El Senado ha aprobado este miércoles la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, bautizada como Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social. La iniciativa en la Cámara Alta, con 50 escaños -la mitad de las derechas- ha logrado 26 votos a favor, una abstención y 23 en contra. La cuarentena de medidas, con foco tributario y económico, el corazón de la Administración de Kast, incluye la rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23% sin compensaciones y el crédito tributario al empleo. El Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley como una piedra fundamental para reactivar el crecimiento económico; reducir el desempleo, que se ubicó en el 8,9% en el primer trimestre; y equilibrar las cuentas fiscales bajo la narrativa de que “no hay plata”, y ante un fuerte déficit fiscal. La oposición, sin embargo, la considera una “reforma ideológica” que beneficia a los ricos y que profundizará las desigualdades sociales.
La mayoría de los senadores que pidieron la palabra durante la sesión de cuatro horas pertenecían a la oposición para justificar su voto en contra. Entre los pocos oficialistas que argumentaron su apoyo, defendieron la urgencia de cambiar los mecanismos tributarios y de empleo de los últimos años, en un país que acumula 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo igual o superior al 8%. El senador Luciano Cruz Coke, de Chile Vamos, la derecha tradicional, desestimó que fuese una reforma que beneficie a los ricos. “El crecimiento está estancado desde hace 10 años y si seguimos administrando de la misma manera, vamos a obtener los mismos resultados”, sostuvo y criticó la gestión del Gobierno de Gabriel Boric, sin mencionarlo directamente. El senador republicano, Rodolfo Carter, afirmó: “Mírense al espejo amigos socialistas, quién quieren ser, porque la reforma de hoy, no es la reforma de (Augusto) Pinochet, es más bien la reforma de (Ricardo) Lagos”, en alusión a que en su Gobierno el impuesto corporativo era de 17%.
El senador Miguel Ángel Calisto, independiente, votó a favor, clave para el desempate: “Cómo vamos a llegar a acuerdo si vamos a rechazar la idea de legislar, si los chilenos eligieron al Presidente Kast hace algunos meses y le dieron la mayoría para conducir y ahora propone algo que me parece legítimo”.
Uno de los argumentos de los opositores durante la discusión fue que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre los riesgos en la recaudación de la megarreforma -aunque también destacó para impulsar el crecimiento y los recortes de gasto público- y las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), un organismo independiente de carácter público y consultivo, sobre los riesgos que su implementación implicaría para la sostenibilidad de las finanzas públicas de Chile si no se incorporan nuevas medidas para mitigar los efectos de los menores ingresos. La ciudadanía tampoco está convencida con la megarreforma. Un 49% cree que favorece a las grandes empresas y a quienes reciben mayores ingresos y un 35% cree que está orientada a la creación de empleo en general, según la encuesta Criteria de mediados de junio.
La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sanchez, que votó en contra, criticó la reforma porque “dejan hipotecado el país por seis gobiernos por unos pocos votos o con mayorías que en el senado son circunstanciales”, en alusión a la invariabilidad de 25 años para los nuevos tributos a proyectos de más de 50.000 millones de dólares. Además, lamentó la velocidad con que se ha tramitado la normativa, que tiene suma urgencia. “Habría esperado más conversaciones o una negociación real”, añadió. La idea fue secundada por el grueso de los representantes progresistas, que señalaron que “dialogar no es solo escuchar, también estar dispuestos a cambiar”. El senador Daniel Nuñez, del Partido Comunista, reiteró la postura de la izquierda, de que se trata de una “reforma tributaria encubierta” y le señaló al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presente en la sala, que “es el ministro que más ha perjudicado a la gente”. “Se ha ganado el título de ser el Robin Hood de los más súperricos de Chile. Porque usted le quita los beneficios y los derechos sociales a los trabajadores de Chile para dárselos a los multimillonarios de siempre”, afirmó.
El Ejecutivo pretendía contar con más apoyos que los del oficialismo, pero tras una tensa reunión este lunes en La Moneda con representantes del Partido Socialista y el Frente Amplio, esa opción quedó desechada. Entonces, se buscó un acercamiento con los cuatro senadores del Partido Por la Democracia (PPD), de la centroizquierda, que tenían reparos por los cambios a los procedimientos medioambientales que plantea la iniciativa. El senador Pedro Araya, del PPD, se abstuvo y el resto de su bancada rechazó. “Creemos que una reforma de esta envergadura no puede ser aprobada sólo por los votos del oficialismo, necesita un acuerdo transversal, y por eso esperamos que pueda existir un último esfuerzo del Ejecutivo a abrirse, a recoger los planteamientos que ha hecho la oposición”, señaló Araya.
El grueso del paquete no contempla medidas recaudatorias, sino proinversión, lo que proyectan que generará crecimiento y, con ello, empleo. Entre las normativas figura una la simplificación regulatoria para agilizar permisos de proyectos de inversión y la reducción a la mitad del impuesto a la donaciones e incentivos a la repatriación de capitales. También la eliminación del pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda -lo que impactará los fondos municipales-, la invariabilidad y la reintegración tributaria. Además, fondos para la construcción de viviendas para los damnificados de los incendios forestales de las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. La izquierda buscó que se presentara la norma para la reconstrucción aparte, para apoyarla, algo que no fue contemplado. Lo mismo con quitarle la suma urgencia al proyecto para discutirlo latamente y la creación de una mesa técnica, pero tampoco se consideró.
Ahora las normativas de la megarreforma Con esta aprobación, el proyecto continuará su discusión en particular, comenzando en la comisión de Medio Ambiente y Trabajo -en paralelo- y luego Hacienda donde se podrán realizar cambios. Luego, volverá a votarse en el Senado la primera semana de julio cada artículo en particular.
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