este desastre y de impunidad en el caso en el que la empresa sigue operando con normalidad y ante la inacción de los gobiernos que han pasado de frente.

Mena sobrevive pagando ella misma sus tratamientos en medio de un continuo desgaste emocional y físico ante la indiferencia de las autoridades. “Me siento muy defraudada porque creo que la insensibilidad está en ellos. No importa de qué color, de qué partido sean, han sido igual. No han tenido sensibilidad con el pueblo que sufre, porque tienen todas las investigaciones, están todos los estudios realizados, pero siempre quieren volver a empezar. Ya son 12 años de espera, pero el gobierno hasta ahorita no ha dado resultados. Todo queda en veremos, en reuniones, en fotos, en los discursos y en su publicidad”, se lamenta con una voz triste y cansada al teléfono.

Mena necesita prótesis para sus rodillas; los doctores le dijeron que las venas de sus piernas se tapan. Tiene dos años “lidiando” con la tiroides, en donde también tiene quistes que, le dicen, solo basta con que sean monitoreados cada año. El dolor en sus piernas ya es insoportable; dice que también tiene un efecto emocional y psicológico grave porque ya no puede regar sus plantas o cuidar su terreno como solía hacerlo. Tampoco puede ir ya por sí sola al hospital del IMSS Bienestar más cercano; pagar un taxi es carísimo, y trasladarse a pie, aunque sea una distancia corta, le es insostenible.

Es ese mismo hospital, ubicado a más de 50 kilómetros de su casa, al que dejó de ir porque en su primera visita la doctora de turno le preguntó sus síntomas y sus enfermedades, y sin revisarla le preparó una receta médica con una orden para los análisis que pudieran determinar la presencia de metales en su cuerpo. Cuando Mena preguntó si esos estudios se los harían ahí mismo, la médica le respondió que no, que el Estado no contaba con esos recursos, que fuera a pedírselo a la empresa que había sido responsable. “Me dijo que fuera a Grupo México para que me los patrocinaran. ‘¿Cómo me dice usted eso, doctora, cree que si los estamos demandando me van a recibir con los brazos abiertos?’, le respondí yo”.

El 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre minero que se recuerda en la historia de México. Los desechos tóxicos que se vertieron en los cuerpos de agua que abastecen a las comunidades alrededor de la cuenca del río Sonora afectaron la salud y la vida de unas 22.000 personas de las comunidades de Cananea, Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

Muchas de esas familias abandonaron los pueblos ante una tierra enferma en la que ya no pudo cultivarse nada. También el agua y el aire están aún contaminados y las acciones de remediación han quedado en el papel. Pobladores de los municipios afectados crearon los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), a través de los que comunican y mantienen su lucha en contra de la empresa a la que han demandado por unas 55 omisiones comprobadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y 11 juicios de amparo para empujar a que lleven a cabo una verdadera reparación del daño que hasta ahora no ha sucedido pese a lo que el Gobierno ha comunicado reiteradamente.

La abogada Cynthia Arco, de la organización civil Poder Latam —que ha acompañado a las ocho comunidades afectadas tras el derrame desde los primeros momentos posteriores a la tragedia— define el actuar de los gobiernos de todos los niveles y de la empresa como “una simulación”.

“Los CCRS han obtenido victorias en la última instancia judicial del país, en la que han determinado que Grupo México no ha cumplido con la remediación, que el fideicomiso Río Sonora, que sería el mecanismo de pago de las afectaciones, fue una simulación, un mecanismo fallido. Y a pesar de todas estas decisiones judiciales y de todas estas victorias, Grupo México acude a tribunales administrativos que son inferiores a la Suprema Corte con el propósito de mantener estos procesos de justicia interminables, de estar impugnando con argumentos que no tienen base legal para retardar la justicia”, dice.

Arco recuerda que en 2014 la Profepa celebró un convenio con Grupo México para reparar las afectaciones del derrame y de ese convenio nació el fideicomiso Río Sonora, que, en comunicados, se anunció que se comprometían a aportar la cantidad de 2.000 millones de pesos, incluida una aportación inicial de 500 millones. “En estos procesos jamás se les dio participación ciudadana a las víctimas”, reclama. Además, tres años después, en 2017, ese fideicomiso fue cerrado con opacidad sin que se verificara el cumplimiento de lo prometido.

