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Esta región acabó bajo el control de Yakarta después de un referéndum en el que solo votaron mil papúes elegidos a dedo de los más de 800.000 registrados en el censo de 1969. Desde entonces, buena parte del pueblo papú viene exigiendo una consulta popular de verdad y, sobre todo, más libertades y menos persecución.

El Gobierno indonesio, en cambio, insiste en que respeta los derechos humanos pese a que varias ONG y la propia ONU han denunciado sus abusos en la región.

Nada más aterrizar en el aeropuerto Domine Eduard Osok de Sorong, capital de la provincia indonesia de Papúa Suroccidental y puerta de entrada a la exclusiva zona de buceo de Raja Ampat, uno asume que ya no está en el sureste asiático. La Melanesia y sus autóctonos dominan un paisaje que incluso difiere del resto del país. Llaman poderosamente la atención los colores vivos con los que sus vetustos edificios y paupérrimas casas se muestran ante el visitante.

La avenida Ahmad Yani parte a Sorong en dos en paralelo al océano Pacífico y a un puerto que se cae a pedazos. Los papúes no entienden que, en una tierra que ellos consideran suya, la arteria principal de la ciudad homenajee al comandante de las fuerzas armadas indonesias, un ultranacionalista contrario a cualquier movimiento independentista. «Ahmad Yani no era de aquí. Nuestras calles deberían homenajear a los cientos de miles de hermanos papúes que han sido asesinados, desaparecidos y encarcelados desde el comienzo de la invasión de Indonesia», nos explica Apey Tarami, líder del movimiento Por la Solidaridad y Democracia del Pueblo Papú, ilegal para Yakarta. Lo hace camino de una choza perdida, lejos de la ciudad. Según nuestros enlaces, toda seguridad es poca, ya que la Inteligencia indonesia les revisa sus terminales móviles y redes sociales cada dos por tres o, directamente, visita en sus propios hogares o lugares de trabajo a todos aquellos que reclaman la independencia de Papúa Occidental, así como a sus familiares directos.

Sin periodistas extranjeros

Además, Indonesia presiona a cualquier periodista extranjero que intente conocer la opinión de quienes se atreven a poner en tela de juicio el ‘statu quo’ impuesto por Yakarta. Por supuesto, la prensa local jamás se hace eco de asuntos que estorben al poder. Hace algo más de diez años, dos periodistas franceses, Thomas Dandois y Valentine Bourrat, fueron detenidos en esta isla cuando grababan un documental para el canal Arte sobre el movimiento separatista en Papúa Occidental. Ambos dieron con sus huesos en la cárcel por espacio de dos meses y quince días en el penal de Jayapura, ciudad interior cercana a la frontera de la otra mitad de la isla, la nación soberana de Papúa Nueva Guinea. Este país prácticamente no tiene tratos, ni vuelos, con Indonesia. Yakarta les acusó de ejercer su trabajo como periodistas con visados de turista. Cuando reconocieron los hechos y pidieron perdón públicamente, fueron deportados. Romper las leyes de inmigración en Indonesia puede suponer al causante penas de hasta cinco años de prisión. A su vez, Indonesia jamás concede visados de trabajo a periodistas que desean tratar temas como el del movimiento independentista papú.

En esta región, los movimientos insurgentes son bien conocidos. Hace solo dos años, el Ejército de Liberación de Papúa Occidental (conocido por sus siglas TPNPB), brazo armado del Movimiento de Liberación de Papúa (OPM), secuestró durante 19 meses al piloto comercial neozelandés Philip Mehrtens. Tras una negociación entre el comandante local, Egianus Kogoya, y los militares indonesios, el piloto fue liberado gracias al apoyo diplomático neozelandés. Es habitual que en las zonas con menor densidad de población se secuestre a extranjeros con la idea de utilizarlos, no solo como moneda de cambio, sino con fines propagandísticos, para así mostrar al mundo la desastrosa situación en que se encuentra el pueblo de Papúa Occidental.

En esas zonas remotas, de difícil acceso, son comunes desde hace 70 años los enfrentamientos entre guerrillas independentistas y militares de Yakarta, cada vez más frecuentes desde hace un lustro. Según los nativos, son ya demasiadas las bajas que están sufriendo por los adelantos militares de Indonesia y la imposibilidad de que el resto del mundo pueda ser testigo de esta masacre.

Inversiones y mano dura

Las hostilidades han aumentado porque los sucesivos gobiernos indonesios tratan de imponer políticas contra la insurgencia basadas en operaciones militares o en programas de desarrollo y una supuesta autonomía que no satisface para nada a los papúes. El descontento indígena se debe a que Yakarta se niega a reconocer sus demandas con inversiones y mucha mano dura.

Pero Yakarta siempre supo de la escasa predisposición papú. Y por eso, en un programa de transmigración sin precedentes, cambió por la fuerza la demografía de la región tras haber enviado a cientos de miles de indonesios llegados de otras partes del país, esencialmente de las islas de Java, Sumatra y Célebes (Sulawesi). Con este cambio de población, los papúes ya no son mayoría en algunos lugares de su propia tierra, de la que han sido desplazados o por la que han muerto en los constantes enfrentamientos entre los indígenas y los militares. La mayoría del trabajo oficial siempre ha ido a parar a los que llegan de fuera, quienes, sin capacidad crítica, saben a qué han ido a Papúa Occidental. Esa oferta laboral suele concentrarse en las grandes ciudades donde el nativo, al contrario que en las zonas de interior, ya no es mayoría.

Otro asunto que molesta al indígena es el concepto de territorio especial: Yakarta considera a esta región como una zona autónoma, algo que los papúes niegan. Además, aseguran que el anterior presidente, Joko Widodo, prometió durante su primer mandato mejoras e incluso liberar a varios presos políticos papúes. Pero todo se rompió durante una manifestación pacífica en las tierras altas de Papúa en 2015, cuando los militares indonesios abrieron fuego matando a numerosas personas, incluidos cuatro adolescentes.

Tras negarse a abrir la zona a periodistas extranjeros, Widodo decidió, durante su segunda legislatura iniciada en 2019, apaciguar el conflicto invirtiendo en la zona en forma de autopistas, mejoras en las pequeñas ciudades y creación de zonas turísticas estratégicas. Además, impulsó el más polémico de los proyectos para el pueblo papú: las kilométricas plantaciones para producir aceite de palma que han destruido miles de hectáreas de bosques primarios y jungla y el hábitat de los nativos que no residen en la zona costera.

Benny Wenda es el actual líder tribal de Papúa Occidental en el exterior. Tras luchar contra la invasión indonesia y haber pasado temporadas en la cárcel, se exilió en Londres, donde lleva residiendo más de 20 años defendiendo la causa papú tanto en el Parlamento Británico como en el Parlamento Europeo y en la ONU. Pero, para Apey Tarami, líder del movimiento Por la Solidaridad y Democracia del Pueblo Papú en Sorong, su tiempo, el de Benny Wenda, ya pasó.

«Amenazados y vigilados»

«Él ya no sabe lo que ocurre aquí. Ha dejado el día a día para convertirse en alguien que no conoce nuestra propia causa. Se ha moderado», asegura a ABC Tarami. «Cada vez que organizamos en la ciudad trabajos de concienciación de nuestro pueblo, somos reprendidos, golpeados, amenazados y detenidos. Nos vigilan las redes sociales. Y no disponemos de un solo periodista que quiera hacernos de altavoz. Si esta falta de las libertades más esenciales continúa, estaremos dispuestos a llevar la lucha armada hasta dentro de las ciudades», denuncia con rotundidad.

