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Estados Unidos ha anunciado este domingo el ataque sobre una embarcación en el Caribe en el que ha matado a tres personas, según un comunicado del Comando Sur. Acusan a la lancha de transitar por “rutas conocidas del narcotráfico”, sin especificar el lugar del bombardeo.

En un mensaje publicado en la red social X, el Southcom ha informado que “bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

La inteligencia de Estados Unidos, según el post de X, ha confirmado que “la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico”. El mensaje ha detallado que “tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación” y ningún miembro de las fuerzas militares del país norteamericano resultó herido.

Este nuevo ataque se produce en el marco de la operación Lanza del Sur, que el país norteamericano implementa desde el segundo semestre del año pasado en el área de influencia del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe).

La operación Lanza del Sur comenzó sus acciones contra supuestas lanchas del narcotráfico, sin que hasta ahora se conozcan pruebas concretas, para incrementar la presión contra Venezuela y su expresidente Nicolás Maduro, que fue capturado el 3 de enero en una operación militar realizada por Washington.

La autocrítica en el oficialismo mexicano se envuelve en eufemismos. La elección inédita de jueces, magistrados y ministros de 2025 —el núcleo de la reforma judicial heredada por Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum— dejó una estela de resultados incómodos para Morena: baja participación ciudadana, campañas desdibujadas, pero principalmente, la llegada a cargos clave de perfiles sin la experiencia ni la solidez técnica y la probidad esperadas. Hoy, a menos de dos años de la segunda cita electoral en las urnas para elegir a los impartidores de justicia, el partido gobernante alista una corrección de fondo que pasa por posponer la elección judicial hasta 2028 para que no coincidan con las intermedias y rediseñar las reglas del proceso para contener los efectos de ese primer ensayo fallido.

Una nueva iniciativa de reforma constitucional que en los próximos días será presentada por legisladores oficialistas simultáneamente en la Cámara de Diputados y en el Senado, busca reconfigurar el modelo de elección judicial de reciente implementación. Aunque la retórica será el “perfeccionamiento” y “ajustes técnicos”, fuentes cercanas al proceso reconocen que el objetivo es evitar que se repita el desorden de 2025 y blindar la legitimidad del mecanismo antes de su segunda gran prueba, que hoy se contempla para el próximo año.

El rediseño incluye cambios sustanciales. El primero, y quizá más relevante, es posponer la siguiente elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028, para impedir que se empaten con las elecciones federales intermedias de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, diputaciones y miles de cargos locales. La decisión responde al diagnóstico de que mezclar ambas elecciones complica operativamente los comicios, diluye la deliberación pública sobre los candidatos judiciales y somete el proceso a dinámicas partidistas.

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara baja y uno de los principales promotores de la reforma, lo plantea en términos institucionales: separar las fechas permitirá que la ciudadanía evalúe con mayor detenimiento a los aspirantes y reducirá la presión política sobre un poder que, en teoría, debe ser independiente. Pero en privado, voces dentro del oficialismo admiten que se busca evitar el arrastre electoral, los llamados acordeones para inducir y el voto desinformado que caracterizaron la jornada anterior, además de frenar el galimatías operativo que se avizora para el Instituto Nacional Electoral si se celebran a la vez ambas elecciones.

El segundo eje de la iniciativa interviene directamente al corazón del problema: los perfiles. La reforma plantea sustituir criterios como las cartas de recomendación de los vecinos por mecanismos homogéneos de evaluación técnica. Entre ellos, destacan exámenes de conocimientos obligatorios, certificaciones emitidas por la Escuela Nacional de Formación Judicial y requisitos más estrictos de experiencia profesional: diez años para aspirantes a ministros y siete para magistraturas de circuito.

La intención es clara: cerrar el paso a candidaturas improvisadas o impulsadas por capital político más que por trayectoria jurídica. En 2025, la amplitud de candidaturas, sumada a la falta de filtros efectivos, derivó en una oferta de candidatos casi imposible de procesar para el electorado y, en algunos casos, a la victoria de perfiles cuestionados incluso dentro del propio oficialismo.

Otro cambio clave es la eliminación de los tres comités de evaluación —uno por cada poder de la Unión— para sustituirlos por un Comité Único de Evaluación integrado por nueve personas, con tres designaciones por cada poder. La medida busca homogeneizar criterios, pero también concentrar la responsabilidad en un solo órgano. Para sus impulsores, es una forma de evitar disparidades, discrecionalidad y errores como los que ocurrieron en 2025.

La enmienda también incorpora una cláusula que prohíbe haber sido militante o dirigente de un partido político en el año previo a la convocatoria. Aunque limitada en su alcance temporal, la disposición responde a una crítica recurrente: la politización de las candidaturas judiciales. Con todo, no deja de saltar una incógnita: ¿Un año es suficiente para garantizar una verdadera desvinculación partidista?.

En paralelo, se propone reducir el número de candidaturas por puesto. Menos aspirantes permitirían un escrutinio más riguroso por parte de la ciudadanía. En la práctica, también implica un mayor control en la fase de selección, donde se define quién llega a la boleta. El paquete de reformas no se limita al proceso electoral. Incluye, además, una reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos secciones: administrativa y jurisdiccional, con el objetivo de agilizar la resolución de casos y reducir el rezago. Asimismo, plantea fortalecer la arquitectura institucional del sistema judicial, mejorando la coordinación entre el órgano de administración, el tribunal de disciplina y la propia Corte.

