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El Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, identificada como el Decreto 15-2026.

Los legisladores aprobaron con 147 votos a favor de un total de 160 diputados. La ley avanzó en el tercer debate tras una sesión extraordinaria y entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.

Esta nueva normativa, que se presentó inicialmente en septiembre de 2025, actualiza un marco legal que tenía 25 años de vigencia e incluye de forma explícita, por primera vez en la historia del país centroamericano, al sector de las criptomonedas bajo la supervisión directa del Estado.

Las plataformas de intercambio, firmas de custodia y proveedores de servicios de activos virtuales pasarán a ser considerados sujetos obligados ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

La legislación deroga los decretos previos establecidos en 2001 y 2005 con la finalidad de unificar las políticas de control financiero y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La decisión responde a la obsolescencia de las herramientas jurídicas anteriores frente a las dinámicas del mercado actual y la aparición de nuevos activos digitales en la economía global. Con esto, las autoridades guatemaltecas buscan fortalecer la credibilidad internacional del país ante los inversores y el sistema bancario corresponsal.

A pesar de que el decreto aún se encuentra a la espera de su publicación oficial y del desarrollo de su reglamento técnico, el texto define que el enfoque preventivo se trasladará de la banca tradicional hacia el conjunto de las actividades económicas.

Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) deberán adecuar sus operaciones y asumir las mismas responsabilidades administrativas que los bancos y otras entidades reguladas.

De acuerdo con el documento legislativo revisado por CriptoNoticias, la normativa regulará actividades específicas dentro del ecosistema de las criptomonedas, tales como el intercambio, la custodia, las transferencias, la emisión de activos virtuales y la gestión de plataformas de negociación.

La fiscalización e identificación (KYC) exigida por las autoridades se aplicará estrictamente con fines de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, por lo que no prejuzga ni garantiza la obtención de licencias comerciales automáticas para operar.

Los proveedores regulados tendrán que inscribirse obligatoriamente ante la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial. El incumplimiento de este registro acarreará sanciones de carácter administrativo que van desde los 500 dólares hasta los 500.000 dólares estadounidenses, dependiendo de la gravedad de la falta.

Las firmas del sector de las criptomonedas estarán forzadas a implementar un enfoque basado en riesgo. Esto incluye la creación de un manual de prevención con políticas de mitigación de delitos financieros, el nombramiento de un oficial de cumplimiento que pertenezca a la alta gerencia y la ejecución de auditorías internas y externas de forma periódica, tal como lo exige el GAFI.

Otro de los puntos críticos de la legislación es la prohibición del anonimato en las transacciones con activos digitales. Las plataformas deberán aplicar políticas estrictas de debida diligencia o conocimiento del cliente, lo que obliga a identificar y verificar la identidad del usuario y del beneficiario final mediante fuentes confiables antes de establecer cualquier relación comercial.

Asimismo, la normativa exige que los controles sean más rigurosos cuando se procesen operaciones con tecnologías que dificulten el rastreo de los fondos.

En materia de reportes, las empresas de criptomonedas reportarán directamente a la IVE cualquier transacción inusual que carezca de fundamento económico o legal evidente a través de un Reporte de Transacción Sospechosa. De igual manera, se establece la obligación de mantener un registro diario e informar periódicamente sobre cualquier operación en efectivo que supere los 10.000 dólares o su equivalente en la moneda nacional.

La nueva ley guatemalteca pensada para mitigar el lavado de dinero y que aborda a las criptomonedas, echó por tierra la iniciativa 6538 que, como informó este medio, buscaba regular el uso de bitcoin (BTC) y otros activos digitales en el país. De hecho, la información sobre ese proyecto de ley ya no está disponible en el portal de transparencia del Congreso de Guatemala.

La adaptación al Decreto 15-2026 genera un debate en el entorno empresarial debido al incremento considerable en los costos operativos y de cumplimiento para las empresas que antes operaban fuera del radar de supervisión bajo el estándar del GAFI. La letra chica y los umbrales técnicos que regirán la operatividad diaria de los proveedores de activos digitales se definirán una vez que el Poder Ejecutivo emita la reglamentación complementaria.

Bitmine Immersion Technologies, la mayor empresa de tesorería de ether (ETH) del mundo, presentó este 3 de junio ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una solicitud para lanzar una oferta pública de acciones preferentes perpetuas Serie A.

