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«Estuvimos en Afganistán con los canadienses en Kandahar, al sur del país. Durante mi tiempo allí, los combates en Kandahar fueron constantes y muy peligrosos. Los canadienses perdieron a mucha gente y nosotros también. Fue una experiencia extrema», recuerda durante una entrevista telefónica con este diario Knudsen, quien ahora es vicepresidente de la Asociación de Militares Veteranos en Dinamarca.

En sus palabras se mezcla la frustración con el enfado tras las últimas palabras de Donald Trump. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos sugirió en una entrevista en Fox News que las tropas de la Alianza Atlántica «se mantuvieron un poco lejos de las líneas del frente» en Afganistán.

«Trump está diciendo que no estuvimos en primera línea, que estuvimos en la retaguardia. Pero los que murieron sí que estaban en primera línea. Yo lo estuve y vi morir a mucha gente, a muchos compañeros perder sus piernas o sus brazos, sufrir estrés postraumático por lo que vieron y vivieron», asegura Knudsen. Como oficial, acudió a cada funeral de un compañero caído en combate.

Tras su misión, «casi como un soldado americano más» en 2012 también en Afganistán, Knudsen fue condecorado con una bandera estadounidense y una estrella de bronce que hasta hace poco enseñaba con orgullo. «Antes, con cualquier visita a casa enseñaba estos premios con orgullo. Ahora están en un cajón». Incluso su mujer, una estadounidense que lleva más de una década viviendo en Dinamarca, se muestra «avergonzada y apenada» por lo que está viendo en su país de origen.

¿Mereció la pena?

Después de «esta traición», los veteranos daneses que estuvieron destinados no solo en Afganistán, sino también en Irak o Kuwait, se preguntan si mereció la pena.

Dinamarca perdió a 44 de sus soldados, mujeres y hombres, en un sacrificio que para muchos fue el precio a pagar por comprometerse con su aliado, Estados Unidos, en la lucha contra el fanatismo islámico. En aquel momento, ambos ejércitos eran camaradas que arriesgaban sus vidas por una causa común.

Uno de estos militares que lleva días haciéndose esa pregunta, «¿mereció la pena?», es Lars Wolff. Entre 2003 y 2004 estuvo destinado primero en Irak y Kuwait y, un año más tarde, en Kabul. Este cabo recorría cada día las arenosas y peligrosas carreteras que rodeaban Hindu Kush, la gran cadena montañosa que domina el norte y el oeste de la capital afgana.

«Transportaba a gente de un lado a otro todos los días. Hicimos un buen trabajo, aunque la misión era extremadamente peligrosa. Los británicos perdían un soldado al mes. Nosotros, en comparación, parece que tuvimos más suerte, pero fue muy duro», cuenta con voz calmada, propia del que ha contado su historia en más de una ocasión.

Después de varias misiones en el extranjero, fue diagnosticado con las temidas siglas en inglés quien termina un trabajo, pero nunca vuelve del todo a casa: PTSD (post-traumatic stress, o estrés postraumático en castellano).

«Tras volver de esas misiones, ya nunca más fui el mismo. Sufro estrés postraumático y lo que estoy escuchando ahora en palabras de Trump me afecta mucho y, sobre todo, me enfada. Creo que hicimos un muy buen trabajo juntos, pero después de lo que ha dicho te preguntas si mereció la pena», explica Wolff.

Estas palabras fueron la puntilla para una sociedad, la danesa, y un grupo, los militares, que han dicho «basta» a las «faltas de respeto» de Donald Trump. «Las palabras valen igual que los hechos, y lo que está diciendo Donald Trump es irrespetuoso e irresponsable», sentencia Knudsen.

Manifestación en silencio

Este sábado, el grupo de veteranos convocó una manifestación en Copenhague con el lema: «Nos quedamos sin palabras». En silencio, se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos. «Dinamarca siempre ha apoyado a Estados Unidos, y nos hemos mantenido en los puntos conflictivos del mundo cuando nos han solicitado. Nos sentimos defraudados y ridiculizados por la Administración Trump, que ignora deliberadamente la lucha de Dinamarca junto a Estados Unidos», escribía el grupo de veteranos en su página web para anunciar la marcha.

El último gesto que enfureció a los veteranos se produjo esta misma semana, cuando la Embajada de Estados Unidos en la capital danesa retiró las banderas en honor a los soldados muertos en Afganistán de un área a las afueras del edificio. Un vídeo compartido por TV2, un medio danés, mostraba cómo un guardia de seguridad retiraba las banderas de las macetas que recordaban a los 44 caídos daneses.

La propia Asociación Danesa de Veteranos criticó duramente la medida, calificándola en un comunicado de «innecesaria e insensible». Su presidente, Carsten Rasmussen, afirmó comprender la indignación, pero instó a una respuesta tranquila: «Cuando ellos actúan con desdén, nosotros actuamos con desdén, y respondemos con calma, dignidad y consideración».

El asunto de Groenlandia

El enfado danés no sólo viene de las últimas bravuconadas de Trump sobre Afganistán. El tema groenlandés cada día escuece más. Bien lo sabe Gert Sloth Berthelsen, de madre danesa y padre groenlandés (primer groenlandés en sumarse al Ejército danés). Berthelsen, que siguió sus pasos, sirvió en el Ejército danés junto a las fuerzas estadounidenses en una misión de paz en Macedonia del Norte entre 1996 y 1997. Ahora preside el proyecto ‘Groenlandia’ de la asociación de veteranos y cada año organizan un viaje a la isla.

