Author: rb809rb

Todas las referencias a estos contactos se basan en testimonios coincidentes de fuentes conocedoras del expediente venezolano, que solicitan a este diario el anonimato y subrayan que no existe rastro documental ni reconocimiento oficial por parte de las instituciones implicadas.

Según esas fuentes, el mensaje habría circulado a través de intermediarios y habría alcanzado a Richard Grenell, exembajador de Estados Unidos en Alemania y exfuncionario con acceso directo al entorno de Trump. No consta que Grenell actúe por encargo del Gobierno estadounidense ni que represente una posición institucional. Su nombre aparece por su historial como interlocutor oficioso en misiones sensibles, incluidas gestiones para la liberación de presos estadounidenses y contactos puntuales con Maduro en Caracas. Grenell no ha respondido a las solicitudes de confirmación de este diario.

La información se mueve en un contexto de silencio oficial. La Casa Blanca niega la existencia de canales abiertos o conversaciones formales sobre una transición negociada en Venezuela. La posición pública del Ejecutivo estadounidense es que Maduro debe entregar el poder a quienes Washington considera ganadores de las elecciones de 2024, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Las fuentes insisten en que la oferta de salida segura planteada por el entorno de Maduro constituye un tanteo político, no una negociación en curso, y recuerdan que iniciativas similares se han producido en el pasado sin resultados concretos.

Exigencias chavistas

El esquema descrito incluiría, siempre según tres fuentes consultadas por ABC, un indulto total para Maduro, su familia y su círculo más cercano, con el objetivo de neutralizar las causas abiertas en tribunales federales de Estados Unidos y cerrar cualquier escenario de extradición futura. Se trata de una exigencia atribuida al entorno del líder chavista, no de una propuesta aceptada ni debatida en instancias oficiales estadounidenses. Desde el punto de vista legal, un indulto de ese alcance requeriría decisiones políticas y judiciales formales que, a día de hoy, no tienen visos de prosperar en Washington.

Altos funcionarios con responsabilidades en el Gabinete de Trump rechazan cualquier planteamiento que implique impunidad para la cúpula chavista, según las mismas fuentes. Las causas penales contra Maduro y su entorno siguen su curso con independencia de estos movimientos, y Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar al líder venezolano para su extradición y enjuiciamiento. Ninguna de esas medidas ha sido modificada.

La propuesta incluiría también la salida del poder de Maduro con exilio en el extranjero. En ese marco, el nombre de España ha aparecido como posible destino, en particular Madrid. Las fuentes señalan que esta opción ha sido mencionada desde el entorno venezolano, pero recalcan que no existe constancia de que el Gobierno español haya aceptado, estudiado o avalado formalmente un escenario de ese tipo. Cualquier referencia a una eventual aquiescencia de Madrid debe entenderse como una hipótesis manejada por terceros. El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha negado a responder a las preguntas de ABC al respecto.

El antecedente más citado en este contexto es el de Hugo Armando Carvajal, alias ‘El Pollo’, antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana. Carvajal huyó en noviembre de 2021 tras quedar en libertad provisional por decisión de la Audiencia Nacional mientras se resolvía su extradición a Nueva York. Permaneció casi dos años en paradero desconocido hasta ser localizado y detenido de nuevo en Madrid en septiembre de 2023. Tras agotar los recursos judiciales disponibles, fue extraditado en julio de 2024 y actualmente colabora con la justicia estadounidense.

En anteriores etapas, la Casa Blanca llegó a valorar permitir la salida de Maduro a destinos como Turquía o Qatar. En 2019, Trump llegó a ofrecer garantías de salida del país en el contexto de un pronunciamiento interno que finalmente fracasó. En esta ocasión, el entorno del régimen vuelve a contemplar Madrid como opción, en parte por la presencia allí de antiguos altos cargos chavistas y por el papel desempeñado en el pasado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según las fuentes, cualquier escenario de ese tipo estaría condicionado a la neutralización previa del riesgo de extradición mediante un indulto total, extremo que hoy no cuenta con respaldo en Washington.

Gobierno de transición

El plan conocido por ABC contemplaría además la formación de un gobierno de transición en Caracas integrado por figuras del propio chavismo, presentadas como más pragmáticas. En ese contexto reaparece el nombre del general retirado Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior y antiguo jefe de los servicios de inteligencia, hoy residente en España tras su liberación en enero de 2023. Su inclusión responde, según las fuentes, a valoraciones políticas atribuidas a los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy.

Rodríguez Torres fue liberado el 21 de enero de 2023, tras casi cinco años detenido, y salió de inmediato rumbo a Madrid. Su excarcelación se produjo dos días después de una reunión entre Maduro y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El propio Rodríguez Torres agradeció públicamente a Zapatero una mediación que, según afirmó, se prolongó durante casi tres años. El régimen venezolano justificó su liberación por razones humanitarias y de salud, sin detallar los términos del acuerdo ni reconocer contraprestaciones políticas.