El actual presidente, Prabowo Subianto, intervino en septiembre de forma apasionada en la Asamblea General de las Naciones Unidas reivindicando el Estado palestino mientras golpeaba el atril reclamando ayuda para Gaza, el pueblo sometido. Tras ver su intervención, que los medios indonesios han repetido sin cesar en las televisiones nacionales, Apey Tarima echó de menos algo: «Me avergüenzo de que el presidente indonesio acuse a Israel de machacar a Palestina cuando él mismo y los anteriores mandatarios de Yakarta llevan décadas aplastándonos, sometiéndonos, robándonos, encarcelándonos. ¡Qué incoherencia!», denuncia Tarami.

Además, reclama que no solo los Estados Federados de Micronesia y Vanuatu apoyen la causa de la República de Papúa Occidental: «¿No es Europa la tierra de las libertades, la que apoya de forma masiva al pueblo palestino? ¿Pues a qué esperan para apoyar nuestra causa? ¿A que nos exterminen?».

«El poder es vuestro, la ciudad os pertenece», proclamó Mamdani a los miles de seguidores congregados allí y a las decenas de miles que lo seguían por la pantalla en centenares de fiestas de celebración de los resultados por toda la ciudad.

Su victoria era esperada, después de haberse impuesto en las primarias demócratas del pasado junio y habiendo llegado al final de la campaña con una ventaja cómoda en las encuestas frente a su principal rival, Andrew Cuomo, el exgobernador del estado de Nueva York. Con más del 91% de los votos escrutados, Mamdani obtenía algo más del 50% de los apoyos, frente al 41,6% de Cuomo.

Pero, aunque fuera esperada, esta victoria no deja de ser un calambrazo fenomenal a la política de la Gran Manzana y de más allá: Mamdani es joven e inexperto –34 años y solo cinco de ellos como diputado en la Asamblea estatal–, ha defendido un programa indisimuladamente socialista en la capital financiera global y, cuando jure su cargo en enero, será el primer alcalde musulmán de Nueva York (o de cualquier otra gran ciudad de EE.UU.). En la Gran Manzana, se estima que hay un 10% de población musulmana, pero su peso político hasta ahora ha sido insignificante.

Sobre el escenario, la sonrisa amplia de Mamdani, una de sus marcas políticas, se abría una vez más ante el éxtasis que le recibió cuando apareció a celebrar la victoria. «Soy joven, pese a mis esfuerzos para envejecer. Soy musulmán. Soy un demócrata socialista. Y lo peor de todo, me niego a pedir perdón por nada ello», dijo ante el estruendo de su parroquia.

Desde que anunció su intención de presentarse a la alcaldía hace un año –entonces se le tomaba como un candidato anecdótico, no le conocía absolutamente nadie–, Mamdani ha hecho un uso maestro de las redes sociales y de su imagen fresca y afable, y ha sabido movilizar al electorado joven, el músculo de su campaña.

Una de las claves de la noche electoral fue la enorme participación, la mayor desde finales de la década de 1960, cuando la implicación política era mucho mayor. Buena parte de la victoria tiene que ver con el protagonismo de los jóvenes, que son el núcleo del ejército de 105.000 voluntarios con los que Mamdani ha peinado los barrios de toda la ciudad durante meses.

Fiesta desenfrenada

«Gracias a la siguiente generación de neoyorquinos que se negaron a aceptar que la promesa de un futuro mejor era una reliquia del pasado», dijo. Fuera del teatro, estallaba la alegría, en una noche de claxones, gritos de ‘Zohran, Zohran’, banderas palestinas –su posición contra Israel ha motivado a parte del electorado– y fiesta desenfrenada. En pocos lugares como en la fiesta de los Demócratas Socialistas de América (DSA), la facción izquierdista de los demócratas, a la que pertenece Mamdani y que aboga por los recortes a la policía, la salida de EE.UU. de la OTAN o las puertas abiertas para la inmigración.

«En la izquierda no estamos acostumbrados a triunfos así», reconocía a este periódico Jeremy Fowles, eufórico, en la cola para entrar, con la chavalería bebiendo cerveza y dándose abrazos.

No le faltaba razón. Pero Mamdani ha sabido utilizar su mensaje populista de izquierdas en las aguas turbulentas de la política de EE.UU.: la conmoción por la agresividad de Donald Trump en su regreso al poder, el hastío con el coste disparado de la vida en Nueva York, el hambre por un mensaje de cambio y la desafección con el ‘establishment’ del Partido Demócrata.

«Con todo lo difícil que ha sido la campaña, eso ha sido la parte fácil. Lo complicado viene ahora», aseguraba Fowles. También acertaba, porque Mamdani ha prometido un cambio radical para Nueva York, con propuestas socialistas de ejecución complicada, que ahora sudará para llevar a cabo: congelamiento de buena parte de los alquileres, gratuidad de los cuidados infantiles de 0 a 5 años, autobuses gratis, aumento de los impuestos a las rentas más altas y a las empresas o tiendas de comestibles públicas.

En su discurso, comparó la ambición de su agenda con la de Fiorello Laguardia, alcalde de la ciudad entre 1934 y 1946, uno de los regidores más recordados. Pero en sus palabras había más idealismo y grandes frases que concreción sobre cómo cumplir con sus propias expectativas: «La esperanza está viva», «elegimos esperanza frente a tiranía, esperanza frente a desesperanza», «respiramos el aire de una ciudad que ha renacido»… Y una frase prestada del líder histórico socialista de EE.UU., Eugene Debs, con la que inició su discurso: «Puede ver el amanecer de un mejor día para la humanidad».

La cita de Debs fue solo un detalle de la intención de Mamdani de no renunciar a su izquierdismo. En su propia papeleta, marcó su nombre como candidato del Partido de las Familias Trabajadoras –organización izquierdista– no del Partido Demócrata.

«Las recetas socialistas son una garantía de fracaso», criticaba Michael, un joven que no quiso dar su verdadero nombre, fuera del teatro donde Mamdani celebraba la victoria. «La ciudad solo va a empeorar, a ser más pobre e insegura», añadía.

El nuevo alcalde tendrá también que demostrar que la moderación de su mensaje en la recta final de la campaña no ha sido solo una estrategia electoral. Entre sus debilidades políticas estaban su activismo en las protestas antiisraelíes por la guerra en Gaza, en las que usó eslóganes como ‘globalizar la intifada’ o ‘desde el río hasta el mar, Palestina será libre’. También calificó a la policía de «racista» durante las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd en 2020 y defendió los recortes presupuestarios a la policía. En campaña, ha matizado o abandonado esas posiciones.

Adiós al ‘establishment’

La victoria de Mamdani es también la derrota del ‘establishment’ demócrata, representado por su gran rival en esta cita con las urnas:, Cuomo. El exgobernador del estado de Nueva York,, que dimitió de ese cargo en 2021 en medio de un escándalo de acusaciones de agresiones sexuales, concurrió en las primarias del pasado junio como el candidato del partido, con el apoyo de sus grandes donantes. Los votantes demócratas le pegaron una voltereta y eligieron a Mamdani, que hizo del coste de la ciudad su mensaje principal y de Cuomo el centro de sus ataques.

