El padre de una niña migrante de tres años denunció que su hija habría sido víctima de abuso sexual mientras permanecía bajo custodia federal en Estados Unidos, tras ser separada de su madre en la frontera, según relató en declaraciones a The Associated Press.
El hombre, residente permanente legal en el país, aseguró que pasó cinco meses intentando reunirse con la menor, sin saber que durante ese tiempo habría sufrido abusos en el hogar de acogida donde fue ubicada en Texas.
“Estuvo allí encerrada muchísimo tiempo. Creo que si hubieran actuado con más rapidez, nada de esto habría ocurrido”, afirmó bajo condición de anonimato para proteger la identidad de la niña.
De acuerdo con documentos judiciales citados por AP, la menor fue separada de su madre tras cruzar la frontera cerca de El Paso en septiembre del año pasado y quedó bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
Durante su estancia en un hogar en Harlingen, la niña habría sido abusada por otro menor que también se encontraba en el lugar.
La denuncia señala que una cuidadora detectó señales inusuales y, tras preguntarle, la niña relató que había sido agredida en varias ocasiones, incluso con sangrado. El padre indicó que inicialmente las autoridades solo le informaron de un supuesto “accidente” y no le ofrecieron más detalles, alegando que el caso estaba bajo investigación.
La menor fue sometida a exámenes forenses y entrevistas, y las acusaciones fueron notificadas a la policía local, según explicó a AP la abogada de la familia, Lauren Fisher Flores. El presunto agresor fue retirado del programa de acogida.
El caso salió a la luz cuando el padre, ante la falta de avances en el proceso de reunificación, recurrió a los tribunales mediante un recurso de hábeas corpus. Dos días después de presentar la demanda, la niña fue finalmente entregada a su cuidado.
Según AP, el proceso de reunificación se vio retrasado por nuevas políticas migratorias implementadas durante la administración del presidente Donald Trump, que endurecieron los requisitos para los patrocinadores y alargaron los tiempos de detención de menores.
El tiempo promedio bajo custodia pasó de 37 días a casi 200 días en poco más de un año.
Organizaciones de defensa legal han advertido que estas medidas han derivado en detenciones prolongadas y mayores riesgos para los menores. “Que un niño sufra abusos bajo la tutela del gobierno y que ni siquiera se informe adecuadamente a su familia es inimaginable”, señaló Fisher Flores.
Tras el reencuentro, el padre afirmó que su hija muestra cambios en su comportamiento, como pesadillas y episodios de ansiedad. Ambos residen actualmente en Chicago mientras el caso sigue su curso en tribunales de inmigración.
El presidente de la mayor mezquita de Wisconsin, Salah Sarsour, fue detenido por agentes federales de inmigración en Milwaukee, en un caso que ha desatado críticas de autoridades locales y líderes religiosos, quienes sostienen que el arresto estaría vinculado a sus posturas contra Israel, según información de Associated Press.
Sarsour, residente permanente legal en Estados Unidos y nacido en Palestina, fue arrestado el lunes por casi una docena de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que rodearon su vehículo poco después de que saliera de su vivienda, de acuerdo con la Sociedad Islámica de Milwaukee.
Sus abogados afirmaron que la detención se produjo bajo el argumento de que representa una amenaza para la política exterior de Estados Unidos, una acusación que calificaron como infundada.
En su lugar, sostienen que fue objeto de persecución por sus críticas a Israel y por antecedentes judiciales cuando era menor de edad en tribunales militares israelíes.
“Nuestro gobierno no debería estar al servicio de un gobierno extranjero”, declaró el abogado Munjed Ahmad. “No me cabe duda de que esto busca sofocar el debate sobre la narrativa palestina”, añadió citado por AP.
De acuerdo con la defensa, Sarsour, de 53 años, no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, país en el que ha vivido por más de tres décadas. Agregó que las autoridades estadounidenses conocían desde 1993 su condena en Israel, la cual, según su abogado, incluía acusaciones de lanzar piedras contra oficiales israelíes.
Sarsour ha presidido durante cinco años la junta de la Sociedad Islámica de Milwaukee, la organización islámica más grande del estado. Vive en las afueras de la ciudad, y su esposa y sus cuatro hijos son ciudadanos estadounidenses.
El jueves, decenas de personas se congregaron para exigir su liberación inmediata. Simpatizantes recordaron su trabajo comunitario y relataron episodios de su infancia en los que, según dijeron, denunció tratos inhumanos durante detenciones por parte de autoridades israelíes.
