Un año después de las masivas redadas de agentes enmascarados de ICE y de la Patrulla Fronteriza en Los Ángeles, un grupo de expertos de defensa de derechos civiles y humanos se dedicaron a documentar en un registro público las historias de horror y de dolor que vivieron numerosas familias de inmigrantes detenidos, arrestados, golpeados y deportados.
El documento, que será elaborado por expertos de California Community Foundation, Hispanic Federation, Latino Victory Foundation, Texas Civil Rights Project y CHIRLA, contendrá las experiencias de las personas, familias y comunidades afectadas por las redadas masivas de inmigración.
En el reporte final de la llamada Audiencia Ciudadana sobre la Aplicación de las Leyes de Inmigración (People’s Hearing on Immigration Enforcement), subrayarían la necesidad de rendición de cuentas y el respeto a las garantías constitucionales por parte de la administración del presidente Donald Trump.
Ya se han celebrado audiencias similares en Minnesota e Illinois, y el mes pasado se publicó “The People’s Record” (El registro de la gente), un informe sobre el impacto de la Operación ‘Metro Surge’ en Minnesota, donde fueron asesinados enero de este año los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.
Audiencia en un clima de incertidumbre
“Me trataron como a un animal”, recordó Brian Gavidia, quien fue vapuleado por agentes encapuchados de ICE en su antiguo taller mecánico que tenía en la ciudad de Montebello.
“Nadie tiene que ser tratado con crueldad”, añadió. “Todos somos seres humanos y tenemos derechos”.
La audiencia en una sala de California Community Foundation se celebró un año después de las redadas de ICE en Los Ángeles, durante el Mes Nacional de la Herencia Inmigrante y mientras la ciudad se prepara para albergar la Copa del Mundo.
Dado que el alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, confirmó recientemente que ICE desempeñará un papel en la seguridad del torneo, el evento del lunes tuvo lugar en medio de crecientes interrogantes sobre la aplicación de las leyes de inmigración en la ciudad.
“Sin previo aviso, hace un año nuestra ciudad fue atacada”, lamentó la alcaldesa Karen Bass. “No fue una nación extranjera la que envió tropas a nuestra ciudad; fue nuestra propia administración”.
Bass declaró que siempre le dice a la gente que quiere que recuerden el 6 de junio de 2025, porque seráun momento histórico que los hijos de todos los angelinos, sus nietos y bisnietos jamás olvidarán, cuando comenzó la persecución de personas.
“Las redadas de ICE nos pusieron a prueba, pero también revelaron quiénes somos como ciudad. Sembraron miedo y terror, pero no lograron quebrantarnos”, afirmó Bass. “Nuestra ciudad se mantuvo unida. No hubo ni un solo rincón de la ciudad que considerara aquello algo positivo, que lo aprobara o que pensara que era una buena idea. Nos mantuvimos unidos y colaborando con las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes”.
Bass reconoció que desde el inicio de la persecución de los inmigrantes sabía que Los Ángeles serviría como un experimento de la barbarie y que la situación se extendería a nivel nacional.
“El mes de junio [de 2025] sirvió de campo de pruebas para los planes de la administración [Trump], pero fracasaron”, subrayó. “Creían que nos iban a doblegar, pero en realidad fortalecieron nuestra determinación, porque sabemos que Los Ángeles es una ciudad de inmigrantes. Acogemos al mundo entero, y nadie puede cambiar eso”.
Asumir responsabilidad
Rochelle Garza, presidenta de la Comisión de los Estados Unidos sobre Derechos Civiles afirmó que el organismo, desde 1957, ha tenido la misión de investigar e informar al presidente y al Congreso sobre la aplicación federal de las leyes de derechos civiles y las violaciones de estos.
Hoy en día, dicha comisión sigue siendo la única agencia federal independiente y bipartidista encargada de investigar hechos y asumir esta responsabilidad.
“Tenemos el mandato de tomar muy en serio las violaciones de los derechos civiles”, dijo antes de escuchar por varias horas los testimonios de personas agredidas por ICE, y posteriormente solicitar al Caucus Hispano del Congreso que realice una investigación independiente sobre la elaboración de perfiles raciales de latinos durante las operaciones de control migratorio.
Garza, residente de la zona fronteriza entre Texas y México, describió que la aplicación de las leyes de inmigración ha formado parte de su vida cotidiana.
Sin embargo, destacó que los cambios observados en la región y en todo el país durante el último año y medio han suscitado graves preocupaciones en materia de derechos civiles y libertades individuales; la elaboración de perfiles raciales, el uso excesivo de la fuerza, el menoscabo del derecho a la protesta y la vigilancia digital son solo algunas de esas inquietudes.
Enfatizó que, desde el inicio de la administración Trump, se estima que han sido detenidos 400,000 inmigrantes, lo que ha dejado a más de 145,000 niños ciudadanos estadounidenses sin uno de sus padres en casa; entre ellos, 22,000 niños ciudadanos estadounidenses se han quedado sin ninguno de sus dos progenitores.
“Esto es separación familiar”, expresó, pero aclaró que estas cifras no incluyen a aquellos niños ciudadanos estadounidenses que han sido exiliados de su propio país al no poder vivir sin sus padres.
El recuerdo de Roberto Carlos Montoya
En un video presentado por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), se pudo escuchar el testimonio de familiares del jornalero guatemalteco Roberto Carlos Montoya Valdés, de 52 años, originario de Jutiapa.
Él murió atropellado el 15 de agosto de 2025 tras ingresar corriendo a la autopista 210 en Monrovia, en un intento por huir de un operativo de ICE realizado en un establecimiento de The Home Depot.
“Él se comunicaba todos los días con nosotros, con sus nietos. Él trabajaba para ayudarlos a ellos; me decía que necesitaba trabajar un poco más”, dijo una mujer de la familia Montoya. “No merecía morir así. Solo quería luchar y trabajar”.
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, agradeció la oportunidad para que se haya creado la audiencia ciudadana como un espacio “donde se pueda decir la verdad con valentía”.
Al dar testimonio del sufrimiento que las comunidades han tenido que soportar en un año y medio de gobierno de Trump, Salas manifestó que frente al miedo por las redadas “militarizadas” por parte de ICE y la Patrulla Fronteriza, “nuestra gente sigue resistiendo, organizándose y exigiendo que se reconozca su humanidad”.
“Su protesta no es solo un acto de desesperación, es un acto de valentía”, reconoció la activista, quien ha hablado con familias cuyos seres queridos languidecen ahora en prisiones de inmigración en California, incluyendo las de Adelanto y California City.
“La mayoría nunca había tenido contacto previo con ICE o la CBP, y nunca vio una orden judicial al momento de su arresto”, dijo.
En la actualidad, hay más de 60,000 personas bajo detención de ICE en Estados Unidos.
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