Pero Cuomo decidió seguir en campaña y se presentó como independiente, en un intento de aglutinar el voto ‘anti Zohran’. Pero ni la retirada de otro candidato independiente –Eric Adams, el actual alcalde, afectado por los escándalos de corrupción– ni el apoyo de última hora de Trump –pidió a los republicanos que fueran en masa a votar a Cuomo y no al candidato de su partido, Curtis Sliwa– han doblegado a Mamdani.

La victoria del socialista abre un nuevo ciclo político en Nueva York –esperanzador para algunos, desolador para otros–, pero también más allá. Primero, porque Mamdani y su discurso son el enemigo perfecto para los ataques de Trump contra los demócratas. Algo que el próximo alcalde ya demostró en su discurso que tampoco va a dejar de aprovechar: «Para coger a cualquiera de nosotros vas a tener que atravesarnos a todos nosotros», le dedicó, en una advertencia sobre la posibilidad de que el presidente de EE.UU. arrecie sus redadas contra inmigrantes indocumentados u ordene el despliegue del ejército.

Pero, además, porque la victoria del socialista renovará el debate en su partido: los izquierdistas del Partido Demócrata no tardaron en utilizarla para defender que ese es el camino que deben seguir en todo el país. «Hoy hay un entusiasmo que no veía desde Barack Obama», defendió la fiscal general de Nueva York, Letitia James. «Lanza el mensaje de que el Partido Demócrata no aguantará mucho más si sigue negando su futuro, si sigue despreciando a nuestros jóvenes», dijo la diputada Alexandria Ocasio Cortez. «Sí, podemos crear un gobierno que represente a la clase trabajadora y no al 1%», escribió en su red social el senador Bernie Sanders. Pero es indudable que, fuera de la burbuja progresista que es Nueva York, muchos demócratas siguen pensando que un joven socialista no es la fórmula del éxito.

Nacido en Lincoln (Nebraska), en 1941, falleció a causa de una neumonía y de enfermedades cardíacas y vasculares, según informó su familia en un comunicado. Añadieron que su esposa, Lynne, sus hijas, Liz y Mary, y otros miembros de la familia lo acompañaban en su lecho de muerte.

Su influencia, según todos los parámetros posibles, había sido ya desmesurada. Y, de forma totalmente inesperada, casi desconcertante, Cheney, un conservador de trayectoria impoluta y férrea ortodoxia republicana, acabó sus días apoyando y votando por una candidata demócrata a la presidencia con uno de los programas más a la izquierda del país.

Durante el apogeo neoconservador del segundo George Bush, el vicepresidente lo fue todo un paso atrás de un presidente tan campechano como ajeno a las intrigas de Washington, una capital repleta de trampas, ambiciones cruzadas y lealtades fingidas. Cheney era un maestro en el arte de conducirse en semejante pantano, pues había pasado por mil y un empleos.

Su rastro dejó huella en el Capitolio, en la Casa Blanca y en el Pentágono. Fue jefe de gabinete de la Casa Blanca con Gerald Ford entre 1975 y 1977, cargo en el que consolidó su reputación como operador político eficaz.

En 1979 fue elegido diputado de la Cámara de Representantes por Wyoming, escaño que mantuvo durante una década y que en un futuro heredaría su hija Liz. En ese tiempo presidió el Comité Republicano de Política de la Cámara, dirigió la Conferencia Republicana y llegó a ser número dos del grupo parlamentario como jefe adjunto de la minoría.

Con la llegada de la administración demócrata de Bill Clinton, Cheney abandonó el Gobierno y pasó al sector privado. Se incorporó al ‘think tank’ conservador American Enterprise Institute y formó parte del Council on Foreign Relations entre 1993 y 1995, tras haber sido también miembro de su junta durante su etapa final en el Congreso.

En octubre de 1995 asumió la presidencia y dirección ejecutiva de Halliburton, una de las mayores empresas de servicios petroleros del mundo, gran motor de influencia con una formidable legión de lobistas en Washington. Bajo su gestión, la compañía creció de forma significativa, pero se enfrentó críticas por falta de transparencia contable tras una fusión con Dresser Industries en 1998. Halliburton fue objeto de demandas colectivas y de una investigación por corrupción en Nigeria, que se resolvió con un acuerdo extrajudicial de 250 millones de dólares.

Su fortuna personal, estimada entre 19 y 86 millones de dólares, proviene en gran medida de su paso por Halliburton. Su salida fue una sorprendente pirueta: en 2000, George W. Bush encargó a Cheney que dirigiera la búsqueda de su futuro vicepresidente, confiando en su criterio y experiencia. Cheney entrevistó a varios candidatos y analizó sus historiales, y se propuso a sí mismo.

Tras el agónico recuento de Florida en 2000, y la llegada del segundo Bush al poder, Cheney mantuvo un perfil bajo, como todos los vicepresidentes, hasta los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Aquel aciago día, con Bush de viaje a Florida, Cheney se encerró en el búnker de la Casa Blanca y por unos momentos tomó las riendas de una crisis sin precedentes, con aviones descontrolados en el cielo, dos de ellos dirigiéndose hacia la capital.

Arquitecto de la guerra

Durante sus dos mandatos se convirtió en el principal estratega de la respuesta de la Casa Blanca a los atentados. Asumió un papel central en el diseño de la llamada Guerra contra el Terrorismo y en las decisiones de desplegar fuerzas militares primero en Afganistán (2001) para atacar a Al Qaida y al régimen talibán que la albergaba. Y después en Irak (2003), donde defendió públicamente la invasión alegando que el régimen de Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva.

Cheney afirmó erróneamente que las tropas estadounidenses serían recibidas como «libertadores» y, años después, describió la insurgencia en Irak como «en sus últimos estertores», mientras las operaciones militares se prolongaban durante años. La guerra en Irak se extendió oficialmente hasta 2011, con casi 5.000 soldados estadounidenses muertos, y el conflicto en Afganistán continuó hasta la retirada final de 2021, con más de 2.300 militares estadounidenses fallecidos.

Coordinó la captura y el traslado de supuestos terroristas, desplazados a cárceles secretas. Apoyó convertir la base naval de Guantánamo, en Cuba, en una suerte de prisión de máxima seguridad para combatientes extranjeros, y creó un problema aún irresuelto, pues quedan allí 15 detenidos a los que aun no se ha juzgado, y a los que no se puede trasladar por un veto del Capitolio.

También intervino en la decisión de negarle a determinados detenidos el amparo de los convenios de Ginebra y someterlos a comisiones militares especiales. Respaldó el uso de «técnicas de interrogatorio reforzadas», entre ellas el ahogamiento fingido, que él calificó de «obvias» o «de sentido común» para salvar vidas, y defendió que esas prácticas contribuyeron a impedir nuevos atentados en territorio estadounidense durante siete años y medio.

En el plano interno, Cheney impulsó una expansión del poder presidencial y la adopción de nuevas herramientas legales y operativas frente al terrorismo. Bajo su dirección se autorizó un programa de vigilancia doméstica sin orden judicial, que sorteaba los cauces habituales de supervisión del Congreso y de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

Cheney sostuvo de forma reiterada que el 11-S revelaba un nuevo tipo de amenaza, en la que grupos como Al Qaeda podrían emplear armas de destrucción masiva facilitadas por estados hostiles, y que ello requería actuar de forma preventiva y con menos restricciones legales. Con el tiempo, y especialmente en el segundo mandato, parte de esas políticas fue corregida: la Casa Blanca puso fin a esa tortura oficial, cerró las cárceles secretas de la CIA y sometió la vigilancia electrónica a un marco legal aprobado por el Congreso y los tribunales.

