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La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revocó su fallo de 2012 que protegía a los inmigrantes que llegaron sin papeles a Estados Unidos siendo niños y a otros inmigrantes, evitando así las restricciones por presencia irregular al viajar al extranjero con un permiso de viaje anticipado o ‘advance parole’.

Ahora el documento temporal, que se emite mientras se tramita una Green Card, podría activar el castigo de 10 años de ingreso a Estados Unidos, el cual se aplica a indocumentados que llevan más de un año viviendo en el país sin documentos.

La decisión podría tener implicaciones significativas para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y otros inmigrantes que han dependido del permiso de viaje anticipado como parte de su proceso para obtener la Residencia Permanente Legal.

“Revocamos la decisión en Matter of Arrabally y Yerrabelly, 25 I&N Dec. en 779, que establecía que un extranjero que abandona temporalmente los Estados Unidos en virtud de un permiso de reingreso anticipado no constituye, por ello, una ‘salida… de los Estados Unidos’”, señala la decisión. “Aclaramos que un extranjero puede volverse inadmisible [de reingreso a EE.UU.] debido a un viaje al extranjero realizado en virtud de un permiso de reingreso anticipado”.

Este cambio de interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es sustancial, ya que a pesar del permiso de viaje especial, el inmigrante sería castigado por “salir” del país.

La decisión de la BIA, que depende del Departamento de Justicia fue por el caso Matter of Delcarmen-Lara, 29 I&N Dec. 830 (BIA 2026), que revoca la determinación de 2012, que desde tal año estableció que un inmigrante indocumentado que viajaba al extranjero con un permiso de reingreso anticipado a EE.UU. podía volver sin que su salida activara el castigo de tres y 10 años de la INA.

Ahora la La Junta concluye que el término legal “salida” incluye un viaje fuera de los Estados Unidos realizado con permiso de reingreso anticipado, así que las personas podrían ser impedidas de volver al país.

En su decisión, la BIA también recuerda que el reingreso a EE.UU. en forma irregular implica un castigo adicional para los inmigrantes.

“Cualquier persona que haya visto denegada su admisión, haya sido expulsada o haya salido de los Estados Unidos mientras exista una orden de exclusión, deportación o expulsión vigente, y que posteriormente ingrese, intente ingresar o sea encontrada en cualquier momento en los Estados Unidos, será multada o encarcelada por un período no mayor a dos años, o ambas penas”, se especifica.

La decisión de la BIA se suma a una regla de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que advirtió que estudiantes, trabajadores extranjeros o turistas que quieran ajustar su estatus deberán hacerlo a través del consulado correspondiente en sus países de origen.

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Green Card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, indicó en mayo Zach Khaler, portavoz de USCIS. “Esta política permite que nuestro sistema migratorio funcione conforme a lo previsto por la ley, en lugar de fomentar lagunas legales”.

¿Qué caso determinó el cambio?

Milagro del Carmen Lara, una inmigrante originaria de El Salvador buscaba obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero el 7 de diciembre de 2006, un juez de inmigración la declaró deportable, determinando que no podía tener protección migratoria y ordenó su deportación.

Lara apeló ante la BIA y se le otorgó una decisión provisional en 2013 y obtener DACA. Luego presentó una moción para reabrir su procedimiento y obtener un permiso especial de viaje, luego de que su esposo hiciera petición de Green Card por matrimonio.

“La Junta denegó la moción el 6 de agosto de 2015 por extemporánea y porque la demandada no cumplía los requisitos para la exención debido a su orden final de deportación”, indica la decisión de este jueves. “El 27 de mayo de 2025, la demandada presentó una segunda moción para reabrir el procedimiento para solicitar el ajuste de estatus [y] para respaldar la moción, la demandada proporcionó
documentación que demuestra que salió temporalmente de los Estados Unidos y obtuvo libertad condicional para regresar al país el 1 de enero de 2024, conforme a una concesión de libertad condicional anticipada”.

El argumento central es que la inmigrante tiene una orden de deportación, por lo que la BIA rechazó su petición y aclaró la regla sobre castigo de personas que salgan de EE.UU. incluso con permiso anticipado.

Es importante que ante la nueva decisión de la BIA, los inmigrantes busquen asesoría de un abogado certificado, para evaluar sus casos.

La Administración Trump anunció este jueves que Estados Unidos acumula 15 meses consecutivos sin liberar a personas detenidas en la frontera, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Gobierno atribuyó el dato a la reducción sostenida de los cruces y detenciones en la frontera, aunque las cifras corresponden a los registros oficiales de CBP. La agencia informó que las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste sumaron 9,295 en julio, un 6% menos que en junio.

Según el comunicado, las detenciones de julio en esa zona fueron 94% inferiores al promedio mensual registrado durante la Administración Biden y 96% menores al máximo alcanzado durante ese periodo, en diciembre de 2023.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que los resultados muestran el impacto de las políticas de control fronterizo impulsadas por el presidente Donald Trump. “DHS sigue centrado en hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, asegurar la frontera y garantizar que quienes ingresen ilegalmente al país sean expulsados rápidamente”, señaló.