El constante interés de Trump por el territorio danés, que desde el año pasado lleva repitiendo, ha trastocado la «tranquilidad de la isla, que ahora se ha convertido en el centro de los debates», cuenta Berthelsen. «Muchos de los veteranos con los que trabajamos han servido junto a estadounidenses y ahora no hay ningún respeto por su servicio ni su cargo», comenta durante una videollamada con ABC. «Estamos consternados por la conducta de EE.UU. y la falta de respeto que estamos presenciando. Groenlandia pertenece al pueblo groenlandés, no hay más».

Las relaciones entre ambos países han sido durante años muy buenas. Dinamarca ha sido un socio que ha estado en las guerras donde Estados Unidos ha pedido ayuda y, por su parte, Washington ha sido el gran aliado de defensa de Copenhague bajo el paraguas de la OTAN. Por eso, ahora los daneses no pueden creer que quizás en algún momento puedan necesitar defenderse de Estados Unidos.

Según concluye Knudsen, «si Trump llegara a invadir Groenlandia, sería el momento final de la alianza de la OTAN y de la admiración por el gran país que fue Estados Unidos».

En la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se reúnen los familiares de los presos políticos todos los días desde el 8 de enero, fecha de las excarcelaciones anunciadas por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, presidenta encargada y presidente de la Asamblea Nacional.

Hasta el día el día de hoy se han liberado condicionalmente solo unos 303 de los mil detenidos según la ONG del Foro Penal. La Plaza del Rectorado de la UCV se ha convertido en un centro de acopio de víveres, alimentos y productos de primera necesidad, ayuda, encuentro y de intercambio entre familiares de los que han sido liberados y los que faltan por excarcelar. «Somos una gran familia muy unida», dice a ABC Adriana Briceño.

Adriana Briceño es esposa del preso político Ángel Godoy, un ingeniero de 52 años, que estuvo nueve meses detenido en El Helicoide y luego tres meses y seis días en Yare. En total estuvo un año y seis días por trabajar en la página informativa digital Punto de Corte. Le imputaron los cargos de terrorismo, instigación al odio y a la insurrección armada. Fue excarcelado el 14 de enero.

«Cuando escuchamos la noticia de la amnistía, estábamos reunidos la familia. Fue realmente un éxtasis, porque en el caso de mi esposo, que está en libertad bajo medidas cautelares, esperamos que su caso sea revisado y pueda tener libertad plena en toda su expresión«, confía Adriana. Tanto ella como su familia estallaron de felicidad: «Estamos empezando a ver la luz al final del túnel».

La detención arbitraria e injusta de Ángel Godoy le cambió la vida a Adriana. Además de privarla de su marido, la despidieron después de trabajar 21 años en una empresa del Estado. «Gracias a la ayuda económica de mi familia y mis amigos, pudimos sobrevivir un año sin ingresos», reconoce.

Angeli de la Cruz, esposa de Carlos Azuaje, quien fue puesto en libertad el 17 de enero tras siete meses en El Helicoide y luego en Yare, también se muestra satisfecha: «Bueno, realmente estoy muy contenta y feliz gracias a Dios, que escuchó nuestras plegarias. Vamos a salir de esta situación, pero quedan todavía muchos presos políticos y personas mayores».

La familia de Angeli creció en la Plaza del Rectorado. «Hacemos familia con todos y les tomamos cariño y afecto. Me parece una gran noticia la ley de amnistía, la estábamos esperando justo cuanto hay cientos y cientos de presos políticos. No lo veo como un favor que nos hace el régimen, sino algo que tienen que hacer, es su obligación. Todavía falta más de la mitad; ni siquiera llegamos al 50% de excarcelaciones».

Diego Casanova es miembro de la ONG Comité por la libertad de Presos Políticos (Clipp). También es familiar de los detenidos por razones políticas. Su hermano, José Gregorio Pérez Maita, fue liberado hace un año en enero de 2025, pero debe presentarse al tribunal antiterrorista cada 30 días.

«En medio de esta lucha tan dura que vivimos, el anuncio de la ley de amnistía es un momento de alivio y de alegría. Sentimos que nuestra lucha y presión es tomada en cuenta, que le estamos torciendo el brazo al régimen, que tiene que ceder y mantener el compromiso de liberar a los presos políticos», añade Diego.

En su opinión, «tiene que darse un proceso de excarcelaciones masivas. Sentimos una felicidad cautelosa porque ellos (el régimen chavista) actúan desde la mentira, la crueldad y la arbitrariedad. Tenemos dudas de su sinceridad y hasta que no se concrete la ley de amnistía no podemos cantar victoria».

Para Diego Casanova, si los hermanos Rodríguez no han cumplido con sus promesas de excarcelar a los presos políticos el pasado 8 de enero, «es difícil creer que lo hagan ahora. Esto no es un perdón porque los presos políticos no han delinquido. Claro, es un hecho beneficioso pero debemos tener claro que lo hacen porque les han presionado».

Martha Cambero es la esposa de Nicmer Evans, un reportero que fue liberado en la ronda del 14 de enero junto a los 19 periodistas detenidos. Estuvo 51 días detenido entre El Helicoide y Yare.

En la Plaza del Rectorado, tanto Martha como Nicmer ayudan a organizar la ayuda solidaria con los familiares que hacen vigilia por la liberación de los presos políticos. «Estoy feliz, pero me tomo con recelo la noticia de la amnistía», señala Martha, quien desea ver en qué términos se redacta el texto de la ley.

Martha está de acuerdo con el cierre de El Helicoide, el principal centro de tortura del país. Pero no está de acuerdo con convertirlo en un centro cultural, social, deportivo y comercial para la comunidad del gremio policial como propone la presidente interina.

En su opinión, la sociedad tiene la memoria muy corta y El Helicoide debe convertirse en un centro o en un museo para la humanidad para recordar el oprobio y la tortura de los miles de venezolanos que sufrieron la injusticia y nunca más se repita.

