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Con un liderazgo todavía sin rivales, el gigante petrolero Chevron firmó el lunes dos acuerdos clave con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez que le permitirán reorganizar sus activos en Venezuela para enfocarse en la expansión de sus operaciones de crudo extrapesado en un área clave de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Bajo los acuerdos firmados en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Chevron aumentó su participación en una de las empresas mixtas que opera con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la explotación de crudos extrapesados en la Faja del Orinoco, Petroindependencia: pasó de 35,8% a 49%, explicó la empresa en un comunicado.

Además, acordó recibir los derechos para desarrollar otro bloque, el Ayacucho 8, que le permite incrementar el área geográfica de su proyecto más grande en Venezuela, Petropiar. Esto reafirma la posición que la empresa ha ganado en años recientes como el mayor productor privado del Orinoco, una región esencial para el desarrollo de crudos pesados y extrapesados con más de 80% de las reservas totales del país.

Acuerdos como los firmados este lunes son parte de una sorpresiva apertura a la inversión extranjera que está surgiendo tras la operación militar con la que Estados Unidos arrestó al mandatario Nicolás Maduro y forzó la constitución de un gobierno en manos de Rodríguez. Desde entonces, el presidente Donald Trump intenta impulsar un ambicioso plan —de 100.000 millones de dólares— para la reconstrucción energética en Venezuela. En tiempo récord, la Asamblea Nacional de Venezuela —de mayoría chavista— aprobó en enero una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos que flexibiliza las condiciones de participación de las petroleras privadas.

Las negociaciones entre Chevron y el Gobierno de Rodríguez no son casuales. La corporación fue la única productora estadounidense en acceder a una migración forzosa hacia el modelo de empresa mixta del expresidente Hugo Chávez, mientras sus competidoras —principalmente ConocoPhillips y Exxon Mobil— se marcharon del país tras introducir demandas —que siguen sin resolverse 20 años más tarde— por el cobro de sus activos expropiados.

Al estrechar manos con Rodríguez este lunes, Chevron puso un pie en firme para expandir su capacidad operativa en la Faja, un área de más de 55.000 kilómetros cuadrados que concentra las mayores reservas de petróleo pesado y extrapesado del mundo. Ocurre en momentos en que otras empresas energéticas evalúan si existen las garantías jurídicas para invertir en una Venezuela bajo el mandato de una exfuncionaria de Maduro.

Los acuerdos le permiten a Chevron, el principal socio de la estatal PDVSA, reforzar su rol “en el apoyo a la seguridad energética regional”, dijo Javier La Rosa, presidente de la unidad de Activos Base y Países Emergentes de la corporación.

A cambio de la expansión de Petropiar al bloque Ayacucho 8, las filiales de Chevron en Venezuela devolvieron activos durmientes y remanentes: entregaron dos bloques de gas costa afuera que forman parte del aún inactivo Proyecto Plataforma Deltana, así como su participación en la empresa mixta Petroindependiente, en la zona occidental del país.

En enero, Chevron estimó que, manteniendo su infraestructura actual, podría aumentar la producción petrolera en Venezuela en cerca de 50% en unos dos años. Según cifras de Reuters, sus empresas mixtas con PDVSA producen al día 260.000 barriles de crudo, que representan casi una cuarta parte de la producción total del país sudamericano.

La firma entre Chevron y Rodríguez se conoce semanas después de un encuentro entre empresarios energéticos con la líder opositora María Corina Machado en la mayor conferencia petrolera del mundo celebrada en Houston, la CERAWeek. En ella, la opositora enfatizó que el Gobierno de Rodríguez no brinda la seguridad jurídica ni operativa para el regreso inmediato de la inversión extranjera petrolera a Venezuela.

Pero desde Miraflores, la presidenta garantizó a La Rosa y a funcionarios estadounidenses que el acuerdo firmado no debía ser visto como “una inversión pasajera ni momentánea”.

Selma dos Santos Dealdina Mbaye (Sapê do Norte, Brasil, 43 años) es una reconocida activista brasileña y lideresa en la lucha por los derechos del pueblo quilombola, comunidad descendiente de esclavos africanos que escaparon y formaron asentamientos libres llamados quilombos. “Ser quilombola es pertenecer a un pueblo que lucha por sus territorios, por la defensa de la naturaleza y por la valorización de la juventud”, explica en una entrevista con EL PAÍS en Brasilia, la capital. “Somos la continuidad de una historia que empezó con la esclavización de nuestros antepasados, cuando nuestro pueblo buscó espacios para reorganizarse y construir nuevas formas de vida colectiva en libertad. De ahí nacieron los quilombos”, añade.