Fuentes consultadas por ABC señalan que Zapatero ha sido contactado de nuevo en el marco de estas aproximaciones y que ha mantenido conversaciones de carácter político para promover el perfil de Rodríguez Torres como figura posible en una transición controlada. El expresidente no ha hecho comentarios públicos sobre estas gestiones recientes ni ha confirmado este extremo a este diario. La referencia a su papel se apoya en testimonios de terceros y en antecedentes conocidos de su mediación en el expediente venezolano.

Desde su llegada a España, Rodríguez Torres se presenta como exiliado político. Zapatero ha defendido en el pasado que mantiene capacidad de interlocución con sectores del chavismo y de la Fuerza Armada, un argumento utilizado por quienes consideran imprescindible un relevo diseñado desde dentro. Esa valoración es objeto de debate y no implica respaldo unánime ni reconocimiento internacional.

El historial de Rodríguez Torres añade complejidad al escenario. Fue jefe de los servicios de inteligencia entre 2010 y 2014 y dirigió la respuesta del Gobierno a las protestas de 2014, que dejaron 43 muertos, según cifras documentadas por organismos internacionales. En 2018 fue detenido por el propio régimen, acusado de conspiración, y permaneció casi cinco años en prisión.

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha sido informado de estas aproximaciones, según las fuentes, pero mantiene una posición de prudencia. No existe confirmación oficial de gestiones activas ni de compromisos asumidos por el Gobierno español. Cualquier decisión de ese calibre tendría implicaciones diplomáticas y políticas que, a día de hoy, no han sido anunciadas ni debatidas públicamente.

En tiempo de descuento, la familia presidencial reaccionó con un guion conocido. Denunció un golpe del «imperialismo» de Washington y una supuesta injerencia directa de Donald Trump en un país presentado, una vez más, como vasallo. Pero los números no acompañan el relato. La oposición en su conjunto rozó el 80% de las papeletas. Una cifra de ese calibre deja poco margen para la épica victimista. Los mensajes de Xiomara Castro y su entorno suenan menos a denuncia que a coartada, más a final de ciclo que a resistencia.

En Honduras, el ‘familión’ es una palabra cargada de ironía popular y precisión política. Sirve para describir el nepotismo convertido en sistema: una red densa de parientes y allegados colocados en puestos clave del Estado, con apellidos que se repiten de ministerio en ministerio, de asesoría en asesoría, como si la administración pública funcionara como una empresa familiar ampliada. No alude a una sola persona ni a un caso aislado, sino a un patrón reconocible.

El poder que se hereda

Es el poder que se hereda, se reparte y se protege dentro de casa. Cargos de confianza, nombramientos cruzados y sueldos que, sumados, acaban pareciendo un presupuesto paralelo. El chiste, contado en serio, es evidente: no hace falta un partido para gobernar si se dispone de un árbol genealógico suficientemente frondoso.

El término apunta directamente al entramado construido en torno al matrimonio Zelaya-Castro durante el mandato de Xiomara Castro, iniciado en 2022. La presidenta llegó al poder con un discurso de ruptura, regeneración y justicia social. Prometió poner fin a las prácticas del pasado y limpiar las instituciones. Sin embargo, el ejercicio del poder derivó pronto en una concentración familiar que evocó los mismos vicios que su partido, Libre, había denunciado cuando estaba en la oposición.

Manuel Zelaya, presidente entre 2006 y 2009 y esposo de la mandataria, se consolidó como figura central del poder real. Sin cargo electo, pero con influencia decisiva, operó como eje político del Gobierno, con control de resortes clave del Estado y capacidad de veto o impulso sobre decisiones estratégicas. A su alrededor, hijos, hermanos, sobrinos y parientes políticos fueron ocupando posiciones relevantes en la administración, el Congreso, la diplomacia y empresas públicas.

La lealtad se premiaba

El fenómeno no se limitó al núcleo presidencial. Otras familias del entorno de Libre replicaron el esquema, extendiendo redes de afinidad por ministerios, secretarías, organismos autónomos y embajadas. El mensaje implícito era claro: la lealtad se premiaba, el apellido abría puertas y la cercanía al poder sustituía al mérito como principal credencial.

Informes del Consejo Nacional Anticorrupción, una organización de la sociedad civil, documentaron decenas de nombramientos de familiares directos en la administración. Muchos de ellos se amparaban en la figura legal de los «puestos de confianza», una fórmula válida desde el punto de vista jurídico, pero políticamente corrosiva. Ese goteo constante terminó instalando la percepción de que el Estado se había convertido en un sistema de reparto entre clanes, blindado por la ideología.

El coste político fue acumulativo. La identificación del proyecto de Xiomara Castro con el nepotismo, sumada a la sensación de que el poder se había cerrado sobre sí mismo, erosionó de forma rápida su base social. Para amplios sectores urbanos y para buena parte de los jóvenes, el relato de justicia social quedó sepultado bajo la imagen de un gobierno donde los apellidos pesaban más que la capacidad y donde la ideología funcionaba como coartada para proteger intereses familiares.

