Entre tantas dudas que causa el acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, el politólogo Javier Corrales ve algo seguro: que implica varios riesgos y quizá los subestiman.
Estudioso desde hace años de los hilos del poder y el petróleo en Venezuela, Corrales advierte sobre los efectos políticos que puede generar que Washington anuncie un control mayoritario de vastas reservas de crudo venezolano, como hizo el presidente Donald Trump el viernes.
“En Latinoamérica cada tanto surgen líderes populistas de izquierda, antiamericanos y anticapitalistas porque argumentan que a EE.UU. lo único que le interesa es aprovecharse de nuestros recursos”, explica el profesor del Amherst College estadounidense.
“Este acuerdo, independientemente de los detalles, muy fácilmente se presta para ese tipo de interpretación histórica radical de izquierda”, agrega Corrales en una entrevista con BBC Mundo.
También señala que EE.UU., al involucrar a sus militares en el negocio petrolero venezolano, podría repetir la experiencia “bastante funesta” de gobiernos autoritarios de izquierda y derecha en América Latina.
Y sostiene además que el entendimiento de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, con Trump dejó a sus opositores “en una especie de shock”.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con el coautor de publicaciones destacadas sobre la relación de Washington con Caracas o la política económica del gobierno del fallecido líder venezolano Hugo Chávez, como el libro “Un dragón en el trópico”.
Javier Corrales sostiene que el acuerdo con Venezuela supone “un cambio muy importante en la misión” del Ejército de EE.UU.
¿Cómo evalúas el acuerdo petrolero anunciado por los gobiernos de EE.UU. y Venezuela?
Por la mayor parte de su historia petrolera, desde los años 1920, Venezuela y EE.UU. sostenían una relación económica muy profunda en base al petróleo. La mayor parte del petróleo venezolano iba a refinerías estadounidenses y había un comercio muy profundo. Esto se interrumpe paulatinamente bajo el chavismo.
Entonces hay una especie de regreso a una situación muy natural. Lo que pasa es que, al reanudar este comercio, se han introducido mecanismos muy diferentes y polémicos.
El acuerdo se realiza con un gobierno que se considera totalmente ilegítimo, poco popular y encima muy poco transparente. Entonces es una negociación que se ha hecho con una contraparte siniestra.
Y EE.UU. está haciendo cosas que nunca habíamos visto. Está creando una corporación en la que el gobierno de EE.UU. participa. Se está asociando no sólo al gobierno de Venezuela, sino a un actor privado, siniestro también.
Y esto se hace con la idea de que EE.UU. es ahora dueño de estas reservas, a diferencia de ser un comprador de petróleo de Venezuela.
En la Constitución actual de Venezuela, las reservas no le pueden pertenecer a otro país que no sea Venezuela.
Trump, al anunciar el acuerdo, dijo que EE.UU. va a tener control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, “sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”. ¿Dónde ves el problema?
El costo político principal es que el gobierno de EE.UU. ahora es un actor que tiene intereses en proteger una inversión: tiene que proteger al gobierno que garantiza esa inversión y a su principal socio económico. El interés nacional se está ahora vinculando a una actividad económica.
El costo económico es que el gobierno de EE.UU. ha decidido ser el accionista en esta empresa porque, para poder extraer estas reservas, hay que invertir. Y los actores privados no consideraban que las condiciones estuvieran dadas para efectuar inversiones de semejante magnitud.
Tal vez Trump esté pensando que en cinco o seis años esta inversión va a empezar a ganar réditos si este acuerdo, por supuesto, perdura en el tiempo.
Al hablar del costo político, ¿te referías al papel que va a jugar la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, que podría impulsar la compra de acciones de una empresa privada fundada por Alejandro Betancourt López para tener acceso preferencial al petróleo que produzca en Venezuela?
Sí, esto es muy inusual para EE.UU., pero ocurre en otros países.
En muchas dictaduras y gobiernos populistas, el gobierno se convierte en inversor y los militares se convierten en empresarios: empiezan a crear intereses en actividades económicas.
Esto tergiversa la misión principal del Ejército, que tiene que velar no sólo por la defensa nacional y la seguridad de EE.UU., sino que ahora también tiene que proteger su inversión en Venezuela y le va a tener que dar prioridad a esas inversiones.
Esto es un cambio muy importante en la misión de lo que debe hacer una fuerza castrense bajo una democracia.
¿En América Latina esto lo has visto en algún lado?
Por supuesto que sí, se ve en muchas dictaduras militares.
El país que más representa esto es la Cuba comunista, donde las principales actividades capitalistas las manejan las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Es un modelo que copiaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Donald Trump sostuvo que con Venezuela logró “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Pero el nuncio genera varias dudas.
Pero también gobiernos de derecha lo han hecho, en la idea de que los militares tienen sus propias empresas y, no solo los militares sino el gobierno en general, son accionistas o dueños de actividades económicas.