El Quilombo dos Palmares es el más conocido, pero Dealdina insiste en desmontar una idea muy extendida en Brasil: “Se piensa que los quilombos se acabaron cuando Palmares fue destruido. No es así. Los quilombolas seguimos aquí, y los quilombos atraviesan mi cuerpo, mi vida y mi identidad”. Hoy existen más de 9.000 comunidades quilombolas en Brasil, que suman más de un millón y medio de personas en 24 Estados del país.

Desde hace años, la activista es uno de los referentes políticos de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Quilombolas (CONAQ, por sus siglas en portugués), la principal organización dedicada a defender los derechos de este pueblo, que acaba de cumplir 30 años de activismo ininterrumpido.

“Es un movimiento gigante que lucha por la titulación de los territorios y enfrenta el racismo estructural, energético y ambiental, y todas las formas de violencia contra nuestros cuerpos y nuestras tierras”, resume en la conversación con este diario, que tuvo lugar durante la segunda Marcha Nacional de las Mujeres Negras, que aglutinó a finales de noviembre a miles de mujeres llegadas desde quilombos, riberas, campos, periferias urbanas, universidades y desde los territorios más invisibilizados de toda la región latinoamericana.

Cuando se le pregunta por las prioridades actuales para las comunidades quilombolas, la activista responde con una tríada que repite casi como un mantra: “Si pudiera pedir tres deseos, serían titulación, seguridad y continuidad”. La titulación, explica, es el núcleo de todo. De los miles de quilombos existentes, solo una parte mínima ha logrado el título legal de propiedad colectiva; incluso las comunidades ya certificadas (el paso previo a la titulación) pueden esperar décadas hasta que concluya el proceso.

“La lentitud del Estado brasileño nos ha costado vidas. Permite que sigan las amenazas, los atentados, los asesinatos de nuestras lideresas y nuestros líderes”, afirma. Cita el informe Vidas interrompidas, publicado en 2025 en el marco del proyecto Resistência Quilombola financiado por la Unión Europea, que documenta homicidios, tentativas de asesinato y agresiones contra defensores. En el periodo que va de 2019 a 2024, el estudio documenta 46 asesinatos registrados contra líderes en la defensa de los derechos humanos de las comunidades quilombolas. “No titular hoy es no reconocer y no reparar. Nosotras ayudamos a construir este país ayer y hoy, pero seguimos siendo una parte excluida de la sociedad por efecto del racismo”, reivindica.

La lentitud del Estado brasileño nos ha costado vidas. Permite que sigan las amenazas, los atentados, los asesinatos de nuestras lideresas y nuestros líderes

Para Dealdina, la titulación es también una condición indispensable para que las políticas públicas no sean meros parches: “Algunas políticas llegan, pero sin titulación no hay garantías plenas. Queremos que la titulación llegue mientras todavía estemos vivas”.

En este punto introduce una distinción que considera esencial: “Para el agronegocio, la tierra es mercancía, algo que se explota y se saquea sin devolver nada. Nosotras y nosotros hablamos de territorio. Cuando morimos, es a ese territorio al que volvemos”. Para la lideresa quilombola, el territorio no es un activo negociable, sino un bien común y colectivo, el lugar donde se tejen la vida, la memoria y el futuro. “Es donde cuidamos de la naturaleza, donde pisan nuestros pies, donde construimos la casa, la familia, nuestro modo de vivir”, añade.

Por eso le resulta especialmente grave que esa conexión se pague con amenazas y muerte. Entre 2019 a 2024, el informe Vidas interrompidas documenta 46 asesinatos registrados contra defensores de los derechos humanos de las comunidades quilombolas. “Tenemos que preguntarnos por qué necesitamos morir para defender lo que es nuestro. Las personas son asesinadas como si fueran desechables, como si sus vidas no importaran. Y las vidas quilombolas importan”, reclama.

Algún día, dice, Brasil tendrá que dejar de tratarlas solo como índices y estadísticas y empezar a mirarlas como seres humanos “que tienen hijas, hijos, nietas, nietos, que dejan una comunidad entera huérfana”.