Moscú podrá contar con extensos análisis de ese colectivo apoyados por interrogatorios en la frontera, imágenes de las miles de cámaras repartidas por el espacio público y datos de todo tipo que se exigen a quienes llegan de fuera para poder permanecer legalmente.

Actualmente, las autoridades rusas ya disponen de mucha información de todos los inmigrantes. Para poder contar con una tarjeta de teléfono SIM con internet móvil, por ejemplo, se les requiere que den sus datos biométricos como huella dactilar, voz y escaneo facial, además de obligarlos a registrarse en la Seguridad Social y en el portal de servicios del Gobierno.

Dichas normas afectan a cualquier extranjero que esté en Rusia, incluso a los turistas. Las operadoras de telefonía han llegado a pedir al Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicación y Medios que simplifique el proceso de obtención de este dispositivo debido a que los visitantes de otros países no están dispuestos a perder una semana en trámites burocráticos durante sus vacaciones.

En Moscú hay repartidas cerca de 230.000 cámaras con un sistema de identificación facial que registra los movimientos de los ciudadanos. En San Petersburgo, la segunda ciudad del país, se lanzó un proyecto, ‘Ciudad segura’, que los clasifica según su color de piel. Las autoridades locales implementaron en agosto del año pasado dispositivos con inteligencia artificial incorporada que pueden reconocer hasta «seis tipos de razas». El Comité de Tecnologías de esta urbe defiende que con este análisis las fuerzas de orden «pueden detectar la concentración de ciertas nacionalidades».

Los extranjeros que viven de forma permanente en Moscú, además, tienen la obligación de pasar un test médico anual que deben pagar de su bolsillo. Las autoridades quieren asegurarse así de que los foráneos no tengan enfermedades infecciones ni sean drogodependientes.

A la mayoría de los extranjeros se les exige un registro temporal, una ‘registratsia’. Este trámite heredado de la época soviética debe cumplimentarse en los primeros siete días desde la llegada al país y, a diferencia de un empadronamiento, se cancela cuando el migrante pasa una noche en otro alojamiento porque en su nueva ubicación tiene que realizar un nuevo papeleo.

Al pasar la frontera también hay requisitos. Entre ellos figura un ocasional interrogatorio para aquellos ciudadanos de países «no amistosos» –básicamente, todos los de la UE, EE.UU., Canadá y Japón–. Durante este trámite se va más allá del motivo por el que se eligió viajar a Rusia y se pregunta por cuestiones como las relaciones de Moscú con otras naciones y, en especial, sobre la guerra de Ucrania.

Así, el Estado ruso puede tener de un extranjero un informe detallado con cuestiones personales, lugares donde ha estado o va a estar dentro y fuera del país, biometría, historial sanitario y el IMEI (código de 15 dígitos pregrabado) de su teléfono, entre otros. El perfil digital contará en total con 25 categorías de datos que estarán a disposición de 14 agencias y organizaciones estatales.

La medida llega menos de un mes después de la captura de Nicolás Maduro en la operación estadounidense del 3 de enero y encaja en la estrategia de Donald Trump para convertir el petróleo en herramienta de estabilización y presión. La Casa Blanca quiere permitir que empresas estadounidenses vuelvan a operar en Venezuela, pero sin entregar al régimen —o a lo que quede de él— la llave del negocio energético.

La licencia permite transacciones necesarias para exportar, transportar, refinar o comercializar petróleo venezolano, siempre que las compañías estén establecidas en Estados Unidos. Los contratos deberán regirse por la ley estadounidense y cualquier disputa se resolverá en tribunales del país. Trump busca que el crudo vuelva a circular, pero bajo jurisdicción norteamericana, como si el petróleo venezolano fuese ya una extensión del tablero estratégico de Washington.

El punto central es el dinero. Los pagos no podrán ir directamente a personas sancionadas ni a estructuras del chavismo, sino a cuentas controladas por el Tesoro. Es, en la práctica, una reapertura sin confianza, pues se permite el comercio, pero se bloquea el acceso libre a los ingresos. La Casa Blanca pretende así mantener control sobre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, heredera del poder tras la caída de Maduro.

El documento fija también límites geopolíticos claros. Prohíbe operaciones vinculadas con Rusia, Irán, China, Cuba o Corea del Norte, excluye pagos en oro o criptomonedas y veta transacciones con buques bloqueados. Si el petróleo se exporta a terceros países, las empresas deberán reportar cada operación con detalle, en un sistema de supervisión que convierte cada barril en un expediente.

Trump ya había adelantado esta línea en una reunión con los grandes ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde llegó a pedir inversiones de hasta 100.000 millones de dólares para relanzar la industria venezolana. Pero el entusiasmo fue limitado. El consejero delegado de ExxonMobil llegó a decir que Venezuela sigue siendo hoy «ininvertible», por la ausencia de seguridad jurídica y el historial de expropiaciones. Repsol, por su parte, sí expresó interés en ampliar operaciones en Venezuela.

El principal avance, explicó Homan en rueda de prensa desde Mineápolis, es una mayor colaboración para la detención de inmigrantes indocumentados peligrosos que estén en los sistemas de prisiones estatal o local. Por ejemplo, explicó que Ellison se comprometió a que las cárceles de los condados notifiquen a la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) sobre la fecha de liberación de indocumentados que hayan supuesto un riesgo para la seguridad pública.

Este tipo de cooperación hace las detenciones «más seguras para la comunidad, más seguras para los agentes y más seguras para los indocumentados».

«Es el tipo de cooperación de sentido común que permite que se reduzca el número de agentes que tenemos aquí», defendió.