Su jefe de gabinete, Scooter Libby, fue condenado en 2007 por perjurio y obstrucción a la justicia en el caso del filtrado de la identidad de la agente de la CIA Valerie Plame. Tras la condena, George W. Bush conmutó la pena de prisión, pero no le concedió el indulto completo. Cheney presionó repetidamente a Bush para que firmara ese perdón total, alegando que se trataba de una «grave injusticia» y que debía repararse.

La negativa de Bush a ir más allá de la conmutación abrió una brecha entre ambos: Cheney salió de la Casa Blanca todavía convencido de que el presidente había errado al no rehabilitar por completo a su colaborador más cercano en ese caso. Fue un divorcio lento del Partido Republicano.

La hija mayor de Cheney, Liz, fue diputada por Wyoming, en el escaño que ocupo él, entre enero de 2017 y enero de 2023. Durante su escaño, alcanzó puestos de gran liderazgo como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara entre 2019 y 2021.

Pero ella rompió con Donald Trump tras las elecciones de 2020 y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021: Liz Cheney criticó públicamente las falsas denuncias de fraude electoral de Trump y su responsabilidad en los hechos, y votó a favor de su segundo ‘impeachment’. Su padre la apoyó en esa campaña y en el trabajo que ella desempeñó en el comité de investigación del 6 de enero, reforzando su respaldo a la defensa de la Constitución frente al partido.

En las últimas elecciones, él reveló por media de la hija que votaría a Kamala Harris, miembro de una administración que ordenó la salida de Afganistán y trató de enterrar del todo el legado neoconservador de Cheney y su generación.

«Mi obligación es liderar este país y estoy convencido de que la ciudad de Nueva York será un completo desastre económico y social si gana Mamdani», defendió Trump en un mensaje en su red social el lunes por la noche. «Prefiero mucho más que gane un demócrata, que tiene un historial de éxitos, que lo haga un comunista con un historial completo y total de fracaso».

Mamdani fue el ganador de las primarias demócratas el pasado junio, en las que se impuso contra pronóstico a Cuomo, el exgobernador del estado de Nueva York, que concurría con el apoyo del ‘establishment’ demócrata y de los grandes donantes del partido.

Desde esa victoria, Mamdani se ha convertido en uno de los objetos habituales de los ataques de Trump, que nació, creció y desarrolló la mayor parte de su carrera en Nueva York.

Mamdani pertenece a la facción más izquierdista de los demócratas

Mamdani es un integrante de los llamados Demócratas Socialistas de América (DSA), la facción más izquierdista de los demócratas, con un programa extremista de corte socialista. Trump le ha calificado siempre de «comunista».

Durante la campaña, el presidente había dado señas de que era necesario aglutinar el voto ‘anti Zohran’ alrededor de la figura de Cuomo, que permaneció en la batalla electoral como candidato independiente. Presionó al actual alcalde, Eric Adams, para que abandonara su propia candidatura independiente, lo que acabó haciendo. Y nunca impulsó al candidato republicano, Curtis Sliwa, que no ha tenido opciones en ningún momento para ganar -como suele ocurrir aquí con los candidatos conservadores-, pero que tiene suficientes apoyos como para dificultar en gran medida cualquier opción de Cuomo.

El acumulado de sondeos de ‘RealClearPolitics’ da a Mamdani el 45,8% de los apoyos, frente al 31,1% de Cuomo y al 17,3% de Sliwa.. Algunas encuestan aseguran que el exgobernador a recortado la distancia en los últimos días frente al candidato izquierdista y musulmán, pero Mamdani sigue siendo el favorito absoluto.

Eso ha motivado la muy rara decisión de Trump de entregar su adhesión a un candidato del Partido Demócrata, y con quien también ha tenido batallas abundantes (por ejemplo, por la gestión de la pandemia en su primer mandato, cuando Cuomo era aquí el gobernador). Y, al mismo tiempo, de pedir que sus seguidores que no voten al candidato de su partido.

«Hay que recordar esto: el voto a Curtis Sliwa es un voto a Mamdani», advirtió. «Os guste Andrew Cuomo o no, no hay elección. Le tenéis que votar y confiar en que haga un trabajo fantástico. ¡Él es capaz, Mamdani no!», escribió.

Trump criticó la falta de experiencia de Mamdani

En su mensaje, Trump criticó la falta de experiencia de Mamdani, que solo ha estado cinco años como diputado estatal y que ahora se encuentra a un paso de gestionar uno de los mayores presupuestos públicos de la primera potencia mundial y con un programa socialista. Y amenazó, en una situación que preocupa a algunos neoyorquinos, con cortar el grifo federal si el joven candidato -tiene 34 años- gana la alcaldía.

«Es muy improbable que yo envíe fondos federales, más allá del mínimo requerido, a mi querida primera casa, por la razón de que, por ser comunista, esta ciudad que fue grande tiene cero posibilidades de éxito o de supervivencia», dijo.

El apoyo de Trump es un arma de doble filo para Cuomo. El exgobernador ha tratado de mostrarse en campaña como el único candidato capaz de hacer frente al presidente, al contrario que el bisoño Mamdani. Pero el apoyo de Trump le puede retratar como un aliado de alguien mayormente impopular en la ciudad de Nueva York, pese a que creció con fuerza aquí en las elecciones presidenciales del año pasado.

«El presidente tiene razón», reaccionó Cuomo en una entrevista en radio. «Un voto a Sliwa es un voto a Mamdani».

Mamdani aprovechó la adhesión de Trump para atacar a Cuomo. «En estos últimos días, lo que se rumoreaba, lo que se temía, se muestra a las claras», dijo en un mitin en su barrio, en Astoria, en el distrito de Queens. «El respaldo a Andrew Cuomo por parte del movimiento MAGA (la marca política de Trump) refleja el convencimiento de Donald Trump de que él será el mejor alcalde para sus intereses, no el mejor alcalde para Nueva York o los neoyorquinos».

Este granjero, que fue profesor de escuela en otra vida, no habla mucho con su hermana. «Ella es muy de Trump», explica con una sonrisa triste. «Como casi todos por aquí», añade, apuntando a las granjas y campos de cultivo de alrededor.

Este miércoles es 5 de noviembre y se cumple un año de aquella victoria histórica de Trump. Una remontada política difícil de anticipar después de que una turba de sus seguidores asaltara el Capitolio, después de que recibiera cuatro imputaciones penales y fuera el primer expresidente condenado por delitos. Y un año desde el comienzo de un nuevo ciclo trumpista, todavía más rupturista y más polarizante. Para algunos, es la nueva era dorada de Estados Unidos. Para otros, un descenso al autoritarismo, hacia el final de la democracia más vieja del mundo, cuando está a punto de cumplir 250 años.

Stewart, con una sudadera del equipo del instituto local con las manchas del trabajo, está entre los segundos. «El país no va en buena dirección», defiende. Y dice que su padre no peleó en la Segunda Guerra Mundial «para que el poder esté en manos de un dictador, de un rey».

Habla desde un lugar que no es territorio tradicional republicano, ni siquiera trumpista, pero que ejemplifica como pocos el triunfo del multimillonario neoyorquino. El condado de Monroe tiene una mezcla de campo, pequeña ciudad con universidad, destino turístico -las montañas Poconos- y tejido suburbano que se ha inclinado tradicionalmente a los demócratas. Aquí no ganaba un republicano en votaciones a nivel estatal desde 2010. Pero Trump mejoró en siete puntos su desempeño en Monroe respecto a las elecciones de 2020 -las que perdió con Biden-, el mayor incremento para cualquier condado en Pensilvania, el estado más decisivo de las presidenciales, donde los candidatos vinieron y volvieron sin parar, donde llovieron cientos de millones de dólares de las campañas y donde Trump estuvo a milímetros de perder la vida en un atentado durante un mitin. Y pintó este condado de rojo republicano.

