Al concluir una audiencia en el Palacio de Justicia Federal en Los Ángeles, la jueza Maame Frimpong pareció que se inclinaría para restringir la capacidad de los agentes de inmigración para realizar detenciones de personas sin orden judicial al menos que se determine una posibilidad de fuga.
La magistrada federal de distrito señaló que estaba dispuesta a conceder una moción de la ACLU del Sur de California para una medida cautelar preliminar en el caso “Vásquez Perdomo vs. Markwayne Mullin”, un litigio de gran repercusión que cuestiona la legalidad de las redadas migratorias de la administración Trump en el sur de California.
Desde que el presidente Donald Trump lanzó masivas redadas, consideradas por defensores de los inmigrantes como “crueles y violentas”, los agentes federales han realizado habitualmente detenciones sin orden judicial y sin realizar previamente la evaluación del riesgo de fuga requerida, según la ACLU.
“Parece que la juez [Maame Frimpong] nos dará la razón, aunque con algunas restricciones”, declaró a La Opinión, Armando Gudiño, director ejecutivo de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, una de las organizaciones demandantes en el caso Vásquez Perdomo en contra de Markwayne Mulin.
Hasta ahora, se desconoce cuándo se pronunciará el dictamen de la magistrada.
“Tenemos la esperanza de que vamos a ganar, porque bajo la Constitución no importa quienes están en la Casa Blanca”, expresó la abogada Jeannette Zanipatin, directora de políticas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). “Tiene que seguir la ley como está escrita, y nosotros, como un país, merecemos y esperamos que el gobierno respete la ley”.
“Arrestos ilegales sin orden de arresto”
En rueda de prensa, añadió que una revisión de 113 registros de detención reveló que casi el 80% carecía de una evaluación del riesgo de fuga o se basaba en un lenguaje mayoritariamente estandarizado, lo que sugiere la ausencia de la necesaria determinación individualizada.
Gudiño y un grupo de abogados de la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU), de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) y representantes de la Unión de Campesinos (UFW) presentaron en el Palacio de Justicia de los Estados Unidos “Felicitas y Gonzalo Méndez” sus argumentos en la sobre los arrestos ilegales de personas sin orden de arresto.
“Han usado los arrestos ilegales sin orden de arresto para atacar a nuestra comunidad”, dijo Caleb Soto, abogado de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON). “Han arrestado a mucha gente por el trabajo que están haciendo, por la raza, por el lenguaje que están hablando en las calles. Y esa es la razón porque están deteniendo personas y poniéndolos en la prisión en Adelanto o en California City y están deportando a estas personas sin una gota de información. Lo que hacen es ilegal bajo la constitución y los argumentos nuestros probarán que el gobierno ha violado la constitución y los derechos de las personas aquí en los Ángeles”.
Datos de NDLON muestran que aproximadamente 500 jornaleros han sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), principalmente en los establecimientos de tiendas Home Depot y centros de lavado de automóviles, en el transcurso de un año y medio. Dos de ellos murieron: Jaime Alanís, de 57 años, durante una redada en Camarillo, en julio de 2025, al caer de un techo, y Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años, quien falleció atropellado en la autopista 210, en agosto de 2025, en la ciudad de Monrovia, cuando era perseguido por agentes enmascarados de inmigración.
Sobre la demanda
La acusación contra el gobierno de Trump se basa en que las operaciones migratorias en el sur de California no solo son ilegales, sino que están diseñadas deliberadamente para atacar a las comunidades latinas.
Residentes, trabajadores y grupos de defensa de los derechos civiles y humanos presentaron la demanda contra el DHS en julio de 2025, alegando prácticas inconstitucionales de detención y registro por parte de agentes vinculados a cuotas arbitrarias de cumplimiento de la ley.
El 18 de junio de 2025, Pedro Vásquez Perdomo, Carlos Alexander Osorto e Isaac Villegas Molina se encontraban sentados en una parada de autobús frente a un establecimiento de Winchell’s Donuts en Pasadena, en la esquina de Orange Grove Boulevard y Los Robles Avenue. Allí llegaron cuatro vehículos que se detuvieron de forma sorpresiva, y seis agentes federales armados y encapuchados rodearon a los hombres, a quienes detuvieron sin identificarse, según la demanda inicial.