Homan llegó a Mineápolis este lunes por la noche, en medio de la convulsión por la muerte de un segundo vecino, Alex Pretti, por disparos de agentes federales durante uno de sus operativos. Homan, que estuvo al frente de ICE en el primer mandato de Trump, relevó a Gregory Bovino, un alto cargo de la Patrulla Fronteriza que se había convertido en la cara de la mano dura migratoria del presidente de EE.UU.

«Podemos hacer mejor las cosas», dijo Homan en su comparecencia, en la que no se refirió a las muertes de Pretti y de otra vecina, Renee Nicole Good, que desataron una crisis en Mineápolis con repercusiones nacionales. Pero el nuevo jefe de las operaciones en Minnesota aseguró que «no vamos a renunciar a nuestra misión, solo lo vamos a hacer de manera más inteligente». Y que la retirada de los agentes también dependerá de la colaboración de las autoridades locales en rebajar la tensión, en acabar con la «retórica de odio» que ha dificultado las labores de detección y detención de inmigrantes indocumentados.

«Vamos a recuperar la ley y el orden y vamos a trabajar juntos para eliminar amenazas a la comunidad», prometió.

Homan reconoció que la posición sobre política migratoria de los demócratas de Minnesota -como Walz, Ellison o el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey- está lejos de la de la Administración Trump. «Pero no he venido aquí a sacarme fotos o aparecer en titulares», dijo. «Hay cosas en las que estamos de acuerdo: la seguridad de la comunidad es primordial: y ICE es una fuerza de seguridad legítima encargada de hacer cumplir las leyes emanadas del Congreso y mantener la seguridad en las calles».

Redadas selectivas

El enviado de Trump aseguró que la cooperación de las autoridades locales y la bajada de la tensión es lo que facilitará una reducción progresiva del número de agentes de Mineápolis, donde se han desplegado alrededor de 3.000 efectivos desde diciembre. Defendió que el alto número de agentes tiene que ver con la retórica agresiva de los locales y la resistencia de los vecinos a las redadas.

Pero no ocultó un punto de autocrítica. «No estoy aquí porque el Gobierno federal haya llevado a cabo su misión de forma perfecta», reconoció Homan, en medio de alegaciones de detenciones indiscriminadas, uso de fuerza excesiva, arresto de ciudadanos estadounidenses y un clima generalizado de miedo y tensión, además de los episodios de violencia registrados.

Aseguró que las operaciones de detención de inmigrantes serán «focalizadas», «como ha sido de forma tradicional», priorizando la detención de inmigrantes con historial criminal violento. No negó, como ha hecho siempre la Administración Trump, que cualquiera que haya vulnerado la ley y haya entrado de forma ilegal en EE.UU. es susceptible de ser detenido. Pero aseguró que, si hay más cooperación y más seguridad en los operativos, «el resultado también será menos detenciones colaterales».

La sensación que han dejado las operaciones decretadas por Trump no es de redadas focalizadas, ordenadas, que, como dijo Homan, son «más seguras y menos violentas». Desde el año pasado, el presidente de EE.UU. ha optado por operaciones espectaculares, centradas en ciudades específicas -Los Ángeles, Chicago, Nueva Orleans, Mineápolis-, con despliegues masivos de agentes, que han desatado el temor en las comunidades de inmigrantes y han puesto a los vecinos en vilo.

Vídeo de Pretti

Homan no se quiso referir al vídeo de Pretti que apareció en la víspera. Se trata de otro altercado previo con agentes federales, once días antes de su muerte. En el documento se ve cómo se enfrenta, insulta y escupe a agentes en un operativo. Después, agrede su coche con dos patadas y rompe luces de la parte trasera. Los agentes le agarran, hay un forcejeo en medio de un tumulto y acaba escapando. «Dejemos que la investigación siga su curso», se limitó a decir Homan.

Trump, contra lo que es habitual en él, optó por el silencio. El presidente de EE.UU. celebró una de sus reuniones de Gabinete televisadas y no admitió preguntas de la prensa. Dio la palabra a varios de sus secretarios, en especial en asuntos relacionados con la economía. Pero no a Kristi Noem, la responsable del Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE, y una de las figuras que ha salido debilitada de la crisis en Mineápolis.

Quizá la intención de Trump era no restar protagonismo al estreno esa misma noche de ‘Melania’, el documental protagonizado por Melania Trump, la primera dama.

La decisión responde a la ola de represión que el régimen islámico ha desatado para contener las protestas multitudinarias de los ciudadanos que han salido a las calles pidiendo libertad y cambios en el país y que, según la mayoría de estimaciones, habría costado más de 5.000 vidas. Para Kallas, «cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos está trabajando para su propia desaparición».

Los ministros han decidido también ampliar las medidas contra Irán y han añadido a 15 personas y seis entidades en la lista de sancionados como respuesta a la brutal represión y también por el apoyo a Rusia en su invasión de Ucrania. Entre los que aparecen en esta nueva lista figura Eskandar Momeni, ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional, así como el fiscal general Mohammad Movahedi-Azad o Iman Afshari, juez del Tribunal Supremo. Además, se han incluido varios comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos mandos de la Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

250 personalidades sancionadas

Actualmente esa lista suma ya unas 250 personalidades, todas relacionadas con el régimen de los ayatolás. La decisión se ha tomado por unanimidad de todos los países, como es preceptivo cuando se trata de sanciones. Las medidas punitivas consisten en la congelación de activos, la prohibición de viajar a la UE y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas incluidas en la lista. También se prohíbe la exportación a Irán de equipos que puedan utilizarse para la represión interna, incluidos los equipos de vigilancia de las telecomunicaciones.