Según el documento, la compañía planea emitir 3 millones de acciones bajo el símbolo BMNP, con un dividendo acumulativo fijo del 9,5% anual sobre un valor nominal de 100 dólares por acción.

Los dividendos se pagarán semanalmente y, en caso de no ser abonados, acumularán intereses que podrían elevar la tasa hasta un máximo del 15%.

A su vez, la empresa indicó que utilizará los fondos recaudados para fines corporativos generales, incluyendo potencialmente nuevas compras de la criptomoneda de Ethereum y la expansión de sus operaciones de staking.

La presentación de BMNP también se produce en un momento desafiante para Bitmine. Según datos de Dropstab, la compañía acumula pérdidas no realizadas cercanas a 9.200 millones de dólares sobre sus tenencias de ETH, que actualmente cotiza por debajo de 1.900 dólares. Es decir, se trata de una diferencia negativa entre el precio al que adquirió parte de esos activos y su cotización actual, pero que todavía no se ha materializado mediante ventas.

A pesar de ello, la empresa continúa ampliando su exposición a ETH. El 1 de junio anunció la compra de 26.497 ETH adicionales, elevando sus reservas totales a más de 5,4 millones de monedas.

Las similitudes con el polémico modelo de Strategy

La estructura guarda similitudes con STRC, la acción preferente emitida por Strategy para captar capital ofreciendo dividendos periódicos a los inversionistas. Por ese motivo, la comparación con la firma fundada por Michael Saylor resulta inevitable.

Cabe señalar que STRC fue lanzada como una herramienta para recaudar fondos mediante la emisión de acciones preferentes, recursos que posteriormente ayudaron a financiar su estrategia de acumulación de bitcoin (BTC).

Desde su salida al mercado en julio de 2025, el programa logró captar aproximadamente 2.520 millones de dólares y actualmente supera los 10.500 millones de dólares de valor nominal.

El atractivo de este tipo de instrumentos radica en que ofrecen una rentabilidad periódica a los inversores, al mismo tiempo que les permiten obtener exposición indirecta al comportamiento de los activos digitales que respaldan la estrategia de la empresa.

Vale aclarar que esta rentabilidad por pago de dividendos tiene sentido siempre que STRC se mantenga cerca de su precio ideal de 100 dólares. Al momento de esta publicación, el precio de las acciones preferentes de Strategy es de 94,65 dólares.

Sin embargo, este tipo de estructuras no está exento de cuestionamientos. Par a la firma de análisis BloFin, este modelo financia «la acumulación de un activo que no genera rendimientos y que fluctúa violentamente mediante capital y deuda que conllevan obligaciones rígidas y recurrentes, con intereses y dividendos preferentes que vencen independientemente del precio».

Es decir, estos esquemas se vuelven más vulnerables durante mercados bajistas prolongados. Si el precio del activo que respalda la estrategia cae durante mucho tiempo (tal como está ocurriendo ahora con BTC), la empresa puede enfrentar mayores dificultades para sostener dividendos elevados sin recurrir a nuevas emisiones de acciones o deuda.

De hecho, entre el 25 y 29 de mayo, Strategy realizó una venta de 32 BTC para atender obligaciones vinculadas a dividendos y otros compromisos financieros asociados a sus instrumentos de financiación.

Aunque la operación representó apenas el 0,0037% de las tenencias de BTC de la compañía, generó debate porque rompió la imagen de Strategy como un comprador permanente que nunca vendía parte de sus reservas.

Leopoldo Bebchuk, quien se desempeñó como Associate Product Manager de Strategy hasta marzo de 2026, comentó al respecto: «Ellos habían técnicamente vendido en 2022 pero fue una especie de truco contable para comprar más, por eso no lo consideraron una venta neta. En el caso de ahora, están vendiendo para pagar dividendos, dando una señal de que su modelo de STRC no es sostenible si el mercado está bajista».

A medida que se multiplican estos modelos de financiamiento, también aumentan las preguntas sobre su capacidad para sostener dividendos elevados si BTC, ETH u otros activos digitales atraviesan períodos prolongados de mercado bajista.

El matemático israelí Gil Kalai sostiene que las computadoras cuánticas nunca podrán romper la criptografía, según difundió Eli Ben-Sasson, CEO de StarkWare, empresa especializada en pruebas de conocimiento cero (ZK) y creador de StarkNet, una red de segunda capa (L2) de Ethereum.

