Ciudad de México, 22 sep (EFE).- México llega al debate del Paquete Económico 2027 y los impuestos a las bebidas alcohólicas no han subido desde 2014, por lo que se prevé una caída real del 8,5 % en su recaudación por el actual esquema fiscal.
Ante este escenario, especialistas nacionales e internacionales pidieron este martes actualizar el gravamen y cobrarlo según la cantidad de alcohol puro.
Durante un foro convocado por la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), los expertos plantearon establecer una cuota de 0,4938 pesos (menos de un dólar) por cada mililitro de alcohol puro, equivalente a 493,8 pesos (29 dólares), y actualizarla automáticamente conforme a la inflación.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) funciona exclusivamente bajo un esquema ad valorem, es decir, cobra un porcentaje sobre el precio del producto según su graduación, por lo que los especialistas argumentaron que favorece a bebidas de bajo precio aunque contengan cantidades similares de alcohol.
Itziar Belausteguigoitia, especialista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que México es el cuarto país de las Américas con mayor tasa de enfermedad vinculada al alcohol, mientras se encuentra entre los de menor carga impositiva.
Los impuestos selectivos representan en promedio el 10,6 % del precio de la cerveza en las Américas, frente al 14 % mundial, y cerca del 16 % en bebidas espirituosas, como tequila, mezcal, ron o vodka, frente al 22 % global.
Carlos Guerrero, de Economics for Health, defendió que migrar hacia un esquema basado en la cantidad de alcohol tiene “múltiples ventajas”, pero advirtió que las cuotas deben ser suficientemente altas para elevar los precios, reducir el consumo y aumentar simultáneamente la recaudación.
Los especialistas pusieron como referencia a Tailandia, que aplicó once aumentos del impuesto especial y dos reformas estructurales entre 1996 y 2017. Un análisis publicado en 2026 concluyó que las reformas del diseño tributario redujeron el consumo en promedio un 16,2 %, más del doble que el descenso del 7,1 % asociado únicamente a incrementos de tasas.
Wit Wichaidit, de la Universidad Príncipe de Songkla, explicó además que Tailandia destina parte de sus gravámenes a financiar una fundación pública de promoción de la salud que ha respaldado más de 3.000 proyectos mediante 4.313 organizaciones colaboradoras.
En México, RASA atribuyó al consumo de alcohol unas 41.000 muertes anuales, alrededor de 112 diarias, y costos directos e indirectos por 552.000 millones de pesos (32.471 millones de dólares).
María Elena Medina-Mora, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, indicó que el alcohol continúa como la droga más consumida en el país y que quienes beben ingieren en promedio 7,8 gramos de alcohol puro diarios.
La especialista destacó además la combinación entre un consumo ligero o esporádico y episodios de ingesta excesiva, mientras estudios recientes muestran un aumento entre las mujeres, particularmente las más jóvenes y de estratos socioeconómicos altos.
La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos; el Senado tiene hasta el 31 de octubre, mientras el Presupuesto de Egresos deberá quedar aprobado por los diputados a más tardar el 15 de noviembre.
La alianza propuso sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran “una amenaza inmediata y compartida”. “Anunciamos hoy la primera acción conjunta (…) para enfrentar el flagelo del narcoterrorismo” explicó el comunicado emitido tras la reunión, en el que se enumeran los 24 grupos, desde la Mara Salvatrucha a Los Tiguerones, pasando por el ELN, el Cártel de Sinaloa o el Clan del Golfo.
En el encuentro estuvieron los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el nuevo vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.
“Les estamos haciendo la guerra a los cárteles”
“Durante años, los cárteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora, nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos”, declaró Trump ante los mandatarios al inicio del encuentro. El republicano describió a estas organizaciones como “fuerzas terroristas paramilitares violentas” que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas.
“Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.
Halagos desde Perú y Colombia
Fujimori, recientemente investida presidenta de Perú, dijo a Trump que su país se ha unido al Escudo de las Américas “con gran determinación y entusiasmo” y aplaudió su “liderazgo”. El vicepresidente de Colombia, cuyo presidente, Abelardo de la Espriella, también se ha unido recientemente al Escudo de las Américas, defendió que esta alianza sirve para “preservar las democracias” de la región.
“La única manera de acabar con el crimen es ser duro con él” repuso Trump en su turno de palabra. La alianza, auspiciada en Florida en marzo pasado por Trump, responde al ciclo conservador que vive actualmente la región. Por su parte, el mandatario paraguayo aplaudió que Estados Unidos arrestara y depusiera a Nicolás Maduro en Venezuela, al tiempo que instó a “trabajar” para lograr la democratización de ese país, así como de Cuba y Nicaragua.
Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU este martes, Trump amenazó con usar la fuerza militar en Latinoamérica si los intereses de Estados Unidos se ven amenazados. Aunque dijo tener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, apuntó que México es el “epicentro” del narcotráfico e instó a su Gobierno a “recuperar” el control de su territorio.
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Con una inversión de 150 millones de pesos en refacciones, Changanrealiza alianza con Estafeta para consolidar su estrategia de postventa en México y hacer entregas en un lapso de 24 horas.
Samuel Echeverría, director de operaciones de Changan México, dijo que ante los desafíos de disponibilidad de piezas que han afectado a diversas marcas de origen chino en el país, Changan implementó modelos predictivos de demanda para anticipar las necesidades de mantenimiento y reparación.
La marca automotriz alcanza un nivel de surtido (fill rate) del 95% —a la par de las armadoras japonesas— gracias a un inventario de más de 472,000 piezas y un centro de distribución optimizado, señaló el directivo de la automotriz china durante el evento de la estrategia.
Esta alianza abarca desde la administración del almacén corporativo hasta la entrega en destino final, eliminando intermediarios en el proceso de recolección y optimizando los tiempos de distribución a nivel nacional.
Hewei Yao, vicepresidente de Changan México y Gabriel Guzmán Ávila, director de Servicios Internacionales y Negocios Estratégicos de Estafeta, encabezaron el corte de listón que marcó el inicio formal de esta colaboración de la postventa de Changan a través de sus 60 distribuidores.
El nuevo esquema de logística integrada permite abastecer a la red de concesionarios con tiempos de respuesta competitivos en todo el país: Valle de México y zonas cercanas con entregas en 24 horas. Guadalajara y Monterrey con cobertura de 2 a 3 días. Y destinos lejanos (Tijuana y Cancún) tiempos de tránsito de entre 5 y 6 días.
Eduardo Esquivel Palomares, Gerente de Desarrollo de Negocios y Experiencia al Cliente en la división de Supply Chain de Estafeta, explicó que a diferencia de esquemas logísticos tradicionales, la propuesta que Estafeta implementa para firmas como Changan abarca la totalidad de la cadena de suministro: desde el almacenamiento en instalaciones de nivel Triple A hasta la entrega final a la red de distribuidores y concesionarios.
El sector automotrizrepresenta cerca de una tercera parte de nuestro negocio en la división de Supply Chain y va en constante aumento. Hay una inversión real y un foco estratégico de Estafeta para seguir fortaleciendo este mercado que empuja con tanta fuerza a México”, destacó Esquivel Palomares.
Durante el recorrido del almacén en el Estado de México, Changan opera sobre una superficie actual de 8,500 metros cuadrados, con proyecciones de expansión a 10,000 metros cuadrados. No obstante, la marca refirió que el desempeño del proyecto se mide mediante el fill rate (porcentaje de surtido efectivo sobre los pedidos de la red).
El análisis de demanda de la postventa de la marca revela cuáles son los componentes con mayor rotación en el mercado local: Fascias delanteras y traseras: Identificadas como las piezas de mayor demanda. La compañía atribuye este fenómeno a la curva de adaptación de los conductores locales a vehículos de nuevas energías e híbridos enchufables, cuya aceleración instantánea requiere un ajuste en las distancias de seguimiento para evitar colisiones urbanas. Cristales y parabrisas que constituyen el segundo rubro de mayor solicitud en talleres. Así como insumos de mantenimiento preventivo, entre ellos filtros, balatas y piezas de desgaste regular, consideradas prioritarias para evitar retrasos en el servicio periódico de la red.
La casa de los famosos México 2026 volvió a ser escenario de un momento de fuerte tensión emocional. Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’, fue llamada al confesionario, donde la producción del reality le dio una noticia que la quebró por completo: su sobrino, Emiliano Torres, se encuentra hospitalizado en un estado de salud sumamente delicado. Entre lágrimas y frente a sus compañeras, la influencer no pudo contener el llanto y decidió compartir lo que estaba viviendo.
De acuerdo con la información que trascendió, Emiliano fue hospitalizado tras presentar complicaciones de salud. Los médicos detectaron una acumulación de sangre en el estómago, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Sin embargo, durante el procedimiento surgieron nuevas complicaciones que agravaron su estado.
Actualmente, el joven permanece inconsciente y bajo vigilancia médica especializada. La noticia impactó profundamente a Karina, quien reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que ingresó al reality.
¿Qué dijo Karina Torres sobre el delicado estado de salud de su sobrino Emiliano?
Visiblemente afectada, Karina Torres decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores la difícil situación que enfrenta su familia.
