Cuando Jorge Rodríguez golpeó el mazo en el Hemiciclo del Palacio Federal Legislativo el jueves pasado no fue para anunciar una victoria. Fue para declarar una retirada estratégica. «Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima», dijo el presidente del Parlamento con … una calma que desmentía la urgencia que supuestamente rodeaba el debate sobre la ley de amnistía general. La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo presión tanto de Washington como de la oposición antichavista, decidió que el momento más crítico para la reconciliación podía esperar siete días más.
Lo que sucedió fue menos un debate legislativo que un ejercicio de teatro político. La votación se paralizó en el artículo 7 del proyecto, un texto de apenas 13 artículos que contiene la promesa de sanar 27 años de represión, exilio y encarcelamiento desde que Chávez llegó al poder en 1999. El punto de fricción era técnico pero profundamente simbólico: si los beneficiarios debían «ponerse a derecho», presentarse ante la justicia. Para la oposición, era una trampa que volvería a exponer a las víctimas ante el mismo sistema que las encarceló injustamente. Para el chavismo, una garantía de que no habría impunidad sin rostro.
Pero la verdadera pregunta es por qué, si la amnistía es tan urgente, la Asamblea Nacional no se declaró en sesión permanente. En Venezuela, ese mecanismo legislativo existe precisamente para estos momentos: cuando un tema es de tal envergadura que no puede esperar, cuando hay vidas en juego. La sesión permanente permitiría continuidad sin interrupciones, sin levantamientos de sesión, sin esperas de una semana.
Nadie la pidió. Ni el Gobierno, que controla los votos; ni la oposición, que supuestamente está bajo presión de sus bases. Eso dice todo lo que hay que decir sobre la verdadera urgencia que ambos sienten respecto a la reconciliación nacional.
El fin de semana, el Gobierno liberó 17 personas de la zona 7, donde madres mantienen huelga de hambre. Fue suficiente para bajar la presión, para mostrar que algo estaba sucediendo. Pero la amnistía quedó en suspenso. Las liberaciones continuarían gota a gota, según conveniencia política.
Eliminación de programas sociales
Mientras tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estaba ocupada con otros asuntos. La gaceta oficial del 9 de febrero reveló una «reorganización» que incluía la eliminación de siete programas sociales. Entre ellos, el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, creado en 2013 por Maduro. Algunas «misiones» fueron también eliminadas. Rodríguez estaba consolidando su propia posición. La amnistía podía esperar. La reorganización del Estado, no.
Una pareja vestida como Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la inauguración del carnaval en Caracas.
La brecha entre promesas y realidad quedó expuesta en un comunicado de Justicia y Perdón, la ONG que monitorea derechos humanos. Habían verificado 441 excarcelaciones desde el 8 de enero. Pero sus registros identificaban al menos 840 personas detenidas por razones políticas. La cifra era devastadora: menos de la mitad de los presos políticos había sido liberada. La organización recordaba que el Código Orgánico Procesal Penal ya establecía mecanismos legales para garantizar excarcelación sin amnistía.
En la oposición, la postura fue tajante. Pablo Pérez, diputado de Unión y Cambio, difundió un vídeo y fue claro: solo seis artículos habían sido aprobados, no toda la ley. No apoyarían «una ley chucuta», afirmó. Su compromiso era una ley donde salieran todos los presos políticos, donde los exiliados tuvieran garantías de regreso. Henrique Capriles, diputado y excandidato presidencial, publicó en redes que la libertad no debe quedar suspendida en un punto de agenda, que detrás de cada nombre hay una familia esperando.
Mensaje desde la cárcel en Nueva York
«Amnistía no solamente para ellos, para nosotros también»
Nicolás Maduro
Expresidente de Venezuela
El chavismo respondió con acusaciones. Jorge Arreaza, quien preside la comisión de amnistía, acusó directamente a los «opinadores» y «políticos» de sabotear deliberadamente la ley. «NADA, ni NADIE nos va a descarrilar. ¡La Amnistía va!», escribió en redes sociales, con la foto de un documento rojo en sus manos.
Giro de guion
Pero entonces sucedió algo que cambió el tablero completamente. Nicolás Maduro Guerra, diputado a la Asamblea Nacional por La Guaira e hijo del expresidente, recibió una llamada telefónica mientras estaba en el Hemiciclo. Su padre, capturado por fuerzas estadounidenses en una operación militar el 3 de enero en Caracas, tenía un mensaje para el debate. «Amnistía no solamente para ellos, para nosotros también», habría dicho Maduro desde su celda estadounidense, según el relato de su hijo ante sus colegas diputados.
La frase cambió todo. De repente, la amnistía no era solo sobre los presos políticos de la oposición. Ahora incluía a Maduro y a su esposa Cilia Flores, acusados por conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas. Ahora la «reconciliación» tenía que resolver un dilema jurídico completamente diferente: ¿puede una ley de amnistía nacional cubrir delitos que supuestamente fueron cometidos contra la soberanía del Estado?
Mientras tanto, en las calles de Venezuela, la gente celebraba el carnaval. Los alcaldes y gobernadores sacaban a la calle las comparsas, la gente se bañaba en las playas, la música y el color inundaban la ciudad. Pero en las celdas donde permanecen los presos políticos, la incertidumbre era el único carnaval. Afuera, sus familias esperaban descompuestas, viendo cómo el país seguía su ritmo mientras sus seres queridos permanecían congelados en el tiempo, atrapados en un limbo donde la justicia es un lujo que nadie puede permitirse, donde la reconciliación es un acto teatral, donde las promesas de amnistía se convierten en otra forma de castigo: la incertidumbre infinita.
