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La arquitectura de la reforma, detallada en el documento oficial «Restablecer el orden y el control: una declaración sobre la política del Gobierno en materia de asilo y repatriaciones», plantea un giro sustancial en la política migratoria británica, con medidas como que el reconocimiento de la condición de refugiado pasará a ser esencialmente temporal, con permisos de 30 meses renovables solo si persiste el riesgo en el país de origen, y con la residencia indefinida aplazada hasta transcurridos veinte años, frente a los cinco actuales. Con ello, el ministerio del Interior rompe el vínculo casi automático entre asilo y asentamiento permanente, bajo el argumento de que es necesario «romper el ciclo de dependencia» y desincentivar abusos.

Mahmood acompañó su presentación con datos que el Ejecutivo considera reveladores. En los últimos cuatro años, dijo, más de 400.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido, más de 100.000 viven en alojamientos financiados por el Estado, y más de la mitad de quienes obtuvieron asilo siguen dependiendo de prestaciones ocho años después de haber llegado. «Para el público británico, que paga la factura, el sistema se percibe como fuera de control e injusto», afirmó ante los diputados.

El documento plantea un conjunto de medidas dirigidas a transformar tanto la gestión económica del asilo como la logística del sistema. El Gobierno suprimirá la obligación legal de ofrecer apoyo financiero universal y la sustituirá por un modelo discrecional basado en la necesidad real y en la cooperación de los solicitantes con las autoridades. Las ayudas podrán ser retiradas a quienes trabajen sin permiso o incumplan las normas de su alojamiento, mientras que se exigirá una aportación económica a quienes dispongan de ingresos o propiedades. El ministerio del Interior asegura que el nuevo marco permitirá concentrar los recursos en los casos más vulnerables y reducir la carga sobre el erario público.

La reforma contempla asimismo el cierre progresivo del sistema de hoteles contratados de emergencia, que actualmente acoge a decenas de miles de personas, y su reemplazo por centros de mayor capacidad gestionados directamente por el Estado. El Ejecutivo afirma que esta centralización mejorará la supervisión y reducirá los costes de manutención, aunque organizaciones humanitarias han advertido de que podría deteriorar las condiciones de vida y limitar el acceso a servicios básicos.

Agilización de retornos

En el ámbito del control migratorio, el plan endurece la lucha contra el trabajo ilegal y amplía las inspecciones a sectores donde el empleo informal es frecuente, como la hostelería. El bloque dedicado a las expulsiones prioriza la agilización de los retornos de personas cuya solicitud haya sido rechazada y la reanudación de deportaciones a países considerados seguros. Interior admite que el Reino Unido ha mostrado «excesiva cautela» en este terreno y anuncia que los retornos voluntarios recibirán incentivos económicos, mientras que los casos de negativa se resolverán mediante expulsiones forzosas.

El Gobierno introducirá además un mecanismo específico para la deportación de familias cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, incluidas aquellas con hijos menores de edad, aunque la ministra aseguró que los niños y niñas no serán separados de sus progenitores. El documento oficial sostiene que la falta de aplicación de estas órdenes en el pasado ha generado «incentivos» que prolongan estancias irregulares durante años. Según datos de Interior, hay actualmente centenares de familias, alrededor de 700 sólo de nacionalidad albanesa, por ejemplo, viviendo en alojamientos financiados por el Estado pese a tener denegada su protección, una situación que el Ejecutivo considera «insostenible» y contraria a los acuerdos internacionales de retorno vigentes.

También se prevé establecer centros de retorno en terceros países y aplicar restricciones de visado a los Estados que no cooperen en la repatriación de sus ciudadanos, con el argumento de que la falta de colaboración exterior socava la integridad del sistema.

Reinterpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos

En el ámbito judicial, Mahmood anunció una profunda reforma del sistema de apelaciones. Los solicitantes tendrán una única oportunidad para presentar su caso y una sola vía de recurso. Se creará un nuevo órgano independiente con adjudicadores profesionales, que agilizará los procesos y reducirá la acumulación de expedientes, que en marzo superaban los 51.000. Asimismo, el Gobierno revisará la aplicación de los artículos 8 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativos al derecho a la vida familiar y a la prohibición de tratos degradantes, ya que se «ha expandido su interpretación hasta el absurdo», dijo Mahmood en el Parlamento, aludiendo a casos en los que el Reino Unido no pudo deportar a delincuentes porque las prisiones de sus países de origen «tenían celdas demasiado pequeñas» o no hay suficiente atención a la salud mental.

Además, el Ejecutivo planea modificar la legislación para que los tribunales limiten la ponderación del derecho a la vida familiar frente al interés público en la deportación y acoten el concepto de «familia» a los parientes inmediatos, es decir, padres, madres e hijos. El plan incluye la revisión del uso de tecnologías de reconocimiento facial para verificar la edad de los solicitantes y el endurecimiento de las normas contra reclamaciones reiteradas o infundadas. Asimismo, prevé invalidar solicitudes de protección de ciudadanos que, pese a alegar persecución, hayan viajado de regreso a su país sin obstáculos.

La presentación de Mahmood incluyó una crítica severa al legado del anterior Ejecutivo conservador. Acusó al Gobierno de Rishi Sunak de haber dejado «una herencia deplorable» y calificó de «grotesca» la gestión del plan de deportaciones a Ruanda, que costó más de 700 millones de libras sin que se materializaran traslados forzosos. «No tomaremos lecciones del partido que abandonó la responsabilidad de gobernar», replicó Mahmood a los diputados conservadores.

Voces de alerta

Las reacciones políticas y sociales han sido intensas. Dentro del propio Partido Laborista, varios diputados expresaron inquietud por el tono y el enfoque del plan, y algunos advirtieron de que el discurso del Gobierno podría «reforzar una cultura de creciente racismo». Organizaciones benéficas como Refugee Action y Refugee Council calificaron el paquete de «racista» y «cruel», afirmando que «viola compromisos internacionales de protección« y «socava la reputación humanitaria» del Reino Unido.

La oposición conservadora criticó las medidas por considerarlas insuficientes. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, describió la reforma como «un pequeño paso en la dirección correcta», aunque reprochó a los laboristas no haber roto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La dirigente elogió, sin embargo, «la energía y la claridad» de Mahmood, reconoció que «ha hecho en tres meses más que su predecesora en un año» y ofreció cooperación parlamentaria, subrayando que su formación está dispuesta a apoyar al Gobierno en los puntos más duros del plan.