“Hay que tomar decisiones en esta vida, hermanas. Entonces, pues al ratito les platico más a detalle qué show. Pero sí está muy delicado mi sobrino. Quería contárselos por respeto a ustedes y porque sé que qué onda ahí. No sé. Vamos a darle, hermanas.”
Karina Torres
Entre lágrimas, pidió apoyo y oraciones para la recuperación de Emiliano. “Hay que rezarle, pedir una oración. Les pido una oración por mi sobrino, Emiliano Torres, a toda la gente que ore por su salud, porque se recupere, porque esté bien y porque salga de esto. Primeramente Dios”, expresó la influencer al hablar sobre el complicado momento que vive.
“Todo puede pasar. A veces los planes que uno tiene pueden cambiar, la dirección puede ser otra. A veces uno propone y Dios dispone”, comentó, dejando abierta la posibilidad de tomar una decisión importante en los próximos días.
La famosa reconoció que su prioridad es el bienestar de su familia y, especialmente, la salud de Emiliano. Por ello, muchos seguidores consideran que podría optar por dejar temporalmente el reality si la situación médica de su sobrino así lo requiere.
“Traigo muchos sentimientos encontrados, muchas cosas que me están pasando ahorita. Pero lo que quiero es que esté mi familia tranquila y que mi sobrino esté bien, la verdad. Es lo único que me interesa”
Karina Torres
Finalmente la influencer también aseguró que confía en el trabajo de los médicos que atienden a su sobrino y que mantiene la esperanza de recibir noticias positivas.
“Pienso que está en buenas manos, está con los mejores doctores. Pero ando pidiéndole mucho a Dios para que todo esté bien. Todo puede pasar.”
Se trata de un reconocido artista de 43 años que durante los últimos años enfrentó fuertes dolores y un deterioro importante en su calidad de vida tras someterse a una cirugía. Ante el avance de sus padecimientos, decidió recurrir a la eutanasia para poner fin a su sufrimiento.
¿Quién fue el actor que murió tras recibir la eutanasia en Bélgica?
El actor que solicitó la eutanasia y falleció a sus 43 años fue Arnaud Denis, un actor, director y dramaturgo francés que destacó principalmente en el teatro. A lo largo de su carrera participó en diferentes puestas en escena y también dirigió varias obras.
Entre sus trabajos más conocidos se encuentra ‘Las amistades peligrosas’, producción por la que recibió reconocimiento en Francia. También estuvo al frente de obras como ‘Las mujeres sabias’ y ‘Marie des Poules’.
Murió tras recibir la eutanasia en Bélgica, donde había acudido debido a los fuertes padecimientos físicos que enfrentaba.
Arnaud Denis solicitó la eutanasia después de años de sufrir un grave deterioro en su estado de salud, que él relacionó con una cirugía de hernia a la que se sometió en 2023 y en la que le colocaron una prótesis.
De acuerdo con sus propias declaraciones, después de aquella intervención comenzó a presentar fuertes dolores y varias complicaciones que afectaron su estilo de vida.
El actor explicó que había buscado distintas alternativas, pero consideraba que ya no tenía opciones para recuperar su vida con normalidad.
Por ello, inició el proceso para solicitar la eutanasia en Bélgica, donde finalmente recibió autorización para el procedimiento.
Antes de morir, Denis también había presentado una denuncia por presuntas lesiones involuntarias relacionadas con su caso, aunque posteriormente fue archivada.
¿Qué problemas de salud enfrentó Arnaud Denis antes de recurrir a la eutanasia?
Los problemas de salud de Arnaud Denis comenzaron en el 2023 al someterse a una cirugía para tratar una hernia inguinal, en la cual le colocaron una prótesis.
Tras la intervención, el actor comenzó a presentar dolores intensos que fueron deteriorando su calidad de vida y su movilidad.
Después, Denis fue diagnosticado con encefalomielitis miálgica severa y síndrome ASIA, un cuadro inflamatorio. En entrevistas, el actor sostuvo que sus problemas estaban relacionados con la prótesis y aseguró que ya no podía caminar con normalidad, realizar actividades cotidianas y continuar con su carrera artística.
Para marzo de 2026, Denis se encontraba en cuidados paliativos en Bélgica y describía su estado como un deterioro progresivo, mientras aseguraba que ya había agotado las alternativas médicas que tenía disponibles para lograr una recuperación.
Guatemala, septiembre de 2026. – La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), con el apoyo técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), formó a 50 facilitadores de SECCATID, municipalidades y la Policía Nacional Civil/Ministerio de Gobernación para implementar el programa Familias Fuertes: Amor y Límites, orientado a la prevención de conductas de riesgo durante la adolescencia desde el entorno familiar.