La derrota electoral de la heredera política del clan, la exministra de Defensa Rixi Moncada, no fue solo un castigo a una gestión concreta. Fue una enmienda a la totalidad a una forma de entender el poder. El voto no se dirigió únicamente contra la izquierda, sino contra la idea de que el Estado podía administrarse como patrimonio doméstico.

Moncada intentó desactivar el estigma. Incluso se llegó a componer una canción, «Somos el familión», con la que se pretendía apropiarse del insulto y transformarlo en consigna: Honduras como una gran familia feliz, cohesionada y solidaria. La respuesta en las urnas fue contundente. La mayoría de los hondureños no compró la metáfora. Optó por cerrar el capítulo y mirar hacia otra parte, convencida de que el cambio, incluso con sus riesgos, era preferible a la continuidad de un poder heredado.

En 2025, esa sacudida ya se ha traducido en resultados tangibles. Triunfos en las urnas, realineamientos regionales y un cuestionamiento cada vez más explícito del discurso de la izquierda que dominó gran parte de América Latina durante la década pasada. No se trata de una ola uniforme, pero sí de una tendencia que se repite con matices locales.

El 14 de diciembre de 2025, José Antonio Kast ganó la presidencia de Chile con una campaña centrada en seguridad, inmigración y orden público. Su victoria marcó el giro a la derecha más claro en el Cono Sur en años y cerró un ciclo político iniciado tras el estallido social de 2019. Diez días después, el 24 de diciembre, el Consejo Electoral de Honduras proclamó vencedor a Asfura tras semanas de recuento voto a voto, protestas en la calle y acusaciones de fraude. En ese tramo final, mensajes públicos de Donald Trump ayudaron a apuntalar su candidatura cuando las encuestas lo situaban por detrás de su rival.

Cansancio social

El mapa se amplía con otros movimientos relevantes del año. En Ecuador, Daniel Noboa revalidó el poder en abril con un discurso de mano dura frente al crimen organizado, convertido en una amenaza estructural para el Estado. En Bolivia, la victoria de Rodrigo Paz en octubre puso fin a casi veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo y abrió una etapa de transición marcada por reformas graduales y un lenguaje económico más pragmático. Y en Argentina, Javier Milei cerró 2025 con mayor respaldo parlamentario tras las legislativas de octubre, reforzado por el apoyo explícito de Trump y con 2026 señalado como el año clave para consolidar su agenda de reformas.

Detrás de estas victorias hay un factor común que va más allá de la ideología: el cansancio social. La región arrastra años de crecimiento débil, servicios públicos deteriorados y una violencia que se ha normalizado en amplias zonas urbanas y rurales. En ese contexto, los líderes que prometen respuestas rápidas, incluso por la vía del choque, parten con ventaja frente a proyectos percibidos como continuistas con la ola de izquierdas de la década pasada.

Mano dura como la de Bukele

El fenómeno tiene dos referentes claros, recibidos con brazos abiertos en el Despacho Oval. Nayib Bukele encarna el modelo de mano dura en seguridad, con resultados visibles y costes democráticos asumidos. Javier Milei representa el experimento de ajuste, desregulación y confrontación abierta con el Estado tradicional. Por encima de ambos, Trump marca el ritmo, prioridades, aliados y apoyos financieros, políticos y militares, condicionados a gestos explícitos de alineamiento.

El año 2026 será la prueba de fondo de esta revolución conservadora. Brasil y Colombia, los dos grandes bastiones recientes de la izquierda sudamericana, acudirán a las urnas con la seguridad como eje central y la economía como juez silencioso. Perú llegará con fragmentación política y un electorado exhausto. Costa Rica afrontará una campaña atravesada por el aumento de la violencia. Haití, si logra sostener el calendario electoral entre el caos y la inseguridad, volverá a recordar hasta qué punto el colapso institucional también decide elecciones.

En paralelo, Washington activa exigencias que afectan a toda la región. Una política arancelaria más agresiva, planes de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y operaciones militares en el Caribe y el Pacífico forman parte de una estrategia continental que es más de supeditación. Los ataques a embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, con más de un centenar de muertos, han sido presentados como advertencia y como ejemplo del nuevo intervencionismo estadounidense.

Si 2025 fue el año en que el trumpismo se dejó notar en las urnas, 2026 será el año en que se mida su capacidad de gobierno. Trump actúa como motor del nuevo bloque, pero también como su principal riesgo. Cada presión externa puede activar reflejos de rechazo y protesta que alteren el sentido del voto. Esa tensión, entre alinearse para sobrevivir o distanciarse para no pagar el coste interno, marcará el pulso político del continente en el próximo año.

Las fuerzas estadounidenses atacaron posiciones de militantes vinculados al Estado Islámico en el estado de Sokoto, que es una zona fronteriza con Níger convertida en foco de expansión yihadista y secuestros masivos.

Las cifras más circuladas en EE.UU. las aporta la ONG nigeriana International Society for Civil Liberties and Rule of Law (InterSociety), que sostiene que desde 2009 han sido asesinados más de 100.000 cristianos en Nigeria y que solo entre enero y agosto de 2025 murieron más de 7.000.

