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El Consejo de Seguridad sometió a votación una resolución sobre el Sahara Occidental impulsada por EE.UU., el gran aliado de Marruecos en su ambición por resolver el conflicto de una manera en la que el territorio quede bajo soberanía del país.

La resolución buscaba renovar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), que ha sido liderada por el diplomático Staffan de Mistura. Pero, de forma decisiva, el texto reconocía el plan marroquí, ideado en 2007, como la «solución más seria, creíble y realista» para el Sahara Occidental y como la base para las negociaciones que se deben desarrollar a partir de ahora para «conseguir una solución política final y aceptable por todos que procure autodeterminación para el pueblo del Sahara Occidental». Es decir, que respalda la solución marroquí para acabar con el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, que tiene el apoyo de Argelia.

«EE.UU. da la bienvenida a esta histórica votación, que se apoya en este momento único y aprovecha el impulso hacia una paz en el Sahara Occidental que tarda mucho en llegar», reaccionó el embajador de EE.UU., Mike Waltz, que fue durante unos meses el consejero de seguridad nacional de Donald Trump.

«Pedimos a todas las partes que vengan a la mesa de negociación en las próximas semanas para implicarse en discusiones serias y con la propuesta de autonomía creíble y realista de Marruecos como la única base para una solución justa y duradera a esta disputa», añadió.

Trump ha sido, de hecho, pieza central del proceso que acaba de tomar gran impulso en la ONU. Marruecos presentó ante la ONU en 2007 una propuesta que plantea que la «región autónoma del Sahara» disponga de competencias administrativas, judiciales y económicas propias, mientras que asuntos como defensa, exteriores, moneda, bandera y religión quedarían bajo control del Estado central. Según la propuesta, los saharauis tendrían un gobierno y un presidente elegido por el parlamento regional, posteriormente investido por el rey de Marruecos.

El impulso de Trump

En la recta final de su primer mandato, a finales de 2020, Trump respaldó ese plan marroquí. Fue una contrapartida a la decisión de Marruecos de normalizar sus relaciones con Israel a través a los Acuerdos de Abraham, el gran éxito diplomático de Trump hasta la fecha. Casi a la vez, el presidente norteamericano reconoció la soberanía marroquí sobre la excolonia española. Fue un intercambio de favores entre ambos aliados.

A partir de ese momento, todo cambió y poco a poco los países europeos se fueron sumando a este respaldo al plan marroquí. El giro más importante lo protagonizó el Gobierno español de Pedro Sánchez, quien, en marzo de 2022, cambiaba la postura histórica de España. Francia, Bélgica y el Reino Unido también validaron la autonomía marroquí como la «opción más creíble». En total, Rabat logró ampliar significativamente sus apoyos con cerca de 125 países consideran que es un marco viable para buscar una solución.

Tras estos reconocimientos, quien quedó en una posición de casi hundido fue el Frente Polisario. Desde su fundación, el Frente Polisario ha sido considerado como el interlocutor del pueblo saharaui (primero contra la ocupación española) y después contra el control marroquí. Durante este tiempo, ha ido perdiendo apoyos entre los Estados occidentales al tiempo que ha mantenido estrechas relaciones con la Unión Africana, Rusia, China y sobre todo, Argelia, que es su principal valedora.

De hecho, la de Argelia fue la única voz discordante en la sesión del Consejo de Seguridad. Rusia y China, dos de los cinco países con derecho a veto en el organismo -los otros son EE.UU., Reino Unido y Francia-, y los únicos que podían hacer descarrilar la resolución, optaron por abstenerse. Como también lo hizo Pakistán. Once países votaron a favor. Y Argelia se negó incluso a participar en la votación.

«El texto no refleja la doctrina de la ONU sobre descolonización, cuya implementación ha permitido que muchos países estén representados aquí», protestó su embajador, Amar Bendjama. «La decisión sobre el futuro del Sahara Occidental no puede pertenecer a nadie más que al pueblo bajo dominio colonial».

El rey Mohammed VI de Marruecos tenía previsto pronunciar un discurso al pueblo marroquí para celebrar el impulso a su plan por parte de la ONU.

La operación y las muertes ocurrieron el martes, cuando Lula estaba incomunicado en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) sin internet, de vuelta de una gira diplomática a Asia. Según Lewandowski, Lula reaccionó con «horror» y «sorpresa» al conocer el número de muertes y convocó inmediatamente a una reunión con sus principales ministros, que duró tres horas, el miércoles.

La medida siguiente fue sancionar leyes más duras, publicadas el jueves en el ‘Diario Oficial’. La Ley 15.245 modifica el Código Penal y la Ley de Organizaciones Criminales, tipificando delitos de obstrucción de acciones contra el crimen organizado y conspiración para obstrucción, con penas de reclusión de cuatro a doce años.

En ambos casos, el texto enfatiza que la prisión provisional del investigado deberá cumplirse en un establecimiento penal federal de seguridad máxima, incluso antes del juicio. Además, la legislación aumenta la protección personal de autoridades judiciales, fiscales y agentes de seguridad en riesgo. La ley busca cerrar las brechas para los líderes y mandantes de crímenes, y evitar su influencia desde las cárceles.

En el plano político, Lewandovski, que había intercambiado críticas con Castro, ha establecido una alianza de última hora con el gobernador de Río, con el anuncio de la creación de una oficina de emergencia para mejorar la integración de las esferas federal y estatal contra el crimen organizado.

«Es un foro donde las fuerzas van a conversar entre sí, tomar decisiones rápidamente hasta que la crisis sea superada. Este es el embrión de aquello que queremos crear con la legislación de la Seguridad Pública», afirmó el ministro.

El Gobernador Castro, que días antes había acusado al Gobierno Lula de dejarlo «solo en esta guerra», se mostró alineado, y reforzó que el objetivo es eliminar las barreras para hacer «una seguridad pública que atienda a nuestro verdadero y único cliente, que es el ciudadano».

Lula defiende estrategia coordinada

En sus redes sociales, el presidente Lula defendió la necesidad de un trabajo coordinado para golpear la «espina dorsal del tráfico» sin poner en riesgo a inocentes. Lula citó como ejemplo la Operación Carbono Oculto de agosto, realizada en Sao Paulo, que golpeó a otra facción, el Primer Comando de la Capital (PCC), por bloquear sus fuentes de blanqueo de fondos. El caso ha sido recordado por usar la inteligencia policial y sin dar un solo tiro.

El mandatario también pidió la aprobación de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de la Seguridad que envió al Congreso Nacional, para garantizar que las diferentes fuerzas policiales actúen de manera conjunta en el enfrentamiento a las facciones criminales. Lula ha dejado claro que prefiere una estrategia que ataque las finanzas y bloquee el abastecimiento de armas al crimen, en contraposición al modelo de confrontación directa y alta letalidad como la operación de Río.