Pese a la narrativa de continuidad, la iniciativa tiene un trasfondo político. Fuentes legislativas coinciden en que, aunque el proyecto será presentado por senadores y diputados de Morena, su diseño cuenta con el visto bueno —y la intervención directa— de la presidenta Sheinbaum. La pregunta inevitable es por qué estos ajustes no se incluyeron en el llamado plan B de la reforma electoral de la mandataria. La respuesta se encamina al ambiente de tensión que se vivió con los aliados del oficialismo, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, lo que llevó a descartar cambios adicionales que pudieran complicar las negociaciones. Ramírez Cuéllar evita mirar atrás. “Ya lo pasado, pasado”, dice cuando se le cuestiona sobre la omisión.

Morena deberá construir consensos no solo con sus aliados, sino también con integrantes del propio Poder Judicial, incluidos ministros y magistrados que han sido críticos del modelo. La promesa de “perfeccionar” la democratización judicial podría chocar con la percepción de que se trata de un intento corregir un mal experimento. “Estamos construyendo consensos. Queremos platicar con todos, conversar también con los ministros de la Corte, con los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial”, ha sostenido el vicecoordinador de la bancada guinda.

La experiencia de 2025 mostró que abrir las urnas no garantiza, por sí mismo, mejores resultados. Ahora, el oficialismo apuesta por introducir filtros que corrijan esa contradicción sin renunciar al principio de elección directa y sin reconocer abiertamente que erraron. La segunda elección de la reforma judicial no solo pondrá a prueba el modelo, sino también la capacidad del oficialismo para corregir sus propios experimentos.

Desde Zulia, una de las regiones que más padece de apagones recurrentes en Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó de que estaba en conversaciones con la alemana Siemens y la estadounidense General Electric para la resolución definitiva de la crisis eléctrica que vive el país con distintas intensidades, intermitencias y blackouts masivos desde hace casi dos décadas.

“Gracias a ese diálogo diplomático [con Estados Unidos] puedo decir que ya nosotros estamos en relación directa con Siemens y con General Electric para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia”, dijo durante un acto celebrado en la ciudad de Maracaibo.

En la capital zuliana, en el occidente venezolano, partió una jornada que el chavismo ha llamado “peregrinación contra el bloqueo y las sanciones”, con la que aspira presionar a Estados Unidos para el levantamiento de todas las restricciones impuestas al país. La mandataria y su equipo de Gobierno tienen previsto hacer caravanas en todo el país por dos semanas. “Cuando aquí se va la luz en la madrugada, yo tampoco duermo; ahí están mis conversaciones con el gobernador (de Zulia, Luis Caldera). Sé lo que está pasando”, afirmó la política del chavismo.

Los habitantes de Zulia, estado fronterizo con Colombia, llevan años padeciendo racionamientos de varias horas al día, desde hace varios años, que han contraído severamente la economía de la región petrolera. En los últimos meses, los cortes se han intensificado en poblaciones en las que las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados centígrados. Durante años, el chavismo ha declarado emergencias en el sector eléctrico para destinar recursos para la rehabilitación que han terminado en un laberinto de corrupción.

Rodríguez aseguró que a partir del 3 de enero, cuando Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una intervención militar, se decidió “abrir un nuevo capítulo de la vida política nacional”, así como “un nuevo capítulo de la geopolítica” y de las relaciones internacionales de Venezuela que “incluya también a los Estados Unidos”.

El 70% de la red eléctrica de Venezuela está alimentada por la Central Hidroeléctrica de Guri, en el sur del país, que tiene graves fallas por falta de mantenimiento, antigüedad de los equipos y grandes presiones por las fallas de los sistemas complementarios. En 2025, Nicolás Maduro firmó acuerdos con China para la rehabilitación del servicio eléctrico y CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe, aprobó un proyecto para la rehabilitación de seis de las 48 unidades de generación de Guri. Hace semanas, representantes de las compañías extranjeras ya inspeccionaron esta infraestructura para determinar las obras necesarias.

Estos planes tuvieron un empuje en febrero durante la visita del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. La reactivación económica de Venezuela que se ha planteado Estados Unidos con inversiones petroleras y mineras tiene el lastre de la deficiencia de los servicios públicos. En marzo, Rodríguez designó como ministro de Energía Eléctrica a Rolando Alcalá, un ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar, una de las principales casas de estudio de Venezuela, cortando la línea de ministros del sector, militares y con poca experticia en el área. Según Rodríguez, se ha establecido una asociación energética a largo plazo con Washington, con “proyectos definidos” en el tema eléctrico y que se concretarán “muy pronto”.

Como parte del acto en el Zulia, Rodríguez cruzó el Puente sobre el Lago de Maracaibo seguida por una caravana de motos y por algunas embarcaciones desde el estuario. Luego, la mandataria difundió en televisión un mensaje grabado de poco más de tres minutos en el que hizo un balance de sus 100 días al frente del Gobierno descabezado el 3 de enero por Estados Unidos. Entre los indicadores de su gestión sobrevenida, mencionó la amnistía otorgada a 8.000 personas, la producción de 1,1 millones de barriles de petróleo diarios y una tasa de homicidios de tres cada 100.000 habitantes.

“Hoy Venezuela vuelve a levantarse, con fuerza propia, con su rol en el mercado energético global. Hemos vuelto al escenario internacional”, aseguró la mandataria. “Cientos de empresas han mostrado interés en invertir en el país, y gracias a la diplomacia venezolana, recuperamos nuestra representación en el Fondo Monetario Internacional, abriendo acceso a nuestros recursos para salud, servicios básicos, producción nacional estratégica y estabilización de nuestras reservas internacionales”. También reconoció las enormes expectativas que ha abierto el “nuevo momento político” que ella ha inaugurado. “Nuestros equipos trabajan por lograr las mejoras en plazos razonables y con hechos verificables. Pero estamos dando los primeros pasos. Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa”.