El exdirector de la UK Border Force, Tony Smith, dijo por su parte que no es «particularmente optimista» sobre el resultado del plan y recordó que iniciativas anteriores fracasaron por la resistencia de los tribunales y las limitaciones legales, mientras que analistas citados por la prensa local subrayaron que la reforma plantea un dilema de fondo: cómo combinar el control migratorio con el respeto a los derechos fundamentales.

En su discurso, Mahmood insistió en que «el Reino Unido siempre ofrecerá refugio a quienes huyen del peligro», pero advirtió de que la falta de control «alimenta el odio y la división» y pone en riesgo la confianza ciudadana. El sistema, dijo con contundencia, «se siente fuera de control porque lo está», resumiendo así el espíritu de una reforma que busca recuperar autoridad y credibilidad institucional en medio de fuertes críticas. Para sus detractores, sin embargo, el precio podría ser el debilitamiento de los principios que durante décadas han definido la tradición humanitaria del país.

Durante el debate parlamentario, la ministra desmintió las versiones que sugerían que el Gobierno planeaba confiscar pertenencias de los solicitantes de asilo, como joyas, para cubrir los costes de su manutención. La polémica surgió después de que algunos diputados compararan el plan británico con la ley aprobada en Dinamarca en 2016, que permitía requisar bienes de valor a los refugiados. Mahmood negó cualquier paralelismo y fue tajante: «No se están quitando joyas en la frontera ni se hará nunca».

Mahmood definió su reforma como «una misión moral» y defendió que el Reino Unido sólo podrá preservar el consenso social sobre el asilo si actúa con determinación y reordena sus prioridades, un mensaje que resume el marco político en el que el Gobierno de Keir Starmer intenta recomponer la política migratoria del país.

Las medidas que adelantó y que hará oficiales este lunes, incluyen una transformación profunda del estatuto de refugiado. En la actualidad, la protección se concede por cinco años, tras los cuales puede solicitarse la residencia permanente en el país. Mahmood anunció su intención de ampliar ese plazo a veinte años y revisar la condición del beneficiario cada dos años y medio. «Estamos cambiando la manera en que entendemos el estatuto de refugiado», declaró, al explicar que quienes procedan de países que más adelante se consideren seguros deberán regresar a ellos.

La ministra subrayó que su propuesta se inspira en el modelo de Dinamarca, donde el Gobierno concede permisos temporales y sujetos a renovaciones frecuentes. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, declaró que estas políticas buscan «enviar un mensaje a los traficantes de personas de que no deben elegir Dinamarca».

Un sistema roto

La referencia danesa provocó tensiones internas en el Partido Laborista. El diputado Clive Lewis afirmó que este tipo de medidas reproduce «argumentos propios de la extrema derecha». Mahmood rechazó esa acusación, recordó que ella misma es «hija de migrantes», explicó que sus padres llegaron al Reino Unido «legalmente a finales de los años sesenta y en los setenta» y añadió que la inmigración «forma parte de mi experiencia como británica». La ministra insistió en que su responsabilidad le exige actuar ante «un sistema que está roto y en el que algunas personas pueden burlar las normas, abusar del sistema y salir impunes».

El Ministerio del Interior informó de que 109.343 personas solicitaron asilo en los doce meses previos a marzo de este año, un 17% más que en el periodo anterior. Y los datos más recientes indican que más de 10.000 personas cruzaron el canal de la Mancha desde que Mahmood asumió el cargo en septiembre, una cifra que supera los totales de 2024 y 2023, aunque todavía inferior a la registrada a estas alturas de 2022.

Mahmood insistió en que las redes criminales venden «paquetes» que prometen alojamiento y comida gratuitos, y señaló que el país debe «afrontar esos factores de atracción» que favorecen las llegadas irregulares, y anunció que las ayudas en vivienda y subsistencia pasarán a ser discrecionales y se suprimirán para quienes tengan derecho a trabajar y no lo hagan.

El director del Refugee Council, Enver Solomon, advirtió de que la ampliación del período previo a la concesión de la residencia permanente «dejará a las personas en un limbo y en una tensa ansiedad durante muchos, muchos años». En su opinión, un sistema eficaz debe «resolver los casos con justicia y rapidez» y permitir que quienes son reconocidos como refugiados «contribuyan a nuestras comunidades y devuelvan lo recibido».

Medidas insuficientes, según la oposición

La oposición conservadora sostiene que las medidas del Gobierno son insuficientes. El portavoz ‘tory’ de Interior, Chris Philp, declaró que las propuestas de Mahmood son «artificios» y que se limitan a «retoques superficiales». También añadió que su formación propone abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y aplicar un sistema en el que quienes lleguen de manera irregular «no puedan solicitar asilo en absoluto y deban ser deportados en el plazo de una semana».

Desde el Partido Liberal Demócrata, su líder, Ed Davey, afirmó que su partido analizará los detalles de la reforma cuando se publiquen, aunque expresó «ciertas preocupaciones» por el rumbo que insinúan las medidas. Davey defendió que los solicitantes de asilo deberían poder trabajar, porque así «no necesitarían ayuda estatal» y la medida sería «mejor para la economía y mejor para los solicitantes».

La directora del Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Oxford, Madeleine Sumption, señaló por su parte que resulta complejo anticipar el impacto de una norma concreta en los flujos migratorios, ya que «los solicitantes de asilo, al menos inicialmente, a menudo no saben cuáles son las políticas». Sumption recordó que muchos optan por el Reino Unido porque hablan inglés, tienen familiares en el país o han visto rechazadas sus solicitudes en otros países europeos.

Mahmood declaró que su misión consiste en demostrar que la reforma «puede funcionar» y en persuadir al país y al Parlamento de que el replanteamiento profundo del sistema migratorio es necesario en un contexto marcado por un aumento de llegadas irregulares, un deterioro del clima social y un debate que atraviesa no solo al Reino Unido sino a toda Europa.