El Pentágono y el Mando África de EE.UU. confirmaron que se trató de «múltiples ataques» contra lo que calificaron como terroristas del Estado Islámico.

El presidente Trump afirmó en redes que los ataques iban dirigidos contra grupos que «están atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes», y los enmarcó en una estrategia más amplia de presión militar.

El presidente celebró públicamente la operación en redes sociales el mismo día de Navidad, llamando a los yihadistas «basura».

«Felix Navidad a todos incluidos los terroristas muertos, de los que habrá muchos más si no paran la matanza de cristianos».

Nigeria confirmó que los bombardeos formaron parte de un intercambio de inteligencia y coordinación estratégica con Estados Unidos.

«Golpes de precisión»

El Gobierno de Abuja describió los ataques como «golpes de precisión» contra el terrorismo y subrayó que se realizaron con su consentimiento.

Los objetivos de los ataques pertenecen a la llamada Provincia del Estado Islámico en el Sahel, conocida localmente como Lakurawa, un grupo que opera en el noroeste de Nigeria y que en los últimos años ha incrementado asesinatos, secuestros, violaciones y control territorial en zonas rurales.

Las autoridades estadounidenses no han confirmado el número de bajas ni el alcance de los daños causados por los bombardeos.

Rusia, con presencia en África, no intervino ni reaccionó de forma directa a la operación, y Washington no ha señalado ninguna preocupación por una escalada internacional derivada de los ataques en Nigeria.

Los ataques se producen tras semanas de amenazas públicas de Trump, que había advertido de que EE.UU. podría actuar militarmente si el Gobierno nigeriano no frenaba la violencia contra comunidades cristianas.

Nigeria había sido designada previamente por EE.UU. como «país de especial preocupación» por libertad religiosa en un informe.

El propio gobierno estadounidense ha afirmado que la violencia en Nigeria afecta tanto a cristianos como a musulmanes y que el conflicto tiene raíces profundas en la pobreza, la ausencia del Estado y la falta de gobernanza, más que en una persecución religiosa exclusiva.

El ejército nigeriano, desbordado por múltiples frentes internos, considera los ataques estadounidenses un apoyo clave, aunque expertos advierten de que los bombardeos aéreos no suelen ser sostenidos ni decisivos frente a grupos móviles que se desplazan entre varios países del Sahel.

Estados Unidos ha perdido en los últimos años bases clave contra el yihadismo en Níger y Chad, lo que ha reducido su presencia directa en la región y ha facilitado la entrada de actores armados respaldados por Rusia.

Según informa la agencia Efe, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad comunicó este jueves que desde la madrugada habían sido excarceladas 71 personas –65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes– que habían sido detenidas por haber protestado contra el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. El Gobierno chavista, sin embargo, ha elevado posteriormente la cifra de personas excarceladas a 99.

En su nota de prensa, el Comité de Madres detalló que el grupo de hombres estaban recluidos en el penal conocido como Tocorón, al norte del estado Aragua, mientras que las mujeres se hallaban en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, también al norte de Miranda, y los adolescentes al norte del litoral La Guaira.

Previamente, los familiares habían hecho campaña y presiones para que fueran liberados los detenidos. Entre ellos destacaban el Comité de Madres, la esposa de un gendarme argentino preso y las embajadas de España y Colombia. También la Plataforma de la Unidad Democrática de la oposición, que acompaña la dupla de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, además de otros dirigentes como Tomás Guanipa y Henrique Capriles.

Aunque el Comité de Madres celebra la excarcelación, denunció que «la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país». En octubre, las madres de los detenidos recordaron que el proceso de excarcelaciones fue suspendido en marzo pero fue reactivado esta semana con motivo de las fiestas navideñas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que dirige Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Baduel, quien falleció en prisión en 2021, también confirmó la información pero dio una cifra inferior de excarcelados, según la agencia AFP. «Celebramos la excarcelación de más de 60 venezolanos, quienes jamás debieron estar detenidos arbitrariamente. Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos», declaró a la AFP Andreína Baduel.

La activista Andreína Baduel tiene un hermano en prisión, Josnars Adolfo Baduel, detenido desde hace cinco años acusado de terrorismo. Su hermano se encuentra «en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas», dijo. «Necesita cuatro operaciones con carácter de urgencia».

No están claras las condiciones de estas liberaciones, pero llegan en un momento de máximo asedio de Estados Unidos contra Maduro.

Moscú ha comenzado a analizar los documentos sobre el fin de la guerra en Ucrania que fueron traídos a Rusia por el enviado especial Kirill Dmitriev desde Estados Unidos, según anunció el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. «Estamos analizando lo que Dimitriev entregó a Putin», afirmó Peskov. «Posteriormente, dependiendo de las decisiones que adopte el jefe del Estado, continuaremos nuestras comunicaciones con los estadounidenses», manifestó.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, subrayó que «en el proceso de negociaciones con Estados Unidos» sobre Ucrania «hay avances lentos, pero sostenidos», al tiempo que destacó que Moscú trabaja «en el marco establecido al máximo nivel en Anchorage», en referencia a la cumbre celebrada en agosto en Alaska entre Putin y Trump.