Ese rojo -y una variedad infinita de naranjas y amarillos- explota en este momento del otoño en los bosques por los que serpentea la carretera camino de Alaska Pete’s, un restaurante de carretera cerca de Marshall’s Creek donde espera Peter Begley, el presidente de los republicanos del condado de Monroe.

«Estamos eufóricos», dice Begley. «Trump está siendo mejor de lo que esperábamos, y esperábamos mucho. Es una nueva edad dorada». Viste camiseta roja del presidente y repasa lo que considera sus logros: los acuerdos de paz logrados por todo el mundo, el control de la frontera frente a la entrada masiva de inmigrantes indocumentados, la implementación de aranceles, la eliminación de la agenda LGBTQ, la caída del precio de la gasolina…

Desprecia las acusaciones de los demócratas sobre los abusos autoritarios de Trump, su colonización de las instituciones, las fricciones con el poder judicial, el despliegue del Ejército en territorios demócratas, el uso de la Fiscalía para perseguir rivales políticos… «Ningún rey permitiría una manifestación con el lema ‘No a los reyes’», asegura sobre las dos grandes movilizaciones demócratas contra Trump en los últimos meses.

Polarización en EE.UU.

«Los demócratas no son patriotas, no aman la Biblia», critica Begley. «Tus derechos vienen de Dios», informa. Y concede con la boca pequeña que le preocupa la creciente polarización. «Me gustaría que no ocurriera, pero solo se habla de eso cuando la izquierda no está en el poder».

La división son siempre los otros. Queda claro después de charlar con vecinos de este apacible rincón de EE.UU., donde parece que no pasa nada, más allá del viento que empuja las hojas ya muertas. «Que haya tanta división es por culpa de los otros», dice Jennifer Hallstrom, que forma parte del club local de mujeres republicanas. «Para ellos, eres una persona horrible si vas con Trump».

«No se puede hablar con los trumpistas», replica sobre ellos Cinthya Hamill, quien imparte clases en la Universidad de East Stroudsburg, la pequeña ciudad de este condado. «Para ellos, Trump es el rey del mundo y es infalible». Para ella, la política del actual presidente es «cruel» y una «deriva fascista».

Desde East Stroudsburg, con una calle principal coqueta y llena de homenajes a los militares locales caídos en servicio, solo hay que cruzar el río Delaware, que baja por sus afueras, para entrar en Nueva Jersey. Rumbo hacia el este, la autopista es un espectáculo otoñal hasta que las inmediaciones de la zona metropolitana de Nueva York convierten el paisaje en suburbio: hileras de casas con jardín, sucesión de gasolineras, Starbucks y locales de comida rápida y ‘strip malls’, los pequeños complejos comerciales que dominan la América que está entre el campo y la ciudad.

Ese es el aspecto de Wayne, en el condado de Passaic, otro de los territorios que Trump cambió de color hace un año. Aquí su voto se disparó casi en veinte puntos respecto a 2020. Entre quienes optaron por él está Richard Seylaz, un comerciante de diamantes, con negocio en Manhattan y vida en este suburbio. Dice que es independiente, pero habla como un convencido de Trump. «Me siento más seguro y la economía va en la dirección correcta», resume sobre su satisfacción con el presidente republicano, del que no alaba sus formas: «Es un abusón, pero es que en estos tiempos necesitamos un abusón».

Seylaz cree que la inmigración es una de las razones por las que creció tanto Trump aquí. La presencia inmigrante no pasa desapercibida en el centro de Paterson, la ciudad de este condado, donde más del 60% de la población es hispana. Ese electorado fue una de las claves de la elección de hace un año. Trump -con su discurso de mano dura migratoria- consiguió el 46% de los votos de los hispanos, más que ningún candidato republicano a la presidencia.

«Aquí hay mucha gente que se está arrepintiendo», dice George Anthony desde una imponente mansión de una donante del Partido Demócrata que acoge un acto con candidatos a las elecciones locales de este martes en Nueva Jersey, donde está en juego, entre otros, el gobernador del estado. «El año pasado la gente quería un cambio, sobre todo por la economía. Muchos de los nuestros le votaron», dice Anthony, de origen puertorriqueño y que actúa como nexo del partido con las comunidades hispanas de Paterson. «Hay muchos mexicanos y dominicanos arrepentidos».

Es difícil saber si eso es un deseo o una realidad. Ningún votante con el que ha hablado este periódico reniega de su decisión del año pasado. Las encuestas, sin embargo, muestran dos elementos que son habituales en Trump a nivel nacional: baja popularidad y gran división. El último sondeo de Ipsos para ABC News y ‘The Washington Post’ coloca a Trump con una popularidad de 41%, el porcentaje más bajo para esta encuestadora desde el asalto al Capitolio, en enero de 2021. Pero con el apoyo del 86% de los republicanos y la oposición del 95% de los demócratas (el suspenso del 69% de los independientes es lo que más inclina la balanza).

Próximas pruebas

Esta elección a gobernador en Nueva Jersey, como la que se celebra en Virginia para el mismo cargo, servirá para tomar la temperatura del votante. También la que tiene como protagonista al socialista y musulmán Zohran Mamdani para la alcaldía de la mayor ciudad del país, Nueva York.

Desde Paterson, una maraña de autopistas, túneles y puentes salva los suburbios de Nueva York hasta llegar a Manhattan y, poco después, a Queens, el distrito de Mamdani. Y también el lugar donde se crió Trump. Aquí no ganó el presidente -la victoria demócrata es perenne, como el atasco-, pero creció una barbaridad, 22 puntos (igual que en el Bronx). «La gente está muy enojada con los inmigrantes que vienen de forma ilegal y les dan todo gratis», dice Nidia Olvera, que votó a Trump y lo seguirá haciendo, desde Roosevelt Avenue, el gran enclave hispano del distrito.

«La parte internacional la está manejando muy bien», dice sobre el presidente María Fernanda Cuéllar, de origen colombiano, encantada de las embestidas de Trump contra Gustavo Petro. Pero no le votó el año pasado y tampoco se arrepiente. «En política nacional, es un desastre». En este periplo del campo a la ciudad, en territorios donde creció Trump hace un año, apenas hay unanimidad en una cosa: la división.

La Fiscalía de la Corona sostiene que Williams protagonizó dos agresiones con cuchillo en menos de un día: la primera en la madrugada del pasado sábado, en una estación del este de Londres, y la segunda horas después, durante el ataque a bordo de un tren en Cambridgeshire que dejó diez personas heridas. La Policía no considera que los hechos tengan «motivación terrorista» y mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas una evaluación sobre la salud mental del acusado.

El primer episodio, del que se ha informado este lunes, se produjo en torno a las 00.46 del sábado en la estación de Pontoon Dock, en la red Docklands Light Railway (DLR), donde, según la Policía de Transporte británica, un pasajero sufrió heridas en la cara después de ser atacado con un cuchillo.