En las elecciones más polarizadas y de mayor participación en la historia, los chilenos se inclinaron por los extremos, dejando nuevamente, como en 2021, en el tercer lugar al populista Franco Parisi con un 19,52% de las preferencias, quien se presentaba así en esta campaña: «No soy hijo de ningún dirigente, ni senador ni diputado, ni fundador de nada. Solo soy un vecino de la calle y un profe que quiere ser presidente y hacer un Gobierno para las personas y con los partidos políticos, no para los partidos políticos».

A partir de este lunes, Jara, de 51 años, exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric, se enfrenta ahora a una tarea compleja considerando que los tres candidatos de derecha obtuvieron más del 50% de los sufragios y que con los del opositor Parisi, se alza sobre el 70%.

Kaiser y Matthei, derrotados

Los grandes perdedores de la noche electoral fueron el ultraderechista libertario Johannes Kaiser –a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast–, que se quedó en 13,94% de los sufragios, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que obtuvo un 12,62%. La posición de Parisi sorprendió a todos los encuestadores que nunca le dieron más de un 7% de apoyo.

Kaiser reconoció pronto su derrota. «La tendencia no es reversible, reconocemos con hidalguía la victoria de J. A. Kast. Nosotros cumplimos nuestra palabra y respaldaremos su candidatura. Votar por José Antonio Kast hoy día es votar por Chile», afirmó.

José Antonio Kast pronuncio sus primeras palabras acompañado de Evelyn Matthei, candidata presidencial de la derecha tradicional, lo que no dejaba lugar a dudas del apoyo de ésta al representante de la derecha radical. «Tengo la convicción de que cada uno de ustedes continuará jugándosela para que Chile sea un país seguro y exitoso, en el que todos sus hijas e hijos puedan vivir y progresar y ese camino no es la continuidad de este mal Gobierno».

Kast agradeció a continuación el respaldo de Matthei. «Creo que el llamado que ha hecho Evelyn a todos los chilenos a unirnos a una causa que es Chile es muy relevante. Lo que nos convoca es el bien de Chile. Y para lograrlo y salir de la crisis en la que estamos, tanto de seguridad como económica y en las áreas sociales, la unidad es fundamental. Podemos recuperar y reconstruir nuestra patria».

En cuanto a Jeannette Jara, envió un mensaje «de esperanza y de futuro» y agradeció «la confianza». Antes de votar se había quejado de la desinformación durante la campaña.

El populista Franco Parisi, eufórico, acusó a las encuestas de haber manipulado las cifras porque siempre lo dieron en quinto lugar. Apuntando a los extremos, dijo que Chile no quiere que «se hagan apologías ni a Allende ni a Pinochet», y como no les gustan las ideologías la bancada del PDG estarán dispuestos a llegar acuerdos con quien resulte ganador.

Parisi aclaró que el no va a endosar sus votos ni a Jara ni Kast. «Les quiero decir a ellos: gánense los votos», dijo.

El presidente Gabriel Boric, que votó en su ciudad natal, Punta Arenas, acompañado de su hija de cinco meses, felicito a Jara y a Kast «por su paso a la segunda vuelta». Y a continuación añadió: «Chile tiene una democracia sana y robusta que no podemos dejar de cuidar». En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión».

El Servicio Electoral entregó los primeros cómputos a las 19.05 horas local, pero una hora más tarde la tendencia era clara en favor de Jara y Kast. Antes de las 22.00 horas ya estaban contabilizados más del 90% de las mesas, donde se registraban más de 12,1 millones de votos. Considerado un universo de más de 15,6 millones de electores, esta primera vuelta supera el 83% de participación.

Estos resultados son tranquilizadores para el abanderado republicano, que en los últimos sondeos había experimentado una baja, pero que este domingo quedó a unos 350 mil votos de la militante del Partido Comunista (PC). Para la exministra, en tanto, el apoyo conseguido no es una buena noticia porque quedó bajo el 30% de respaldo que ha tenido el presidente Gabriel Boric de forma estable durante su mandato.

Tal como lo adelantaron los sondeos, los tres restantes postulantes a La Moneda no lograron superar el 2% de los votos cada uno. El independiente Harold Mayne-Nicholls logró un 1,27%, mientras que Marco Enríquez-Ominami, quien postuló por quinta vez a la Presidencia, solo consiguió 1,17%. Eduardo Artés alcanzó apenas un 0,66% de los votos.

La oposición ha logrado, junto al opositor Partido de la Gente (PDG) la mayoría tanto de la Cámara de Diputados que se renovó en su totalidad y del Senado, que eligió la mitad de sus miembros.

Anhelada unidad opositora

Durante toda la semana se había especulado si la noche del domingo se podría dar la denominada «foto de unidad» considerando la tensa disputa que sostuvieron José Antonio Kast y Evelyn Matthei. La duda se despejó rápidamente cuando en el comando republicano se dieron cita los más importantes dirigentes de Chile Vamos.

Junto a los presidentes de la UDI, Renovación Nacional y Evopoli, Kast subió al escenario acompañado de Evelyn Matthei, quien llamó directamente a votar por él porque es importante que «no continúe el Gobierno en el poder» pues hay demasiados problemas.

Kast le agradeció su respaldo y manifestó que en este momento lo importante es «sacar adelante a Chile, y para salir de la crisis que se está la unidad es fundamental». «Chile es más importante que los partidos, que las personas, podemos haber tenido diferencia, pero ellas no se comparan con las que hay al frente. Lo que se necesita hoy día es unidad para Chile», sostuvo.

Tal como se presumía, ni los dirigentes de Demócratas, entre ellos, la senadora Ximena Rincón, ni de Amarillos, se hicieron presentes.

Kaiser también concurrió al comando del Partido Republicano (PR) y le expresó todo su apoyo a su líder, indicando que «votar por José Antonio Kast es votar por Chile».

La larga jornada concluyó con la celebración de Kast y su gente a los que le aseguró que «la tercera es la vencida». «Chile necesita un cambio… este es un primer paso, pero lo que viene hacia adelante es lo mas importante. Hoy la oposición logró derrotar a un gobierno fracasado», afirmó.

Unas horas antes, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, había anunciado a través de las redes la operación Lanza del Sur: «Vamos a expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental». «Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos», escribió Hegseth.

