Las vallas llegaron antes que las personas. Unas placas metálicas azules han cubierto desde hace días la entrada de centros comerciales, edificios de oficinas, comercios y monumentos a lo largo del recorrido de la marcha de este sábado en Ciudad de México que conmemora el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Del Ángel de la Independencia al Zócalo. Como cada 26 de septiembre, la protesta vuelve a las calles para recordar a las autoridades, a la sociedad y al mundo que aquellos jóvenes que apenas llegaban a la veintena en 2014 siguen sin volver a casa en 12 años. Que en una década México solo ha encontrado huesitos de tres de ellos, que ninguno de los tres Gobiernos que ha estado a cargo del país desde aquella noche ha sido capaz de dar justicia al caso y que esos padres y madres que quedaron en un limbo no se van a cansar de salir a gritar y presionar hasta que las idas y venidas en las investigaciones les den una respuesta sobre quién y qué hicieron con sus hijos.
Este año, como los últimos 12, un reguero de miles de personas ha salido a marchar desde el Paseo de la Reforma hasta su llegada a la principal plaza de la capital, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Gobierno. La Administración de Claudia Sheinbaum había ofrecido difundir un informe sobre avances en la investigación que, hasta el día del aniversario, no había visto la luz. Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos han avanzado por las principales avenidas de la capital escoltados por cientos de estudiantes de otras escuelas rurales, con el característico pelo rapado, llegados en buses desde distintos Estados del país. A paso ligero, con banderas, carteles y proclamas han pasado delante del Palacio de Bellas Artes, ya en el Centro Histórico, lanzando consignas de todos los años. “Ayotzi vive, la lucha sigue”. Pese a que ha pasado más de una década y pese a que los padres y madres han llegado a reconocer el cansando acumulado por no encontrar un cierre a la desaparición de sus hijos, han recalcado que no pararán de reclamar al Gobierno hasta obtener respuestas.
A su llegada al Zócalo se desplegó una gran manta roja y unas placas con forma de ataud, del mismo rojo brillante con la palabra justicia inscrita. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, reclamaban los manifestantes durante la marcha, en la que ha habido algunos arranques de tensión con la policía desplegada por las calles.
Casi dos años después de la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional, el Gobierno prepara su nuevo informe, mientras los últimos movimientos en el caso llegaron con la detención de Ángel Aguirre, entonces gobernador de Guerrero. La Fiscalía lo ha acusado de ocultar pruebas sobre el ataque aquella noche a un grupo de estudiantes, que quedó registrado en cámaras de seguridad. En paralelo, ha recobrado fuerza la tesis de las funerarias que apunta a que Guerreros Unidos usó crematorios de funerarias para deshacerse de los cuerpos de los estudiantes. Esa versión ha sido recibida con sospecha por parte de las familias.
En menos de un año, Ángel Aguirre pasó de testigo a imputado, y hoy está en prisión preventiva por obstrucción a la justicia y desaparición forzada de personas, señalado por la Fiscalía General de la República de ordenar “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder”.
La noche del 26 de septiembre de 2014, el gobernador se encontraba descansando en una de las residencias del Gobierno de Guerrero y, según reportes de la prensa local, fue informado vía telefónica de los hechos que ocurrían en Iguala. Según la declaración que hizo a la entonces Procuraduría General de la República en agosto de 2015, esa misma noche ordenó a su procurador, Iñaki Blanco, y a su secretario de Gobierno, Leonardo Vázquez, trasladarse al municipio para atender la emergencia. Una investigación del medio local Amapola Periodismo reveló cinco años después que a las 10 de la noche ya había reportes en el C-4 de que los normalistas de Ayotzinapa eran perseguidos a balazos por policías municipales, una versión que no se pudo probar por la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad.
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