El agresor logró huir del lugar antes de la llegada de los agentes, pero las grabaciones de circuito cerrado de televisión y los testimonios de testigos permitieron posteriormente vincular este suceso con Williams, que fue detenido la tarde del mismo día en Cambridgeshire, tras el segundo ataque, que ocurrió hacia las 19.39 del sábado en un tren de alta velocidad de la compañía London North Eastern Railway (LNER), que viajaba de Doncaster a King’s Cross, en Londres.

Poco después de la salida de Peterborough, el acusado habría comenzado a agredir a los pasajeros con un cuchillo, lo que provocó el pánico entre los viajeros. Entre las víctimas figura un trabajador ferroviario que intentó detenerlo y que, según confirmaron fuentes médicas, continúa hospitalizado en estado crítico. El tren fue desviado hasta la estación de Huntingdon, donde agentes armados detuvieron al sospechoso.

El subjefe de la Policía de Transporte, Stuart Cundy, describió la actuación del trabajador como «heroica» y apuntó que «sin duda, salvó vidas», mientras que la responsable de Transporte, Heidi Alexander, declaró que «hay personas que hoy están vivas gracias» a él, y confirmó que el trabajador sigue en cuidados intensivos. «Se interpuso deliberadamente entre el atacante y los pasajeros», añadió Cundy, al presentar los primeros resultados de la investigación. Alexander señaló que «aún hay muchas preguntas que deben ser respondidas».

Tras los ataques, el Gobierno ordenó un refuerzo de la presencia policial en las principales estaciones de Londres, como King’s Cross y St Pancras International, donde este lunes se observaban agentes armados y perros rastreadores en los accesos.

La Fiscalía de la Corona precisó en un comunicado que los once cargos de intento de asesinato corresponden a los dos ataques atribuidos al acusado: diez por los hechos ocurridos en el tren y uno por el ataque previo en Pontoon Dock. Además, se le imputan dos delitos de posesión de arma blanca y otro de lesiones con «daño corporal real», este último relacionado con una agresión a un agente en dependencias policiales después de su detención.

La jefa de turno de la Fiscalía, Tracy Easton, explicó que «la decisión de presentar cargos se adoptó tras revisar un gran volumen de pruebas, incluidos registros de CCTV y testimonios de testigos», y añadió que «los cargos se mantendrán bajo revisión a medida que avance el caso».

Un ex jefe de la Policía de Transporte, Andy Trotter, señaló en declaraciones a la prensa local que «el suceso fue manejado de manera eficaz por el maquinista, el personal ferroviario y los servicios de emergencia», y pidió «una revisión más amplia de la seguridad en trenes y estaciones, así como de la dotación de agentes en la red».

El Gobierno, por su parte, insiste en que el sistema ferroviario británico sigue siendo un entorno de baja criminalidad, y Heidi Alexander afirmó que las medidas de seguridad se revisarán «de manera proporcionada» y descartó la instalación de controles tipo aeropuerto por considerarlos impracticables en una red que mueve millones de pasajeros cada día.

Otro pasajero, entrevistado por ‘The Telegraph’, explicó que al principio pensó que era «una broma de Halloween». «Entonces vi a una persona cubierta de sangre y comprendí que era real. El agresor tenía la mirada perdida, caminaba como si estuviera poseído. Era alto, negro, de unos treinta años, y avanzaba hacia nosotros con el cuchillo en la mano. En ese momento pensé que no saldríamos vivos de allí».

La escena duró catorce minutos que se vivieron como una eternidad para las decenas de personas atrapadas en un tren en movimiento. El convoy de la compañía London North Eastern Railway se detuvo en la estación de Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, a las 19.42, hora local, y ocho minutos después, agentes armados de la British Transport Police (BTP) irrumpieron en el vagón y arrestaron a dos hombres. En los primeros minutos tras la llegada de los equipos de emergencia, la Policía declaró el protocolo «Plato», el código nacional utilizado cuando se responde a un ataque terrorista en curso, antes de que la declaración fuera posteriormente retirada al confirmarse que no existían indicios de terrorismo.

La decisión se tomó después de que los mandos policiales recordaran que, pocas semanas antes, Daesh había difundido un mensaje en el que instaba a «ataques individuales con cuchillos, pistolas o fuego» en Europa y Estados Unidos, especialmente en «transportes y multitudes de cristianos y judíos», lo que llevó a aumentar el nivel máximo de precaución.

Según confirmaron las autoridades, uno de los detenidos fue liberado posteriormente y de momento solo un «ciudadano británico de 32 años» está siendo investigado como sospechoso. Once personas resultaron heridas, dos de las cuales continuaban este domingo en estado crítico.

A la investigación del ataque, que fue calificado por la Policía Británica de Transporte como un «incidente grave», se sumó desde el primer momento la unidad antiterrorista, pero «no hay indicios de que se trate de un atentado terrorista», declaró el superintendente John Loveless, mientras que el ministro de Defensa, John Healey, confirmó que «la primera valoración es que fue un incidente aislado».

«El diablo no va a ganar»

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, afirmó por su parte que «sé que muchas personas estarán haciéndose las mismas preguntas que yo me hago ahora, y es por qué, a pesar de tanta actividad, de tantas medidas y campañas, seguimos viendo cada vez más violencia en nuestras calles», y añadió que «está claro que algo no funciona en nuestra sociedad en este momento. No podemos ser un país en el que la gente haga su vida cotidiana con el miedo a enfrentarse a este nivel de criminalidad violenta».

Según testigos citados por la prensa local, el agresor, vestido completamente de negro, repetía una frase mientras atacaba: «El diablo no va a ganar». La alcaldesa de Huntingdon, Audrey McAdam, declaró que el ataque fue «como una película de terror». «Estoy en shock. Es algo que nunca pensé que podría ocurrir aquí. No puedo imaginar lo que debieron sentir, atrapados en un tren en movimiento».

Pero el ataque, aunque clasificado como un hecho aislado, llega en un momento de creciente alarma por la violencia con cuchillos en el Reino Unido. Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), en el año que terminó en marzo de 2025 se registraron 49.600 delitos con arma blanca en Inglaterra y Gales (sin incluir Greater Manchester), un 1,4 % menos que el año anterior y un 4,5 % menos que en 2019-20. Pese al leve descenso, los niveles continúan siendo muy superiores a los de hace una década, ya que en 2012 apenas se contabilizaron unos 30.000 casos, en 2016 rondaron los 29.000, en 2018 superaron los 41.000 y en 2019 alcanzaron un máximo histórico de más de 52.000, lo que significa que, incluso con las oscilaciones de los últimos años, el país registra hoy alrededor de un 65% más de delitos con cuchillo que hace diez años, una cifra que refleja la consolidación de un problema estructural más que un repunte coyuntural.

El origen de los sospechosos

El Servicio Nacional de Salud (NHS) informó que en 2024-2025 se registraron 3.500 hospitalizaciones por agresiones con objetos punzantes, y Londres, West Midlands y Greater Manchester siguen siendo los epicentros de esta forma de violencia. Con respecto a los agresores, en la capital, uno de cada cinco sospechosos tiene menos de 18 años y tres de cada cuatro se sitúan entre los 16 y 24. En general, más del 40% de los detenidos por delitos con arma blanca son menores de 25 años y el 90% son hombres. En Londres, aproximadamente la mitad de los sospechosos pertenecen a minorías negra o mixta.

El primer ministro Keir Starmer calificó lo sucedido como «un recordatorio doloroso de que la violencia con arma blanca sigue destrozando vidas y comunidades». La ministra del Interior, Shabana Mahmood, pidió, ante el creciente debate sobre el origen de los autores y su relación con la inmigración, «evitar cualquier especulación sobre el origen de los sospechosos, que son ciudadanos británicos». Mahmood subrayó que «el crimen con cuchillo es una crisis social, no un conflicto étnico».