Es muy clásico del estatismo económico latinoamericano.
¿Cuál ha sido el resultado de esas experiencias?
En Latinoamérica, la experiencia con el concepto de Estado capitalista ha sido bastante funesta.
A finales de los años ’70 y principios de los ’80 fue cuando hubo mayor presencia del Estado en actividades económicas en la región. Y esto desembocó en la crisis económica más grave que ha tenido la región: la década perdida de los ’80.
Más recientemente, Cuba y Venezuela fueron los países que continuaron este modelo de Estado-militares-capitalistas y terminaron con crisis económicas épicas.
Lo que ocurre es que cuando el Estado arranca por este camino es muy difícil frenarlo. Y si encima las instituciones de freno y contrapesos que se supone que controlan al Estado son muy débiles, no hay modo de pararlo.
Si comparas, por ejemplo, en Noruega, el Estado participa en actividades económicas, pero las instituciones de freno y contrapesos y el imperio de la ley es tan fuerte que el Estado tiene unos límites muy grandes de qué puede y no puede hacer.
Esto es lo que se empieza a erosionar muy fácilmente en Latinoamérica y en muchos países donde el sistema de frenos y contrapesos es débil. El Estado cada vez más busca modos de proteger sus intereses económicos y esto lo puede llevar a erosionar más los frenos y contrapesos.
¿Crees que ese riesgo, o el riesgo de corrupción, se presenta ahora para EE.UU. con este acuerdo? ¿O las instituciones en EE.UU. son suficientemente fuertes como para evitarlo, como ocurre en Noruega?
Esa es la gran pregunta del momento.
En los países capitalistas avanzados existen instituciones para tratar de disminuir la corrupción del sector privado: las empresas tienen que rendir cuentas a los accionistas, hay una junta de directores, en EE.UU. tienen que hacer auditorías independientes, entregar documentación a la Comisión de Bolsa y Valores, competir con otras empresas y cumplir con ciertas regulaciones para proteger a los consumidores.
Los gobiernos pueden muy fácilmente erosionar todo este tipo de medidas que existen para el sector privado.
Una de las cosas que ya se ve muy claramente es que todo lo que se está negociando con Venezuela es muy poco transparente: están poniéndose personas que trabajan tras bastidores, nada que sepamos hasta ahora indica cuáles van a ser los mecanismos de supervisión, cómo se van a hacer las auditorías, quiénes van a controlar, cuáles son las normas que van a regir todos estos negocios que se van a empezar a hacer.
Es muy fácil para un Estado ocultar sus actividades. Y, aunque EE.UU. tiene una tradición muy larga de crear instituciones para que las operaciones del Estado sean transparentes, estamos viviendo una época en que el gobierno actual trata de erosionar esas instituciones o pasarlas por alto.
Por lo tanto, es muy preocupante que ahora estemos hablando de tantos miles de millones de dólares y no estemos pensando en los mecanismos que se van a utilizar para asegurarnos de que no haya corrupción.
El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el acuerdo beneficia a EE.UU. al “asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo” en el hemisferio, bajando los precios domésticos de la gasolina. Al parecer, él no está viendo los riesgos que señalas…
No, no están viendo ningún riesgo. Y si el negocio se da como ellos quieren, van a generar grandes ganancias.
Otro riesgo importante es que este tipo de acuerdos desagradan muchísimo en las poblaciones latinoamericanas.
En América Latina, EE.UU. y en todos los países donde he estado, existe un fenómeno que se conoce como nacionalismo de los recursos. La idea es que nuestros recursos nos pertenecen y tenemos soberanía sobre eso.
Que ahora venga un país tan grande como EE.UU. a decir que son dueños de estos recursos y tienen un acceso casi sin control sobre ellos va a hacer que para muchos latinoamericanos esto se sienta como una especie de ultraje a la soberanía.
Esto genera antiamericanismo, resentimiento, sentimientos antiglobalización y antiestadounidenses.
Y uno de los riesgos que Marco Rubio no está viendo es que esto puede generar las mismas razones por las cuales surgen los Hugo Chávez en la región.
Es decir, en Latinoamérica cada tanto surgen líderes populistas de izquierda, antiamericanos y anticapitalistas porque argumentan que a EE.UU. lo único que le interesa es aprovecharse de nuestros recursos naturales y nuestras riquezas para autofavorecerse.
Este acuerdo, independientemente de los detalles, muy fácilmente se presta para ese tipo de interpretación histórica radical de izquierda en Latinoamérica.
Es algo que no creo que Marco Rubio lo entienda. Curioso: siendo él un experto en Cuba, debió haber entendido que esto fue uno de los movimientos que en su momento le dio tanta energía a Fidel Castro dentro y fuera de Cuba.