Riesgo político de Castro

La Operación Contención, llevada a cabo por las Policías Civil y Militar de Río, ha sido duramente criticada por la ONU, movimientos sociales, ONG de Derechos Humanos y expertos, que la han calificado de «masacre» y «carnicería».

En medio de la crisis de seguridad, el Gobernador Claudio Castro enfrenta un riesgo político inminente. La presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Carmen Lucía Antunes Rocha, marcó para el próximo martes el juicio de dos acciones que podrían llevar a la casación e inelegibilidad de Castro y otros aliados, acusados de abuso de poder político y económico en otro caso que vincula al político en un escándalo de corrupción electoral. Para aliados de Castro, la acción de la jueza estaría coordinada con el Gobierno Lula, al pautar el asunto justo en el momento de la repercusión de la operación.

El juicio puede colocar en riesgo la carrera del gobernador y llevarlo incluso a una destitución, en un momento en que Castro apuesta en su reelección el próximo año.

Desde las favelas atacadas, donde viven más de 100 mil personas, el escenario es desolador después de la exhibición de más de 60 cuerpos en una plaza de la favela Peña. Los testimonios recogidos en la prensa local traen denuncias de tortura, de ejecuciones sumarias, incluso de personas rendidas. La fiscalía de Río de Janeiro ha solicitado a la policía que entregue las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.

«Encontramos muchos muertos sin camisa, fusilados, con manos y dedos amputados y también decapitados», declaró a Agencia Brasil un vecino que participó en el rescate de cuerpos en la madrugada en el bosque vecino a la favela. La mayoría de las declaraciones son anónimas.

«Muchos cuerpos estaban deformados, con perforaciones en el rostro, perforaciones de cuchillo, cortes de huellas dactilares, dos cuerpos decapitados, la mayoría de los cuerpos no tenía cara, esa era la condición», contó Erivelton Vidal Correa, presidente de una asociación comunitaria.

Madres y familiares denunciaron que sus hijos enviaron mensajes o audios indicando que se estaban rindiendo antes de morir. «Mi hijo se entregó, salió esposado. Y le arrancaron el brazo», afirmó Elieci Santana, madre de una de las víctimas, cuyo relato es común entre las familias. Los propios habitantes tuvieron que retirar decenas de cuerpos del bosque en camionetas, en un intento desesperado por llevar heridos al hospital.

Geert Wilders, el populista de extrema derecha que ganó ampliamente las elecciones en 2023 coqueteando con la idea de la salida de Holanda de la UE, tiene ahora prácticamente cerradas casi todas las puertas para volver a formar una coalición de gobierno. En contraposición, el liberal y fervientemente proeuropeo Rob Jetten ha sido premiado con un ascenso meteórico en los últimos días de la campaña y tiene muchas posibilidades de convertirse en primer ministro.

Por ahora, lo único que falta por saber es cuál de los dos partidos tiene el mayor número de votos directos, para establecer quién puede decir que ganó las elecciones. La primera reacción de Wilders, antes del final del recuento oficial, daba a entender que no cedería fácilmente su posición. «El PVV quiere liderar la formación de un nuevo gobierno si nos convertimos en el partido más votado. Mientras no haya total claridad al respecto, el D66 no podrá iniciar su labor de exploración. Haremos todo lo posible para impedirlo», publicó en redes sociales.

Sin embargo, toda la prensa holandesa, sin excepciones, ha dado como vencedor a Rob Jetten teniendo en cuenta que el mensaje de los electores parece lo bastante evidente. En todo caso, aparte de algunos colegios electorales donde se habían producido problemas técnicos menores, en realidad solo faltan por escrutar los últimos votos de los residentes en el extranjero. En este caso se prevé que los resultados de los aproximadamente 90.000 neerlandeses que votaron a distancia y se calcula que podrían darle un escaño más al D66. Se conocerán a partir del lunes por la tarde, según ha anunciado el Ayuntamiento de La Haya, que es el responsable del recuento de estos votos. En todo caso, a escala nacional, D66 ha obtenido más de 15.000 votos por encima del PVV.

Esta perspectiva abre la puerta a que sea Rob Jetten el encargado de iniciar las consultas para convertirse en primer ministro, en sustitución del independiente Dick Schoof, ahora mismo en funciones. Si como todo parece indicar llega a ocupar este puesto, Jetten, de 38 años, sería la persona más joven en ocupar el cargo desde la Segunda Guerra Mundial y el primero abiertamente homosexual.

Tercera fuerza

El tercer puesto en número de escaños lo ocupará el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), también liberal, aunque considerado más conservador respecto a sus socios de D66. El VVD ha estado en todas las coaliciones de gobierno en este país desde el siglo pasado y, aunque ha perdido dos escaños, mantiene 22 y resiste como tercera fuerza política. De su experiencia en la inestable coalición con el excéntrico Geert Wilders, su nueva líder Dilan Yesilgöz –la sucesora de Mark Rutte–ha logrado atraer a muchos votantes que hace dos años apoyaron al PVV (según las encuestas un 15%).

Sin embargo, el gran prodigio es lo que ha logrado Jetten, que ha sabido atraer desde votos del PVV (un 5%), de los conservadores del NSC (afiliados al Partido Popular Europeo y que han perdido todos sus escaños) y sobre todo de la coalición entre verdes y socialistas (GroenLinks-PvdA) que le habría transferido un 20% de sus votantes. El candidato de esta coalición de izquierdas, el ex vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que llegó a soñar con ser aupado al puesto de presidente del Ejecutivo comunitario, anunció anteanoche su dimisión después de dos intentos fallidos de hacerse con el Gobierno de su país.

El gobierno de coalición formado por cuatro partidos después de las elecciones de 2023 se derrumbó en junio pasado, cuando el propio Geert Wilders decidió abandonarlo alegando que se estaban frustrando sus esfuerzos por llevar a cabo la «política de asilo más estricta de la historia». La Cámara Baja del Parlamento holandés cuenta con 150 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 76 diputados.

Las imágenes han dejado en shock a la opinión pública de Brasil y del mundo por haber ocurrido en dos favelas de la zona norte de Río de Janeiro, los complejos de Alemão y Peña, donde viven más de 100.000 personas, la mayoría una población pobre que trabaja en los barrios ricos de la ciudad. En las calles de barrios de clase media, la gente se cuestiona, que las víctimas podrían ser personas que trabajan en sus casas. De hecho, el ritmo de la ciudad ha sido afectado en el transporte, en las escuelas y en los hospitales.

La operación, ordenada por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ha levantado una discusión política que será central en las próximas elecciones entre el bolsonarismo y el petismo, representado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La acción liderada por Castro, que es bolsonarista, ha sido comparada inclusive con una realizada por el Gobierno brasileño hace poco más de un mes, en São Paulo, en que fueron capturados líderes de otra facción, el PCC (Primer Comando de la Capital) sin que se diera ningún tiro y asfixiando financieramente al grupo.