Desde 2019, el Reino Unido ha endurecido notablemente las sanciones por delitos con arma blanca. La posesión de un cuchillo sin causa razonable puede conllevar hasta cuatro años de prisión. En 2023, el Gobierno prohibió los machetes y los llamados «zombie knives», y en 2025 se amplió la lista a ciertos tipos de espadas y cuchillos de hoja larga. Las ventas en línea están sujetas a controles estrictos de verificación de edad y las plataformas pueden ser procesadas penalmente por incumplimiento. En paralelo, las campañas de entrega voluntaria han retirado de los contenedores casi 60.000 cuchillos en el último año, de los cuales 47.000 eran tipo «zombie» y machetes.

El símbolo del cuchillo

El Reino Unido afronta desde hace más de una década un fenómeno que combina miedo, desigualdad y desconfianza. Los jóvenes que portan cuchillos, según información oficial, lo hacen por sentirse inseguros o por presión del grupo, entre otros motivos. En barrios marcados por el desempleo, el crimen y la precariedad, el cuchillo es para muchos, sobre todo en zonas de bandas juveniles, un símbolo de defensa y, al mismo tiempo, de amenaza.

Esa misma sensación de vulnerabilidad atraviesa episodios recientes que han sacudido al país. Esta misma semana, en Londres, un paseador de perros fue asesinado por un ciudadano afgano de 22 años que había llegado al Reino Unido como solicitante de asilo y que, según la Policía, padecía problemas mentales; y el ataque, que no fue clasificado como terrorismo, provocó indignación pública y reabrió el debate sobre la gestión migratoria y los controles de antecedentes de quienes buscan refugio.

Y el año pasado, la conmoción nacional había sido provocada por Axel Rudakubana, un adolescente británico de 17 años nacido en Cardiff de padres ruandeses, que irrumpió armado con un cuchillo de cocina en un taller musical infantil, asesinó a tres niñas de entre seis y nueve años e hirió a varias personas más. La investigación determinó que actuó solo, sin motivación terrorista, aunque en los primeros días se analizó una posible radicalización en línea, finalmente descartada por falta de pruebas.

La Policía de Transporte Británica (BTP, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que las unidades de lucha antiterrorista colaboran en la investigación «para establecer las circunstancias completas y la motivación del incidente», aunque por el momento no se ha atribuido móvil alguno. No obstante, la policía descarta una motivación terrorista, según el superintendente John Loveless, responsable de la policía de transportes. Los interrogatorios a los dos detenidos continúan por separado para comprobar si hay diferentes versiones.

Según testimonios recogidos por la prensa local, el caos se desató unos diez minutos después de que el tren saliera de Peterborough, cuando varios pasajeros comenzaron a gritar que alguien estaba apuñalando a la gente en los vagones delanteros. «Escuché que alguien gritaba ‘corran, corran, hay un hombre apuñalando a todo el mundo’, y al principio pensé que era una broma después de Halloween», relató Olly Foster, uno de los testigos entrevistados por la BBC. Explicó que al intentar ayudar a otros pasajeros notó su mano «cubierta de sangre» y que había «sangre por toda la silla» donde se había apoyado. Foster contó que un hombre mayor intercedió para proteger a una niña y resultó herido en la cabeza y el cuello, mientras otros pasajeros improvisaban torniquetes con chaquetas y ropa. El ataque, según su testimonio, duró entre diez y quince minutos, aunque «pareció eterno».

Sky News informó, citando a varios pasajeros, de que un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones fue visto posteriormente en el andén de la estación de Huntingdon, donde agentes armados le apuntaron con sus armas antes de reducirlo mediante el uso de una pistola táser.

El primer ministro, Keir Starmer, calificó el suceso como «un incidente atroz y profundamente preocupante» y exhortó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades locales. En una breve declaración, expresó su «solidaridad con las víctimas y sus familias» y agradeció la «rápida respuesta» de los servicios de emergencia.

La compañía ferroviaria London North Eastern Railway (LNER), operadora del tren afectado, ha pedido a los pasajeros que aplacen sus viajes, advirtiendo de que las interrupciones en la línea se prolongarán hasta el final de este domingo. Su director general, David Horne, publicó un comunicado en el que se declaró «profundamente consternado y entristecido por este grave incidente» y agradeció a los equipos de emergencia su actuación «rápida y profesional». Añadió que la empresa «hará todo lo posible para apoyar a sus clientes y empleados durante este difícil momento» y aseguró que la prioridad seguirá siendo el bienestar de todos los afectados.

El suceso ha reavivado el debate sobre la violencia con arma blanca en el Reino Unido, un fenómeno que, según datos oficiales, muestra una tendencia ascendente desde 2011. El Ministerio del Interior ha informado de que más de 60.000 cuchillos han sido incautados o entregados voluntariamente en el último año, como parte de una estrategia gubernamental para frenar los delitos con arma blanca. El propio Keir Starmer, antes de su llegada al cargo, describió el fenómeno como una «crisis nacional» que requiere una respuesta coordinada entre el Estado, las comunidades locales y las fuerzas de seguridad. Portar un cuchillo en público sin una justificación razonable puede acarrear penas de hasta cuatro años de prisión.

El ataque en el tren de Huntingdon se produce apenas un mes después del apuñalamiento en una sinagoga de Mánchester, en el que murieron dos personas, un hecho que también generó conmoción dentro y fuera del país.

La Policía de Transporte Británica continúa recogiendo declaraciones y revisando grabaciones de cámaras de seguridad tanto en los vagones como en las estaciones de la línea afectada. Un portavoz del cuerpo señaló que se espera poder ofrecer información más detallada «una vez se haya completado el análisis forense y las entrevistas a testigos».

En la madrugada de este domingo, la estación de Huntingdon permanecía cerrada al público, custodiada por cordones policiales y unidades especializadas.

El jueves la ciudad fue bombardeada con un misil Iskander durante la madrugada. La letal potencia del proyectil logró volcar una furgoneta que todavía no ha sido retirada de lugar. Decenas de ventanas estallaron y de las pequeñas casas cercanas queda poco más que el esqueleto. Los afectados trataban de recomponer sus hogares cuando tres vehículos aéreos no tripulados rusos se abalanzaron sobre la misma área a plena luz del día.

«Llegamos ayer, estábamos ayudando a la gente y entonces atacaron los drones», explica Serguei de 24 años voluntario de la organización Los Ángeles Salvadores. El joven, por segundo día consecutivo, continúa repartiendo los paneles de contrachapado para parchear casas y apartamentos a sus paisanos. «La situación empeora cada mes. Los bombardeos son cada vez más frecuentes y hay drones sobrevolando la zona. Son muy malas noticias y el frente se acerca», resume el joven voluntario.

Rusia mantiene desde 2022 una macabra campaña para sumir a toda Ucrania en el frío y la oscuridad. Los bombardeos, por tercer año consecutivo, se han vuelto a intensificar este otoño. Ahora, Moscú trata de quebrar las instalaciones energéticas región por región. Los apagones de varias horas se han impuesto en casi todo el país y este año el inicio de la temporada de calefacción se retrasó.