Durante cinco días, las y los participantes desarrollaron competencias para trabajar con madres, padres, cuidadores y adolescentes mediante una metodología que promueve la comunicación, los vínculos afectivos, el establecimiento de límites claros y el acompañamiento de la autonomía. El programa está dirigido principalmente a familias con adolescentes de 10 a 14 años y busca fortalecer factores protectores antes de que aparezcan conductas de riesgo.
Como parte de la cooperación técnica, la OPS/OMS facilitó la participación de cuatro formadores maestros procedentes de Perú, Colombia y República Dominicana, quienes condujeron el proceso y compartieron experiencias de implementación del programa en otros países de la Región de las Américas.
Durante la apertura, el secretario ejecutivo de SECCATID, Hugo Saravia Meda, destacó la importancia del trabajo conjunto con la OPS/OMS para impulsar acciones de promoción de la salud y prevención integral durante la adolescencia.
La Dra. Eliette Valladares, de la OPS/OMS, señaló que la prevención debe comenzar antes de que se manifiesten situaciones que afecten la salud y el bienestar de adolescentes y sus familias.
“La prevención comienza en los vínculos, en la comunicación cotidiana, en las habilidades para enfrentar dificultades, en la confianza y en la capacidad de las familias para crecer juntas”, expresó.
Al concluir la formación, Gonzalo Sosa, formador maestro de Familias Fuertes, destacó que el curso marca el inicio de la implementación y resaltó la importancia de la escucha y la conexión con las familias.
“El mejor facilitador no es el que más sabe, sino el que sabe escuchar, el que sabe conectar y el que permite recoger las experiencias de cada una de las familias”, señaló.
Por su parte, la representante de la OPS/OMS en Guatemala, Dra. Alma Morales Salinas, compartió su experiencia con Familias Fuertes en distintos países de la Región y destacó el carácter preventivo del programa y la importancia de involucrar a las comunidades para favorecer la sostenibilidad de las intervenciones.
“Amor y límites, como lo dice el nombre, nos recuerda la importancia de acompañar a nuestros hijos con afecto, empatía y límites claros”, expresó.
Con la formación de nuevos facilitadores, SECCATID y la OPS/OMS avanzan hacia la siguiente etapa de Familias Fuertes: Amor y Límites, centrada en la implementación progresiva de la metodología con familias y comunidades de Guatemala.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 22 de septiembre de 2026 (OPS/OMS) – El cáncer de cuello uterino continúa cobrando la vida de miles de mujeres en la región de las Américas debido a múltiples factores, entre ellos el diagnóstico tardío, la desinformación y las brechas de acceso a la salud. Frente a esta situación, Bolivia, Paraguay y El Salvador, con el apoyo decidido de España, pusieron en marcha una ambiciosa ofensiva de salud pública conjunta para avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad prevenible, con una mirada fija en población en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, comunidades fronterizas, migrantes y personas con barreras de acceso a los servicios de salud.
La cruzada arrancó este 22 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el marco del Programa de Cooperación Triangular, apoyado técnicamente por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La apertura institucional contó con la participación de la ministra de Salud y Deportes de Bolivia, Dra. Marcela Ríos, y la representante de la OPS/OMS en el país, Dra. Elena Vuolo, junto a las delegaciones del Ministerio de Salud de El Salvador, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay y representantes de AECID.
Durante los primeros dos días del encuentro un contingente multidisciplinario integrado por ginecólogos, oncólogos, personal de enfermería y técnicos de laboratorio de las tres naciones desarrollarán jornadas de actualización. La agenda técnica se enfocará en perfeccionar los procesos laboratoriales de tamizaje, la interpretación diagnóstica del Virus del Papiloma Humano (VPH), la realización de colposcopías, las biopsias dirigidas y el abordaje de tratamientos oncológicos y cuidados paliativos.
Participan por El Salvador del Ministerio de Salud, Dr. Ronal Alfonso Pérez Escobar, director de Políticas y Gestión de Salud; y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay la Dra. Marina Ortega, jefa de Programa Nacional de Prevención y Detección Precoz del cáncer de cuello uterino y mama. También participa María Dolors Castello Francesch, responsable de Programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de la Embajada de España en Bolivia.
Acompañando técnicamente por OPS/OMS están participando los asesores internacionales: Dr. Ricardo Rodríguez (El Salvador), Dr. Lenildo de Moura (Paraguay), y Dr. Héctor Ojeda (Bolivia).