La concentración de apoyo a Maduro estaba preparada con antelación al lado del Palacio del Gobierno, en el centro de Caracas, con una tarima alusiva al rechazo de la flota aeronaval de EE.UU. y los preparativos militares que organiza el régimen chavista para afrontar un eventual ataque de los marines.

Maduro se mostró muy relajado cuando fue abordado por CNN en la marcha. «No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz», aseguró. Y cuando le consultaron si tenía un mensaje para Trump, dijo: «Mi mensaje es: ‘¡yes, peace! ¡yes, peace!’». Luego instó a sus seguidores a resistir lo que consideró una amenaza de invasión por EE.UU., aunque su semblante no daba muestras de preocupación. Este martes firmó un decreto para crear los Comandos de Defensa Integral y anunció la movilización de 200.000 uniformados integrados por efectivos del Ejército, milicianos bolivarianos, empleados públicos y simpatizantes civiles. «Estamos ocupados con el pueblo, gobernando con la paz», añadió a la cadena norteamericana.

El mandatario aparenta no estar nervioso ante las cámaras, más bien activo y eufórico, dirigiendo una campaña bélica contra lo que llama «el imperio» de EE.UU. como si estuviera protagonizando una película, esta vez real. En la tarima baila y canta karaoke. Eso sí, va acompañado a todas partes de un voluminoso anillo de seguridad con guardaespaldas cubanos que muchas veces se confunden con militantes y seguidores.

En la calle, ABC consultó a seguidores chavistas si estaban dispuestos a inmolarse por Maduro. Luzmira Gómez, de 65 años, ama de casa, aseguró: «No me veo empuñando un fusil, me parece ridículo; apoyo a Maduro, pero eso de dar la vida por él lo dudo». A su lado, Aracelis Saavedra, de 50 años, señalaba, por su parte: «No soy chavista, me parece mucha ignorancia y brutalidad dar la vida por un gobernante que nos lleva a la miseria y la desgracia».

Desde que comenzó hace tres meses el despliegue de los buques de EE.UU. en el Caribe, reforzado esta semana con la llegada del portaviones Gerald R. Ford, también empezaron a dispararse la inflación y el dólar en Venezuela. El país suramericano vivió una hiperinflación del 35.000% en 2016 y ahora va por un camino similar. Los venezolanos temen volver a vivir ese período, siendo el país con la inflación más alta del mundo.

Pedro Palma, director de Ecoanalítica, estima que la inflación anual en Venezuela para este año superará el 400%. La tendencia mensual oscila entre el 20% y el 30%, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima la inflación en 275%. Todos coinciden en que la inflación será de tres dígitos; entre más del 250% y hasta el 400%.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), «Venezuela cerraría con una inflación del 269,9% en 2025 y del 682,1% en 2026. Una cifra devastadora», dice el informe de este organismo.

Para el político opositor Andrés Velásquez, esta proyección de la inflación para 2025, debería no sólo causar alarma sino «terror profundo».

Pánico en el supermercado

Los analistas se preguntan si el despliegue bélico de Maduro y su campaña anti-Trump sirven para tapar la inflación y distraer como una cortina de humo ante la crisis económica que vive su Gobierno. La inflación es su principal enemigo.

En las puertas de un supermercado de Caracas una cliente, que pidió el anonimato, confiesa a ABC: «Le tengo más miedo a la inflación que a un ataque de los marines, porque los precios de los alimentos se disparan por las nubes todos los días».

Carmen Suárez, de 40 años, siente pánico cada vez que va al supermercado: «Los precios suben cada día, los productos los marcan en dólares y en bolívares. Fíjese un litro de leche costaba dos dólares hace una semana y hoy cuesta 2,80 dólares. Mi sueldo no me alcanza para comer. Temo a la inflación más que a los marines -insiste-. Espero que lleguen y terminen con este infierno».

La remesa de 100 dólares que le envían a Carmen sus familiares desde Panamá ya no le alcanza para la compra semanal, ni siquiera para abastecerse de alimentos en caso de que haya un ataque.

El dólar aumentó un 330% en lo que va de 2025. La moneda norteamericana se usa en el 60% de la economía venezolana y su incremento se produce por la escasez de divisas.

Las quejas inundan las redes sociales. Una usuaria, Denny Álvarez, escribe: «Vivimos una hiperinflación silenciosa no oficial, pero sí oficial en el bolsillo de la sociedad civil venezolana; no hay poder adquisitivo, apenas alcanza para comprar un cartón de huevos y cero carne de res, pescado ni pollo, a veces algunos gramos de mortadela tipo B o C».

Hay un ambiente de tranquilidad, incertidumbre y de espíritu navideño en las calles pese a la actividad febril bélica de Maduro. La gente pasa por las tiendas, entra, pregunta por los precios y sale con las manos vacías. Los comercios están llenos de productos, pero con poca clientela. Todo está paralizado y nadie quiere invertir hasta ver qué ocurrirá con los marines del Comando Sur y su anunciada Lanza del Sur.

El senador republicano Lindsey Graham, una de las voces más influyentes en política exterior entre los aliados de Donald Trump, lo expresó sin rodeos en la red X: «Bush padre se cargó a Noriega en circunstancias parecidas. Hay un califato de la droga en nuestro vecindario que incluye a Venezuela, Colombia y Cuba. Cuanto antes se vaya Maduro, mejor para Venezuela y para Estados Unidos».

Las palabras de Graham no son un gesto aislado. Reflejan el clima que se respira mientras Trump estudia planes de ataque selectivo en territorio venezolano y consolida una operación militar de gran escala en el Caribe bajo el nombre de «operación Lanza del Sur».

Desde septiembre, la Casa Blanca maneja un mapa en constante revisión con pistas clandestinas, depósitos de combustible, nodos logísticos del Tren de Aragua y estructuras del cártel de los Soles en el país del Caribe. El objetivo declarado es la lucha antidroga; el no declarado es despojar al chavismo de su capacidad financiera y operativa hasta forzar un colapso interno. Asume la Casa Blanca que el último modo de ingreso del dictador y sus secuaces es el tráfico de cocaína.

En este contexto, Graham ha querido dejar claro que el presidente está, en sus palabras, «totalmente comprometido» con impedir que «el narcoestado venezolano siga envenenando a los estadounidenses». «Maduro no es un líder legítimo, sino un narcotraficante imputado en tribunales de EE.UU., y sus días están contados», añadió el senador.