Hay mujeres actuando en todos los Estados y en espacios internacionales en América Latina y el Caribe donde se encuentran las luchas negras

Como referente del Colectivo de Mujeres de la CONAQ, Dealdina defiende que no es posible contar la historia de los quilombos ni discutir la titulación sin colocar a las mujeres en el centro. “Nuestro cuerpo es un cuerpo político, habla de nosotras y para nosotras. Hay mujeres actuando en todos los Estados y en espacios internacionales en América Latina y el Caribe donde se encuentran las luchas negras”, explica.

Por último, la activista subraya la paradoja de Brasil, un país donde la población negra es mayoría y casi no se ve representada en el Senado o en la Cámara. “La lucha de las mujeres quilombolas no es solo una lucha de mujeres. Es una lucha de toda la sociedad que entiende que el patriarcado y el machismo tienen que ser cuestionados para que otros paradigmas y valores puedan surgir”, añade.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha anunciado esta mañana que, sobre la medianoche del lunes, llegó a un acuerdo con la delegación departamental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que llevaría a levantar el paro de campesinos que afecta a su departamento. Según el político derechista, la entidad nacional aceptó revisar los incrementos del avalúo catastral para los municipios y, con eso, revisar el aumento del impuesto predial en cientos de predios rurales. “El IGAC nacional firma una resolución para autorizar a su delegación regional para hacer la revisión de los ajustes de los avalúos catastrales en los municipios que tienen problemas en el departamento de Santander”, ha manifestado Díaz en Caracol Radio.

El también general en retiro ha explicado que un predio en el municipio de Lebrija las afueras de la ciudad de Bucaramanga, vio disparar su avalúo de 200 millones de pesos a 2.200 millones de pesos. “Haciendo el ajuste y la revisión, pasaría a valer unos 700 millones de pesos”, ha dicho el mandatario, quien ha agregado que el dueño aceptó que ese aumento “era lo justo”. Con esa noticia, ha indicado que espera que el bloqueo que mantiene incomunicada a la quinta ciudad de Colombia con su aeropuerto se levante sobre las dos de la tarde.

El gobernador ha añadido que se acordó que los voceros de los manifestantes viajarían a Bucaramanga hoy a inicios de la mañana. Allí, los recibirá el secretario departamental de Planeación, quien, junto con el director del IGAC, comenzará a revisar los aumentos “municipio por municipio”. “La idea es que en 15 días, de acuerdo al IGAC, estén revisados los avalúos catastrales de los municipios que tienen problemas”, ha expresado Díaz.

El acuerdo se socializará en la mañana en Lebrija, donde una multitud de campesinos bloquea la vía que conecta la capital departamental con el puerto petrolero de Barrancabermeja, incluyendo el acceso al Aeropuerto Internacional Palo Negro. Los líderes campesinos habían anunciado que, si se firma un acta de compromiso garantizando sus exigencias, entre las que está la revisión del incremento en los avalúos catastrales y del impuesto predial, levantarían el paro.

La noticia llega en el sexto día de bloqueos en varios departamentos del país, de los que Santander, en el nororiente de Colombia, ha sido el departamento más afectado, registrando pérdidas comerciales de hasta 120.000 pesos diarios, según la Federación de Empresarios Comerciantes. En Bogotá se instaló el lunes una mesa de diálogo con siete representantes de campesinos de diferentes departamentos, así como de los gobiernos locales y departamentales, del Gobierno nacional y del IGAC. Al final de esa primera jornada los ánimos continuaban tensionados.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro amenazó con llevar a la cárcel a los alcaldes y gobernadores que no cumplieran su orden de “hablar con su pueblo” y presentar proyectos a los concejos municipales para reducir el impuesto predial de los campesinos e incluso exonerarlos. “Estamos explorando los caminos jurídicos, pero la Constitución dice que pueden salir por problemas de orden público”, dijo al respecto el presidente.

Las protestas campesinas iniciaron el pasado jueves a causa de los incrementos repentinos en el impuesto predial para cientos de predios rurales en el país, que determinan los concejos municipales con base en una actualización en el valor de la tierra establecida por el IGAC en su Resolución 2057, expedida el 30 de diciembre de 2025. Como esa resolución se expidió en el penúltimo día del año anterior, las autoridades locales aducen que no tuvieron tiempo suficiente para prepararse.

El objetivo del alza es acercar el valor de los predios a su precio real de mercado, pero la medida ha generado rechazo por su impacto inmediato en el impuesto predial que deben pagar los propietarios. Campesinos y organizaciones comunitarias critican que el incremento no tiene en cuenta su capacidad económica y aseguran que, en algunos casos, el cobro ha subido hasta en un 500%.