La Guardia Revolucionaria se considera una pieza esencial en la estructura del régimen y depende directamente del Líder Supremo Alí Jamenei. En realidad, esta unidad constituye el núcleo de la defensa ideológica de las fuerzas de seguridad del país. Fue creada tras la revolución de 1979 como una entidad dedicada a proteger a los líderes religiosos del país y para defender la ideología islamista del régimen y los principios de la revolución. Por ello es utilizada frecuentemente como herramienta para controlar a los disidentes y las protestas. Cuenta con una sección de voluntarios, la ‘Niruye Moqavemate Basij’ (Fuerza de Resistencia Basij), que es utilizada frecuentemente en tareas de represión directa a la población.

La anticipada decisión de la UE de incluir en la lista negra a la Guardia Revolucionaria se produce después de que Francia e Italia anunciaran su apoyo a la medida, tras haberse opuesto previamente con el argumento de que esta medida podría cerrar los canales diplomáticos con Teherán. Intentando dejar una puerta abierta, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, no ha sido incluido en la lista de sancionados.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo que consideraba esta decisión como un «llamamiento» a Teherán para que libere a los presos políticos, ponga fin a las ejecuciones, restablezca el acceso a internet a los 90 millones de iraníes y deje salir a los ciudadanos europeos que se encuentran refugiados en varias embajadas. «No puede haber impunidad para los crímenes cometidos». Por su parte, el ministro español, José Manuel Albares, afirmó que Madrid «condena la represión insensata del régimen iraní contra sus propios ciudadanos» y que, por ello, se ha sumado a la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria.

Preguntado en una entrevista con ABC News sobre qué implica ese relevo, Trump aseguró que «vamos a empezar a hacer las cosas de forma un poco más relajada». Es la misma persona que hace poco se quejaba porque los agentes federales «no han ido suficientemente lejos» y que ha defendido las actuaciones en Mineápolis, pese a la oposición en esta ciudad de mayoría demócrata.

«Buena parte del trabajo más duro ya se ha hecho», defendió Trump, que da señales de querer dejar atrás los problemas de opinión pública que le está causando esas muertes en Mineápolis.

Baja temporal para dos agentes

Este cambio de tono se percibe también en las decisiones sobre la última de esas tragedias, en la que murió Alex Pretti, un enfermero que trabajaba en un hospital para veteranos del ejército. La Administración Trump defendió en un momento que los agentes que le dispararon actuaron en defensa propia y que Pretti buscaba «masacrar» policías, contra lo que se ve en los vídeos grabados por testigos. También dijeron que esos agentes seguirían en sus funciones, aunque probablemente en otro lugar. Eso cambió este miércoles, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) anunció que los dos agentes han sido colocados en situación de baja administrativa, relevados de forma temporal.

Esto ocurre en un momento en el que crece la presión sobre la secretaria del DHS, Kristi Noem, que tiene a su cargo las agencias federales que han ejecutado la operación migratoria en Mineápolis. Como otros altos cargos de la Administración Trump, Noem reaccionó con una narrativa falsa sobre la muerte de Pretti. Por ejemplo, dijo que el vecino «blandía» un arma en su interacción con los agentes, lo que no se corresponde con la verdad.

Algunos republicanos han criticado su gestión. E incluso han llegado a pedir su dimisión, como el senador Tom Tillis, uno de los pocos congresistas que se atreve a enfrentarse a Trump, porque no se presenta a la reelección. Los demócratas, por su parte, aseguran que si Noem no dimite, iniciarán un ‘impeachment’ o juicio político contra ella. «Esto se puede hacer de la manera fácil o de la difícil», dijo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Rubio recurrió a una metáfora médica para describir el país como un paciente con una pierna rota y una lesión interna que amenaza la vida, insistiendo en que primero hay que evitar el colapso antes de corregir otros daños, y que la recuperación no puede acelerarse como «un plato congelado en el microondas». Afirmó que por primera vez en más de una década y media existe una posibilidad real de transformación, con comunidades venezolanas en Estados Unidos esperando regresar e invertir en la reconstrucción. Como ejemplo, citó transiciones como las de España y Paraguay, subrayando que el paso de la autocracia a la democracia no es lineal, con altibajos, aunque dijo que la tendencia hasta ahora va en la dirección correcta.

El secretario de Estado intentó ordenar la transición en tres objetivos. El final, insistió, es una Venezuela «amigable, estable, próspera y democrática», con elecciones libres y justas en las que todos los sectores estén representados. Subrayó que no basta con votar si la oposición no tiene acceso a medios o si los candidatos son inhabilitados. Pero reconoció que ese horizonte no se alcanza en semanas. «Va a llevar tiempo», admitió.

En ese punto entró el mecanismo central de esta fase: el petróleo y el dinero. Rubio explicó que Estados Unidos mantiene sanciones y una «cuarentena» sobre el crudo venezolano, que impide su libre salida al mercado. Washington, dijo, ha aceptado un arreglo temporal: permitir que parte del petróleo se venda a precio de mercado —no con el descuento que, según él, recibía China— a cambio de que los ingresos se depositen en una cuenta bajo supervisión estadounidense. Ese dinero, afirmó, debe gastarse «en beneficio del pueblo venezolano».

El segundo objetivo, explicó, es una fase de recuperación. Normalizar la industria petrolera, sacar al sector de la corrupción y del dominio criminal, y convertir los recursos naturales en motor de estabilidad futura. Rubio recordó que, aunque Venezuela tenga las mayores reservas del mundo, su petróleo es el salvavidas que permitirá sostener el país si se gestiona bajo reglas normales.

Apertura económica y política

En ese marco, dio crédito a las autoridades actuales por haber aprobado una nueva ley de hidrocarburos que elimina restricciones de la era Chávez a la inversión privada. Reconoció que puede no ser suficiente para atraer capital masivo, pero la presentó como un «gran paso» en apenas tres semanas.