En este mismo marco del Programa de Cooperación Triangular, la comitiva de expertos y autoridades se trasladará al municipio cruceño de Concepción. Allí realizarán visitas de campo y desplegarán mesas técnicas para identificar directamente en las comunidades las barreras culturales, geográficas y económicas que impiden a las mujeres acceder a una atención médica oportuna.
El gran componente innovador de este proyecto es la evaluación e implementación de la autotoma de muestra para la detección del VPH. Esta herramienta permite que la propia mujer recolecte su muestra de forma sencilla y privada, rompiendo tabúes, barreras de pudor y las limitaciones logísticas que impiden el desplazamiento constante hacia centros urbanos. Al compartir los avances y metodologías ya probadas en El Salvador y Paraguay, la alianza pretende adaptar esta solución al contexto boliviano.
El desafío final de los Ministerios de Salud de la región consiste en fortalecer la atención primaria desde la raíz. El plan integral abarca desde el incremento en las coberturas de vacunación contra el VPH y la detección temprana, hasta el equipamiento y capacitación para tratar lesiones precancerosas antes de que evolucionen a cuadros fatales.
Esta estrategia Sur-Sur busca sentar las bases para una reducción drástica en la mortalidad por cáncer cervicouterino, garantizando que las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad -pueblos indígenas, comunidades fronterizas, migrantes y personas con discapacidad- no queden rezagadas en el derecho a una vida saludable.
Esta actividad es parte de la Iniciativa de Eliminación de la OPS de más de 30 enfermedades en las Américas.
Luis Sánchez* llevaba más de 3 semanas junto a sus 4 hijos en un centro de detención de inmigrantes en Dilley, en el sur de Texas, Estados Unidos.
Dice que a la primogénita, quien sufre de ansiedad, no le quedaban uñas que comer, y que las niñas menores empezaban a mostrar signos de desesperación. “Me llegaron a decir que se querían matar, que firmara lo que fuera para salir porque ya no soportaban estar allí”, cuenta este nicaragüense.
“Pero cuando otro detenido me contó que había una mujer que me podía ayudar a aliviar un poco la situación, me dio recelo”, le cuenta a BBC Mundo.
Sólo cuando se lo volvió a comentar una abogada que visita regularmente estas instalaciones, las únicas del tipo en el país que albergan a familias con menores, se convenció.
Bastaba con mandar un correo con sus datos -le dijo- y Casey Revkin, una californiana que dirige la organización Each Step Home, le ingresaría dinero para poder comprar lo necesario dentro del centro de detención.
Así que, desde la computadora de la biblioteca del centro, le envió este mensaje:
Hola, me presento: Soy [tachado] padre de 4 hijos y mi abogada me dijo que ustedes ayudaban con dinero para comprar cosas. Me gustaría saber si es que pueden ayudarme para comprar agua, cepillos de dientes, pasta de dientes, y algunos snacks para mis hijos. Les agradecería mucho si me ayudan. Muchas gracias.
“Cuál fue mi sorpresa que, a los días, ya tenía $200 dólares en mi cuenta”, recuerda. “Primero compramos agua, y los niños quisieron palomitas, golosinas, frescos. Fue un gran alivio, una forma de que mis hijos se sintieran mejor”.
Centrada en los menores
Revkin le envió ese dinero a Sánchez como lo ha hecho con otros migrantes con hijos detenidos, por sumas que alcanzan hasta los $10,000 semanales.
“Me pongo en su lugar y pienso qué terrible debe ser sentir que no puedes proteger a tus hijos, proveerles de cuestiones tan básicas”, le dice a BBC Mundo Revkin, quien se describe a sí misma como “una madre de California”.
“Así que es una gran satisfacción poder hacer algo concreto por estos niños”.
Su foco en los menores afectados por las políticas migratorias estadounidenses no es nuevo.
Ayudaba a rellenar documentos, a imprimirlos y ordenarlos en una carpeta, buscaba voluntarios que llevaran a quienes iban a recibir a los menores a las citas para tomarles las huellas. “Para las familias eran obstáculos enormes, pero algo que nosotros podíamos perfectamente hacer”, recuerda. Y en torno a ello articuló una organización, Each Step Home.
Casey Revkin empezó con su labor durante el primer gobierno de Trump, cuando supo de la separación de menores migrantes de sus padres en la frontera. (Foto: Cortesía de Casey Revkin)
Con el regreso de Trump a la presidencia y su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”, Revkin decidió buscar otras maneras de ayudar.
Cuando en enero supo de la detención de Liam Conejo Ramos, de 5 años, durante la operación antiinmigración en Mineápolis (Minesota), un caso que acaparó titulares, encontró una nueva misión.