La comparación ha puesto en jaque el argumento de Castro, que dice haber planeado la operación durante un año, y ha sido cuestionada por no haber sido consultada al Gobierno central, en un momento en que el presidente Lula da Silva estaba fuera del país, retornando de una gira diplomática en Asia.

Castro, aliado al expresidente Jair Bolsonaro, fue defendido por bolsonaristas, entre ellos, el senador Flavio Bolsonaro, favorable a una estrategia como la que fue usada por Castro, el martes. Del otro lado, el gobierno Lula y sus ministros vienen defendiendo la estrategia usada en la Operación Quasar, de São Paulo, más enfocada en inteligencia y que golpea los esquemas de blanqueo de fondos de los narcotraficantes.

Castro, que inicialmente había defendido la operación, asegurando que estaba autorizada por el Poder Judicial y acompañada por la Fiscalía, admitió más tarde que la acción podía haber excedido sus límites. «Esta es una guerra que está pasando los límites que el estado (de Río de Janeiro) debería estar defendiendo solo. Para una guerra de esta, que nada tiene que ver con la seguridad urbana, deberíamos tener un apoyo mucho mayor. En este momento, quizás hasta de las Fuerzas Armadas», señaló en sus primeras declaraciones. Más tarde, replicado por el ministro de justicia, Ricardo Lewandowski, admitió que no había consultado al equipo del Gobierno Lula.

Un traslado macabro

El macabro traslado a la plaza fue una iniciativa de los propios vecinos para facilitar la identificación por parte de los familiares. Muchos de los cuerpos presentaban heridas de bala, e incluso algunos tenían el rostro desfigurado. «En 36 años de favela, pasando por varias operaciones y masacres, nunca vi nada parecido a lo que estoy viendo hoy. Es algo nuevo. Brutal y violento a un nivel desconocido», declaró a la prensa el activista Raull Santiago, que ayudó en el traslado de los cuerpos.

Los cadáveres, recogidos en una zona de monte vecina a la favela donde se concentraron los feroces enfrentamientos el martes, no figuraban en el balance oficial de 64 muertos, incluídos entre ellos cuatro policías, difundidos el día anterior por el equipo del gobernador, que anunció el número primero como una victoria del Estado contra el crimen organizado, y que ha retrocedido en esa posición tras las críticas desde el Gobierno, de la defensoría pública, de organizaciones de defensa de derechos humanos e incluso de la ONU.

«Estamos horrorizados con la operación policial en curso en las favelas de Río de Janeiro, que supuestamente ya ha resultado en la muerte de más de 60 personas, incluyendo cuatro policías», publicó en una red social el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Letalidad policial

A nivel nacional, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) emitió una nota repudiando el aumento de la letalidad policial y criticó que las acciones estatales «no pueden resultar en ejecuciones sumarias, desapariciones o violaciones de derechos humanos», especialmente en comunidades marginadas. La DPU recordó que la Corte Suprema brasileña homologó a principios de año un plan para reducir la letalidad en Río, estableciendo el uso excepcional de las operaciones como forma «de garantizar la seguridad pública en consonancia con la protección a la vida« desde el Estado.

Mientras tanto, en la sede del Instituto Médico Legal (IML) cientos de personas llegadas desde diversos puntos del estado se aglomeraban en busca de información sobre familiares. En entrevista a la Agencia Brasil, una mujer, identificada como Carol Malícia, relató que su pareja, Vitor, padre de su hija, le había contactado el martes diciéndole que estaba «acorralado» y que no sabía si iba a «soportar por mucho tiempo». Según el medio, el hombre fue encontrado más tarde herido. Otro familiar, que prefirió el anonimato, criticó la forma deshumana en que se encontraron los cuerpos: «Los dejaron ahí tirados, desnudos. Ni a un animal se le trata así, no importa lo que haya hecho la persona», declaró.

Por su parte, el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, le ordenó a la Fiscalía General de la República (PGR) que se manifieste en 24 horas sobre la operación. El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le solicitó al Supremo que el gobernador Cláudio Castro presentase un informe detallado con la justificación formal de la acción y las medidas para asegurar la responsabilidad de los agentes.

La operación, denominada Contención, que según Castro llevó un año de planificación y que involucró a 2.500 agentes policiales, buscaba cumplir un centenar de órdenes de prisión e impedir la expansión territorial del Comando Vermelho, una organización que, según el Mapa de Grupos Armados, ha sido la única en aumentar su control territorial en el estado, alcanzando más del 51% de las áreas dominadas por grupos armados. La Policía Civil reportó la incautación de más de cien fusiles, pistolas y granadas, además de más de cien detenciones.

La anticipación, in crescendo desde hace semanas, resulta mayúscula y la incertidumbre ha estado a la par. China no ha ofrecido anticipo alguno hasta la víspera. «El presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump mantendrán un profundo intercambio de opiniones sobre cuestiones estratégicas y de largo alcance relativas a los vínculos bilaterales, así como los principales asuntos de interés común», ha confirmado, lacónico, el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun durante la rueda de prensa diaria del organismo, a menos de veinticuatro horas vista.

Los detalles respecto a dónde y cuándo siguen siendo un misterio. La reunión tendrá lugar en la ciudad surcoreana de Busan, a priori en un salón de recepciones del Aeropuerto Internacional de Gimhae, según ha aventurado la prensa local. Este espacio, llamado Narae Maru, cuenta con la particularidad de encontrarse dentro de una base militar de la fuerza aérea surcoreana.

Un entorno blindado a disposición de los hombres más poderosos del mundo, en línea con el secretismo imperante, y también una prudencia ante las manifestaciones anti-China y anti-Estados Unidos acaecidas hoy –aunque marginales en número– en Seúl. Narae Maru, recientemente renovado, ya acogió en 2019 una cumbre de Corea del Sur con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

El cara a cara, por tanto, se aleja de su escenario previsible, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en la vecina ciudad de Gyeongju y que cuenta con la asistencia de múltiples mandatarios internacionales. Esta cita ha quedado reducida a poco más que una excusa, dado que la comitiva estadounidense ya ha confirmado que Trump, tras hacer acto de presencia en la cena oficial de este miércoles, no participará en el evento. Sí lo hará Xi, quien aprovechará para entrevistarse, entre otros, con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y la recién elegida primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

La mejor arma

«China está dispuesta a realizar esfuerzos conjuntos con Estados Unidos para lograr resultados positivos y ofrecer una nueva orientación e impulso al desarrollo estable de las relaciones […]. Daremos a conocer los detalles de la reunión a su debido tiempo», ha añadido Guo, con la parquedad característica del sistema pero con un marcado tono constructivo que ha evitado mención explícita a las disputas.

Los aranceles universales que Trump anunció con fanfarria el pasado mes de abril pronto se focalizaron en China, dado que el gigante asiático fue el único contendiente que golpeó de vuelta. Comenzaba así la segunda edición de la guerra comercial iniciada en el primer mandato del presidente, cuyo legado más sustancial quizá consista en haber llevado la relación de Occidente con China al terreno de la confrontación explícita.