La transición, añadió, también implica abrir espacio político. Rubio habló de presos políticos —hasta 2.000 según algunas estimaciones— y afirmó que están siendo liberados, aunque «más lento» de lo que él quisiera. Dijo que algunos liberados empiezan a hablar y a participar en la vida pública, pero admitió que queda una lista larga.

Rubio insistió en que nada de esto habría sido posible con Maduro en el poder. Recordó que se intentó durante años negociar su salida y que Maduro rompió todos los acuerdos. Citó como ejemplo un pacto con la Administración Biden que, según él, terminó en incumplimiento: liberaciones parciales seguidas de nuevas detenciones, promesas electorales rotas, inhabilitación de candidatos como María Corina Machado. Rubio describió a Maduro como alguien con quien «no se puede hacer un trato».

El secretario de Estado partió de un diagnóstico muy duro del chavismo como amenaza estratégica hemisférica. Describió el régimen de Maduro como un «régimen narcotraficante» dirigido por un «individuo acusado» que convirtió Venezuela en base operativa de adversarios globales. Aseguró que Irán tenía allí su principal plataforma en el hemisferio occidental, que Rusia utilizaba Caracas como eje de proyección regional y que Cuba y Nicaragua formaban parte de ese mismo entramado.

Cortar la influencia china

Añadió que China recibía petróleo venezolano con descuentos de hasta 20 dólares por barril, en ocasiones sin pagar en efectivo, sino como forma de amortizar deuda. Venezuela, dijo, no era un problema lejano, sino una amenaza instalada «en nuestro propio hemisferio», con efectos directos en Estados Unidos, Colombia y el Caribe.

Rubio justificó el sistema como respuesta a una urgencia de tipo material. Venezuela, sostuvo, se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento y se enfrentaba a un colapso fiscal inmediato. Necesitaban dinero para pagar servicios básicos: policías, trabajadores de saneamiento, funcionamiento mínimo del Estado. El mecanismo, dijo, no es permanente, pero permite evitar un desplome en el corto plazo mientras se administra la transición.

El esquema incluye, según Rubio, un control operativo del gasto. Las autoridades venezolanas deben presentar presupuestos con necesidades concretas. Estados Unidos define desde el inicio para qué no puede usarse el dinero. Rubio afirmó que las autoridades han sido «muy cooperativas». Incluso dijo que han prometido destinar una parte sustancial de esos fondos a comprar medicinas y equipos directamente a Estados Unidos.

El secretario de Estado se detuvo también en un elemento técnico que considera estratégico: los diluyentes necesarios para mezclar el crudo pesado venezolano. Aseguró que Venezuela obtenía antes el 100% de esos diluyentes de Rusia y que ahora los obtiene completamente de Estados Unidos. En su relato, esa dependencia forma parte del nuevo sistema de control y estabilización.

Rubio añadió, además, un punto especialmente sensible: el trato con el entorno de Delcy Rodríguez en esta fase. Subrayó que no se trata de una apuesta permanente, sino de una estabilización transicional. Reconoció que están tratando con «individuos que han estado involucrados en cosas que en nuestro sistema no serían aceptables». Y describió el chavismo como un sistema sostenido por la corrupción: «El pegamento que mantenía unido al régimen no era la ideología».

Asimismo, el secretario de Estado expresó un respeto claro por María Corina Machado y subrayó que la conoce desde hace años, que ha tratado con ella de cerca y que incluso tenía previsto reunirse con ella de nuevo. En ese intercambio, explicó que los comentarios de Trump antes diciendo que no tiene «respeto» en Venezuela no iban dirigidos a cuestionar su legitimidad personal, sino a describir una realidad incómoda del momento actual: que, «nos guste o no», el control efectivo dentro de Venezuela sigue en manos de quienes dominan las armas, las instituciones y el aparato del Estado.

Rubio sostuvo que ese es el punto central que Trump quería señalar. Machado puede tener respaldo moral y reconocimiento internacional, pero hoy no controla las estructuras de poder interno. Por eso, dijo, la transición que Estados Unidos intenta activar busca precisamente abrir un proceso de estabilización y recuperación en el que ella y otros actores democráticos puedan «formar parte» de una salida política real, aunque el aparato siga todavía en manos del bloque chavista.

El dinero del petróleo

Para responder a quienes temen que el dinero termine en redes criminales, Rubio detalló un blindaje adicional. Dijo que los ingresos del petróleo sancionado se depositan en una cuenta bloqueada bajo control estadounidense y que «por adelantado diremos en qué puede gastarse este dinero». Caracas debe presentar solicitudes presupuestarias y, como parte del mecanismo, se financiará un proceso de auditoría para verificar el destino de los fondos. Confirmó que se ha hecho ya un primer pago, necesario para cubrir nóminas y mantener en funcionamiento servicios básicos, y explicó que ese desembolso será auditado retrospectivamente.

En ese contexto, Rubio introdujo otro elemento clave del «día después»: la apertura gradual de actividad económica bajo control estadounidense. Señaló que, para estabilizar el país, será necesario conceder licencias a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo del Tesoro que autoriza excepciones a las sanciones. Lo explicó de forma simple: cualquier empresa que quiera explorar oportunidades o realizar actividad económica en Venezuela necesitará una licencia del Tesoro para poder operar legalmente.

Sobre la operación que lo sacó del poder, aportó otro dato: Maduro tenía una recompensa de 50 millones de dólares, la mayor emitida por Estados Unidos, y varias administraciones, de ambos partidos, buscaban su arresto. Dijo que se hicieron intentos para que se fuera voluntariamente antes de ejecutar la opción de removerlo.