“Fue atacado por una sola razón: porque se atrevió a enfrentarse al ejército israelí”, afirmó el abogado Othman Atta. “Y porque no era ciudadano estadounidense”.
El reverendo Paul D. Erickson, obispo del Sínodo del Gran Milwaukee de la Iglesia Evangélica Luterana en América, señaló que el caso “parece ser solo el ejemplo más reciente de cómo esta administración busca silenciar a la oposición e intimidar a quienes hablan y actúan de manera diferente”.
El alcalde de Milwaukee, Cavalier Johnson, calificó lo ocurrido como “una barbaridad” y cuestionó la actuación de las autoridades migratorias.
“Es residente permanente legal. No hay pruebas sustanciales de que haya hecho algo malo”, escribió Johnson en X. “Este es otro ejemplo de extralimitación y perjuicio por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos”.
Sarsour permanece detenido en una cárcel del condado de Indiana.
“Está dispuesto a luchar con uñas y dientes. Quiere quedarse en este país”, dijo su abogado.
En su pueblo natal, un rancho rural de 500 habitantes en el Bajío michoacano del que emigró hace casi tres décadas, es prácticamente forastero y también –dice– una “presa fácil”.
Por ello, aunque ya pasaron cuatro meses desde que llegó como deportado de Estados Unidos, prefiere “aclimatarse” y darse a conocer antes de poner en marcha el negocio con el que a sus 44 años espera poder rehacer su vida en México.
“En la comunidad hay lo que se llaman halcones, vigilantes que trabajan para la maña”, explica Óscar Ariel Mojica, investigador del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán que hace trabajo de campo en la zona y conoce el caso.
Con “maña” se refiere a los elementos criminales al servicio del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió en una operación del ejército mexicano a finales de febrero.
“Desde que llegas a la central (de autobuses) ya saben que estás aquí”, explica Mojica, al que ya advirtieron que no pregunte “de más” y quien renunció a grabar las entrevistas o a portar libretas con notas para no poner en riesgo a sus fuentes.
Y es que ahí el narco lo domina todo: sabe de las entradas y salidas del área, decide quién puede sembrar los campos, controla el precio de la canasta básica o fija el “derecho a piso” que se debe pagar por abrir una tienda en el pueblo, el plan de González había urdido con la experiencia acumulada en EE.UU. tras trabajar en una ferretería y como encargado en un restaurante.
AFP vía Getty Images: Tras décadas en EE.UU., muchos son deportados a territorios controlados por el crimen organizado o en disputa.
Es la realidad que los lugareños enfrentan cada día, quienes lidian con toques de queda, cortes de carretera y ocasionales enfrentamientos armados, mientras pierden la cuenta de los que mataron o desaparecieron.
“Pero cuando llega alguien tras décadas en EE.UU., sin lazos familiares ni sociales, es más vulnerable en estos entornos”, subraya el investigador Mojica.
“Al fin y al cabo, lo que estos grupos, que se dedican en parte a la extorsión, piensan es que debe traer un ingreso. Los retornados son un blanco fácil”.
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Extorsión y ‘pago de piso’
A unos 100 kilómetros del rancho de González, en el estado limítrofe de Guanajuato, Sergio Segovia* también puso sus planes en espera.
Decidió instalarse en su Irapuato natal, de donde salió con apenas dos años, tras su cuarta deportación; la más traumática.
“Como crecí al ladito de Tijuana, en Ensenada, hasta que a los 18 años me fui para Los Ángeles, cada vez que me deportaban regresaba allí. Me quedaba unos días con un tío y después volvía a cruzar la frontera” hacia EE.UU., le cuenta a BBC Mundo.
“Pero la última vez traté de pasar a Texas desde Ciudad Juárez (Chihuahua, México), me agarró Migración y me aventé 10 meses en la (prisión) federal”, recuerda.
Tras dar positivo por tuberculosis –cuenta que por error–, lo mantuvieron en aislamiento. “Al tercer día me dio una crisis nerviosa y a partir de ahí todo fue un suplicio. Así que cuando me soltaron del otro lado, ya no quería volver a saber nada de aquel país”, relata con amargura.
Las cosas tampoco se le han presentado fáciles en su ciudad de origen, epicentro de la disputa territorial entre el Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el poderoso CJNG.
