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Los ciudadanos suizos están llamados a las urnas este domingo, 27 de septiembre, para decidir en referéndum sobre una iniciativa que podría suponer una reorientación de la política exterior y de seguridad del país de los bancos. La iniciativa, denominada «Salvaguardar la neutralidad suiza», ha sido propuesta por un comité y cuenta con el apoyo de la derecha conservadora de la Unión Democrática del Centro (SVP). Propone incorporar a la Constitución que la neutralidad del país es «permanente y armada». En realidad, la Constitución de 1848 ya atribuía a la Asamblea Federal y al Consejo Federal competencias en materia de neutralidad, pero ahora se pretende establecer una interpretación más estricta.

Entre otras cosas, plantea impedir la adhesión a alianzas militares y limitar la cooperación con ellas, salvo en caso de un ataque contra Suiza o de la preparación de un ataque. El texto establece que Suiza no participaría en enfrentamientos militares entre terceros Estados y que se abstendría de adoptar sanciones contra Estados beligerantes, con excepciones para las medidas de Naciones Unidas y aquellas destinadas a impedir la elusión de sanciones. Esta última medida afectaría directamente a las sanciones que el país ha impuesto contra personas o entidades vinculadas a Rusia desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

El empresario y diputado del SVP Franz Günter sostiene que Suiza no ha librado ninguna guerra desde hace 500 años. «Desde hace 200 años, nuestro país se ha librado de grandes conflictos militares e incluso de dos guerras mundiales. ¿Qué Estado en Europa puede decir lo mismo de sí mismo?». Dicha historia de éxito estaría basada en la neutralidad. «Nos ha traído paz, seguridad y credibilidad», y destaca que «un país pequeño como Suiza no debe dejarse triturar entre las grandes potencias». Günter critica las sanciones a Rusia: «Al adoptar sanciones extranjeras, el Consejo Federal ha actuado a la ligera. Las consecuencias son visibles: en el extranjero ya no se nos percibe como neutrales, y las conversaciones de paz importantes ya no se llevan a cabo en Suiza».

En el otro lado del espectro político, el Partido de los Trabajadores de Suiza (PdA), de orientación comunista, también llama a votar por el «sí» en el referéndum, ya que rechaza un posible acercamiento de Suiza a la OTAN. La neutralidad suiza ha demostrado históricamente su eficacia en el ámbito militar, pero no ha sido equivalente a un aislamiento internacional. Suiza dispone de un ejército que participa en actividades de cooperación con otros Estados y con la OTAN, aunque no pertenece a la Alianza.

El PdA critica que la iniciativa haya sido presentada como un producto conservador: «Sin embargo, la verdad es que el impulso inicial de esta iniciativa partió del historiador René Roca, fundador del Centro de Investigación para la Democracia Directa, quien se define a sí mismo como liberal de izquierdas y pacifista». Roca habría intentado, a su vez, atraer al proyecto a políticos de todos los partidos, incluidos socialdemócratas y verdes, sin éxito.

La historia muestra también que neutralidad y aislamiento económico son conceptos distintos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero suizo gestionó activos pertenecientes tanto a víctimas como a perseguidos por el nazismo. Suiza se convirtió en un importante centro financiero y comercial dentro de la economía de guerra europea.

Tras el conflicto, las autoridades investigaron los activos alemanes depositados en el país y, décadas después, el Parlamento creó en 1996 la conocida como Comisión Bergier para esclarecer el alcance y el origen de los bienes relacionados con el régimen nazi, en especial el papel desempeñado por Suiza en el comercio del oro recaudado por la Alemania nazi, incluido el procedente de territorios ocupados y de las víctimas de la persecución nazi. Asimismo, los bancos suizos también albergaron parte de las fortunas robadas a los judíos. Por ello, más que hablar de una neutralidad económica absoluta, Suiza mantuvo su neutralidad militar mientras estaba integrada en la economía europea.

La votación del domingo conecta con ese debate histórico sobre la neutralidad. El Gobierno y el Parlamento quieren mantener la práctica actual, que permite cierta flexibilidad, mientras que los promotores de la iniciativa reclaman una interpretación más estricta. El resultado de la consulta determinará el margen de maniobra de esa neutralidad en el futuro.

El escándalo del capitán de fragata de la Armada Española destinado en el MARCOM de Northwood ha abierto la caja de truenos sobre las nuevas estrategias de inteligencia desarrolladas por Moscú. El oficial, que tenía acceso de alta seguridad y trabajaba en cuestiones relacionadas con las operaciones navales rusas y su ‘flota fantasma’, cayó con el tipo de espionaje más usual y viejo de todos: la relación amorosa. Así fue cómo Janina White, ciudadana británica y polaca nacida en la antigua URSS, conoció y embaucó al capitán español a través de la aplicación de citas Tinder.