El intercambio sucesivo de impactos elevó los aranceles estadounidenses al 145% y los chinos al 125%, un embargo oficioso que amenazaba con aniquilar los intercambios entre las dos primeras economías del mundo, valorados el año pasado en 650.000 millones de dólares (558.000 millones de euros). En este segundo asalto, no obstante, China estaba preparada y tenía dispuesta su mejor arma: las tierras raras.

Las restricciones a la exportación de estos materiales esenciales para la industria global, cuya producción China monopoliza, abortaron el primer acercamiento entre sus equipos negociadores, encabezados por el secretario del Tesoro Scott Bessent y el viceministro de Comercio He Lifeng.

A aquella tentativa inicial, celebrada en mayo en Ginebra, le siguieron otras tres –Londres en junio, Estocolmo en julio y Madrid en septiembre–. Todo parecía encaminado a una tregua cuando, hace tres semanas, China redobló por sorpresa su régimen de restricciones, ante lo que Trump blandió nuevos aranceles del 100%.

Cuentas pendientes

Otra reunión este domingo en Kuala Lumpur sorteó esta última desavenencia y alumbró un «acuerdo preliminar», listo para la ratificación definitiva de Xi y Trump. Sus detalles constituyen un misterio, pero los comentarios de uno y otro lado apuntan que EE.UU. podría rebajar los aranceles del 20% derivados del tráfico del fentanilo mientras que China retomaría la importación de soja. Dos medidas que, por sí solas, ni siquiera suponen un retorno al status quo anterior a abril.

Otras dos cuestiones medirán la solidez del entendimiento. En primer lugar, y por extensión lógica de la dinámica precedente, lo que suceda con las tierras raras. Bessent daba a entender este domingo durante una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC que esperaba que China postergara la implementación de sus últimas restricciones «durante un año para reexaminarlas».

A cambio, EE.UU. cancelará la entrada en vigor de su última ronda de aranceles y tampoco aplicará medidas restrictivas. Ahora bien: no deja de resultar revelador que durante su gira asiática Trump haya firmado acuerdos para la colaboración en materia de tierras raras con cinco países –Japón, Malasia, Tailandia, Vietnam y Camboya–, como antes hiciera con Australia y Ucrania. Tampoco Xi se lleva a engaño: los avances del nuevo plan quinquenal, difundidos esta semana, enfatizan la idea de la autosuficiencia y la innovación tecnológica.

En segundo lugar, toda mención –Xi dixit– a «la cuestión más sensible en la relación»: Taiwán. China desearía que Trump expresara su rechazo a la independencia o, incluso más allá, su apoyo a una «reunificación pacífica». El régimen considera al territorio, autónomo de facto, una provincia rebelde a la que nunca ha renunciado a someter por las armas. «No renunciaremos bajo ninguna circunstancia al uso de la fuerza y nos reservamos el derecho de adoptar todas las medidas necesarias», ha reiterado este jueves Peng Qing’en, portavoz de la Oficina China para Asuntos de Taiwán.

Sea como fuere, ambos mandatarios lucirán en el encuentro sus perfiles favoritos. Trump, el de «Nobelable» hombre de entendimiento. Xi, el de fuerza indiscutible capaz de sentar a la mesa a todo un presidente de EE.UU. Un diálogo que no pretende cooperación, sino convivencia, lo suficientemente ambiguo como para confundir paz con tregua.

Misiles desde Corea del Norte

Al comienzo de su gira asiática, Trump pedía a la prensa que «difundiera el mensaje» de que estaba «dispuesto al cien por cien» a reunirse con Kim Jong-un. «No hay muchos otros mecanismos aparte de Internet, tienen muy poco servicio telefónico», explicaba. Corea del Norte, no obstante, tiene su propio lenguaje.

El régimen ha saludado el desembarco del presidente estadounidense en la península con el disparo de un «misil de crucero estratégico mar-superficie», según la agencia oficial KCNA. Un ensayo armamentístico a modo de respuesta, negativa, a las reiteradas invitaciones de Trump a mantener una cumbre improvisada a su paso por la región, como ya hiciera en 2019 tras el G20 de Osaka.

Claro que este también posee su propio lenguaje. «Conozco a Kim Jong-un muy bien, nos llevamos muy bien», aducía. «No hemos conseguido encontrar el momento».

La explicación de esta victoria se apoya en tres factores principales: el voto antikirchnerista, el bajo nivel de participación y una gran expectativa de apoyo financiero de Estados Unidos en el caso de una victoria.

La participación fue una de las más bajas de la historia reciente. Solo el 67,8% del padrón acudió a las urnas, frente al 71% de 2021 y al 77,6% de 2017. La cifra refleja un clima de apatía y desencanto con la política tradicional. Pero también favoreció al Gobierno: los votantes movilizados fueron, sobre todo, aquellos decididos a impedir el regreso del peronismo.

Muchos de los antiguos simpatizantes del PRO, el partido del ex-presidente Mauricio Macri, se volcaron hacia los candidatos de Milei. Lo hicieron más por rechazo que por adhesión, pero su apoyo resultó decisivo para convertir una elección pareja en un triunfo amplio. Fue, en buena medida, un voto castigo contra Cristina Fernández de Kirchner y su entorno, y un voto de oportunidad para un Gobierno que, pese a los ajustes, sigue ofreciendo la narrativa de un cambio frente al pasado.

El tercer elemento fue la percepción de un respaldo económico en ciernes. La intervención del Gobierno de Estados Unidos fue discreta, pero clara. Washington había prometido mantener abierta una línea de asistencia financiera siempre que Milei mostrara capacidad de sostener su programa de reformas y estabilidad política. La firma del swap de divisas por 20.000 millones de dólares ya fue un gesto relevante. Pero en los días previos a la votación se habló de una posible segunda etapa del acuerdo, condicionada a un resultado favorable. Con el triunfo de anoche, esa expectativa gana fuerza. De concretarse, el refuerzo permitiría aliviar la presión cambiaria y dar algo de aire a una economía que todavía camina con fragilidad.

En el plano institucional, los resultados despejan la incógnita más importante: Milei incrementa su representación en el Congreso con 64 diputados y 13 senadores, un aumento significativo que, sin garantizarle mayoría propia, reduce el riesgo de bloqueo legislativo.

Durante su primer año de Gobierno, el mandatario había convivido con una Cámara fragmentada, dominada por la oposición y atravesada por tensiones personales. Los cruces con diputados y senadores eran frecuentes y de una violencia inusual. Milei llegó a insinuar que, de persistir el bloqueo, gobernaría «a decretazos», emulando al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

El resultado del domingo cambia parcialmente ese escenario. Aunque seguirá dependiendo del PRO y sus aliados para aprobar leyes clave, la relación con los legisladores puede entrar ahora en una fase más pragmática. Los nuevos escaños le otorgan al oficialismo la posibilidad de negociar desde una posición de fuerza y, al mismo tiempo, de reducir la tensión política que hasta ahora había caracterizado su gestión.

