Author: rb809rb

“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”, escribió en sus redes sociales el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, al inicio de la noche de este miércoles. Así, antes de culminar un mes como jefe de Estado, revelaba el primer cambio en su Gabinete, con la renuncia de la concordia política evangélica Viviane Morales. “Una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, se lee en la carta de renuncia de la excongresista liberal y antigua fiscal general de Colombia, publicada por el presidente en el mismo mensaje, que cierra con sus eslóganes “¡Firme por la patria!” y “¡Que viva Cristo Rey!”.

En sus pocas semanas en el cargo, Morales dio que hablar por un borrador de decreto que buscaba mayor participación del sector privado, incluyendo las ilegalidades en los colegios públicos. La decisión final le corresponde ahora a Hoyos, conocida por sus posturas ultraconservadoras y quien resume su trayectoria en el sector educativo a su ejercicio como docente y decana de derecho en la Universidad de La Sabana, el centro educativo del Opus Dei ubicado a las afueras de Bogotá, entre 1994 y 2000.

La trayectoria pública de Hoyos, abogada de la Universidad del Rosario como morales, y doctora en derecho por la Universidad de Navarra, se concentra en su paso por la Procuraduría General de la Nación como una de las personas más cercanas al ultraconservador Alejandro Ordóñez. Como su delegada en asuntos de Infancia y Familia, en un cargo que varió de denominación pero mantuvo esas funciones, fue una gran opositora de la sentencia que despenalizó el aborto en el país. Desde antes de llegar a la Procuraduría era una fuerte vocera contra esa posibilidad, y para 2007 hablaba de la existencia de una “conjura” en América Latina que buscaba permitir “el aborto, la eutanasia y demás atentados contra la vida”, según explicaba en aquel entonces en una entrevista con la Agencia Católica de Informaciones, ACI Prensa.

Ya con el poder del Ministerio Público, intentó varias veces limitar la aplicación práctica del ya reconocido derecho al aborto. En una de ellas, la Corte Constitucional la obligó a rectificar una circular de 2010, en la que pidió a la Superintendencia de Salud revocar una circular que indicaba a las clínicas cómo reducir las barreras para la interrupción voluntaria del embarazo, argumentando que el misoprostol o “píldora del día después” era abortivo, algo que dijo la Organización Mundial de la Salud entre 1970 y 2005, cuando cambió su concepto.

Hoyos, que trabajó de la mano con mujeres progresistas en construir mejores políticas contra las violencias basadas en género, fue a la vez tenaz crítica del matrimonio de parejas del mismo sexo. Entre otras movidas, impugnó la sentencia de la Corte Constitucional que permitió ese matrimonio y fue señalada de hacer lobby en el Congreso contra un proyecto que buscaba regularlo por orden de ese mismo tribunal. Ella misma fue aspirante a esa Corte en varias ocasiones, primero en 2007, postulada por el entonces presidente Álvaro Uribe (renunció, pues el secretario jurídico de Presidencia, Mauricio González Cuervo, tenía todas las de ganar); luego en 2009, de nuevo ternada por Uribe, pero perdió la votación en el Senado; y finalmente en 2012, cuando estuvo a punto de ser ternada por el Consejo de Estado, el alto tribunal en el que su jefe y aliado Ordóñez tenía gran poder en el momento.

Morales y Hoyos comparten una visión religiosa de los asuntos públicos, pero mientras la ahora exministra pertenece a una iglesia evangélica, la nueva designada es católica. Ha sido asesora de la Conferencia Episcopal Colombiana, del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y del Pontificio Consejo para la Familia. Más recientemente, presidió la Comisión Nacional de la Cultura del Cuidado, la instancia asesora de la Conferencia Episcopal Colombiana encargada de prevenir abusos en la iglesia católica. Ha argumentado que la institución aún tiene pendiente poner a las víctimas en el centro y ha desarrollado un trabajo en la difusión de las decisiones de la Corte Constitucional sobre el proceder de las autoridades eclesiásticas frente a las denuncias e investigaciones de abuso.