Es algo que también menciona Mena, que, asegura, ha estado en presencia de todas las autoridades que se han acercado a los comités, de los que ella forma parte, y a quienes en persona les ha pedido una y otra vez que sus testimonios sean tomados en cuenta en las decisiones que se toman y que sean informados sobre lo que el Gobierno ha negociado con la empresa. Arco, añade: “Todos estos datos, las dudas, todas estas faltas de garantía, esta falta de transparencia, esta simulación por parte de las autoridades, hacen que la gente se sienta que se están repitiendo los mismos vicios que en 2014. Porque se está celebrando otra vez un convenio con la empresa a puerta cerrada, con cláusulas de confidencialidad, sin dar participación a la gente, sin atender realmente todas las demandas históricas de las comunidades”. Hasta ahora, ni la defensa legal de las comunidades afectadas y mucho menos los habitantes, muchos de ellos enfermos de gravedad, saben con exactitud lo que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la empresa han pactado en este caso, que en los hechos lleva 12 años de impunidad y de abandono a las víctimas.

A finales de 2021 y principios de 2022, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), realizó análisis en sangre y orina a 1.500 personas, entre las que identificó 705 casos que dieron positivo a presencia de plomo en sangre que requerían tratamiento de por vida, y determinó, además, que el 99,8 % de la población está expuesta a metales pesados de una manera “homogénea”.

“Esto quiere decir que en los ocho municipios hay presencia todavía de contaminantes y requieren una vigilancia epidemiológica y atención a la salud en materia de toxicología en toda la cuenca. Sin embargo, de estas 1.500 personas, hay 705 que ya requieren tratamientos de por vida, que ya presentan enfermedades crónicas como arsenicosis, cáncer, daño renal. Incluso hay ciertas personas que van a requerir quelaciones [una terapia que usa fármacos intravenosos u orales para atrapar metales pesados o minerales tóxicos en la sangre y eliminarlos del cuerpo a través de la orina]”, recuerda la abogada.

Con estos datos, Poder Latam promovió ante un juzgado una solicitud de medidas cautelares vía amparo. “El juez de distrito catalogó el asunto como urgente y grave y ordenó que se le brindara la atención médica integral a las personas, que se coordinaran las autoridades ambientales y sanitarias para emitir alertas a la población, que se hicieran monitoreos y también se emitieran medidas a favor de niños y niñas que habitan en los diferentes planteles escolares de la cuenca, precisamente porque los niños no saben y consumen agua directamente de la llave, lo que ha arrojado que las infancias tengan altos niveles de plomo en su sangre. A la fecha, las autoridades no han dado cumplimiento a estas medidas cautelares. En el Río Sonora no existe un plan de atención urgente para atender estas problemáticas de salud”, dice Arco.

Al contrario de las decenas de compañeros de Mena que han muerto en estos años y de las enfermedades y afectaciones a las comunidades que resultaron directamente dañadas por el vertido tóxico, la actividad de la compañía responsable, Grupo México, del empresario Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, va viento en popa. El grupo acaba de firmar un acuerdo en abril pasado con BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, para crear una plataforma de energía con 14 centrales de generación estratégicamente ubicadas en zonas de alta demanda en todo México. Aunque las demandas por su manejo de residuos o vertidos ilegales en varias partes del país no han cesado. En 2019, el Gobierno mexicano abrió una investigación sobre el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, una joya y reserva natural al noroeste del país, solo por mencionar otro ejemplo.

Un hospital ‘fantasma’

En diciembre de 2025, el Gobierno federal anunció la construcción de un hospital especializado para dar atención a esta población. Hace solo unos días, por el aniversario de la tragedia, el Gobierno de Sonora, liderado por el morenista Alfonso Durazo Montaño, colocó simbólicamente -otra vez- la “primera piedra” de un centro médico que antes, en 2015, también había sido prometido como medida de remediación y “justicia ambiental”. A través de un comunicado público leído en medio de la ceremonia, los CCRS dijeron: “Ese proyecto nunca se completó; fue el monumento a la impunidad que hoy sigue de pie, y a nuestra vista. Hoy se coloca, por segunda vez, la primera piedra de un hospital que representa una deuda enorme para las comunidades del río Sonora”.

Hasta el 4 de agosto, aseguraron, y pese al tiempo transcurrido desde los anuncios del hospital, no existe evidencia pública de que la obra haya iniciado. “Esto no impide que la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar o cualquier autoridad sanitaria de los tres niveles implementen las acciones que fueron ordenadas. Así como dice Mena, no hay ni siquiera un médico toxicológico en la región que atienda esta problemática. A pesar de ser uno de los principales estados mineros en México, no hay medios de prevención. Seguimos peleando por ellos. Entonces, el hecho de que no haya un plan de atención a la salud no resuelve el hospital; la problemática seguiría siendo un edificio [además sin el presupuesto necesario], pero realmente sin capacidad para atender una problemática grave como es la del caso del río Sonora, en materia epidemiológica y toxicológica”, dice Arco.

Ni el Diario Oficial de la Federación (DOF) ni otros documentos formales dan cuenta de los acuerdos entre el Gobierno de Sheinbaum y Grupo México. Tampoco hay rastros oficiales del dinero del que se dispone para remediar las afectaciones a la salud y al territorio tras 12 años del peor desastre minero en la historia del país.