Para Milei, este Congreso renovado representa una oportunidad doble: por un lado, consolidar su programa económico sin caer en el aislamiento; por otro, moderar el discurso de confrontación que lo llevó a ser tan popular como temido. Si logra traducir la victoria electoral en un clima de cooperación institucional, podría inaugurar la segunda mitad de su mandato con mejores perspectivas.

En los últimos días la Casa Rosada había dejado trascender la intención de realizar una profunda reforma ministerial tras las elecciones. Sin embargo, el buen resultado electoral cambia las prioridades. Milei no tiene necesidad de introducir cambios de rumbo drásticos y se inclina por un reajuste limitado, centrado en la cobertura de vacantes.

El ministro de Exteriores, Wertein, presentó su renuncia hace pocos días tras un enfrentamiento con Santiago Caputo, asesor de máxima confianza del presidente. También deberán cubrirse los puestos que dejan Patricia Bullrich –que ocupará su banca en el Senado– y Luis Petri, elegido gobernador de Mendoza. Se trata, más que de una reestructuración, de un reacomodo. En palabras de un alto funcionario citado por la prensa local, «ya no hay tanto que corregir, pero sí que completar».

El Gobierno interpreta los resultados como una validación parcial de su plan económico: mantener el equilibrio fiscal, reducir el gasto público y atraer inversiones mediante una flexibilización regulatoria. No obstante, la economía sigue siendo el principal desafío. La inflación, aunque en descenso, continúa en niveles muy altos, y la recesión golpea con fuerza al consumo interno.

En ese contexto, la expectativa del segundo swap con Estados Unidos se convierte en una pieza clave. No solo como herramienta financiera, sino como señal política de confianza internacional. Para un país con una larga historia de crisis externas, cada dólar prometido tiene un valor simbólico.

La otra cara de la elección es el retroceso del peronismo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, líder de Fuerza Patria, cometió un error estratégico al elegir a Jorge Taiana como cabeza de lista. Taiana, exministro de Exteriores y figura respetada, no tenía peso territorial ni capacidad para movilizar al electorado desencantado. Su negativa a calificar de dictadura al régimen de Nicolás Maduro terminó de debilitar su perfil ante un electorado más exigente con los alineamientos internacionales.

El resultado es un golpe para las aspiraciones de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había emergido como potencial candidato presidencial tras su buena actuación en los comicios provinciales de septiembre. La derrota de este domingo frena esa ola y obliga al kirchnerismo a repensar su estrategia.

En la Ciudad de Buenos Aires, la senadora electa Patricia Bullrich obtuvo un resultado excepcional —más del 50% de los votos— que la convierte en una figura central del tablero opositor. Su éxito, sin embargo, también genera tensiones dentro del PRO y plantea un dilema para Macri, que deberá decidir si refuerza su alianza con Milei o si reconstruye un espacio propio de centroderecha de cara a 2027.

El comicio legislativo de 2025 marca un punto de inflexión en la política argentina. Milei sale fortalecido, pero su desafío recién comienza: transformar su capital electoral en estabilidad institucional.

Si consigue rebajar el tono del enfrentamiento con el Congreso, aprovechar la ventana de oportunidad económica y mantener un diálogo fluido con Washington, podría abrir una etapa de reformas más pragmática y duradera. Pero si cae en la tentación del triunfalismo o en la idea de que la suerte política es eterna, su gobierno puede repetir el ciclo de tantas promesas incumplidas que jalonan la historia argentina.

Por ahora, el mensaje de las urnas es claro: la sociedad respalda el cambio, pero exige resultados. Y la luna de miel con el electorado, como bien saben los argentinos, nunca dura demasiado.

El presidente estadounidense ha caracterizado a Japón como «un aliado del más alto nivel» y ha elogiado a Takaichi, investida la semana pasada como la primera jefa de Gobierno en la historia de Japón, como una de los líderes internacionales «más grandes». «Quiero que sepáis que […] para cualquier cosa que podamos hacer por Japón, ahí estaremos», ha insistido.

La primera ministra, por su parte, ha ensalzado los lazos entre Japón y EE.UU. como «la alianza más grande del mundo». Tampoco ha escatimado alabanzas personales para el presidente, a quien ha adelantado su pretensión de apoyar su candidatura al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio.

Ambos países han confirmado asimismo el acuerdo que zanjó los aranceles universales de Trump. EE.UU. impondrá sobrecargos del 15% a las importaciones japonesas, un nivel inferior al inicial, y a cambio Japón realizará una inversión de 550.000 millones de dólares (472.000 euros) en proyectos estadounidenses, cantidad que de manera extraordinaria la Casa Blanca podrá manejar a su antojo.

Frente común

El pacto más novedoso, sin embargo, atañe a las tierras raras. Trump y Takaichi han pactado impulsar la inversión, producción y comercialización de estos materiales críticos, un sector para el que el presidente ya se ha asegurado la colaboración de otros países durante su gira asiática, en particular Tailandia, Malasia y Australia.

EE.UU. trata así de limitar su vulnerabilidad ante el monopolio de China sobre las tierras raras, esenciales para la industria global, los cuales ha convertido en su principal arma durante la guerra comercial entre ambos países, estableciendo exhaustivos controles a su exportación.

Mitin en un portaviones

Además de la reunión bilateral, Trump y Takaichi compartieron un almuerzo, en el que la nueva primera ministra siguió la línea de seducción que se ha convertido en la práctica habitual de los líderes internacionales para agradar al presidente de EE.UU.: se sirvió arroz estadounidense -debe ser un sacrilegio en Japón- y carne de ternera estadounidense -pese a la cercanía de Kobe-.

El multimillonario no ocultó su sintonía con Takaichi -«es una ganadora», «es un placer tratar con ella»-, a la que invitó a participar en la visita al USS George Washington, un portaviones estadounidense anclado en la base naval de Yokosuka, en la entrada de la bahía de Tokio, un símbolo de la amplia presencia militar de EE.UU. en Japón.

Allí Trump dio un discurso que fue, ante todo, un mitin político, con muchas referencias a asuntos domésticos, como sus despliegues del ejército en ciudades gobernadas por demócratas.

«Tenemos ciudades con problemas», defendió Trump ante un fondo de marineros de la Armada, un nuevo episodio de la utilización política del ejército por parte del presidente. Y, por primera vez, apuntó a la posibilidad de enviar soldados más allá de la Guardia Nacional, que son cuerpos militares estatales. «Si necesitamos más que la Guardia Nacional, enviaremos más que la Guardia Nacional, vamos a conseguir ciudades seguras».

Trump aprovechó su presencia en un portaviones y en Asia para lanzar un dardo a China por sus ambiciones militares. «Ningún enemigo podría soñar con amenazar a la Armada de EE.UU.», proclamó Trump, en un momento en el que los expertos militares occidentales alertan del ambicioso programa naval de China. «No hay ninguna Armada que se le acerque. Se escucha que algunos están construyendo buques, pero nadie puede hacer lo que hacemos nosotros», aseguró Trump, que ya se acerca al momento clave de su gira asiática.