El resultado, según Rubio, es que por primera vez en veinte años Estados Unidos mantiene conversaciones serias con autoridades venezolanas sobre cooperación antidrogas, persecución de organizaciones criminales y reducción de la presencia iraní, rusa y china. Recordó que Venezuela fue en otro tiempo un aliado fuerte de Estados Unidos antes de Chávez, y que Washington aspira a reconstruir esa relación.

Finalmente, habló de la dimensión diplomática. Dijo que habrá un relevo al frente de la unidad de asuntos venezolanos y que ya hay un equipo estadounidense sobre el terreno evaluando una reapertura rápida de presencia diplomática. Eso permitiría contacto directo no solo con las autoridades interinas, sino con la oposición y la sociedad civil.

Rubio dijo que el país viene de décadas de sistema «gangsteril». Pero afirmó que, en menos de un mes, están más avanzados de lo esperado. Y dejó claro el mensaje central de su plan: estabilidad primero, control del dinero del petróleo bajo supervisión estadounidense, licencias económicas bajo OFAC, reformas iniciales, liberaciones graduales y una transición que, en su visión, debe culminar en una Venezuela democrática y alineada con Washington.

El movimiento quedó plasmado en un decreto ejecutivo firmado sin anunciarse o firma pública que blinda los fondos derivados de la venta de recursos venezolanos y los coloca bajo custodia de Estados Unidos. El texto, datado el 9 de enero, declara una emergencia nacional para impedir que ese dinero sea embargado, transferido o sometido a procesos judiciales, y establece que solo podrá utilizarse bajo instrucciones determinadas por el secretario de Estado.

En la práctica, Rubio se convierte en el único árbitro sobre cómo se gastará cada dólar destinado a la transición. Es algo que deja a Rodríguez y el régimen sin control efectivo de las inversiones. El secretario de Estado acude al Capitolio el día 28 a explicar en el Senado su política hacia Venezuela, y se enfrentará a preguntas de ambos partidos.

La mencionada orden ejecutiva tiene un propósito doble. Por un lado, proteger esos fondos del asedio de acreedores internacionales que durante años han acumulado reclamaciones contra Venezuela. Por otro, impedir que el dinero termine absorbido por el mismo sistema de corrupción que definió al chavismo. La Casa Blanca insiste en que Delcy no tendrá ninguna capacidad de decisión sobre esos recursos. «En ningún caso», repiten funcionarios consultados. La frase funciona como garantía política en Washington, a los republicanos, y como advertencia hacia Caracas.

El decreto describe esos fondos como «propiedad soberana» de Venezuela, pero bajo una custodia estrictamente externa, de Rubio. No se trata de una operación comercial, sino de una herramienta de política exterior para control remoto de la dictadura. El Tesoro deberá designar las cuentas de forma que quede claro que el dinero no pertenece a Estados Unidos, pero tampoco puede ser usado sin autorización. La Administración lo presenta como una barrera técnica contra el desvío, una forma de mantener el control desde Washington mientras se administra una transición que sigue siendo frágil.

La decisión llega en un momento en que Trump intenta sostener un equilibrio incómodo. En el plano de lo visible, mantiene una relación de trabajo con Delcy para gestionar expedientes urgentes: coordinación migratoria, liberación de presos, marco mínimo para operaciones energéticas. En el carril interno, secreto, trata de blindar cada paso para que esa cooperación no se interprete como indulgencia. El dinero de crudo, en ese contexto, es la línea roja.

Escepticimo de los republicanos

En el Capitolio, la presión ha sido casi inmediata. Los republicanos de Florida —la delegación más influyente en la política hacia Venezuela y la más conectada con el exilio— han expresado un escepticismo abierto sobre el plan de vender petróleo venezolano mientras Delcy siga en el poder. Trump contempla vender hasta 50 millones de barriles de crudo. La primera operación, según fuentes citadas este mismo lunes por el medio Semafor, habría generado 500 millones de dólares, y Reuters informó de que una parte sustancial fue inyectada de vuelta en la economía venezolana.

Para los diputados de Florida, esa cifra no es un alivio: es una alarma. Mario Díaz-Balart lo resumió él mismo con crudeza, argumentando que Rodríguez no es solo una figura provisional, sino alguien con «un historial extensísimo de corrupción». «Ha hecho cosas horribles», añadió. La frase condensa el temor de una delegación que domina el ala dura republicana sobre Venezuela y que está estrechamente alineada con María Corina Machado.

María Elvira Salazar reclamó supervisión permanente. «Eso tiene que caer en manos americanas», dijo. «Sabemos lo que esa gente hace con el dinero. No lo van a dar a los hospitales de Caracas». Carlos Giménez lo planteó en términos directos: quizá haya que pagar salarios o comprar suministros para la población, pero «no es para meterlo en el bolsillo del régimen».

Detrás de esas advertencias hay una sospecha estructural: que el chavismo, incluso descabezado tras la captura de Maduro, conserve el control de la burocracia, de los puertos, de la cadena de mando y de los circuitos financieros informales. El temor no es solo que el dinero se pierda, sino que se convierta en combustible para una continuidad encubierta e indeseada. Es decir, un sistema que cambia de rostro, pero no de naturaleza.

El decreto ejecutivo que blinda los fondos petroleros contiene pasajes que explicitan el enfoque legal y práctico de la Casa Blanca. Define esos ingresos como propiedad de Venezuela que «será retenida en custodia por el gobierno de Estados Unidos… pendiente de disposición soberana para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos determinados por el secretario de Estado».

Control institucional

Ese lenguaje procesal y técnico contrasta con la retórica de Trump, que en varios encuentros con ejecutivos petroleros y en declaraciones públicas ha afirmado que su Administración está «entregando» o gestionando el crudo venezolano para abrir el país a las compañías estadounidenses y recuperar inversión nacional. En realidad, el decreto no remite a una cesión a un individuo, sino a un control institucional que busca evitar, según la Casa Blanca, que el dinero sea usado por acreedores o por redes vinculadas al antiguo régimen.