Zajarova apuntó que estos progresos se están viendo acompañados por «intentos muy dañinos e incluso maliciosos por parte de varios Estados, principalmente de Europa occidental, para torpedear los esfuerzos y hacer descarrilar todos los contactos diplomáticos».

«En nuestro diálogo con la Administración estadounidense pedimos de forma consistente a nuestros colegas que resistan de forma activa ante este proceso destructivo», manifestó, en línea con las acusaciones vertidas desde Moscú durante los últimos días contra países europeos por su papel en los contactos.

Por su parte, Peskov descartó que haya previsto durante el día de Navidad una conversación telefónica entre Putin y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al que sin embargo sí ha enviado un telegrama para felicitarle la Navidad, según el portavoz del Kremlin, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Mensaje de «Navidad extraño»

Además, Peskov criticó el «verdaderamente extraño» mensaje de Navidad emitido por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. «Uno se pregunta si es realmente capaz de adoptar las decisiones adecuadas para un acuerdo político y diplomático», ha zanjado.

Este último borrador de un plan de paz acordado por los negociadores estadounidenses y ucranianos obligaría a Kiev retirar sus tropas de los territorios orientales reclamados por Moscú, según el presidente ucraniano.

Zelenski dijo que la última versión del plan —una actualización de una propuesta de la Administración Trump que tanto Kiev como la Unión Europea habían descartado inicialmente como « imposible de implementar»— mantiene unas garantías de seguridad propuestas por Estados Unidos, la OTAN y los socios europeos que son equivalentes a las descritas en el artículo 5 del tratado de la alianza transatlántica.

«Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales contra Rusia», declaró, añadiendo que las garantías también se considerarían inválidas si Kiev emprende cualquier acción militar no provocada contra Moscú. Zelenski señaló que Washington había eliminado el texto de una versión anterior del plan que proponía que Estados Unidos recibiera una compensación por las garantías de seguridad.

Cambios en los puntos clave

El plan propone además que Rusia adopte legalmente una estrategia de no agresión hacia Ucrania y Europa. El texto también acepta la eventual adhesión de Kiev a la Unión Europea, reconoce el derecho del país a exigir reparaciones a Rusia y respalda la creación de instrumentos de inversión específicos para financiar la reconstrucción del país.

El texto revisado también exige la administración conjunta de la central nuclear de Zaporiyia por parte de las autoridades ucranianas, rusas y estadounidenses. Kiev se resiste a permitir que Moscú gestione el complejo, que ha sido escenario de intensos combates, pero está dispuesta a colaborar con la Administración Trump en la gestión de la infraestructura que Washington considera crucial para las futuras operaciones de extracción de minerales en el país.

La propuesta de paz original de la Administración Trump fue negociada por el enviado estadounidense Steve Witkoff y funcionarios rusos a principios de este mes. Ese documento de 28 puntos, que se interpretó ampliamente como demasiado complaciente con las demandas de Moscú, ha sido revisado sustancialmente y fue objeto de conversaciones a tres bandas celebradas en Miami el pasado fin de semana.

«Tras recibir información de inteligencia que indicaba que la organización terrorista EI estaba planeando ataques durante las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo, la Fiscalía ordenó la detención de 137 personas, de las cuales 115 han sido arrestadas», detalla el Ministerio Público de Estambul en el texto. Según publica la cadena de televisión Al Yasira, aún continúan los esfuerzos para localizar a los 22 sospechosos restantes.

La Fiscalía de Estambul afirmó que las autoridades recibieron información de que la organización extremista había emitido un llamamiento a la acción, particularmente contra no musulmanes, durante estas fechas.

La operación del jueves sigue a los arrestos generalizados de marzo, cuando el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, anunció que 298 presuntos miembros del ISIS ( por sus siglas en inglés) habían sido detenidos en 47 provincias durante dos semanas.

Los arrestos marcan la última fase de los esfuerzos de Turquía contra el grupo, al que las autoridades consideran la segunda amenaza «terrorista» más grave del país.

A principios de esta semana, ya las autoridades turcas habían informado de operaciones contra el autodenominado Estado Islámico (ISIS) tras nuevas informaciones de inteligencia que alertan de posibles atentados durante las celebraciones de Nochevieja, especialmente en lugares concurridos como centros comerciales y mercados.

Según informó el martes la Agencia de Noticias Demirören (DHA), la investigación, llevada a cabo por la Oficina de Investigación de Delitos de Terrorismo se apoya en informes de la MASAK (Junta de Investigación de Delitos Financieros) y en el análisis de redes sociales, que permitieron identificar cómo operaba la red en Ankara. Ahora, la esta última operación tuvo el foco en la ciudad de Estambul, la ciudad más visita del país, sobre todo en estas fechas.