Tras la visita a Japón, Trump puso rumbo a Corea del Sur para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Allí se celebrará la esperada cumbre con Xi Jinping, en la que hay expectación sobre la posibilidad de que ambos líderes cierren un acuerdo comercial.

El origen de estas manifestaciones, mayormente conocidas como las protestas de la Gen Z, comenzó en marzo de 2022, cuando en Sri Lanka estalló lo que se conoce como el movimiento Aragalaya. Miles de jóvenes salieron a las calles a protestar contra la situación económica del país: apagones diarios, precios disparados por una inflación del 50% y escasez de suministros como el combustible o el gas. Finalmente, las revueltas culminaron con la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa, quien acabó escapando del país en julio de ese año mientras una turba irrumpía en su mansión y se bañaba en su piscina. Además de ser el símbolo de toda una quiebra social, dicha revolución marcó un antes y un después en los movimientos juveniles del siglo XXI.

Desde entonces, las revueltas de la Gen Z se han extendido, estando presentes desde Nepal hasta Perú, pasando por Marruecos o Madagascar. Sin embargo, pese a que su fin coincidía –movilizar a la población para la reivindicación de mejoras–, sus motivaciones han sido dispares: la libertad digital, la lucha medioambiental, la justicia social o la situación económica.

 

Los movimientos de esta generación han destacado frente a las revueltas de promociones anteriores gracias a su consolidación en internet. Según Antonio Díaz, especialista en comunicación en redes sociales, utilizar nuevas tecnologías para el activismo político «facilita que la voz de la ciudadanía se escuche horizontalmente, demoliendo antiguas jerarquías y, en parte, creando otras nuevas».

La evolución de este ciberactivismo y los intentos de frenarlo por las autoridades desencadena lo que Díaz denomina «efecto bola de nieve»: «Cuanto más se intente prohibir o condenar, más sentido se está dando al hecho en sí mismo: el derecho a ser escuchado y también a proponer un ideario o rumbo nuevo en la sociedad».

No obstante, a pesar de que las movilizaciones de la Gen Z tienen una efectividad inmediata gracias a su organización en comunidades, su fuerza puede decaer si no se trabaja particularmente. Díaz asegura que «la modalidad de caminar en grupo alivia pero no calma, y, por tanto, no llena a medio y largo plazo. Hay que trabajar más lo individual y abrazar la soledad de la que se huye».

En este contexto, el descontento digital se ha materializado en las calles, impulsando la revuelta de miles de jóvenes bajo un mismo deseo de lucha y transformación hacia una mejora nacional. Ciudades como Katmandú, Rabat, Lima o Antananarivo han sido testigos de estas olas de movilización, poniendo en riesgo las jerarquías de poder.

Levantamiento de barricadas, manifestaciones con consignas por servicios públicos y demandas al presidente. Así protagonizaron los jóvenes las protestas en Madagascar. Antananarivo y otras ciudades del país vivieron la lucha protagonizada por la Generación Z. Furiosos contra la escasez de agua y los cortes prolongados de electricidad, los jóvenes malgaches empezaron una ola de revueltas para revertir esta situación.

Bajo el movimiento Leo Délestage, los manifestantes –organizados y convocados por aplicaciones de mensajería como Discord– reclamaban soluciones inmediatas y el derrocamiento del Gobierno. Sin embargo, a medida que las protestas se intensificaron, las fuerzas armadas del país se volvieron más violentas, utilizando gas lacrimógeno y pelotas de goma, dejando incluso 22 muertos. Sin embargo, no todo el Ejército estuvo de acuerdo con reprimir estas manifestaciones: la unidad de élite militar Captsa se sumó a estas revueltas, provocando así un ruptura y debilitamiento del Gobierno.

Finalmente, el 29 de septiembre el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, disolvió el Ejecutivo. Tras la huida de Rajoelina al temer por su vida, el Ejército tomó el poder, suspendió la Constitución y creó un Gobierno civil, nombrando al coronel Michael Randrianirina, líder de la unidad Captsa, como nuevo presidente de Madagascar. Ante esta situación, los jóvenes esperan con esperanza y cierta cautela.

«¡Queremos hospitales, no Mundiales!» fue el grito de los jóvenes que lideraron las manifestaciones en Marruecos desde finales de septiembre. Durante varias semanas, el reino alauí vivió uno de los episodios más tensos y preocupantes de los últimos años. Los jóvenes, que pertenecen a la Generación Z, salieron a las calles de las principales ciudades para mostrar su hartazgo ante la falta de servicios públicos de calidad. Las protestas de los jóvenes magrebíes, nacidas de reivindicaciones en Discord, adquirieron una punzante dimensión política con llamamientos a la caída del Gobierno y solo apaciguadas por un discurso del Rey Mohamed VI, quien no anunció ninguna medida pero frenó en cierta medida las protestas.

Bajo el nombre en la plataforma de Discord GenZ 212, los jóvenes denunciaban un sistema educativo deficiente, hospitales precarios, desempleo endémico y corrupción. La Gen Z no pareció tener ninguna adscripción política, y de momento se desconoce si tiene un cabecilla o un grupo de líderes que manejen los hilos. Lo que sí quedó claro es que tiene una gran conciencia política y que sus integrantes pertenecen a una clase media que se ha visto diezmada por la subida de precios debido a la inflación galopante.

La marcha en Lima dirigida por los jóvenes de la Generación Z que tuvo lugar el 13 de septiembre sorprendió a todos en Perú porque esta forma de protesta se había aparcado tras la fuerte represión estatal, en la que habían muerto 49 personas.

La razón de la marcha contra el Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) tuvo un motivo concreto: el partido Fuerza Popular, que dirige Keiko Sofía Fujimori, aprobó en el Congreso la ley donde toda persona de 18 a 40 años debía afiliarse de modo obligatorio a un sistema privado de pensiones, tributando además un impuesto extra al cobrar cualquier ingreso. La ley fue derogada a los pocos días, pero la mecha prendió y a ella se unieron los transportistas, que marcharon para que se detuvieran las extorsiones contra ellos.

Estas movilizaciones coincidieron con otras protestas en Nepal e Indonesia. Por esa razón, usaron el símbolo de la bandera ‘One Piece’ que une a la Generación Z en todo el mundo.

Entre los líderes visibles de la Generación Z, en Perú destacan Orlando Carrasco (conocido como Lando), Jorge Calmet y Milagros Rojas.

En un encuentro con la prensa en Lima, Jorge Calmet aseguró que seguirán marchando en Lima, y en pleno estado de emergencia, por Inti y Bryan, las víctimas de Dina Boluarte, y el rapero Luis Diaz. Su plan es organizar una vigilia en el centro de Lima en nombre del músico a la que asistirá su padre, Roger Ruiz.