Su mensaje encaja con los pasos dados por la Administración: la recompensa por Maduro se ha duplicado a 50 millones de dólares, y en el Capitolio se estudia elevarla aún más.

Preparados para la acción

La presión militar se intensifica. El portaaviones USS Gerald Ford opera ya en el Caribe con unos 60 aviones, respaldado por una docena de barcos y miles de efectivos adicionales. Los marines entrenan desembarcos anfibios en Puerto Rico y unidades de guerra naval han destruido más de veinte embarcaciones sospechosas sin intentar abordajes previos. Si no son preparativos para una acción mayor, son una herramienta de disuasión colosal.

En la Casa Blanca, los asesores han presentado a Trump opciones de ataque que van desde golpes quirúrgicos a infraestructuras críticas hasta operaciones más arriesgadas diseñadas para decapitar la cúpula chavista. No hay decisión final, pero la preparación es evidente. Uno de los planes incluye una operación para llevarse al dictador preso, pero no se considera aquí en Washington que sea la opción que Trump prefiere de entrada.

En paralelo, crece también la inquietud legal. Senadores que participaron en una vista confidencial explican que la justificación jurídica del Gobierno solo cubre los ataques en el mar, no bombardeos en territorio venezolano. Si Trump ordena un golpe sobre suelo firme, el debate sobre la Ley de Poderes de Guerra será inevitable. El precedente de Irán -el ataque de junio contra su programa nuclear- pesa sobre un Congreso que ya vivió cómo la Casa Blanca actuó primero y notificó después.

Venezuela, epicentro criminal

Caracas responde con amenazas de «lucha armada» en caso de agresión. Pero en Washington, la lectura dominante es que la ventana de oportunidad se está estrechando. «Hemos descrito durante años a Venezuela como un narcoestado», resume un responsable de seguridad nacional. «Ahora estamos alineando capacidades militares, legales y financieras para que eso tenga consecuencias reales». En ese marco, la idea de una «solución a lo Noriega» -un líder capturado por fuerzas estadounidenses y enviado a prisión- se ha planteado claramente a los senadores.

Desde hace meses, EE.UU. sostiene que Venezuela se ha convertido en el epicentro de una estructura criminal que opera a escala regional, con el cártel de los Soles y el Tren de Aragua protegidos por la cúpula chavista. La Administración Trump utiliza la lucha antidroga como palanca jurídica y política para justificar una campaña militar en el Caribe que ya incluye portaviones, submarinos y operaciones letales contra embarcaciones sospechosas. En el Capitolio, tanto demócratas como republicanos reconocen que el país avanza hacia un escenario inédito desde Panamá.

«Nuestros soldados utilizaron con éxito los misiles Long Neptune contra objetivos designados en territorio ruso, y esta es nuestra respuesta totalmente justa al continuo terrorismo ruso. Los misiles ucranianos están produciendo resultados cada vez más tangibles y precisos», manifestó el mandatario ucraniano.

Ucrania presentó el pasado mes de agosto la actualización del Neptuno con un alcance de hasta 1.000 kilómetros. Hasta ese momento, estos cohetes antibuque podían recorrer distancias de 300 kilómetros. Los Neptuno de producción propia fueron empleados en 2022 para hundir el emblemático buque Moskva de la Flota rusa del mar Negro.

El fortalecimiento de las capacidades de largo alcance es de gran importancia para Ucrania y así se lo hizo saber Zelenski a los aliados en numerosas ocasiones. Durante los últimos tres meses Kiev ha multiplicado los ataques en la retaguardia rusa empleando drones de fabricación nacional con especial énfasis en el sector petrolero. La campaña ucraniana tiene como meta poner en jaque a la columna vertebral de la economía rusa y a su esfuerzo bélico.

Bombardeo masivo en Kiev

Mientras Ucrania atacaba el puerto de Novorossiysk, Rusia castigaba al país vecino con otra oleada de drones y misiles. Todos los distritos de Kiev cayeron presa de la furia de los proyectiles rusos. Una oleada de más de 430 drones y 18 misiles sacudieron Ucrania durante la noche del jueves. Rusia mantiene la presión en el frente y castiga a los civiles. La mayoría de la sociedad ucraniana, que enfrenta a diario más de 10 horas de cortes eléctricos, se ha visto sometida a una vigilia de terror. Los muertos en la capital ascienden a seis y los heridos a 36. Los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a algunos vecinos que quedaron atrapados bajo los escombros. Rusia mantiene la presión en el frente mientras castiga los civiles con noches de bombardeos sin tregua.

El presidente de Ucrania denunció que se trata de un golpe calculado y «cruel» para causar «el máximo daño a la población y a la infraestructura civil. Tan solo en Kiev, decenas de edificios de apartamentos resultaron dañados». Zelenski informó, además, que se habían producido daños en el edificio de la embajada de Azerbaiyán.

El Ministerio de Energía ha confirmado cortes de energía en Donetsk, Kiev y Odesa. Vitaly Zaichenko, director de la compañía estatal de transmisión eléctrica Ukrenergo, declaró que misiles balísticos y de crucero, así como «muchos drones» alcanzaron las instalaciones energéticas. «Sin nuevos ataques, creemos que podremos recuperar todo nuestro consumo de energía en tres semanas«, dijo Zaichenko.

La caída de restos de proyectiles afectó también a la tubería de una red de distribución de agua en la capital.

No hay lugar seguro en Ucrania. Las consecuencias de la guerra se sienten en las ciudades cercanas al frente y en la lejana retaguardia. Kramatorsk, la capital administrativa de Donetsk sufre una nueva jornada de más de 14 horas sin electricidad. Los apagones están siempre acompañados de frágiles conexiones telefónicas que imprimen una sensación de aislamiento entre los residentes.

Problemas en el frente sur

La embestida de las tropas rusas no cesa en el frente ucraniano. Durante las últimas semanas toda la atención estuvo centrada en Pokrovsk, la estratégica ciudad del sur de Donetsk asediada durante más de un año. Pero hay otros sectores preocupantes. En la provincia de Zaporiyia, al sur del país, los soldados ocupantes tratan de desplazar aun más a los defensores.