Trump ha defendido públicamente su estrategia energética como una forma de atraer a las grandes petroleras de Estados Unidos para invertir en la reconstrucción de Venezuela, ofreciendo seguridad y garantías de gobierno para que compañías como Chevron, Exxon o Conoco gastaran miles de millones de dólares en infraestructura petrolera. El objetivo, según la administración, es generar estabilidad política y económica que haga posible negocios sostenibles para esas empresas en un país con las mayores reservas de crudo del mundo, pese a los riesgos e incertidumbres iniciales del entorno.

Unas horas antes, se ha conocido que Bovino abandonaría este martes Mineápolis, después de liderar una turbulenta operación de redadas masivas contra inmigrantes indocumentados. Deja alegaciones de redadas indiscriminadas, de uso abusivo de fuerza. Y dos muertos en el camino, dos ciudadanos estadounidenses, vecinos de Mineápolis, por disparos de sus agentes con explicaciones turbadoras de la Administración -entre ellas, del propio Bovino- sobre esa tragedia, que no se compadecen con lo que se ve en los vídeos de los testigos y que solo exaltan más los ánimos.

Algunas cuentas en redes sociales han difundido que en este hotel suburbano, entre centros comerciales y cadenas de restaurantes, se aloja Bovino en su última noche antes de dejar esta tundra de Minnesota. Por eso vienen aquí dos centenares de manifestantes, a gritarle e insultarle hasta la última hora en la que esté en Mineápolis. Traen cacerolas, tambores, trompetas y, por supuesto, silbatos, uno de los símbolos de la oposición de los vecinos de Mineápolis al despliegue masivo de agentes federales.

Esos silbatos son los que se utilizan para advertir a los vecinos de la presencia de las fuerzas de la policía de inmigración y fronteras (ICE, en sus siglas en inglés, ‘la migra’ para la comunidad hispana) en sus calles. Una línea de agentes locales y estatales, con material antidisturbios, protegen el hotel. Los manifestantes les gritan a la cara, les insultan, les llaman «traidores».

Es imposible saber si Bovino está o no en el hotel. Lo que parece seguro es que es la primera consecuencia del intento de Donald Trump por bajar el tono de la crisis en Mineápolis. La muerte el pasado sábado del segundo vecino, Alex Pretti, pesa cada vez más. Era un ciudadano estadounidense, de 37 años, con licencia de armas, amante de la bicicleta de montaña y enfermero de cuidados intensivos en un hospital para veteranos del ejército.

Trump, intentando reconducir la situación

Empiezan a acumularse las voces republicanas que cuestionan el despliegue masivo de agentes en Mineápolis, sus consecuencias y la narrativa falseadora de la Administración Trump. La política migratoria, que fue un puntal para Trump, que logró cerrar la frontera tras regresar al poder, se vuelve en su contra. El objetivo de detener y deportar a inmigrantes indocumentados peligrosos se difumina entre el caos y las muertes de ciudadanos estadounidenses.

«A Trump solo le importan dos cosas: la opinión pública y la bolsa», dice Cameron, un joven embutido en un abrigo marrón gigante. «Y le está fallando la opinión pública. Él y los republicanos están aterrados con lo que está pasando aquí». La salida de Bovino, hasta ahora la cara de la mano dura de Trump en inmigración, tiene que ver con su intento de reconducir la situación.

En su lugar, ha despachado a Tom Homan, el llamado ‘zar de la frontera‘, que toma a partir ahora el control de las fuerzas federales y de la operación migratoria. También ha hablado con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, a los que hasta ahora solo ha insultado. Se ha abierto a trabajar con ellos, y a rebajar el número de efectivos federales.

Algunos se irán con Bovino este martes. Los ánimos se tensan entre policías y manifestantes delante del supuesto hotel de Bovino. En una de las escaramuzas, detienen a dos o tres de los que protestan y se encaran con los agentes. En un lateral del hotel, en el cuarto piso, se ve a un grupo de hombres mirando el espectáculo desde una ventana. El gentío está convencido de que son agentes federales. Les gritan, les insultan, les muestran su dedo corazón desafiante, les graban con sus móviles.

Empieza a nevar con fuerza. A las nueve y media de la noche, el lugarteniente que dirige la operación policial advierte a los presentes de que se ha decretado la concentración como una «asamblea ilegal» y que serán expulsados con el uso de fuerza y material lacrimógeno si es necesario. Empiezan las cargas, las carreras. Los agentes detienen a un puñado de manifestantes.

Algún descontrolado les lanza trozos de hielo y amenaza con complicar la situación, después de semanas de protestas en Mineápolis en su gran mayoría pacíficas. «Ya han perdido», celebra Luke, otro de los manifestantes, sobre Trump, Bovino y sus agentes federales. «El impacto de la muerte de Pretti y la reacción en las calles en Mineápolis ha podido con ellos».

La única defenestración segura por ahora es la de Bovino, que sabe aquí a victoria. «La gente de Minnesota ya ha tenido suficiente de Bovino. Estoy feliz de que se vaya», reacciona en CNN el fiscal general del estado, el demócrata Keith Ellison. «La gente está muy, muy enfadada y la salida de Bovino es un buen paso. Pero vamos a seguir presionando con independencia de quién tome el puesto».

La revista ‘The Atlantic’ revela que Bovino dejará de ostentar el puesto de ‘comandante’ de los agentes federales en todo el país. Volverá a su puesto como responsable de la Patrulla Fronteriza en el distrito en El Centro, en California, en la frontera con México. Es la principal señal de que Trump carga menos la mano en Mineápolis. Pero nada indica que las tensiones vayan a irse con Bovino.