«Buscamos salir de toda esta porquería en la que vivimos, a lo que nos han sometido los gobernantes y los partidos que están ahí, especialmente los congresistas y sus líderes que están fuera del Congreso. Buscamos salir de toda esta corrupción. No pedimos algo extraño, algo fuera de lo común. Pedimos cosas básicas, cosas que todo el mundo tiene derecho a tener simplemente por ser una persona, por tener dignidad, por ser un ser humano», clamó Calmet.

Entre tanto, Milagros Rojas, de 21 años, explicó que no apoyan a ningún partido político y que están elaborando un documento de la Generación Z que pide que se deroguen las leyes que favorecen el sicariato y las extorsiones dictadas por el actual Congreso, que mejoren las condiciones laborales de los jóvenes y que «nuestro futuro no vuelva a estar marcado por obtener un pasaporte y salir del país como les pasó a otras generaciones».

Asia quizá suponga la región donde las protestas de la Generación Z han tenido más éxito a la hora de lograr un cambio político efectivo. Todos estos movimientos comparten una participación juvenil mayoritaria, reclamaciones estructurales y lo digital como espacio constitutivo; una confluencia de factores de particular relevancia en países que han experimentado un acelerado desarrollo económico, pero donde aún imperan sustanciales déficits democráticos y escasa redistribución de riqueza.

Se produce así una colisión tectónica entre una sociedad civil alfabetizada, conectada y sin perspectivas de mejora con una estructura de poder rígida y elitista. En los últimos meses, estas movilizaciones han causado al menos dos cambios de gobierno.

El primero de ellos, en Bangladés. En agosto de 2024, varias semanas de altercados acabaron por provocar la huida de la por entonces primera ministra, Sheikh Hasina, tras quince años al frente del país, veinte en total, un periodo marcado por una progresiva represión generalizada. La explosión del hartazgo, no obstante, tuvo origen socioeconómico: un proyecto de ley que pretendía reservar empleos del sector público para veteranos de la guerra de independencia, interpretado como la institucionalización de una red clientelar al servicio del Ejecutivo.

La revuelta, que dejó más de 1.400 muertos y 13.000 heridos, acabó con Bangladés en manos de una figura de consenso, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006 por su programa de microcréditos. Como jefe de Gobierno interino, está encargado de liderar la transición hacia las próximas elecciones generales, programadas para febrero de 2026.

Este país del Himalaya siguió un patrón similar. Todo comenzó allí con las publicaciones en redes sociales de los ‘nepo kids’, los hijos del nepotismo, esto es, la clase dirigente, presumiendo de privilegios ante la precaria situación económica. La tasa de desempleo juvenil supera el 20%, 2.000 personas –de una población de 29 millones– emigran a diario en busca de oportunidades laborales en Oriente Próximo o el Sudeste Asiático, y las remesas que estos trabajadores envían desde el extranjero suponen un tercio del PIB nacional.

El agravio inicial se elevó a alzamiento por la brutalidad policial y la censura de Facebook, YouTube, X –antes llamada Twitter– y otras 26 plataformas. Este suceso prueba que las redes sociales no solo representan una herramienta organizativa y catalizadora de la movilización, como en la Primavera Árabe de 2011, sino su conversión en infraestructura esencial, a la par que el agua o la electricidad, cuya interrupción es percibida como intolerable.

Ante la presión popular y la desbandada de su Gabinete, el primer ministro K.P. Sharma Oli, para más inri del Partido Comunista, acabó por dimitir. Los manifestantes organizaron entonces una encuesta en Discord con el objetivo de consensuar un candidato para liderar un Gobierno interino. La expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki resultó elegida y conducirá el país hasta las elecciones de marzo.

Otras protestas no llegaron tan lejos y permanecen, por tanto, no tan fallidas como inconclusas. A lo largo de este año, varias movilizaciones han sacudido Indonesia. Comenzaron en febrero, en rechazo a medidas de austeridad que afectaban a servicios públicos, en especial la educación, y pasaron luego a cuestionar la implicación del Ejército en la Administración pública.

En agosto, la concesión a los parlamentarios de dietas residenciales por valor de 50 millones de rupias indonesias (2.590 euros), diez veces el salario mínimo en Yakarta, la capital, aún más en comparación con otras zonas del país, incrementó la intensidad de las mismas, que tomaron por nombre la etiqueta (‘hashtag’) «Indonesia Gelap» («Indonesia Oscura»). El presidente Prabowo Subianto acabó por retirar dichos privilegios para aplacar el descontento.

Estas protestas generacionales, sin embargo, no se limitan a fenómenos recientes. En Tailandia, por ejemplo, las manifestaciones estudiantiles contra el despotismo del Ejército y la Casa Real llevaron al partido Hacia delante a ganar las elecciones de mayo de 2023 con un programa reformista, lo que a su vez impulsó un pacto contra natura entre los militares y el clan Shinawatra para impedir la formación de Gobierno y, después, forzar la disolución del partido.

La gran sorpresa tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, donde también ganó el oficialismo con su candidato, Diego Santilli, que fue designado hace apenas 18 días. La diferencia en este caso fue escasa –41,4 puntos para el oficialismo y 40,9 para el peronismo–. En esta misma provincia el partido de Milei había perdido el mes de septiembre por 12 puntos. Este domingo, y tras revertir la situación, el presidente celebró con creces y anunció el «comienzo de la Argentina grande».

El partido gobernante, La Libertad Avanza (LLA), venció a nivel nacional, mientras que el kirchnerismo tenía toda la esperanza puesta en la provincia de Buenos Aires. El triunfo del oficialismo da un respiro a la gestión del mandatario, que en las últimas semanas se encontraba en su momento más delicado por los escándalos de corrupción y la volatilidad de la economía. La victoria en los comicios resulta clave para el Gobierno, además, dado que la administración del presidente estadounidense Trump ha seguido con atención la jornada electoral de su país aliado en el sur, a quien ofreció un rescate financiero condicionado a que Milei siga en el poder. Los mercados también reflejaron en la noche del domingo el éxito electoral del Gobierno. De hecho, una vez conocidos los resultados de las urnas, las acciones de empresas argentinas en el mercado nocturno de Wall Street crecieron hasta un 15%.

El discurso de Milei

Pasadas las 22 horas, el presidente Milei tomó la palabra en el mitin de su partido, en el Hotel Libertador de Buenos Aires, para agradecer a sus votantes. Tras un eufórico saludo a su militancia, el jefe de Estado agradeció a «todos aquellos que siguieron apoyando a las ideas de la libertad». El mandatario se refirió a la jornada electoral como un «día histórico». Tras una breve referencia al sistema de ‘boleta única’ –nuevo método de votación en Argentina–, habló de «los 10 millones de argentinos que nos han votado».