A principios de semana los soldados de Zelenski tuvieron que retirarse de cinco posiciones. El jueves los portavoces militares declararon cierta estabilización, sin embargo, las noticias de este viernes son pesimistas de nuevo. «La situación no es muy tranquila y, digamos, se está intensificando en algunas zonas de la línea de combate», declaró el jefe de las Fuerzas de Defensa del Sur, Vladyslav Voloshyn. Uno de los objetivos rusos en esta zona es expulsar a las fuerzas de defensa de Ucrania de Huliaipole.

El miércoles, según ha podido confirmar ABC, un grupo de altos mandos militares presentó a Trump, en la Casa Blanca, opciones actualizadas para posibles operaciones dentro de Venezuela, incluidas por primera vez acciones selectivas sobre objetivos en tierra firme. En la reunión participaron el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros responsables de seguridad nacional.

No se ha tomado aún una decisión final, pero, según esas mismas fuentes, el presidente pidió a sus asesores que detallaran efectos, calendario y previsibles represalias del chavismo y de sus aliados.

En paralelo, Hegseth confirmó en X que la campaña antidroga en el Caribe pasa a denominarse «Operación Lanza del Sur» y que estará dirigida por un mando específico, la «Fuerza Conjunta Lanza del Sur», bajo la órbita del Comando Sur de EE.UU. «El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo», escribió. «Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narco-terroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestro país de las drogas que matan a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de América, y lo vamos a proteger».

Ese nombre ya había circulado en enero, nada más entrar Trump en la Casa Blanca, pero ahora se reutiliza para una operación sostenida y de amplio alcance en el Caribe, donde se ha desplegado un contingente extraordinario de la Armada estadounidense, incluido el portaaviones Gerald Ford.

La dimensión militar es considerable. A la fuerza inicial ya desplegada —buques armados con misiles Tomahawk, un submarino de ataque y más de 4.000 marineros y marines— se suman ahora casi una docena de barcos de la Armada y alrededor de 12.000 efectivos en total en la región. Trump ha ordenado además reposicionar diez cazas F-35 en Puerto Rico, donde unidades de marines entrenan desembarcos anfibios y operaciones de interdicción marítima.

La campaña estadounidense ha incluido hasta ahora al menos 17 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas de Sudamérica y del Caribe, en operaciones que han alcanzado un total de 21 barcos. En ellas han muerto entre 69 y 80 presuntos traficantes, algunos de ellos designados por Washington como integrantes de organizaciones terroristas. Solo dos supervivientes, rescatados por unidades estadounidenses, fueron repatriados a Ecuador y Colombia; uno quedó en libertad al no hallarse pruebas en su contra.

En el plano político, la Casa Blanca no esconde que Venezuela es el objetivo principal. Como publicó ABC en septiembre, Trump estudia desde entonces emplear la coartada de la lucha antidroga para golpear la logística del cártel de los Soles y del Tren de Aragua, estructuras que, según la Fiscalía de EE.UU., operan bajo protección de la cúpula chavista. La recompensa por la captura de Nicolás Maduro se ha duplicado a 50 millones de dólares y en el Senado se discute ya elevarla a 100 millones. El mandatario venezolano está acusado en EE.UU. de enviar cocaína al país «en beneficio personal y de su entorno familiar».

Las fuentes consultadas por ABC describen un mapa en constante revisión con posibles blancos dentro de Venezuela: pistas clandestinas, campamentos logísticos, depósitos de combustible y nodos donde confluyen los intereses de los carteles y de la cúpula chavista. «El objetivo es restar al régimen sus capacidades financieras y operativas sin entrar en una invasión clásica», resume un cargo conocedor de esos debates. Oficialmente, la línea sigue siendo que «no se habla de cambio de régimen», pero los preparativos militares y financieros apuntan a una estrategia de asfixia que busca provocar un movimiento interno contra Maduro.

La escalada externa se cruza además con un pulso interno en Washington. El ataque de junio contra el programa nuclear iraní sirve como precedente y advertencia. Aquel golpe obligó a la Casa Blanca a enviar cartas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente «pro tempore» del Senado, Chuck Grassley, para dejar constancia de que Trump actuó bajo su autoridad constitucional como comandante en jefe. Fuentes del Congreso explican a ABC que, si se extienden los ataques al territorio venezolano, el debate sobre la Ley de Poderes de Guerra será inevitable.

En los últimos dos meses EE.UU. ha destruido varias narcolanchas cargadas de cocaína en aguas internacionales, en algunos casos sin intentar la interceptación previa. «En vez de abordar la embarcación, por orden del presidente la volamos. Y volverá a ocurrir», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, insistiendo en que «esta es una operación antidroga» y en que «vamos a enfrentarnos a los carteles dondequiera que estén».

En Caracas, Maduro ha advertido de que cualquier agresión supondría el paso a una «etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión». En Washington, la impresión entre los sectores más duros de la Administración es otra: «Llevamos años describiendo a Venezuela como un narcoestado. Ahora estamos alineando capacidades militares, legales y financieras para que eso tenga consecuencias reales», afirma otra fuente de la Casa Blanca.

Este miércoles fue un día significativo en la sucesión de escándalos relacionados con Epstein, que han sacudido a Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron por la mañana tres correos electrónicos de Epstein con revelaciones dañinas para el multimillonario neoyorquino: uno con quien fue su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, ahora en la cárcel; y dos con Michael Wolff, un periodista que ha escrito biografías controvertidas de Trump.

Epstein se suicidó en una celda de Nueva York en el verano de 2019, cuando esperaba a su juicio por trata de mujeres y abusos sexuales a menores. Su muerte desató innumerables teorías conspiranoicas en EE.UU., centradas en la idea de que a Epstein le mataron para que no implicara en el juicio a las elites políticas y financieras que participaron en sus correrías.

En los correos electrónicos revelados por los demócratas, Epstein escribe que Trump «pasó horas en mi casa» con una de sus víctimas, «sabía todo lo de los chicas» y pidió a Maxwell que eso «parara». En uno de ellos, Wolff desliza que la información dañina que tiene sobre la presencia de Trump en el avión privado de Epstein –que tenía el apodo infame de ‘Lolita Express’– y en su casa le podría ser útil con el ascenso político del multimillonario neoyorquino en 2016.