Turquía, objetivo principal

Turquía se ha convertido en un objetivo principal de la actividad del Daesh debido a su situación geográfica. El país asiático comparte una frontera de 900 kilómetros con Siria, donde los grupos yihadistas todavía están activos y donde el Estado Islámico fue acusado de un ataque a mediados de diciembre que mató a dos soldados estadounidenses y un civil.

Estas últimas detenciones tienen lugar apenas cinco días después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran amplios ataques contra posiciones del Estado Islámico en Siria, alcanzando a más de 70 objetivos.

Esos ataques fueron ordenados por el propio Donald Trump en represalia por una emboscada perpetrada a principios de este mes en Palmira, en la que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete. La operación llegó a movilizar cazas, helicópteros y artillería contra decenas de objetivos yihadistas en el centro del país.

Operaciones en Afganistán y Pakistán

Esta semana, la agencia de Inteligencia de Turquía también realizó una operación en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, capturando a un ciudadano turco que, según dijo, ocupaba un alto cargo en el grupo del Estado Islámico. En el momento de su detención, Mehmet Goren, posteriormente trasladado a Turquía , estaba acusado de organizar ataques suicidas contra civiles en Afganistán, Pakistán, Turquía y Europa.

Tras el colapso del califato autoproclamado del grupo en partes de Irak y Siria en 2019, las autoridades turcas han asegurado que presuntos miembros del ISIS se han estado estableciendo en el país. Turquía declaró al ISIS como organización terrorista en 2013. Entre esa fecha y 2023, las autoridades arrestaron a más de 19.000 personas por presunta afiliación al grupo, según cifras de la presidencia turca.

Más de 7.600 extranjeros sospechosos de participar en actividades de grupos armados extranjeros también fueron deportados durante ese período, añadió.

Durante toda la contienda, que comenzó con el salvaje atentado terrorista de Hamás contra Israel en octubre de 2023, un tono sombrío ha marcado las navidades en Belén, ciudad bíblica donde nació Jesucristo.

Pero las celebraciones han vuelto con fuerza a esta ciudad de Cisjordania ocupada por Israel mientras se mantiene una frágil tregua en la franja de Gaza, donde cientos de miles de personas afrontan el invierno en tiendas improvisadas.

Cristianos de todas las edades se dirigieron a la céntrica plaza del Pesebre, donde espectadores se asomaban desde los balcones del edificio municipal para observar las celebraciones. Cientos de personas participaron en el desfile del grupo scout salesiano por la estrecha calle de la Estrella de Belén. «Se siente que la Navidad ha llegado de verdad», se alegró Milagros Anstas, de 17 años, con su uniforme azul y amarillo. «Es un día lleno de alegría, porque antes no podíamos celebrarlo debido a la guerra», declaró.

Un imponente árbol de Navidad, cubierto de esferas rojas y doradas, brillaba junto a la iglesia de la Natividad. Esta basílica data del siglo IV y fue construida sobre una gruta donde los cristianos creen que Jesús nació hace más de 2.000 años.

Por su parte, el papa León XIV llamó el martes a una tregua global de un día por Navidad. «Renuevo mi llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador», declaró el pontífice en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.

El municipio de Belén optó por reducir las celebraciones navideñas mientras la guerra asoló Gaza, territorio costero palestino geográficamente separado de Cisjordania por Israel. Un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, que comenzó en octubre, detuvo los combates a gran escala en Gaza, aunque muchos siguen afrontando una vida de penurias tras perder sus hogares y a sus seres queridos.

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, llegó a Belén antes de presidir la tradicional misa del Gallo en la iglesia de la Natividad. El alto prelado visitó la devastada Gaza durante el fin de semana y celebró una misa de Navidad en la parroquia de la Sagrada Familia, en Ciudad de Gaza, el domingo.

Los habitantes de Belén, cuya economía depende casi por completo del turismo, esperan que el regreso de las celebraciones navideñas devuelva la vida a la ciudad y reactive la llegada de visitantes. En los últimos meses, los peregrinos cristianos han comenzado lentamente a regresar la ciudad santa. «Es un lugar muy especial», comentó George Hanna, originaria de Beit Jala. «Necesitamos transmitir ese mensaje a todo el mundo y esta es la única manera, subrayó, antes de lanzar una pregunta de fácil respuesta: ¿Qué es la Navidad sin celebrarla?».

El portavoz del primer ministro, al ser preguntado por la posibilidad de que estas cifras desciendan el próximo año, afirmó que el Gobierno no puede garantizarlo. «No hay una única medida, ninguna solución milagrosa, para un problema global que los gobiernos de toda Europa han estado intentando controlar», explicó. También añadió que el Ejecutivo de Keir Starmer «ha dejado atrás los trucos y las políticas fracasadas» y está «tomando medidas serias y prácticas con nuestros socios para asegurar nuestras fronteras, desmantelar el modelo de negocio de las bandas y arreglar un sistema paralizado».

En ese marco, Downing Street sitúa el empleo de instalaciones militares como «una parte importante para afrontar la migración ilegal». Tal y como confirmó su portavoz, Crowborough se activará en unas semanas, en cuanto las condiciones de seguridad y operatividad lo permitan.

540 hombres a la espera

La base, utilizada históricamente como centro de instrucción del Ejército, figura entre los emplazamientos seleccionados para acoger a 540 hombres adultos que se encuentran a la espera de resolución de sus solicitudes de asilo. Según la prensa local, Crowborough es uno de los dos campamentos militares identificados por el Gobierno para alojar a un total de 900 personas, junto a unas instalaciones en Inverness, en Escocia.

El objetivo declarado de este plan es cerrar los hoteles que han alojado temporalmente a miles de solicitantes en los últimos años. Los últimos datos del Ministerio del Interior muestran que en septiembre había 36.273 personas en alojamientos temporales, un 13% más que en junio. A juicio del Ejecutivo, dicha cifra evidencia la necesidad de reubicar a parte de esa población en entornos de mayor capacidad.

La confirmación gubernamental ha coincidido con una intensificación del rechazo local en el municipio de Wealden, donde se ubica Crowborough. Su ayuntamiento había pedido en varias ocasiones al Ministerio del Interior información detallada sobre sus planes. En una carta remitida al Gobierno, el consistorio expresó «preocupaciones muy significativas ante la posibilidad de que su decisión y el posible uso del lugar tengan lugar en un momento en que la comunidad local debería centrarse en reunirse y pasar un tiempo familiar en paz», aludiendo al carácter repentino de la comunicación en plenas navidades y al impacto potencial sobre servicios e infraestructuras en la localidad.

Organización vecinal

Junto a la objeción institucional, diversas organizaciones de residentes han iniciado acciones para tratar de frenar el proyecto. Crowborough Shield, un grupo vecinal creado específicamente para este fin, ha recaudado más de 70.000 libras (80.000 euros) con el propósito de financiar un recurso ante la Justicia.

Sus representantes legales han alegado que el Gobierno habría actuado «de manera ilegal al impulsar el proyecto sin permiso urbanístico, sin consulta a la comunidad y sin una consideración adecuada de la proximidad del lugar a la Zona de Protección Especial y Zona de Conservación Especial del Bosque de Ashdown». La directora del colectivo, Kim Bailey, afirmó que la población local vive el proceso con «miedo e incertidumbre» y aseguró que, en su opinión, «el recinto de las barracones es inadecuado para alojar a solicitantes de asilo, muchos de los cuales habrán huido de conflictos y traumas». A todo ello se suma que «su ubicación junto al bosque de Ashdown implica un riesgo de daño ambiental significativo».

Las protestas han reunido a unas 3.000 personas en distintas convocatorias, y se han centrado en la preocupación por la capacidad de la zona para absorber la llegada de varios centenares de hombres que, de acuerdo con los planes oficiales, podrán entrar y salir libremente del recinto. El consistorio de Wealden calificó de «terrible» la falta de comunicación por parte de Interior y anunció que «impugnará cualquier decisión de utilizar el campamento si es legalmente posible hacerlo». Además, ha encargado asesoramiento a dos abogados especializados. El ayuntamiento notificó asimismo que había recurrido a la llamada ‘planning contravention notice’: una notificación formal utilizada por las autoridades locales para requerir información cuando sospechan que puede haberse vulnerado la legislación urbanística.

El Ministerio del Interior asegura que el pasado 16 de diciembre comunicó al ayuntamiento que todavía no se había adoptado una decisión definitiva sobre Crowborough, y que cualquier traslado se anunciaría con un preaviso de una semana.

No obstante, ahora se ha confirmado que ya han comenzado los preparativos para que las primeras personas lleguen en enero. Pero, a día de hoy, no se han publicado calendarios definitivos de traslado, evaluaciones oficiales sobre la capacidad operativa de la base, estimaciones de costes ni análisis sobre el impacto en los servicios públicos de la zona. El Ministerio del Interior ha señalado únicamente que está «trabajando estrechamente con las autoridades locales, socios inmobiliarios y otros departamentos gubernamentales para acelerar la ejecución».

Según ese correo, Trump figuraba como pasajero en al menos ocho vuelos realizados entre 1993 y 1996. En al menos cuatro de esos trayectos también estaba presente Ghislaine Maxwell, conseguidora de Epstein. Llama la atención que, en uno de esos vuelos, los únicos pasajeros registrados fueron Trump, Epstein y una mujer de 20 años cuyo nombre aparece oculto en los documentos. La revisión incluía más de un centenar de páginas de registros de vuelo, incorporadas al análisis del caso años después de que esos desplazamientos tuvieran lugar.

Trump ha admitido haber conocido a Epstein, aunque sostiene que rompió toda relación con él a mediados de la década de los 2000 y que lo expulsó de su club Mar-a-Lago antes de que fuera acusado por primera vez de delitos de trata de mujeres.

Investigaciones recientes señalan que Epstein, procedente de una familia de pocos recursos de Nueva York, amasó su fortuna engañando y defraudando a millonarios, lo que le permitió acceder a círculos sociales y políticos de alto nivel durante años.

Difusión de nuevas fotos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió este martes el mayor lote de documentos publicado hasta ahora sobre las investigaciones relacionadas con Epstein y Maxwell, en cumplimiento de una ley aprobada recientemente por el Capitolio. Los archivos no aclaran si esos vuelos fueron objeto de una investigación específica ni si las afirmaciones del correo interno fueron corroboradas por otras vías. Además, el propio Departamento subraya que la mención de nombres en la documentación no implica imputación penal ni prueba de delito.

El ‘Lolita Express’ era el nombre informal con el que se conocía al avión privado de Epstein, un Boeing 727 que utilizaba para desplazarse entre Estados Unidos, el Caribe y otros destinos. Sirvió durante años para transportar al millonario, a sus colaboradores y a numerosos invitados, y aparece citado en múltiples investigaciones y testimonios por su papel en los desplazamientos vinculados a la red de abusos. El apodo no fue oficial ni impuesto por autoridades, sino que surgió en círculos sociales y mediáticos y fue popularizado posteriormente por víctimas y por la prensa al conocerse el alcance del caso.

Miles de páginas y correos internos

El nuevo lote de documentos incluye decenas de miles de páginas con correos electrónicos internos, registros judiciales, informes penitenciarios y correspondencia de fiscales federales elaborados tras la muerte en prisión de Epstein en 2019, oficialmente declarada como suicidio mientras se encontraba bajo custodia federal a la espera de juicio por delitos de tráfico sexual de menores. La publicación responde a una ley que obliga a desclasificar y hacer accesible la documentación vinculada al caso, con las protecciones legales previstas para las víctimas, lo que explica que parte del material siga sin hacerse público.

Parte de esos archivos estuvo disponible durante varias horas en la web del Departamento de Justicia, fue retirada sin explicación pública y posteriormente republicada, un episodio que añadió confusión al proceso de difusión. Los documentos tampoco establecen vínculos directos entre los desplazamientos en los que aparece Trump y las actividades delictivas por las que Epstein fue investigado años después.

El material recoge además diversas pistas y avisos recibidos por el FBI sobre la relación de amistad entre Trump y Epstein, así como sobre encuentros en propiedades de ambos a principios de los años 2000. En ninguno de esos documentos se detalla el resultado de esas informaciones ni si dieron lugar a actuaciones concretas por parte de las autoridades federales. En 2021, durante el proceso contra Maxwell, los fiscales enviaron una citación judicial al club Mar-a-Lago solicitando registros laborales, sin que los archivos publicados aclaren el desenlace de esa diligencia.

Información sobre la gestión penitenciaria

Los documentos incluyen también información sobre la gestión penitenciaria de Epstein antes de su muerte y sobre las objeciones de víctimas al acuerdo judicial de 2008 que le permitió evitar entonces un procesamiento federal. Entre los textos más controvertidos figura una carta de agosto de 2019, presuntamente escrita por Epstein y dirigida a Larry Nassar, con referencias explícitas a Trump. Su autenticidad no ha sido confirmada de forma concluyente y los investigadores incluyeron comunicaciones posteriores destinadas a verificar su origen.

El Departamento de Justicia advierte de que parte del material contiene afirmaciones no verificadas o falsas presentadas en su momento ante el FBI, pero sostiene que su publicación responde a una obligación legal de transparencia. Trump no ha sido acusado de ningún delito relacionado con los crímenes de Epstein y la propia documentación insiste en que la aparición de su nombre no implica imputación penal. Aun así, la nueva tanda de archivos vuelve a poner el foco en un caso que sigue generando preguntas, mientras buena parte de la documentación permanece todavía bajo reserva pese a las promesas de transparencia formuladas durante la campaña.

Los documentos incluyen entrevistas internas y deliberaciones del Departamento de Justicia que muestran dudas y discrepancias entre fiscales sobre cómo gestionar la difusión del material sin perjudicar a las víctimas. También aparecen registros penitenciarios detallados sobre las últimas semanas de Epstein en prisión, con evaluaciones psicológicas y decisiones administrativas que no habían sido divulgadas hasta la fecha.

Denuncia de violación

Una denuncia incluida en los archivos del caso acusa a Trump de haber participado en una violación junto a Jeffrey Epstein. La acusación figura en un informe interno del FBI de octubre de 2020, basado en una llamada de un civil, y no aporta pruebas ni indica que se abriera una investigación formal, lo que apunta a falta de pruebas. El documento recoge también otros testimonios indirectos y relatos no verificados que mencionan a Trump en contextos sociales vinculados a Epstein. La Casa Blanca ha remitido a un comunicado del Departamento de Justicia que advierte de que parte del material divulgado contiene afirmaciones sensacionalistas o falsas, especialmente las presentadas ante el FBI en vísperas de las elecciones de 2020, y subraya que no existen cargos ni actuaciones judiciales derivadas de esas denuncias.