En agosto las autoridades hallaron allí una fosa clandestina con 32 cadáveres, a apenas dos meses de que una balacera registrada durante las fiestas patronales acabara con 12 muertos. Entre enero y julio del año pasado se registraron 1.500 homicidios en el estado.
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Tratando de navegar esa realidad y harto de la precariedad, Segovia decidió destinar sus ahorros a un negocio que vislumbraba con futuro: comprar fresas a los agricultores locales para venderlas en centrales de abastos de la zona norte del país.
“Un vecino que creyó en mí me iba a rentar una pick-up, arranqué a hacer llamadas y a atarlo todo, pero empecé a ver que la fresa de Irapuato no entraba para allá”, cuenta.
Le quedó claro quién mandaba cuando sus contactos en la compraventa le advirtieron: “De Zacatecas para arriba no puede cruzar tu mercancía. O te paran y te la quitan, o la pagas”.
Testimonios similares comparten los productores de limón, aguacate o tequila, industrias hasta las que llegan los tentáculos del narco.
“Los carteles tradicionales enfocados en traficar drogas diversificaron sus ingresos, ante guerras internas y presiones de las autoridades estatales, incorporando la extorsión, los secuestros y el robo de combustible –conocido como ‘huachicoleo’ en México– para financiar sus operaciones y el control político”, explica el experto en seguridad David Saucedo.
“Las guerras entre carteles son costosas y las organizaciones criminales buscan actividades secundarias para poder pagar hombres, armas, posiciones y sobornos”.
“Me estaban secuestrando”
Para otros deportados, sus encontronazos con el crimen organizado tuvieron consecuencias más graves que la extorsión.
A Israel Concha el recuerdo de su experiencia, aunque la viviera hace más de una década, lo hace aún llorar.
Lo deportaron en 2014 de Texas, donde llevaba 30 años residiendo como indocumentado. Allí se crió, estudió administración de empresas, se casó y montó su propia empresa de transporte privado y chóferes.
Interceptado por la policía en la autopista por exceso de velocidad mientras iba a recoger a un cliente, fue arrestado por no portar una identificación que probara su estatus legal en el país y trasladado a un centro de detención. Apeló el caso, y tras dos años de pelear en los tribunales, un 3 de julio lo dejaron en un puente internacional que une Texas con México.
Ya del lado mexicano, acompañado por otros ocho hombres que habían corrido su misma suerte, empezó a caminar hacia la estación de autobuses. “A la segunda cuadra, nos paró la policía; o lo que pensamos era la policía”, cuenta.
Lo separaron del resto, lo encapucharon y lo subieron a una camioneta. “Cuando me descubrieron la cara, me di cuenta que el lugar al que me habían llevado no era la comandancia. Era una casa de seguridad y me estaban secuestrando”, recuerda.
En un descuido de quien les llevó la comida, logró escapar del cuarto en el que lo tenían junto a otros migrantes saltando por la ventana. Y una familia que se lo encontró corriendo “todo sangrado, como un zombi” carretera abajo lo recogió y le ayudó a llegar hasta Ciudad de México.
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Allí empezó su vida de cero, trabajando en un call center en Little LA, unas cuadras en torno al Monumento de la Revolución donde los deportados de EE.UU. buscan oportunidades laborales, echan a andar negocios y generan redes.
En ese área fundó también New Comienzos, una organización que asiste y guía a los que retornan voluntariamente o a la fuerza a México, conectándolos entre ellos, ofreciéndoles vales de comida, apoyo emocional y laboral, haciendo de puente con albergues y otras entidades del ramo.
También crearon Dream in Mexico, una cajas que contienen guías bilingües e información acerca de los apoyos locales.
Ahora, además, como parte de un programa de mentoría, están dando una clase de cómo protegerse en México y navegar por realidades que para muchos de los que retornan son ahora más violentas que cuando emigraron.
“A día de hoy tenemos 28 personas de nuestra red de apoyo desaparecidas, 10 de ellas el año pasado y la última, en mayo”, dice con pesar. Se trata de un hombre que había regresado recientemente y que desapareció sin dejar rastro tras salir de su trabajo en un hotel en el estado central de Querétaro.
Con sus oficinas en Ciudad de México y en Las Vegas (Nevada, EE.UU.), Concha asegura que desde New Comienzos en 11 años han asistido a más de 100.000 personas y que hoy están dando seguimiento a 5.800 casos.