Sin embargo, el oscuro mundo del espionaje ya no es un desfile de vidas paralelas como las que el escritor John Le Carré describió en sus novelas. La vieja generación de espías rusos con pasaporte diplomático es cosa del pasado, debido a la expulsión masiva que la Unión Europea llevó a cabo tras la invasión de Ucrania. No obstante, fue un tiro por la culata puesto que no redujo su capacidad operativa, sino que obligó a la inteligencia rusa a adaptarse y descentralizarse con una nueva hornada de agentes desechables y no profesionales que, actualmente, cuentan con “grandes inversiones para influir y manipular la opinión pública”, según la Oficina Federal de Protección de la Constitución alemana.

Este nuevo tipo de agentes permite llevar a cabo acciones manteniendo una distancia operativa que luego sirva para negar cualquier implicación. Por eso, Moscú está usando “delincuentes, desempleados, jóvenes influenciables, inmigrantes o personas radicalizadas”, según el MI5. Un hecho que también ha sido documentado por la inteligencia checa, cuyos informes describen el entramado de “colaboradores locales, periodistas y personas vinculadas a las relaciones públicas” afines al Kremlin, como el caso de Natallia Sudliankova, acusada de trabajar con la inteligencia militar rusa, el GRU, el cual es extrapolable al resto del continente, como demostró otro escándalo relacionado con un presunto periodista ruso-español: el espía Pavel Rubtsov, alias Pablo González.

Proxis y criptomoneda

En julio, un informe de la UE hizo hincapié en “la colaboración entre los servicios estatales rusos y los ciberdelincuentes, grupos de hackers y empresas privadas”. Algo también confirmado por el MI5: “Rusia está recurriendo a proxis reclutados online y dirigidos mediante aplicaciones cifradas”. Es decir, Moscú ya no necesita a rusos para ejecutar operaciones en territorio europeo. Ahora le basta con contratar a alguien a través de “las redes sociales, plataformas de búsqueda de empleo, foros, anuncios y contactos relacionados con voluntariado”, según el MI5, cuyos servicios son subvencionados y compensados a través de las criptomonedas, las cuales dan “una gran ventaja” porque “el ejecutor conoce al intermediario, pero no necesariamente al verdadero responsable”.

El Servicio Europeo de Acción Exterior indica que la nueva red de espionaje de Moscú tiene cinco puntos estratégicos básicos: el primero es “la obtención de inteligencia, especialmente sobre armamento, defensa aérea, movimientos militares, logística, política de defensa y capacidades industriales”. El segundo es “el sabotaje de infraestructuras de transporte, almacenes, fábricas, capacidades energéticas y de comunicaciones”, que lleva al tercer punto: “la intimidación para evidenciar que Rusia puede llegar a cualquier lugar”.

El cuarto objetivo se basa en “la creación de divisiones internas, especialmente alrededor de la guerra de Ucrania, las oleadas migratorias, el precio de la energía o la propia OTAN”. Y, este, a su vez, sirve para completar el quinto y último punto: “generar incertidumbre con campañas de guerra híbrida contra Occidente”, como las que, de un tiempo a esta parte, viene sufriendo Polonia. Solo entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, la agencia de seguridad polaca documentó “47 acciones”. Y, el pasado julio, el Gobierno polaco presentó cargos contra un ciudadano ucraniano acusado de realizar “acciones de sabotaje y preparar una operación con drones”.

Mientras, el espionaje en Alemania ha vuelto a niveles dignos de la Guerra Fría. Como el caso de Ilona W., la ciudadana germano-ucraniana que, el pasado 6 de septiembre, fue acusada por la Fiscalía Federal de “colaborar con los servicios rusos para conseguir información sobre política de defensa alemana, identificar personas de interés, facilitar el acceso a determinados acontecimientos e intentar establecer contactos con funcionarios del Ministerio de Defensa”. Sin embargo, en Bruselas las alarmas no saltaron hasta que, el 4 de agosto, un dron equipado con carga explosiva atacó el aeropuerto Leipzig, el cual contiene uno de los grandes centros logísticos de la OTAN.

Europa teme que las nuevas tácticas del espionaje ruso sirvan para escalar y extender la guerra ucraniana hacia su territorio. El jefe de la inteligencia checa, Michal Koudelka, aseguró el sábado que la UE se enfrenta a “ataques con drones, provocaciones y campañas de influencia”, los cuales ya están sucediendo, así como a “operaciones de falsa bandera que lleven a una incursión limitada”. Ese es el verdadero temor: una guerra abierta y convencional entre Bruselas y Moscú. Sin embargo, los responsables de inteligencia de Letonia y Estonia (los dos países que, junto a Lituania, están en mayor peligro) fueron mucho más prudentes que gran parte de los medios europeos y aseguraron que “no existen indicios de un ataque inminente”.