Ben-Sasson aclaró que no suscribe a esa postura pero consideró relevante exponerla: «Las computadoras cuánticas nunca romperán la criptografía… No es mi opinión, pero lo explicaré porque es importante plantearlo».

Kalai es matemático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor adjunto en la Universidad de Yale de EE. UU. y una persona escéptica de la computación cuántica escalable a nivel mundial. Su argumento, según Ben-Sasson, gira en torno al ruido: cualquier perturbación mínima (una vibración, un cambio de temperatura, incluso la radiación electromagnética del entorno) puede alterar el estado de un cúbit (las unidades de cómputo cuánticas) y arrojar un resultado incorrecto.

Un cúbit se asemeja a un castillo de naipes, ya que cualquier interferencia del entorno puede «derrumbarlo», haciéndolo fallar y arrojando un resultado incorrecto. En ese marco, la técnica de corrección de errores cuánticos busca estabilizar los cúbits, agrupando varios de ellos para que se «vigilen» entre sí: si uno falla, los demás permitirían reconstruir el valor correcto.

El problema que plantea Kalai es que la computadora cuántica misma sacude la mesa: a más cúbits, más perturbaciones genera el propio sistema.

Según el argumento transmitido por Ben-Sasson, ese ruido no sería aleatorio sino correlacionado con el propio cómputo. «El ruido puede no ser un ruido aleatorio del tipo ‘ups, me equivoqué’ que se puede promediar. Puede ser un ruido correlacionado con el cómputo. Entonces, a más cúbits, más ruido. Un ruido malo, que arruina el cálculo», escribió el CEO de StarkWare.

Si la premisa de Kalai es correcta, la corrección de errores sería ineficaz a escala, y por lo tanto resultaría imposible para un ordenador cuántico romper sistemas como RSA (usado por bancos), curvas elípticas (ECC, usadas en redes como Bitcoin y Ethereum) o los esquemas SNARKs (pruebas criptográficas que permiten verificar un cálculo sin revelar los datos que lo respaldan).

Los avances recientes complican la premisa

Dos experimentos recientes de la empresa Quantinuum reportados por CriptoNoticias contrarían directamente la idea del profesor Kalai.

El primero, publicado en febrero pasado, demostró que la corrección de errores cuánticos cruzó el llamado «break-even»: el punto en que proteger los cúbits mejora el resultado en lugar de degradarlo, algo que las técnicas anteriores no lograban.

El segundo, publicado en marzo, extrajo 48 cúbits lógicos (cúbits funcionales capaces de realizar cálculos fiables) de solo 98 físicos, una proporción de 2:1. El estándar más aceptado de la industria estimaba que construir un cúbit lógico requería entre 100 y 1.000 físicos, por lo que la estimación de este segundo estudio reduciría el margen para la construcción de hardware cuántico escalable.

Asimismo, Thomas Coratger, criptógrafo de la Fundación Ethereum (EF), aseguró que mediante procesadores de átomos neutros que mejoran la conectividad entre cúbits, la proporción mejoraría en 10:1.

La computación cuántica y las estimaciones del ecosistema

Justin Drake, uno de los principales desarrolladores de Ethereum y coautor del paper de Google Quantum AI, elevó su estimación de probabilidad de quiebre criptográfico para 2032 del 1% al 50%. Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, estima que para 2028 una computadora cuántica podría comprometer ECDSA, el sistema de firmas digitales que protege las transacciones de Bitcoin y Ethereum.

En una sintonía similar, Mikhail Lukin, profesor de Harvard y cofundador del Harvard Quantum Initiative, considera que las computadoras cuánticas tolerantes a fallos podrían estar disponibles «al menos en alguna forma» antes de fin de esta década. Empresas como Google, Cloudflare y Grayscale fijaron 2029 como horizonte para completar sus migraciones postcuánticas.

En el extremo opuesto, Adam Back, cofundador de Blockstream, sitúa la amenaza a «al menos una década de distancia», y Samson Mow, CEO de JAN3, la extiende a entre 10 y 20 años.

El argumento de Kalai, tal como lo transmite Ben-Sasson, no pertenece a ese debate sobre plazos. No discute cuándo llegará la amenaza, sino que advierte que la viabilidad física del hardware cuántico no permitirá que esta tecnología constituya una amenaza real para los sistemas criptográficos actuales.