En otro email, publicado horas después dentro de una revelación masiva de documentos realizada por los republicanos de la Cámara Baja, Epstein dejó claro que Trump conocía lo que hacía quien fue entonces su amigo, pero que no participó de sus correrías sexuales. «Trump lo sabía y vino a mi casa muchas veces en aquel periodo», escribió el financiero en un email en febrero de 2019, antes de ser arrestado. Pero añadió: «Nunca recibió un masaje», en referencia a la práctica en la que se enmarcaban los abusos a chicas jóvenes.Trump ha repetido hasta la saciedad que ni conoció ni tuvo implicación en las correrías de Epstein.

Este asunto es kriptonita política para Trump. Sus bases, que forman buena parte de aquellos que se apuntaron a las teorías conspiradoras que negaban el suicidio de Epstein, están decepcionadas con su gestión de los documentos clasificados sobre el caso Epstein. Algunos de sus aliados más férreos –como el actual director del FBI, Kash Patel– defendieron durante años, y también en la pasada campaña presidencial, que Trump revelaría todo lo existente sobre Epstein en cuanto regresara a la Casa Blanca. Su fiscal general, Pam Bondi, incluso dijo que se conocería la repetida ‘lista de clientes’ del criminal.

Eso ha quedado en nada. Bondi y Patel han dado la vuelta y han dicho que no existe esa lista, que no hay evidencias de que Epstein no se suicidara y que se ha revelado todo lo que se puede revelar.

El cabreo entre la parroquia trumpista ha sido fenomenal y se ha trasladado a algunos de sus representantes en el Congreso. Sobre todo porque el escándalo ha seguido coleando. Por ejemplo, cuando se conoció la carta de felicitación que Trump envió a Epstein por su 50º cumpleaños, con lenguaje soez y el cuerpo de una mujer desnuda dibujado con rotulador (Trump niega, contra las evidencias, que la carta sea suya y ha demandado a periódicos por publicarlo).

Transparencia

Los correos electrónicos publicados por los demócratas forman parte de una colección gigantesca de documentos, de cerca de 23.000 páginas, que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja –liderado por republicanos– requirió a los herederos de Epstein el pasado verano. La respuesta de los republicanos a las revelaciones fue compartir la colección entera, en un intento de mostrar transparencia: pero donde parece que la información es más dañina contra Trump es en esos tres correos adelantados por los demócratas.

Trump y la Casa Blanca, por su parte, salieron a negar el impacto de las revelaciones y a retratarlo como una maniobra política. «Los demócratas tratan de recuperar la patraña de Jeffrey Epstein porque harán todo lo posible para desviar la atención sobre lo que ha pasado con el cierre», dijo en relación al cierre gubernamental, que estaba a punto de finalizar.

Su portavoz, Karoline Leavitt, defendió que los correos electrónicos «no prueban nada» y que son intentos de «mala fe» de los demócratas para «distraer de los logros históricos» de Trump. Leavitt reveló que la víctima que «pasó horas» con Trump es Virginia Giuffre, una mujer australiana de la que Epstein abusó y que se suicidó el pasado mes de abril. Lo dijo para asegurar que los demócratas utilizan una «narrativa engañosa», porque Giuffre dejó dicho, tanto en testimonios judiciales como en su propia biografía, que no creía que Trump hubiera participado en los delitos de Epstein.

Una trampa

Trump busca apagar el nuevo incendio de Epstein a la mayor celeridad y ha amenazado a los aliados que insistan por el camino de querer conocer toda la verdad del caso. «Solo un republicano muy malo, o estúpido, puede caer en esa trampa», dijo sobre las revelaciones demócratas.

Pero no lo va a tener tan fácil. Este miércoles tenía previsto jurar su cargo de diputada Adelita Grijalva, una demócrata que ganó el escaño por un distrito de Arizona dejado vacante por su padre. Con ella, habrá suficientes peticionarios para que se vote una moción que obligue al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos clasificados sobre Epstein que siguen en su poder, a lo que se opone la Casa Blanca.

Esa votación colocará a muchos republicanos entre la espada y la pared, en especial a algunos que no han dejado de exigir transparencia máxima en este caso y que tienen la presión de sus votantes.

Según uno de los líderes demócratas en la Cámara Baja, Ro Khanna, varias decenas de republicanos apoyarán esa petición. Epstein, el que fuera su amigo durante años, vecino en Nueva York y Palm Beach, compañero de fiestas como recogen abundantes documentos de la época, va a seguir siendo un quebradero de cabeza para Trump.

La cúpula política del Estado guardó silencio, dejando la palabra a la hija de Manuel Colaco Dias, la primera de las víctimas del 13 N: «Desde aquel día, hay un vacío que nada puede llenar. Ante ese dolor, inmenso, estamos en pie. Nuestra memoria es preciosa. Y debemos transmitirla a las futuras generaciones». Con esas palabras se colocaba una placa de recuerdo de la tragedia, en la puerta principal del Estadio de Francia.

Macron y el resto de los representantes del Estado guardaron silencio. El presidente de la República hará un balance final de la jornada a última hora de la tarde, tras las ceremonias que seguirán en el resto de los lugares víctimas de la matanza del 13-D: los bares «Carillon» y «Petit Cambodge», la «brasserie» «Bone Bière», los bares «Comptoir Voltaire» y «Belle Équipe», la salta de fiestas «Bataclan», entre las 14.30 y las 15.30.

Jardín en memoria del 13-N

Horas más tarde, hacia las seis de la tarde, Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, presidirán la gran ceremonia final, inaugurando un jardín público en la plaza de Saint-Germain.

En todas las ceremonias de recuerdo e instalación de placas conmemorativas estaban presentes algunas familias de las víctimas de la tragedia.

Antes, durante y después de cada ceremonia continúan muy presentes los recuerdos de las amenazas islamistas, siempre inquietantes y bien actuales.

Laurent Nuñez, ministro del Interior, recordó un «detalle» alarmante: «Durante los diez primeros meses de este año, los servicios de seguridad consiguieron detener a los terroristas que proyectaban seis atentados». Poco menos de un proyecto de atentado por mes.

Nicolas Lerner, el comandante en jefe de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE, responsable del espionaje y contraespionaje nacional), declaraba horas antes del inicio de las conmemoraciones: «La amenaza islamista está en plena mutación, pero es siempre muy elevada». Agregando: «El ataque terrorista de Hamas contra Israel, el 7 de octubre del 2023, ha incrementado de manera significativa las amenazas islamistas contra Francia, que tiene la comunidad musulmana más importante de Europa».