La centralidad de lo religioso en su visión del derecho, su área de experticia, queda clara en un artículo publicado en 2005 en Dikaion, revista de la facultad que dirigió. Titulado El juramento y el deber-derecho de honrar el nombre de Dios, en él Hoyos argumenta que la Constitución Política de Colombia tiene como fuente a Dios. “El Constituyente, al invocar la protección de Dios, establece implícitamente la verdadera fuente de autoridad”, escribe, tras señalar que a su juicio cualquier juramento es “la invocación del nombre de Dios en testimonio de la verdad”. “El Estado al aceptar el juramento como garantía de cumplimiento de la función pública, admite que hay una instancia superior, que no puede desconocer”, se lee al final, “No se trata de una opción más, de una interpretación o de una simple postura filosófica o teológica, sino de la aceptación del Constituyente de que más allá de la Constitución, de la juridicidad propia de la persona, está solo Dios”.

La Secretaría de Seguridad federal (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, ha pedido a la Justicia que revoque la protección que actualmente brinda la Guardia Nacional a la diputada de Sinaloa Paola Gárate, del opositor PRI, que ha sido amenazada por el narco junto a su familia. Tanto la SSPC como la Guardia Nacional sostienen que las medidas de resguardo a la legisladora corresponden a las autoridades de seguridad pública del Estado, gobernado por Morena y del que Gárate ha sido férrea crítica. “Resulta desconcertante e inverosímil que esa autoridad federal solicite poner en manos de autoridades de Sinaloa la seguridad de la diputada, cuando ella ha denunciado continuamente la colusión entre ese Gobierno y los grupos del crimen organizado”, ha criticado la defensa legal de Gárate.

En junio, la legisladora priista encontró en la puerta de su casa una corona fúnebre, amenaza de muerte común en el código de los narcos en México. La corona leía: “Familia Gárate”. Este fue el evento que detonó la exigencia de la diputada de contar con un esquema de seguridad federal, que logró gracias a una resolución judicial que ordenaba al Gobierno de Claudia Sheinbaum garantizar tal dispositivo. La protección ha cumplido apenas unas semanas. La SSPC impugnó la orden judicial el 27 de agosto pasado, aunque, de momento, una jueza denegó la petición.

El de la corona no fue el único evento en el que Gárate ha sido víctima. En octubre de 2025, en un asalto violento para robarle su camioneta, fue encañonada con un arma. Antes, en 2021, fue una de las víctimas de la violencia en la jornada electoral de ese año para la gubernatura y otros cargos. Ese día, Gárate fue secuestrada durante nueve horas, en que la golpearon “y le exigieron que se retirara de las elecciones”, según el relato que la diputada dio a la Guardia Nacional durante una evaluación de riesgos.

Los sucesos de aquel año adquirieron una fuerza tremenda años después. Rubén Rocha, de Morena, resultó ganador de los comicios, en los que campearon los hechos violentos como los que denunció Gárate. Estados Unidos ahora acusa a Rocha de haber pactado con el Cartel de Sinaloa para que este le ayudase a ganar la elección, precisamente, amenazando a los políticos opositores.

La defensa de Gárate ha señalado que el principal argumento de la SSPC para pedir el retiro del resguardo federal es que la Fiscalía de Sinaloa ya le ha concedido a la legisladora medidas de protección. Sin embargo, precisan los abogados, “las medidas otorgadas únicamente consisten en rondines aleatorios a domicilio, y de ninguna manera se equiparan con un esquema de protección personal acorde con el nivel de riesgo que enfrenta la diputada”.

En la entrevista que sostuvo con la Guardia Nacional, Gárate se refirió también al atentado que sufrieron en enero de este año los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa Sergio Torres y Elizabeth Montoya, críticos también del oficialismo en el Estado. “La entrevistada manifestó que el motivo de solicitar la seguridad y protección es por la violencia e inseguridad que se vive en Sinaloa, así como por temor a que sea víctima de alguna agresión que atente contra su vida e integridad, por las declaraciones que ha realizado en contra del Gobierno de Rubén Rocha y los vínculos con la delincuencia”, consignó la dependencia en la evaluación.

La defensa de Gárate reclama que, aun cuando la Guardia Nacional “reconoce la necesidad de proporcionarle a la diputada víctima un esquema de seguridad personal permanente, propone y solicita que el dispositivo no quede a cargo de esa autoridad, sino de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa”.

Rocha terminó dimitiendo del cargo de gobernador, no sin antes haberse atrincherado con uñas y dientes. Tras varios meses de dubitación, el Ejecutivo de Sheinbaum por fin barrió del Estado también a los políticos vinculados al exmandatario y colocó a una gobernadora interina más cercana a Palacio Nacional. Pero la violencia no cambia. Este fin de semana, la activista por los desaparecidos Alma Rosa Rojo fue atacada a balazos a plena luz del día. Sobrevivió.