A continuación, el presidente agradeció al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –quien acaba de ser elegida senadora por el oficialismo–, y al ministro de Defensa, Luis Petri. Luego, mencionó al expresidente Mauricio Macri. «Unimos fuerzas para derrotar al populismo», sostuvo. Acto seguido, habló del apoyo de Estados Unidos al Gobierno, al que calificó de «histórico». También agradeció a gran parte de su Gabinete.

«Durante dos años nos dedicamos a evitar que Argentina cayera al precipicio», afirmó el presidente, para luego afirmar su objetivo de «dar vuelta la Argentina». «Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina», añadió.

En su discurso, Milei también se mostró predispuesto a hacer «acuerdos básicos» con otros partidos y con los gobernadores de las distintas provincias. «Queremos invitar a los gobernadores que tendrán representación a discutir en conjunto estos acuerdos», dijo. Y, a continuación, sostuvo: «Hoy comienza la construcción de la Argentina grande». Hacia el final de su discurso, el mandatario utilizó una frase inspirada en su aliado estadounidense, el presidente Donald Trump. «Hagamos Argentina grande nuevamente», cerró.

Una de las primeras felicitaciones al jefe de Estado argentino por los resultados obtenidos en las legislativas vino por parte del expresidente Macri, quien expresó a través de sus redes sociales: «Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre».

Alivio para el Gobierno

Estas elecciones resultaban un desafío para el Gobierno argentino, al constituir el primer examen de la aprobación de su popularidad. Y, si bien el grado de participación en las urnas fue escaso y no llegó siquiera al 70%, la cifra más baja desde la recuperación de la democracia en 1983, la Casa Rosada se mostró satisfecha con el resultado obtenido. Así lo expresó la hermana del jefe de Estado, la secretaria de Presidencia Karina Milei, quien fue la primera en hablar de resultados en el mitin del oficialismo. «Estamos muy contentos», expresó apenas llegó al Hotel Libertador, donde aguardaba el escrutinio oficial junto a todo el equipo de Gobierno.

El kirchnerismo, en cambio, decidió centrar su discurso en su apuesta por la provincia de Buenos Aires. Dos horas antes de conocerse los resultados oficiales, en el mitin de Fuerza Patria (FP) ya se hablaba de un triunfo de este partido en la provincia de Buenos Aires, a la espera de que se repita el fenómeno ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando el candidato peronista, el gobernador Axel Kicillof, se impuso en territorio bonaerense.

La escasa participación es interpretada como una derrota del grado de convocatoria de los dos principales partidos a nivel nacional: el oficialista La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerista Fuerza Patria (FP). En las últimas semanas, ambos movimientos habían incitado a sus seguidores a acudir a las urnas. No obstante, el mensaje no surtió efecto, y los centros de votación registraron la participación más baja de las últimas cuatro décadas.

Ayer en Argentina hacia su debut oficial el nuevo sistema de ‘boleta única’, que reúne a todos los candidatos de los distintos partidos en una sola papeleta. Si bien el flamante método ha resultado eficiente y ha agilizado el ritmo del sufragio, la novedad no ha alcanzado para seducir al 34% de los argentinos que decidieron no presentarse a votar en las elecciones de medio término.

El día después

Una de las principales incógnitas que se abre a partir de ahora tiene que ver con cómo será la reacción de los mercados bursátiles al nuevo escenario del Gobierno de Milei. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció en plena jornada electoral que «no podría decir que se va a terminar la volatilidad», lo que ocurra con el valor del dólar en las próximas semanas será clave para los argentinos.

En este mismo sentido, es un secreto a voces que de aquí a fin de año existe una fuerte posibilidad de una devaluación del peso argentino. En caso de ser así, y de subir el valor del dólar, esto tendría un impacto directo en la inflación, cuya caída ha sido el caballito de batalla de Milei desde que asumiera la presidencia, en diciembre de 2023.

Otra de las cuestiones que tendrá que ser solucionada esta semana tiene que ver con la composición del Gabinete del Gobierno, que sufrirá varias modificaciones, tal y como lo advirtió el jefe de Estado días atrás. El éxodo de funcionarios comenzó el jueves pasado con la salida de los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia.

Más allá del resultado obtenido por el Gobierno de Milei –que se encuentra llegando a la mitad de su mandato presidencial– este domingo, en los dos años que le restan en la Casa Rosada, el jefe de Estado deberá salir en busca de consensos políticos en el Congreso. En este sentido, nuevamente resultará clave para el mandatario la figura del expresidente Mauricio Macri. En la jornada electoral del domingo, el fundador del partido PRO ofreció su ayuda al Gobierno para mantener la «gobernabilidad», a la vez que pidió que haya «calma en los mercados».

«Estos dos países estaban dándose, había mucha muerte», ha relatado en su peculiar estilo Trump, quien, según su propio relato, interrumpió una partida de golf para llamar a ambos mandatarios. «Les dije que escogieran el camino de la paz y la prosperidad sobre la guerra. En este caso logramos detenerlo muy rápido».

El choque entre Tailandia y Camboya se suma a una larga lista de conflictos –ocho, según su propio recuento– que el presidente estadounidense supuestamente ha frenado con su intermediación personal, a modo de méritos para el Premio Nobel de la Paz que tan explícitamente ansía, por más que algunos de los países involucrados, como India –que el pasado mes de mayo intercambió golpes con Pakistán– hayan desmentido dicha participación.

«No recuerdo ningún otro presidente que haya solucionado alguna guerra. Empiezan guerras y no las solucionan […]. Nunca en la historia se ha hecho algo como esto», celebraba Trump durante el acto. «Me encanta hacerlos [acuerdos de paz], es algo que me encanta y que se me da muy bien».

El presidente ha estado acompañado por el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, su contraparte de Camboya, Hun Manet, y el malasio Anwar Ibrahim a modo de anfitrión, quien ya organizó la tregua original.

El tailandés –investido la semana pasada– ha ensalzado el acuerdo como «un paso concreto hacia la paz» que continuará el proceso de «arreglar los lazos» entre los países vecinos. «La paz siempre es posible cuando las naciones tienen el coraje y la sabiduría para perseguila juntos», ha añadido el camboyano, quien ha destacado el «liderazgo decisivo» de Trump y ha proclamado su apoyo a que sea nominado al Nobel.

Agenda apretada

Halagüeñas palabras que quizá hayan contribuido a suavizar los términos del acuerdo comercial oficializado hoy entre Camboya y EE.UU., quien también ha anunciado un pacto con Tailandia para la explotación de minerales críticos, antesala de su propio acuerdo comercial.

Trump ha bailado a su llegada al aeropuerto de Kuala Lumpur, punto de partida de su gira asiática. El presidente ha asistido este domingo a la reunión de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), con quien ha dicho «estar al 100%».

Mañana lunes acudirá a Japón y al día siguiente a Corea del Sur, donde participará en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad de Gyeongju. Allí mantendrá el jueves un encuentro presencial con el líder chino Xi Jinping, el primero desde su regreso a la Casa Blanca, con quien espera llegar a otro acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias.