Santiago de Chile, 23 ago (EFE).- La reforma constitucional para combatir al crimen organizado propuesta por el presidente de Chile, José Antonio Kast, que le permitiría decretar discrecionalmente un estado de excepción por ocho meses y restringir derechos, alertó a todo el espectro político y especialistas que cuestionan la posible pérdida de libertades y un riesgo para la democracia.
Tras la aprobación de la controvertida megarreforma económica y tributaria, considerada su proyecto estrella, el Ejecutivo avanzó inmediatamente hacia esta polémica propuesta cuyos cuestionamientos pone en duda su aprobación en el Senado, tras su ingreso el pasado lunes.
“La reforma no es en ningún caso necesaria para combatir al crimen organizado y el terrorismo en Chile. No hay nada en la Constitución chilena que impida los objetivos que la agenda de seguridad del Gobierno plantea”, dijo a EFE el abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.
Sin consulta previa al Congreso, la medida señala que el presidente de la República podría establecer un periodo excepcional en el que pone límite a la libre circulación de las personas, el derecho a reunión y asociación, además de intervenir las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.
“Son medidas absolutamente abusivas que van contra cualquier sistema democrático, ni siquiera durante el estallido social de 2019 el expresidente Sebastián Piñera declaró el estado de sitio, sino el estado de emergencia, algo mucho más que lo que se propone ahora”, dijo a EFE el experto en seguridad de la Universidad de Santiago, Jorge Araya.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, por su parte, defendió que la reforma constitucional está pensada para “intervenir ciertas zonas donde operan grupos terroristas o el crimen organizado, que es de difícil penetración, donde necesitamos algunas facultades extraordinarias”, según declaró en el programa Tolerancia Cero, de CNN.
Cómo enfrentar al crimen
Durante la última década, Chile pasó de ser uno de los países más estables de Latinoamérica a convertirse en el teatro de operaciones de múltiples organizaciones criminales transnacionales, estructuras que para el 96 % de la ciudadanía representan un “peligro directo para la seguridad nacional”, según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
Combatirlo se ha transformado en una de las principales prioridades del país, objetivo por el que Kast presentó ocho modificaciones a la Carta Fundamental, dentro de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Además, un paquete de 19 iniciativas legales que ya se estaban tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.
Sin embargo, Araya subrayó que “lo más efectivo no está en la agenda”, y que hay un “afán del Gobierno por mostrar que está haciendo algo en materia de seguridad, pero evitando lo realmente necesario: inyectar más recursos para fortalecer nuestras instituciones”.
Estado de excepción y democracia
Los expertos consultados coinciden en que se trata de una propuesta “sin precedentes” desde el retorno de la democracia, con medidas propias del estado de ‘asamblea’, que se decreta en caso de guerra externa.
En ese sentido, recalcó Couso, “la reforma es sustancialmente peligrosa para la democracia”, y que el estado de excepción “pondría en peligro el propio régimen democrático, al otorgar poderes casi omnímodos el Presidente sin acuerdo del Congreso”.
Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez Diego Pardo, se “tensiona el principio democrático” con toda reforma “que concentre poder en el Ejecutivo sin los contrapesos temporales y parlamentarios adecuados”.
“La tensión democrática nace del diseño de un poder discrecional no sujeto a criterios verificables por órganos distinto de quien lo ejerce”, añade Pardo quien identifica esto en las propuestas de estado de excepción y en la facultad para designar organizaciones terroristas o de crimen organizado.
En el marco de la suspensión de derechos, Pardo describió como “particularmente preocupante la interceptación de comunicaciones”, herramienta para la que el proyecto no exige orden judicial.
“En el caso chileno ese vacío resulta más preocupante porque fue una de las herramientas que la Central Nacional de Informaciones (CNI) utilizó contra la oposición política durante los estados de excepción de la dictadura”, advirtió.
Estas preocupaciones en torno a la democracia fueron abordadas por Kast, esta semana, en declaraciones durante el cambio de mando de la Federación de Medios.
“¿En algún momento, quien habla no ha respetado los resultados electorales, lo que ha dicho la ciudadanía en un ejercicio democrático? No”, y seguido planteó: “¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado o que he abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático? No”.
“Populismo constitucional”
El abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga, caracterizó la propuesta como un caso de “populismo constitucional”, en tanto se presenta como “una solución mágica al problema de la seguridad”.
“Es un riesgo para el sistema democrático republicano y para el aseguramiento de derechos y sus garantías”, puntualizó.
La reforma de seguridad, que comenzará discutirse a inicios de septiembre, está siendo conversada por el Gobierno chileno dentro del Congreso, tras las visiones divergentes que produjo, incluso dentro del propio oficialismo y parlamentarios de derecha, y podría tener ajustes.
María José Rey y Sebastián Silva
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