A la demanda contra el DHS se agregaron los casos de Jorge Hernández Viramontes —de Baldwin Park, quien fue interrogado y detenido en su lugar de trabajo en un centro de lavado de autos del condado de Orange— y Jason Brian Gavidia —residente del este de Los Ángeles que fue interceptado e interrogado en un depósito de grúas del condado de Los Ángeles—.
A principios de 2026, la demanda fue enmendada. Se le añadieron nuevas acusaciones de violaciones de la garantía de igualdad de protección y del uso de tácticas injustificadas por parte de los agentes del DHS.
Ante ello, los abogados del gobierno solicitaron al tribunal que desestimara el caso de inmediato, argumentando que las acusaciones contenidas en la versión actualizada de la demanda no bastaban para sustentar las reclamaciones legales de los demandantes.
“El ICE está señalando a personas por el color de su piel, el idioma que hablan o el trabajo que realizan; y eso, señoras y señores, es inconstitucional”, criticó Teresa Romero, presidenta del UFW. “La Constitución nos ampara a todos, y por eso luchamos para proteger a quienes llevan los alimentos a nuestras mesas, a quienes trabajan en hoteles, en lavaderos de autos y en el campo. Es fundamental protegerlos y alzar la voz por ellos si tienen miedo de hablar”.
¿Qué exige la ley?
Antes de efectuar una detención civil por motivos migratorios sin orden judicial, los agentes federales deben establecer dos puntos: en primer lugar, contar con causa probable de que la persona se encuentra en el país de manera ilegal; en segundo lugar, determinar que existe una probabilidad de que la persona huya antes de que los agentes puedan obtener una orden judicial.
“No se trata de una u otra opción, sino de ambas condiciones a la vez: deben acreditarse ambos extremos”, enfatizó Chandra Bhatnagar, abogado de la ACLU. “Sin embargo, el gobierno ha tratado estas garantías como si apenas existieran”.
Bhatnagar especificó que, entre los 113 registros de detención que han examinado, descubrieron que los agentes han detenido a personas sin formular preguntas básicas sobre sus empleos, sus familias, sus hogares o sus vínculos con la comunidad”.
“Esto es ilegal. No se trata de un caso en el que el gobierno desconozca lo que exige la ley. La administración ha optado reiteradamente por ignorar dichos requisitos, adoptando políticas que los eluden y defendiendo versiones de sus propias operaciones que son contradichas por sus propios registros”, dijo.
Añadió que no se trata de una incapacidad del gobierno para cumplir la ley.
“Es una decisión deliberada de infringir la ley a sabiendas. Es también una decisión de engañar al público y al tribunal sobre esa conducta. ¿Quién paga el precio de este abuso? Nuestras comunidades; personas en toda la región han sido arrancadas de sus lugares de trabajo y de sus hogares, y familias enteras han sido separadas de sus hijos y mantenidas bajo detención durante días, semanas e incluso meses”.
El DHS insistió en que los agentes federales se dedican a proteger a los ciudadanos estadounidenses por encima de cualquier otra consideración.
“Nuestros agentes están centrados en proteger al pueblo estadounidense, no en alimentar una indignación efectista”, según un comunicado del DHS. “¿Dónde está la indignación de los medios por las familias de las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados?”.
El mes pasado, los abogados de los demandantes presentaron documentos ante un tribunal federal de Los Ángeles que, al parecer, incluían mensajes de texto y grabaciones de cámaras corporales donde se veía a agentes utilizando insultos racistas para identificar a las personas que pretendían detener.
Según un escrito judicial, las pruebas demostraban que los agentes del DHS se centraban en “personas de apariencia latina y de bajos ingresos o de clase trabajadora”. Los argumentos se presentarán en la corte, en septiembre próximo.
Quieren evitar separación de familias
La demanda y la lucha de los abogados tiene como objetivo impedir que el gobierno separe a las familias.
“Nadie debería tener que vivir preguntándose si ellos o un ser querido podrían ser desaparecidos por el gobierno”, subrayó el abogado.
Justamente eso cuestionaba Mayra Morales, esposa de Vidal Vásquez, un trabajador de lavado de automóviles que logró ser liberado por abogados. Vasquez fue arrestado el 13 de enero de 2026 en el Empire Car Wash de Los Ángeles.
“Mi esposo fue discriminado injustamente solo por su oficio; él nunca ha tenido ningún problema con la justicia; siempre se ha dedicado a trabajar y a aportar a nuestro hogar. Esperamos que se haga justicia para todos los que han sido víctimas de esas detenciones injustas de Donald Trump”.