“Vemos que el plan México te Abraza realmente no funciona y que necesitamos algo mejor estructurado, que apoye en el corto plazo, pero sobre todo a mediano y largo plazo”, opina sobre la estrategia de apoyo al retornado del gobierno federal.
¿Te abraza?
Lanzada en enero de 2025, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, México te Abraza fue diseñada para que incluya asistencia consular en EE.UU., centros de atención en los estados fronterizos y ayuda para la reintegración, a través de jornadas de servicios sociales, oferta de empleo e incorporación a programas de bienestar.
“A nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos; y, segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar “México te abraza”.
Conocer el dato exacto de expulsados a México desde que Trump regresó a la presidencia no es fácil.
De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), durante el primer año de gobierno se registraron más de 675.000 deportaciones, una cifra similar a la de los dos últimos años de Joe Biden como presidente.
Anadolu vía Getty Images: “A nuestras paisanas y paisanos hay que decirle, primero, que no están solos”, proclamó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar México te Abraza.
Según datos presentados durante una Mañanera de la presidenta Sheinbaum en diciembre, entre el 20 de enero y el 17 de diciembre de 2025 EE.UU. deportó a 145.537 mexicanos.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que más de 130.000 recibieron atención consular previa a la repatriación, 116.000 fueron devueltos por tierra y 29.000 en vuelos.
“México ha creado una política migratoria en reacción a la estadounidense y es, en un primer momento, de ayuda humanitaria”, apunta Israel López Ibarra, responsable académico del Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera, sección Nogales.
“A los deportados se les recibe en los albergues (cercanos a la frontera norte) y la política mexicana es moverlos a los estados donde son originarios”, prosigue el investigador.
“Y es ahí donde empieza la situación grave, porque tenemos estados bajo el control del crimen organizado, territorios que ya estaban provocando un desplazamiento interno por las amenazas, la extorsión, el reclutamiento, las desapariciones”, explica.
Para el investigador, eso se suma a los retos clásicos del retornado, desde la dificultad para conseguir documentos y empleo, la falta de redes familiares de apoyo o la crisis de identidad.
“Alguien que regresa y ni siquiera sabe cómo operan las bandas, que tiene absoluto desconocimiento de cómo opera el sistema, está en la misma o quizá en una mayor vulnerabilidad que el resto” de los habitantes, explica López Ibarra.
AFP vía Getty Images: Con los lazos familiares y sociales rotos, los retornados pueden ser más vulnerables.
“Y luego está el hecho de las destrezas que puedan tener. Lógicamente alguien que domina los dos idiomas puede ser un elemento conveniente para los integrantes del crimen organizado. Son habilidades a las que les pueden sacar provecho”, añade.
Sergio lo vive (y lo sufre) en carne propia.
“Pasé tantos años en un país en el que me decían: ‘No puedes hacer esto porque eres inmigrante, porque no tienes papeles’. Ahora quiero emprender pero no puedo por cómo están de mal las cosas, y me siento muy frustrado”.
*Nombres ficticios para proteger su identidad.
BBC:
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En la antesala de las elecciones de medio término de 2026, los aliados de la administración Trump han planteado la posibilidad de que los agentes federales de inmigración interfieran en los sitios de votación este otoño, una situación que violaría las leyes federales y estatales.
Steve Bannon, fiel simpatizante de Trump desde hace muchos años, dijo la semana pasada que desplegar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos es el “entrenamiento perfecto para el otoño de 2026”.
El senador Markwayne Mullin de Oklahoma afirmó durante su audiencia de confirmación para liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que ICE podría ser enviado a los sitios de votación en caso de una “amenaza específica”.
La Casa Blanca y un oficial sénior del DHS anteriormente precisaron que no hay planes para desplegar a los agentes de ICE en los sitios de votación. Esas afirmaciones, sin embargo, hacen poco para apaciguar las preocupaciones de que esos persistentes llamados intimiden al electorado y disuadan la participación electoral.
Parte de la iniciativa para desplegar a los agentes de ICE en los sitios de votación nace de la insistencia de la administración, sin pruebas, de que multitudes de personas no ciudadanas están votando. La votación no ciudadana es ilegal y extremadamente infrecuente. Además, los estados ya implementan múltiples controles que garantizan que solo las personas ciudadanas de los Estados Unidos voten.