Pero bueno, ellos están simplemente pensando en el negocio que acaban de hacer y no en los efectos políticos y económicos que pudieran tener en el futuro.
Al parecer, tampoco la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ve esto como un acto imperialista, porque ha dicho que el acuerdo va a generar inversiones por más de US$100.000 millones y más del doble de esa suma en ingresos tributarios para su país, que según ella mantendrá la propiedad y la soberanía sobre los recursos…
Mucha gente considera que acá estamos viendo un acto de sometimiento por parte del gobierno ante EE.UU. Hay algo de cierto en eso y en que el gobierno de Delcy Rodríguez tiene temor ante EE.UU.
Pero yo creo que el gobierno de Delcy Rodríguez siente que esta es la mejor oportunidad que ha tenido el chavismo de tener un actor extranjero que los rescate de la crisis económica en la que están. Es decir, que están ganando mucho en esto.
Hay que entender que el chavismo empezó a generar grandes desastres económicos desde muy temprano y siempre se ha querido asociar con un actor prepotente internacional para que los rescate.
Creo que Delcy Rodríguez se da cuenta de que este vínculo con EE.UU. beneficia más a EE.UU. que a Venezuela, pero los beneficia mucho dado el punto de partida donde se encontraba el gobierno.
Entonces no lo veo como un sometimiento. Aquí, económicamente, estamos viendo la posibilidad de la mejor bonanza económica que tiene el chavismo desde la época dorada de Hugo Chávez a finales de los 2000, cuando el precio del petróleo estaba muy alto y Chávez en todo su apogeo.
Lo que yo no veo es que necesariamente esto traiga democracia y libertad para Venezuela.
Marco Rubio debió haber entendido que el acuerdo con Venezuela se presta a una “interpretación histórica radical de izquierda en Latinoamérica”, afirma Corrales.
Algunos argumentan que, con la invasión de EE.UU. a Venezuela en enero para detener al presidente Maduro, se terminó la soberanía del país sudamericano para decidir su propio destino en cosas como estas. ¿Estás de acuerdo?
No, en el sentido de que creo que el chavismo entregó la soberanía de los recursos nacionales hace muchos años.
Desde la época de Hugo Chávez, el gobierno de Venezuela, de modos muy poco transparentes, fue concediendo enormes prerrogativas a actores internacionales.
Hubo acuerdos con China para venderle petróleo exclusivamente en términos muy favorables. Luego pusieron a la empresa petrolera Citgo como colateral para préstamos de Rusia.
Venezuela, prácticamente desde el principio del gobierno de Chávez, le dio a Cuba grandes partes de la seguridad nacional y la inteligencia.
Ahora, en la época del oro, se asoció con Turquía, dándole concesiones muy grandes al gobierno.
Mi punto es que el gobierno de Venezuela, bajo el chavismo, viene desde hace muchos años entregando soberanía a actores internacionales de modos muy poco transparentes.
Venezuela no ha pasado de ser soberano a no serlo. Lo que ha cambiado es la superpotencia con la cual se ha aliado.
¿Y cómo analizas la reacción que hemos visto hasta ahora de la oposición venezolana a este acuerdo?
La oposición venezolana ha caído en una especie de shock, que hasta cierto punto fue parte de su desespero en un momento.
La oposición venezolana se sintió muy contenta cuando EE.UU. sacó a Maduro: consideró que fue el acto en contra de la dictadura más grande que se haya podido dar. Pero acto seguido tuvieron que darse cuenta de que hasta ahí iba a llegar EE.UU., en lo que para ellos era el principio de una transición.
“El gobierno de Delcy Rodríguez siente que esta es la mejor oportunidad que ha tenido el chavismo de tener un actor extranjero que los rescate”, dice Corrales.
Hasta cierto punto se están dando cuenta de que su aliado principal, EE.UU., los está abandonando. Y les está costando asimilar esto.
Si se desvinculan mucho de EE.UU., se van a quedar completamente desamparados. Pero hasta cierto punto ya están desamparados, porque EE.UU. sigue ignorando las demandas principales de la oposición.
Una pregunta es si este acuerdo puede verse como parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para avanzar en la democratización de Venezuela. ¿Qué piensas?
El argumento sería que EE.UU., al aumentar su presencia económica en Venezuela, adquiere cada vez más capacidad de influir en Venezuela. Esto es casi innegable.
Lo que pasa es que en muy pocas ocasiones he visto a EE.UU. tener tanta capacidad de incidencia en un país, pero a la vez usarla para tan poquito.
Lo único que se ha pedido es acceso a estos recursos económicos, pero no se están usando esos hilos de influencia para exigir una transición a la democracia, cambios en los modos en que el gobierno de Venezuela opera o reforma de instituciones.
Y encima EE.UU. está bloqueando el acceso al poder del partido político que verdaderamente ganó las elecciones del 2024, el partido de María Corina Machado.