Más allá de sus palmarias dimensiones políticas y criminales, el recuerdo de las matanzas del 13-D también tiene dimensiones espirituales de un carácter esencial para la Nación.

A la caída de la tarde de este jueves, las campanas de la catedral de Notre-Dame y todas las iglesias de Francia comenzarán a repicar, en recuerdo de las víctimas, reafirmando la unidad nacional más profunda ante un drama colectivo. Monseñor Laurent Ulrich, arzobispo de París, subraya esa dimensión especial de la celebración: «Con la Torre Eiffel iluminada con los colores de la bandera nacional, las campanas de las iglesias de París sonarán, unidas, en el recuerdo de nuestra identidad y solidaridad en el dolor y la tragedia».

Este lugar es también el escenario de uno de los capítulos más oscuros del régimen y que el gobierno autoritario chino pretende ocultar: las protestas prodemocráticas de 1989, que fueron reprimidas con violencia por el Ejército. Este episodio, cuyo número oficial de víctimas mortales se desconoce, ha sido borrado de la historia oficial y la plaza permanece bajo un férreo control de seguridad.

El hecho de que los Reyes hayan iniciado aquí su viaje es algo habitual en los viajes de Estado de mandatarios a China. Lo que ha sido un hecho extraordinario es la ofrenda floral posterior, ya que en las visitas de otros países los jefes de Estado no han accedido a realizar este acto. El gesto de Don Felipe y Doña Letizia implica, en parte, validar un espacio que encarna tanto la autoridad del Partido Comunista como el silencio impuesto sobre su mayor mancha histórica. En el caso de España, adquiere un matiz aún más delicado, teniendo en cuenta que fue uno de los países europeos que evitó sancionar a Pekín tras la matanza. En los anteriores viajes de Estado con Juan Carlos I y la Reina Sofía –que tuvieron lugar en 1995 y 2007–, los padres de Felipe VI evitaron la plaza de Tiananmen y no hicieron ninguna ofrenda floral, aunque Don Juan Carlos fue el primer jefe de Estado occidental en visitar China después de aquellos hechos.

En el contexto actual de esta visita, este gesto de los Reyes tiene trascendencia por lo que supone para España en términos de acercamiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez al régimen autoritario chino, lo que implica el recelo de sus socios tradicionales, como la Unión Europea y Estados Unidos, cuando desde la primera revisan alianzas por temor a la injerencia china y el segundo es un enemigo declarado del régimen de Xi Jinping.

Una concesión de Moncloa

El Rey y la Reina han ascendido las escaleras del Monumento a los Mártires del Pueblo escoltados por dos soldados del Ejército Popular de Liberación, quienes portaban la corona de flores depositada en la base del obelisco a modo de homenaje.

Ensalza este la memoria de los «mártires revolucionarios» que dieron su vida por la causa revolucionaria, a quienes desea «gloria eterna», según la inscripción caligrafiada por Mao Zedong en la losa central.

Sus mosaicos, por tanto, nada dicen del millón de manifestantes que a finales de mayo de 1989 acamparon aquí exigiendo más pluralismo político, lo que el régimen silenció ordenando a las fuerzas armadas abrir fuego contra su propia población.

El lugar representa desde entonces, en silencio, el mayor estigma a la legitimidad del régimen, un escenario que muchos mandatarios extranjeros —no todos— han preferido evitar en sus visitas. La presencia de los Reyes en este acto de homenaje, por tanto, supone una problemática legitimación del escenario.

Fuentes consultas por ABC se escudan en la naturaleza unitaria de los viajes de Estado, planteada de antemano por el país anfitrión y cuya formulación final depende del Palacio de la Moncloa y el Ministerio de Asuntos Exteriores más que de la Casa del Rey. Son varias las voces que reconocen la incomodidad que genera este acto y su potencial uso propagandístico por parte del régimen. Sin embargo, defienden su inclusión en la agenda como una concesión para no rebajar el perfil de la visita y que esta obtenga el máximo rédito. Otras fuentes consultadas explican que la ofrenda floral también responde a la que Xi Jinping realizó en la Plaza de la Lealtad durante su última visita de Estado a España en 2018.

Antes de la ofrenda floral, en el interior del Gran Palacio del Pueblo, Xi Jinping y Felipe VI han firmado diez acuerdos entre España y China que abarcan desde la cooperación científica y educativa hasta la promoción cultural y la seguridad alimentaria. En principio iban a ser nueve, pero en el último momento se ha firmado otro en materia económica, el de la comisión mixta de cooperación económica.

El presidente Xi Jinping ha destacado que «la situación internacional es cambiante y turbulenta y el mundo necesita de más fuerzas constructivas por la paz y el desarrollo» y ha subrayado el valor histórico y simbólico de la relación entre ambos países. «Su Majestad el Rey ha visitado China en varias ocasiones y es un buen amigo del pueblo chino», ha subrayado, al tiempo que ha recordado que la Casa del Rey «ha hecho importantes contribuciones al desarrollo de las relaciones entre China y España». Xi Jinping evocó la visita de Juan Carlos I en 1978, «en un momento en que el país iniciaba su política de reforma y apertura», y que «abrió un nuevo capítulo en la historia de las relaciones sino-españolas». De cara al futuro, el presidente chino subrayó su voluntad de «construir una Asociación Estratégica Integral más firme en su orientación, más dinámica en su desarrollo y con mayor influencia internacional», con el propósito de «contribuir de forma aún más significativa a la prosperidad, la paz y el desarrollo del mundo».

Felipe VI, por su parte, ha agradecido la hospitalidad del presidente chino y ha subrayado la solidez de una relación «de confianza mutua, bajo los principios de respeto y de prosperidad compartida». Una vez finalizada la intervención del presidente Xi, Felipe VI todavía no había terminado de hablar cuando el equipo de seguridad del Gran Palacio del Pueblo quiso retirar del salón de reuniones a los periodistas españoles que tomaban notas sobre las palabras del Rey, entre ellos este diario. Finalmente, abandonaron la sala sin haber terminado de escuchar a Felipe VI.