El niño fue arrestado cuando regresaba a casa de la guardería, e ingresó junto con su padre en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley (DIPC), el mismo que albergó a Sánchez y sus hijos.
El único centro de detención para familias en el país fue cerrado durante el gobierno del demócrata Joe Biden, pero reabrió sus puertas el año pasado como parte de la ofensiva migratoria del gobierno Trump.
Desde entonces, varios informes de organizaciones en defensa de los migrantes y congresistas han mostrado preocupación por lo que allí ocurre.
Uno de los más recientes, publicado en abril por organizaciones como Human Rights First y Raíces, concluía que “las condiciones inhumanas, el maltrato rutinario y las violaciones del debido proceso que experimentan las familias en Dilley son generalizadas y sistémicas”, algo que tanto la empresa que lo gestiona, CoreCivic, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han rechazado.
Casey Revkin encontró otra manera de ayudar a los menores afectados por las políticas migratorias cuando supo de la detención de Liam Conejo Ramos en Mineápolis. (Foto: Getty Images)
Revkin ya había oído hablar de las instalaciones. Por allí pasaron algunas de las familias a las que ayudó a reunirse en el pasado, y de ellas había escuchado quejas sobre la calidad de la comida y del agua.
Los que podían, completaban lo recibido en el centro con lo que compraban dentro del centro.
Para ello, usaban el dinero ingresado en sus cuentas del centro. Dilley y otros centros utilizan un sistema de software que permite ingresar fondos para un detenido específico.
Así, Revkin encontró cómo ayudar: empezó a preguntar a su red de abogados de inmigración, activistas y congresistas cómo podía hacer para depositar fondos en esas cuentas.
“Llegamos al 80% de los detenidos”
Su primer depósito fue $50 para la familia de un bebé de dos meses con una infección respiratoria. Hoy dice que destina a ese fin unos $10,000 semanales. “La cifra fluctúa, pero calculamos que estamos cubriendo de esa forma a un 80% de los que están en Dilley”, asegura.
El dinero le viene de donaciones. “Organizamos una recaudación de fondos durante el Día de la Madre que salió muy, muy bien, y eso nos ha mantenido hasta ahora”, explica.
Con esa ayuda, las familias en Dilley pueden comprar desde agua embotellada, cereales y sopa deshidratada, pasando por champú y acondicionador, hasta golosinas o cuadernos y pinturas.
“Es un hada madrina”, le dice a BBC Mundo Kristin Etter, una abogada de la organización Texas Immigration Law Council que trabaja pro bono en Dilley y otros centros. “No hay mejor forma de resumir lo que representa. La gente realmente no podría sobrevivir sin ella”, subraya.
“Es indignante que los contribuyentes de EE.UU. estén gastando $15 millones al mes para arrestar a niños y familias, y aun así tengamos que depender de una ciudadana privada, muy generosa, para recaudar fondos y poder cubrir sus necesidades básicas mientras están en este centro de detención”, agrega.
Organizaciones en defensa de los migrantes y congresistas han denunciado las condiciones en el centro de detención de Dilley. (Foto: The Washington Post vía Getty Images)
La empresa privada que gestiona el centro, CoreCivic, rechaza los señalamientos.
“CoreCivic lleva 40 años asociado al gobierno federal, tanto con gobiernos demócratas como republicanos, para brindar atención segura y humana a las personas que nos son confiadas”, contestó su portavoz, Ryan Gustin, por escrito a las consultas de BBC Mundo.
Tras aclarar que la compañía no decide a quién se arresta ni por cuánto tiempo, subrayó que Dilley está “sujeto a múltiples niveles de supervisión y es vigilado muy de cerca por nuestros socios del gobierno para garantizar el cumplimiento total de las políticas y procedimientos, incluidos los estándares de detención”.
En la misma línea, refutó las afirmaciones sobre la mala calidad de la comida y el agua, diciendo que pruebas independientes muestran que el agua es limpia, filtrada y proviene de las mismas compañías de servicios utilizadas por la comunidad circundante. “Nadie bajo nuestro cuidado está obligado a pagar por el agua, que es la misma que beben nuestros empleados”, agregó en su respuesta.
Sobre la alimentación, señaló que se proporciona un menú rotativo de tres comidas “nutritivas” al día, además de refrigerios, aprobados por un dietista e inspeccionados para garantizar su calidad y frescura.
Ante las críticas por el alto costo de los productos en el centro, Gustin dijo que es similar al de las tiendas de conveniencia, y que el personal de CoreCivic realiza evaluaciones de precios cada dos años. Las ganancias de las ventas se destinan al “fondo de bienestar de los residentes” del centro, agregó.