La central térmica de Sloviansk, localidad hermana de Kramatorsk que forma parte del cinturón de ciudades libres en Donetsk, fue alcanzada el jueves. Dos trabajadores murieron. «La gente normal no libra guerras de esta manera, y el mundo debe responder como corresponde a este tipo de tácticas bélicas rusas», denunció el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski. El suministro eléctrico no es constante desde entonces y el ayuntamiento de Kramatorsk informó que los ascensores dejarán de funcionar.

Con la falta de luz aparece el traqueteo de los generadores se extiende por las calles Los bombardeos rusos afectan también a las conexiones móviles. El Kremlin quiere hacer inhabitable la región de Donetsk para expulsar a las personas que usó como parte de su excusa para atacar al país vecino.

Las tropas de Moscú aniquilan cualquier atisbo de vida a su paso y su objetivo final es dominar toda Ucrania. Los diferentes tipos de drones campan a sus anchas cada vez más cerca de las ciudades de primera línea. Pero las gentes del Donbás siguen plantando cara. A pesar de los ataques, los cortes de luz y el riesgo cada vez mayor, los pequeños empresarios de la zona se las arreglan para poder servir un café caliente.

Pokrovsk al límite

Cientos de soldados rusos en pequeños grupos han logrado infiltrarse en la fortaleza de Pokrovsk. La metrópolis del sur de Donetsk, hogar de 70.000 antes de la guerra, ha resistido una brutal campaña de asedio por más de un año. Desde Kiev admiten que la situación es «difícil» allí.

Zelenski destacó este viernes que «170.000 enemigos están concentrados en esta dirección. Es muchísimo». El presidente ucraniano afirma que, por ahora, «no hay cambios. Hay rusos en Pokrovsk, y los nuestros los están aniquilando poco a poco. Nuestras fuerzas controlan la situación«.

Sin embargo, soldados ucranianos desplegados en la zona ya han advertido días atrás al medio ‘Ukrainska Pravda’ que «Pokrovsk se está desmoronando demasiado rápido; no lo esperábamos».

Los indicios de ejecuciones sumarias de narcotraficantes a manos del Gobierno de Río están empañando la versión del gobernador, Claudio Castro, quien ha considerado un «éxito» la acción sobre la facción criminal Comando Vermelho (CV).

La Defensoría Pública del Río de Janeiro (DPRJ) es una de las organizaciones que han informado de graves indicios de ilegalidad durante la ofensiva conjunta contra el CV. El defensor Marcos Paulo Dutra, coordinador del Núcleo de Derechos Humanos de la DPRJ, señaló que las denuncias de violaciones son «muy preocupantes», incluyendo «cuchilladas» y «decapitaciones», así como torturas de detenidos.

«Hemos hablado con los especialistas para ponernos de acuerdo, para que las periciales se realicen con tranquilidad y con mucho trabajo conjunto y precisión, porque los informes que recibimos aquí en Peña son muy preocupantes», declaró el defensor, que relató también casos de disparos a quemarropa, en la cabeza, en la cara y en el pecho.

Dutra también afirmó que, pese a algunas declaraciones de familiares, aún no han confirmado casos de cuerpos descuartizados, pero sorprendió al decir que hay indicios de que entre los muertos hay adolescentes e incluso niños. El informe, que cuenta 132 cadáveres, once más que la cifra oficial, se refiere a «un menor con complexión física de un niño».

Los periodistas Pedro Kirilos e Igor Soares, del diario brasileño ‘Estado de São Paulo’, informaron de que vieron más de un cuerpo decapitado en el camino que hicieron dentro del bosque Serra da Misericórdia, frontera entre las dos favelas, Peña y Alemao.

Según los periodistas, los cadáveres retirados por los propios vecinos hasta la Plaza Sao Lucas, donde fueron expuestos al mundo, estaban «amarrados y con marcas de cuchilladas».

Una vecina que presenció la masacre, Tamara Ferreira, contó a la prensa que «hicieron un depósito de cadáveres allá dentro de la favela: abrieron los cuerpos como si fuesen médicos», además de haber visto una cabeza colgada de un árbol.

Asesinados tras entregarse

El ama de casa Elieci Santana, de 58 años, contó a la Agencia Brasil, que su hijo Fábio Francisco Santana, de 36 años, le envió un mensaje diciendo que se estaba entregando y compartiendo su ubicación. «Mi hijo se entregó, salió esposado. Y le arrancaron el brazo en el lugar donde tenía las esposas», declaró la madre sobre su hijo, que consta en la lista oficial de muertos.

Ese relato de ejecuciones tras haberse entregado y rendido es muy común entre las familias que vienen denunciando sus casos a organizaciones de gobierno y no gubernamentales de defensa de derechos humanos.

La cocinera Tauã Brito, cuyo hijo Wellington murió durante la operación, dice que muchos aún estaban vivos ayer (por el miércoles) en el bosque, a pesar de haber recibido disparos. «Fui al Getúlio (Hospital Getúlio Vargas) para pedir que subieran con nosotros, para que pudiéramos salvar a esos chicos. Nadie podía subir. Estaban vivos», relató.

Según ella, los residentes comenzaron a entrar al bosque para buscar a los heridos y sobrevivientes, solo por la noche, después que la Policía se fuera. «Nos quedamos allí, cada uno buscando a sus hijos, a sus familiares». Emocionada, la madre de un supuesto narcotraficante afirmó que sus protestas «no servirán de nada. Esa es la verdad. Porque aquí hay mucha gente llorando, pero fuera hay mucha gente aplaudiendo. Lo que hicieron fue una masacre», lamenta.

La conmoción que ha desatado a nivel internacional esta masacre con escenas dantescas ha movilizado a las autoridades federales del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva –quien no estaba en Brasil ni ordenó la operación–, y de la Fiscalía. El Ministerio Público Federal (MPF) le exigió al Instituto Médico Legal (IML) de Río de Janeiro que adoptase el «protocolo de identificación de víctimas de desastres» para los más de 120 cuerpos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció el refuerzo de los trabajos de seguridad pública en Río con el envío de veinte peritos criminales de la Policía Federal. Los expertos trabajarán en análisis de balística, genética forense, medicina legal y necropsia para la identificación de cuerpos, una medida para dar «transparencia, independencia técnica y respeto a los derechos de las víctimas y de sus familiares». Las acciones del Gobierno federal buscan responder a los cuestionamientos de las familias y tratar de confirmar o refutar las denuncias de ejecuciones y tortura, además de ofrecer apoyo a los que están en duelo, según informó en una nota la Defensoría.

La Policía Civil de Río de Janeiro difundió ayer la lista de los fallecidos identificados, confirmando que, al parecer, la mayoría eran miembros y líderes de la dirección nacional del Comando Vermelho. Según el secretario de Policía Civil, Felipe Curi, las investigaciones de inteligencia muestran que en las favelas Peña y Alemão se realizaban «entrenamientos de tiros, para que los marginales fuesen formados aquí y volvieran a sus estados de origen para diseminar la cultura de la facción».

La mayoría con antecedentes

Entre los 117 sospechosos muertos, al menos 78 tenían antecedentes criminales y 42 estaban prófugos. Un total de 39 muertos identificados eran de otros estados brasileños, incluyendo jefes de facciones de lugares tan distantes como Amazonas, Pará y Bahía.

A pesar de las críticas internas y externas, el gobernador Cláudio Castro (PL) mantuvo su posición sobre el éxito de la operación, asegurando que su gobierno continuará la lucha contra el crimen organizado. «Nuestro trabajo es librar a la sociedad del tráfico de drogas, de la milicia, de todo aquel que perjudica nuestro derecho de ir y venir», afirmó Castro en sus redes sociales.