A continuación, lo que sabemos del por qué desplegar a los agentes de ICE u otras tropas federales armadas en los sitios de votación es ilegal y qué pueden hacer los votantes y funcionarios electorales si la administración Trump intenta de todos modos enviar a los agentes.
¿Puede el presidente enviar agentes de ICE a los sitios de votación?
No. Las elecciones son especiales. Hay leyes federales y estatales específicas que hacen que este tipo de acciones sean ilegales.
Enviar a ICE o a otros agentes federales armados a las urnas es ilegal porque las leyes federales prohíben a los oficiales federales interferir en las elecciones. También es ilegal porque una ley federal prohíbe a las tropas y a los agentes federales armados ser desplegados en cualquier lugar “dónde se esté celebrando una elección”.
Aunque esa ley se aprobó en 1865, en las elecciones de hoy en día esto aplica a los lugares dónde se estén emitiendo y contando votos, incluyendo los sitios de votación, instalaciones de conteo de votos y buzones de devolución de las boletas. Y cualquier tipo de intimidación al votante, incluyendo por parte de los agentes federales, es ilegal según las leyes federales y estatales, sin importar dónde suceda.
¿Pueden los agentes de ICE estar cerca de los centros de votación si permanecen en el exterior?
ICE no tiene razón por la cual estar en o cerca de las urnas. ICE forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, el cual no cumple ningún papel en la aplicación de las leyes electorales.
Dadas las acciones extremas de los agentes de ICE en Minneapolis y en otros lugares, su sola presencia en o cerca de los sitios de votación puede intimidar a los votantes o a cualquier persona que esté administrando las elecciones, lo cual es ilegal.
¿No debería la policía poder responder si hay algún tipo de amenaza de violencia en un sitio de votación?
Son los funcionarios electorales estatales y locales quienes administran las elecciones y tienen como responsabilidad principal garantizar la seguridad en los sitios de votación. La presencia de policías en las urnas puede ser intimidatoria, entonces las autoridades electorales trabajan mano a mano con policías estatales y locales para garantizar que estén preparados para responder de forma apropiada en caso de una emergencia, sin necesidad de generar intimidación.
En contadas ocasiones, podría resultar útil contar con el apoyo de las fuerzas del orden federales, pero solo si están trabajando conjuntamente con las fuerzas policiales locales, y no mediante un despliegue armado en los centros de votación. De hecho, la ley federal que prohíbe la presencia de los agentes federales armados en los sitios de votación está en vigor desde la Guerra Civil. No hay circunstancia alguna bajo la cual tenga sentido involucrar a los agentes de inmigración.
¿Qué pueden hacer las personas votantes si llegan los agentes de ICE a su sitio de votación?
Si cualquier votante, funcionario electoral o trabajador de las urnas es intimidado durante las elecciones, pueden acudir a un tribunal para proteger sus derechos. Los tribunales tienen procesos para fallar rápidamente y prevenir interrupciones a las elecciones o la intimidación de votantes.
Las personas votantes deberían reportar la presencia de los agentes de ICE a sus oficiales de policía local. También pueden llamar o enviar un mensaje de texto al número 866-OUR-VOTE (866-687-8683) si tienen algún problema votando o alguna pregunta sobre cómo votar.
La ciudadanía debería también revisar ahora el estatus de su registro para votar, informarse sobre las opciones que tiene para votar mucho antes de los comicios y hacer un plan para votar de forma anticipada según el método que escojan (ya sea votando en persona, utilizando una boleta enviada por correo o en un buzón de devolución de boletas donde esté disponible).
¿Qué pueden hacer las autoridades electorales?
Las autoridades electorales se esfuerzan constantemente para garantizar que las elecciones sean libres, justas, seguras y precisas, además de garantizar que cada votante elegible puede votar sin ser intimidado.
Previo a las elecciones de medio término, esta preparación involucra coordinar con la policía local y los fiscales del condado, además de la realización de simulacros para practicar cómo responder en caso de que se envíe a los agentes de ICE a los sitios de votación.
Las autoridades electorales también pueden acercarse a los grupos comunitarios locales, a las organizaciones que promueven la participación electoral y a las personas que administran las escuelas, bibliotecas y otros centros de votación para dialogar sobre cómo ayudar a que la comunidad se sienta segura.
(*) Jasleen Singh, abogada asesora sénior y líder, democracia, y Kendall Verhovek, subdirectora de Medios de Comunicación del Brennan Center for Justice. Este artículo se publica con autorización del Brennan en Español.