En la misma línea, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le dijo a BBC Mundo que a todos los detenidos se les proporcionan “tres comidas al día, agua limpia, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de higiene personal”.
“Los inmigrantes ilegales también tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados. Dietistas certificados evalúan las comidas. El personal y los detenidos beben la misma agua potable limpia de la comunidad local”, prosigue la respuesta enviada a este medio por correo.
“Dilley cumple con los estándares federales de detención y, de hecho, se somete a auditorías e inspecciones regulares”, se lee en el texto. “Estar en detención es una elección. Estados Unidos está ofreciendo a los inmigrantes ilegales US$3.000 y un vuelo gratis para autodeportarse ahora. (…) Si no lo hacen, serán arrestados y deportados sin oportunidad de regresar”.
Ayuda más allá de la detención
Luis Sánchez* insiste en que su experiencia en Dilley fue otra, y que los depósitos recibidos de Revkin supusieron “un gran confort” para su familia.
Eso lo motivó a hablarles a otros detenidos de esta asistencia y contarles que solo tenían que escribir un correo como lo hizo él y enviar los datos para que les pudieran hacer el depósito en sus cuentas.
“Conocí a muchos que llegaron sin nada, gente a la que habían arrestado nada más cruzar de México y que no tenían a nadie que les ayudara”, recuerda.
Él y sus cuatro hijos salieron de Dilley el 1 de julio, tras casi tres meses allí confinados, y se encuentran bajo supervisión intensiva (ISAP), un programa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) alternativo a la detención.
Había ido guardando parte del dinero donado por Revkin y con eso compró los boletos para volver a la ciudad en la que residían antes de ser detenidos, cuenta.
Pero la asistencia no terminó ahí.
“Con la detención habíamos perdido todo. Yo me quedé sin trabajo. Así que también nos echaron una mano para poder empezar de nuevo”, admite.
“La primera semana nos ayudaron con la comida, ahora que los niños empezaron a clases, les compraron sus útiles escolares. En esos días, realmente nos salvó la vida”.
*Nombre cambiado a petición del entrevistado para proteger su identidad.
“Es una gran satisfacción poder hacer algo concreto por estos niños”, dice Casey Revkin. (Foto: Cortesía de Casey Revkin)
La deportación de Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años que recibió un disparo durante un incidente con agentes de ICE en Austin, Texas, quedó suspendida temporalmente por orden de un juez federal.
El juez Orlando L. García, del Distrito Oeste de Texas, ordenó este martes que Garcés no sea deportado antes de comparecer ante el tribunal. La audiencia quedó programada para el 30 de septiembre en San Antonio, y el juez estableció que el migrante deberá estar presente.
La decisión se produjo un día después de que la abogada de Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, presentara una demanda federal para solicitar su liberación y frenar temporalmente su deportación mientras intenta presentar una solicitud de visa U.
El tiroteo
El incidente ocurrió el pasado domingo 20 de septiembre, cuando Garcés trabajaba como repartidor de DoorDash en Austin.
Según su relato, varios agentes de ICE que viajaban en una camioneta negra sin identificaciones visibles le ordenaron que bajara de su Toyota Corolla. Garcés aseguró que aceptó hacerlo, pero pidió primero estacionar el vehículo para no dejarlo atravesado en la calle.
El venezolano afirmó que comenzó a mover el automóvil y que los agentes lo siguieron. Según su versión, uno de los vehículos oficiales chocó contra su automóvil y uno de los agentes le disparó.
Garcés dijo que sintió un impacto en la espalda, cerca de la columna, aunque no pudo precisar cuántos disparos se realizaron.
Después del incidente, fue trasladado a un hospital de Austin. Más tarde quedó bajo custodia federal y fue llevado al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, a unas 137 millas de Austin.
La atención médica
Garcés aseguró que después del disparo sufrió dolor y pérdida de sensibilidad y movilidad en el lado izquierdo del cuerpo.
Según su relato, los médicos no retiraron la bala que quedó alojada cerca de su columna. El migrante afirmó que cuestionó que fuera dado de alta mientras todavía sentía dolor.
Su abogada también sostiene que Garcés no recibió la atención médica que necesitaba después de resultar herido.
El venezolano permaneció varias horas en un hospital antes de quedar nuevamente bajo custodia de las autoridades migratorias.
Dos versiones
Las circunstancias que llevaron al disparo siguen siendo objeto de disputa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha ofrecido públicamente todos los detalles sobre el operativo ni ha respondido a las distintas solicitudes de información citadas en los reportes sobre el caso.