El comisionado de CBP, Rodney S. Scott, sostuvo que las cifras son resultado de una combinación de políticas, aplicación de las normas y trabajo del personal desplegado en la frontera. “Estos resultados muestran lo que es posible cuando la seguridad fronteriza se trata como una prioridad nacional”, afirmó.

Detenciones fronterizas permanecen en niveles bajos

CBP indicó que las 11,298 detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza en todo el país durante julio representaron una disminución de 1% frente a junio.

En lo que va del año fiscal, las detenciones acumuladas en la frontera suroeste también se mantienen en niveles históricamente bajos. El DHS aseguró que el total registrado hasta julio es inferior al promedio de un solo mes de los años fiscales comprendidos entre 1992 y 2024.

La agencia también señaló que las detenciones diarias se encuentran 94% por debajo de los niveles registrados durante la Administración Biden.

CBP reporta aumento en decomisos de drogas

El comunicado también incluye las cifras de CBP sobre la lucha contra el tráfico de drogas. En julio, la agencia reportó un aumento de 26% en el peso combinado de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana incautado, en comparación con julio de 2024.

En lo que va del año fiscal hasta julio, CBP indicó que ha decomisado 54% más drogas que durante el mismo periodo del año fiscal 2024.

Los decomisos de fentanilo aumentaron 3% respecto a junio, con 1,054 libras incautadas en julio, mientras que las incautaciones de heroína crecieron 20%, hasta 79 libras.

Comercio, trabajo forzoso y productos falsificados

CBP también informó que procesó $342,000 millones de dólares en importaciones durante julio y determinó 23.000 millones de dólares en aranceles para su recaudación.

En materia de protección de consumidores y cadenas de suministro, la agencia detuvo 300 envíos valorados en más de $83 millones de dólares debido a posibles violaciones relacionadas con trabajo forzoso.

Además, CBP informó del decomiso de 2,9 millones de productos falsificados, cuyo valor estimado supera los 2,000 millones de dólares.

Inspecciones agrícolas

Los especialistas agrícolas de CBP emitieron en julio 6,554 notificaciones de medidas de emergencia relacionadas con productos vegetales y animales restringidos o prohibidos.

La agencia también realizó 114,147 inspecciones positivas de pasajeros y emitió 704 sanciones civiles o infracciones a viajeros por no declarar artículos agrícolas prohibidos.

El DHS indicó que los datos completos correspondientes a julio están disponibles en el informe estadístico mensual de CBP.

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Las llamadas a los servicios de emergencia desde el Centro de Detención de Stewart, Georgia, una de las mayores instalaciones para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, se han disparado este año, muchas de ellas por graves problemas médicos, lo que ha generado alarma entre los defensores de los derechos civiles.

“Es una situación alarmante”, dijo a EFE Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, organización que brinda apoyo a familiares de migrantes detenidos en Stewart, ubicado en la pequeña localidad rural de Lumpkin, donde este año se han registrado dos muertes de migrantes: una de un cubano por un supuesto suicidio y otra, de un mexicano que estuvo detenido allí, por leucemia.

“Muchas de estas llamadas son serias, sobre personas que están perdiendo la consciencia, que están convulsionando o que han sufrido paros cardíacos o respiratorios“, precisó Valencia.

Cifras del aumento de llamadas de emergencia

De acuerdo con el activista, durante los primeros seis meses del año, las autoridades de ese centro, localizado a unos 230 kilómetros al sur de Atlanta, realizaron más de 300 llamadas al 911, un 300% más con respecto al total de 2022 y más del 60 por ciento con respecto a 2025, cuando Donald Trump asumió la Presidencia por segunda vez.

Estos datos respaldan las denuncias que desde hace años están haciendo organizaciones de derechos civiles sobre las condiciones de los inmigrantes en Stewart, donde la situación ha empeorado en el último año tras la ofensiva migratoria emprendida por la Administración de Trump.

También se han reportado detenidos que intentaron quitarse la vida o mujeres embarazadas que están teniendo algún tipo de emergencias, como sangrado o que están en el proceso de parto, explicó Valencia.

Informó que su grupo trabaja en un reporte con los datos oficiales para sacar a luz la situación en ese centro, que tiene una capacidad para alrededor de 2,000 personas.

“Todo esto es preocupante porque hay una población en detención, como las mujeres embarazadas, que está lidiando con situaciones serias y que, en primer lugar, nunca deberían haber sido detenidas por las condiciones que ya sabemos que existen, por la falta de atención médica”, lamentó el activista.

De acuerdo con organizaciones migratorias, la pequeña localidad de Georgia, que tiene una población de 800 personas, no tiene la capacidad y los recursos para atender la cantidad de llamadas que se reciben de la cárcel y está sobrecargando el limitado sistema de servicios médicos de emergencia.

El Refugio y otras organizaciones han denunciado desde hace varios años el “historial de abusos y muertes” de Stewart, una situación que ha empeorado por el número de personas detenidas, muchas de ellas vulnerables o frágiles de salud, y porque, según activistas, el personal de CoreCivic, que opera la prisión, se ha visto abrumado.

“La negligencia médica mata a muchas personas aquí en el Centro de Detención de Stewart”, aseguró a EFE la profesora universitaria Stephanie M. Madison, coordinadora de El Refugio.

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