Una versión diferente fue publicada por The Atlantic, que citó a un funcionario del DHS que habló bajo condición de anonimato. Según esa fuente, los agentes ya habían intentado detener a Garcés, pero él continuó conduciendo y estuvo cerca de atropellar a uno de los oficiales.
El funcionario afirmó que los agentes iniciaron una persecución y que el incidente quedó registrado por la cámara corporal de un compañero del agente que realizó el disparo. Las imágenes de la cámara corporal no se han hecho públicas.
La batalla legal
La demanda fue presentada el 21 de septiembre, un día después del tiroteo, ante una corte federal. El expediente corresponde al caso Garcés Pérez contra Thompson y otros y quedó asignado al juez García.
La defensa busca que Garcés permanezca en Estados Unidos mientras intenta presentar una solicitud de visa U, un beneficio migratorio disponible para determinadas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades.
La orden emitida por García no resuelve todavía el fondo del caso. Por ahora, impide que Garcés sea deportado antes de que pueda presentarse ante el tribunal y exponer los argumentos de su defensa.
Su situación migratoria
Garcés llegó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One, la aplicación utilizada durante la administración del expresidente Joe Biden para que determinados migrantes solicitaran citas y se presentaran en puertos de entrada.
El venezolano tenía una orden de deportación dictada en ausencia por un juez de inmigración. Su abogada sostiene que no acudió a esa audiencia porque la notificación fue enviada a una dirección anterior, pese a que Garcés había informado al Gobierno sobre su cambio de domicilio.
Ese antecedente migratorio forma parte del proceso que ahora deberá analizar la justicia federal.
Más deportaciones
El caso llega en un momento de aumento de las órdenes de deportación dictadas contra migrantes que no se presentan a sus audiencias.
Según datos oficiales citados en los reportes sobre el caso, 281,867 migrantes recibieron órdenes de deportación en ausencia durante lo que va del año. De ellos, 90,288 tenían solicitudes de asilo.
Ahora, el próximo paso para Garcés será la audiencia del 30 de septiembre, donde el tribunal deberá escuchar los argumentos relacionados con su solicitud de liberación y con la suspensión de su proceso de deportación.
Dos organizaciones latinas presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para impedir la apertura de un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson, Colorado, al argumentar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no realizó las evaluaciones ambientales exigidas antes de avanzar con el proyecto.
GreenLatinos y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) acudieron al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado para cuestionar la decisión de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de utilizar las instalaciones de Big Horn como centro federal de detención. La demanda sostiene que la antigua prisión privada permaneció vacía desde aproximadamente 2013 y que su reapertura podría generar impactos sobre la calidad del aire, el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales, el tránsito y la salud pública.
El proyecto contempla una capacidad de hasta 1,250 inmigrantes, una población que representaría un aumento considerable para Hudson, una comunidad rural ubicada unos 50 kilómetros al noreste de Denver.
Dos organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron este martes al Gobierno para frenar la apertura de un nuevo centro de detención de ICE con capacidad para 1,250 personas en Colorado.
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y GreenLatinos? pic.twitter.com/CchanulGeo
Los grupos demandantes aseguran que Hudson forma parte de la región metropolitana de Denver/North Front Range, donde actualmente no se cumplen los estándares federales de calidad del aire relacionados con el ozono.
De acuerdo con la denuncia, las operaciones del centro generarían emisiones adicionales por el funcionamiento de sus instalaciones, el transporte de personas detenidas, los desplazamientos del personal y el movimiento de vehículos encargados del suministro. La demanda también cuestiona el impacto que tendría el centro sobre el consumo de agua y el sistema local de tratamiento de aguas residuales. Los grupos citan, además, una acción previa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) relacionada con descargas de aguas residuales de la antigua prisión.
“Los centros de detención de inmigrantes perjudican la salud y el bienestar de comunidades enteras”, declaró Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de CIRC. Mark Magaña, fundador y director ejecutivo de GreenLatinos, sostuvo que ninguna comunidad debe ser considerada prescindible para ampliar el sistema de detención migratoria.
ICE tampoco habría preparado, según los demandantes, una evaluación ambiental ni una declaración de impacto ambiental conforme a la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). GEO Group, empresa privada que administraría el inmueble, obtuvo un contrato de cinco años para operar el centro, con ingresos estimados en unos $85 millones anuales.
La demanda solicita que un juez ordene detener las actividades relacionadas con la reapertura y construcción hasta que ICE cumpla con las obligaciones ambientales federales. El caso se suma a otras disputas legales sobre instalaciones migratorias. En Arizona y California, tribunales federales han intervenido en proyectos de centros de detención por cuestionamientos relacionados con sus posibles impactos ambientales.
